Poder permanecer: el hogar como condición para una vida digna y sostenible

Cuando hablamos de sostenibilidad, solemos pensar en cambios de hábitos: aprovechar mejor los alimentos, reparar objetos, reducir residuos, ahorrar energía o consumir de forma más responsable. Pero una vida sostenible no depende únicamente de nuestras decisiones. También depende de las condiciones materiales desde las que podemos tomarlas.

La vivienda es una de ellas. Es el lugar donde cocinamos, consumimos energía, descansamos, cuidamos, almacenamos, reparamos y organizamos buena parte de nuestra vida cotidiana. Por eso, hablar de transición ecológica sin hablar de vivienda significa dejar fuera una parte fundamental de las condiciones que hacen posible esa transición. Por eso, en el contexto actual tenemos el deber de preguntarnos ¿qué margen tenemos para adoptar prácticas sostenibles cuando apenas podemos pagar una habitación, nos mudamos cada pocos meses o vivimos con la amenaza de perder nuestra casa?

La dificultad de acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales fuentes de inseguridad para muchos hogares. En 2025, alquilar una vivienda exigía de media en España el equivalente a alrededor de la mitad del salario bruto, y el esfuerzo estimado era todavía mayor en territorios como Madrid donde es un 71 %. Cuando una parte tan elevada de los ingresos se destina simplemente a poder permanecer bajo un techo, todo lo demás queda condicionado: ahorrar, afrontar un imprevisto, reparar un electrodoméstico, comprar un producto duradero o invertir en mejorar la eficiencia energética de la vivienda.

Por eso, además del derecho de acceso a la vivienda, necesitamos hablar del derecho a permanecer: poder quedarse en un hogar y en un barrio en condiciones dignas, también cuando se vive de alquiler, con independencia del nivel de ingresos. La estabilidad residencial no garantiza por sí sola una vida sostenible. Pero sí crea muchas de las condiciones que la hacen posible: disponer de espacio y cierta capacidad de decisión sobre la vivienda, poder planificar a largo plazo y mantener los vínculos que sostienen la vida cotidiana (Vásquez-Vera et al., 2021).

Tener espacio también condiciona cómo consumimos

La primera condición es disponer de un espacio habitable y de cierta capacidad para decidir sobre él. Por ejemplo, compartir piso puede ser una elección en determinados momentos de la vida, pero para muchas personas se ha convertido en la única alternativa económicamente posible. Y eso condiciona prácticas que solemos presentar como decisiones sencillas. Cocinar para varios días, por ejemplo, puede ahorrar tiempo, dinero y residuos, pero requiere disponer de una cocina y de espacio suficiente en la nevera. Guardar táperes, herramientas, productos reutilizables o un electrodoméstico pendiente de reparación también necesita sitio.

Además, quien vive de alquiler, especialmente en una habitación o en una vivienda compartida, suele tener una capacidad limitada para decidir cómo funciona la casa. Tampoco elige el tipo de ventanas, los electrodomésticos instalados, el sistema de calefacción o muchas de las pautas de consumo de los espacios comunes. No todas las personas disponen, por tanto, del mismo margen para adoptar hábitos más sostenibles. Presentarlos exclusivamente como una cuestión de voluntad individual corre el riesgo de ocultar las condiciones materiales que facilitan o dificultan esas decisiones. Una transición ecológica justa necesita reconocer esa desigualdad de partida y entender la capacidad real de las personas para tomar decisiones sostenibles.

Permanecer permite pensar a largo plazo

La segunda condición es la continuidad. Cuidar una vivienda y mejorarla necesita tiempo. Cuando alguien sabe que quizá tendrá que abandonarla en pocos meses, resulta difícil invertir dinero, esfuerzo o incluso afecto en ese espacio. Los muebles quizá no encajen en la próxima habitación, una pequeña reparación puede beneficiar después a otra persona y cualquier mejora estructural dependerá, además, de la propiedad.

Esta desigualdad se aprecia con especial claridad en la eficiencia energética. Los datos recogidos por el INE muestran que entre los hogares con menores ingresos existe una mayor proporción de viviendas en las que se consideran necesarias mejoras energéticas que finalmente no se realizan. Una vivienda bien aislada permite reducir el consumo energético sin renunciar al confort térmico, mejorando simultáneamente la sostenibilidad ambiental y el bienestar de quienes la habitan. El problema es que no todos los hogares disponen de los recursos necesarios para acceder a estas mejoras. Garantizar una vivienda digna implica, por tanto, facilitar también su rehabilitación energética, evitando que la capacidad económica determine quién puede vivir en un hogar confortable y sostenible.

Sin embargo, no basta con facilitar la rehabilitación energética si no se garantiza que sus beneficios lleguen a quienes habitan las viviendas. Estas mejoras también pueden incrementar el valor de mercado de los inmuebles y favorecer subidas del alquiler que los inquilinos no puedan asumir, exponiéndolos al riesgo de perder su hogar (Bouzarovski et al., 2018). Si una rehabilitación financiada con recursos públicos acaba facilitando el desplazamiento de sus residentes, la inversión habrá contribuido a revalorizar un bien privado en beneficio de su propietario, sin garantizar una mejora duradera de las condiciones de vida de quienes lo habitaban. Se corre así el riesgo de que las personas con menos recursos sigan relegadas a las viviendas menos eficientes, reproduciendo las mismas desigualdades que la rehabilitación pretendía corregir.

Por ello precisamente cuando hablamos de transición justa, hacemos hincapié en esta última palabra, pues todo avance tecnológico ha de ir acompañado de medidas que no solo tengan en cuenta su impacto social sino que también contribuyan activamente a mitigar las actuales desigualdades sociales.

La sostenibilidad también consiste en sostener la vida

La tercera condición son los vínculos. Dentro del hogar se concentra buena parte del trabajo imprescindible para mantener nuestras vidas: cocinar, limpiar, descansar, atender una enfermedad o cuidar a personas dependientes. La economía feminista ha permitido hacer visible ese conjunto de tareas, realizado además de manera desproporcionada por las mujeres.

Cristina Carrasco propone precisamente pensar la economía desde los procesos que hacen posible sostener la vida y desde el tiempo que requieren. Desde esta perspectiva, la vivienda no es únicamente un bien o un activo: constituye una infraestructura de cuidados tanto dentro del hogar como fuera. Vivir cerca de familiares, amistades, escuelas, centros de salud, transporte público o comercios de proximidad permite resolver necesidades cotidianas que difícilmente pueden afrontarse de forma individual.

Además, estas redes necesitan tiempo para construirse. Conocer a quienes viven cerca, generar confianza y saber a quién recurrir, no ocurre de un día para otro. Una mudanza forzada puede alejarnos de quien recoge a nuestra criatura cuando salimos tarde del trabajo, de la amistad que nos acompaña durante una enfermedad o de la vecina que sabe que vivimos solas. Y como mencionamos, esa comunidad no termina en el portal, la forman también el mercado, la frutería, la panadería, la farmacia o el pequeño comercio donde se dan relaciones aparentemente insignificantes que, en determinadas circunstancias, funcionan como auténticas redes informales de cuidados. Para una persona mayor que vive sola, bajar a comprar el pan todos los días en el  mismo sitio puede significar que alguien perciba que lleva varios días sin aparecer.

La estabilidad residencial permite que estos vínculos existan y se mantengan. Y esa dimensión social también forma parte de la sostenibilidad. Sostener una vida no significa únicamente consumir menos recursos, sino disponer de tiempo, relaciones y servicios cercanos que permitan resolver nuestras necesidades sin agotar continuamente dinero, energía y cuidados. Los barrios con redes de proximidad facilitan los desplazamientos a pie, el intercambio de recursos y la respuesta colectiva ante situaciones de vulnerabilidad. Son, también, barrios con mayor capacidad de adaptación y resiliencia.

Sin embargo, estas condiciones se ven amenazadas cuando la rentabilidad inmobiliaria se impone sobre las necesidades de quienes habitan los barrios. La proliferación de viviendas de uso turístico y la actividad de grandes fondos de inversión pueden favorecer el encarecimiento de los alquileres y el desplazamiento de vecinos y comercios tradicionales, sustituidos por actividades más rentables (Martínez-Caldentey et al., 2020). Esta transformación no solo debilita las redes comunitarias, sino que también dificulta el acceso a alimentos frescos y servicios cotidianos, incrementa la presión sobre el transporte público y puede agravar la contaminación acústica, afectando al descanso y al bienestar. Además, cuando el precio de la vivienda obliga a quienes trabajan en la ciudad a trasladarse cada vez más lejos, aumenta la dependencia del coche allí donde no existen alternativas adecuadas de transporte público. El resultado es una mayor congestión y más emisiones de contaminantes que deterioran la calidad del aire y perjudican nuestra salud.

Vivienda, rentabilidad y transición ecológica

Tras estos tres puntos aparece, en el fondo, una tensión fundamental: qué valor y qué función atribuimos a la vivienda. Hoy la vivienda es, al mismo tiempo, hogar y activo económico. Como hogar permite descansar, cuidar, establecer relaciones y proyectar una vida. Entendida como activo, en cambio, busca generar rentabilidad. El problema surge cuando esta segunda función se impone sobre la primera: cuando la vivienda se adquiere principalmente como inversión segura destinada a maximizar beneficios y el acceso a ella queda cada vez más condicionado por la capacidad de asumir precios crecientes.

Por eso, antes incluso de preguntarnos si una persona puede llevar a cabo prácticas sostenibles, habría que preguntarse si dispone de las condiciones necesarias para sostener su propia vida. Tener una vivienda que pueda sentirse como hogar –estable, digna, habitable y asequible– permite descansar, cuidar, organizar el tiempo, mantener vínculos, afrontar imprevistos y proyectarse más allá de la urgencia inmediata. Solo desde esa base material es posible planificar a largo plazo y tomar decisiones sobre cómo queremos vivir, consumir, desplazarnos o relacionarnos con nuestro entorno.

La vivienda no es, por tanto, únicamente el escenario donde se desarrolla una vida sostenible. Es una de las infraestructuras que hacen posible que la propia vida sea sostenible: que pueda mantenerse en el tiempo sin quedar sometida permanentemente a la incertidumbre, la precariedad o la amenaza de tener que empezar de nuevo. Si aceptamos esta premisa, una transición ecológica justa debe empezar por garantizar las condiciones residenciales que hacen posible esa estabilidad. Esto implica, al menos, actuar en tres frentes:

• Ampliar la vivienda asequible. Reducir el peso de la vivienda sobre los ingresos deja margen para otras decisiones: alimentarse mejor, reparar, ahorrar, afrontar imprevistos o invertir en soluciones más duraderas. Una vida sostenible necesita también seguridad económica.
• Garantizar estabilidad residencial y alternativas habitacionales. Evitar que la pérdida de ingresos implique automáticamente la pérdida del hogar permite mantener escolarización, cuidados, relaciones vecinales y redes de apoyo. La estabilidad residencial también es una política de sostenibilidad social.
• Rehabilitar sin expulsar.La descarbonización de la vivienda debe garantizar el acceso a hogares eficientes y dignos, con independencia del nivel de ingresos. Las mejoras energéticas deben beneficiar, en primer lugar, a quienes los habitan, sin convertirse en una oportunidad de especulación inmobiliaria que favorezca su expulsión.

Por lo tanto, la transición ecológica empieza por disponer de un hogar que podamos cuidar, mejorar y hacer nuestro; por tener tiempo para construir vínculos y un barrio en el que proyectar la vida a largo plazo. Garantizar viviendas dignas, estables, habitables y asequibles no es una política social paralela a la transición ecológica; sino la condición principal para que esa transición pueda sostenerse en el tiempo y ser verdaderamente justa.

Anabel Soriano Oliva
Fundación Vida Sostenible

Bibliografía

• Bouzarovski, S., Frankowski, J. y Tirado Herrero, S. (2018). Low-carbon gentrification: When climate change encounters residential displacement. International Journal of Urban and Regional Research, 42(5), 845–863.
• Carrasco, C. (2009). Mujeres, sostenibilidad y deuda social. Revista de Educación, número extraordinario, 169–191.
• Euronews (2026, 1 de junio). Spaniards now spend half their salary on rent, over 70 % in Madrid and Barcelona. Euronews.
• Instituto Nacional de Estadística (INE) (2025). Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Módulo sobre energía y medioambiente. Año 2025.
• Martínez-Caldentey, M. A., Blázquez-Salom, M. y Murray, I. (2020). Habitabilidad y Airbnb: el alquiler de la vivienda en el distrito Centro de Madrid. Cuadernos de Turismo, (46), 367–393.
• Vásquez-Vera, H., León-Gómez, B. B., Palència, L., Pérez, K. y Borrell, C. (2021). Health effects of housing insecurity and unaffordability in the general population in Barcelona, Spain. Journal of Urban Health, 98, 496–504.