Ciudadanía global para una vida sostenible: del consumo a la acción colectiva

Vivimos en un mundo globalizado, y por tanto, profundamente interconectado, aunque no siempre somos conscientes de hasta qué punto nuestras decisiones cotidianas están relacionadas con lo que sucede en otros territorios. Los alimentos que consumimos, la ropa que vestimos o la tecnología que utilizamos forman parte de cadenas globales de producción y distribución con consecuencias sociales y ambientales que trascienden nuestras fronteras.

La crisis ecológica pone de manifiesto estas interdependencias, pero también las desigualdades sobre las que se sostienen. Según el informe Global Resources Outlook 2024, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los países de renta alta utilizan seis veces más recursos naturales por habitante y generan diez veces más impactos climáticos per cápita que los países de renta baja. Además, la extracción mundial de recursos naturales se ha triplicado en las últimas cinco décadas. Estas cifras evidencian que las responsabilidades ambientales no se distribuyen de manera equitativa y que nuestros modelos de consumo están vinculados a las condiciones de vida de personas y comunidades situadas a miles de kilómetros.

Ante este escenario, la educación para la ciudadanía global constituye una herramienta fundamental para comprender que la sostenibilidad no puede abordarse únicamente desde una perspectiva individual o local. Más allá de conocer los desafíos ambientales y sociales que afectan a nuestras sociedades, busca desarrollar el pensamiento crítico para comprender sus causas, reconocer las responsabilidades compartidas y explorar nuestras posibilidades de acción y transformación colectiva.

Los límites del consumo responsable

Durante años, buena parte del discurso sobre sostenibilidad se ha centrado en modificar los hábitos individuales: reciclar, reducir el consumo de plástico, comprar productos de proximidad o alargar la vida útil de nuestros dispositivos electrónicos. Todas estas prácticas son importantes, pero presentan una limitación cuando se plantean como la principal respuesta a problemas estructurales.

Pensemos, por ejemplo, en algo tan cotidiano como comprar un teléfono móvil. Optar por uno de segunda mano es una decisión más sostenible, ya que prolonga su vida útil y evita la necesidad de fabricar otro dispositivo. Sin embargo, ese teléfono sigue siendo el resultado de una cadena global de producción que depende de la extracción de minerales críticos, como el litio utilizado en sus baterías. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Australia, Chile y China concentraron aproximadamente el 74 % de la producción minera mundial de litio en 2024. En Chile, por ejemplo, la extracción de litio en el salar de Atacama ha generado conflictos por el uso del agua en una de las regiones más áridas del planeta. El bombeo de salmuera para obtener este mineral puede alterar el equilibrio hídrico, amenazando los ecosistemas y las actividades tradicionales de las comunidades indígenas atacameñas. Mientras las empresas mineras destacan el valor estratégico del litio para la transición energética, las comunidades reclaman proteger sus recursos, participar en las decisiones sobre sus territorios y beneficiarse de la actividad económica. Como señala una investigación publicada en Political Geography, este conflicto evidencia cómo los beneficios de la transición energética y sus costes sociales y ambientales se distribuyen de manera desigual y se deciden al margen de los intereses y benéficos del territorio.

Por ello, mientras que comprar un móvil de segunda mano sigue siendo una decisión positiva, no resuelve por sí sola las desigualdades que atraviesan su cadena de producción. Este ejemplo nos enfrenta a una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto podemos hablar de consumo sostenible si desconocemos o nos abstraemos de las condiciones sociales y ambientales en las que se producen los bienes que utilizamos? Promover una ciudadanía global implica superar la idea de que la sostenibilidad depende exclusivamente de consumidores responsables. Se trata de reconocer que antes que consumidores somos ciudadanos, con capacidad para participar en las decisiones colectivas que determinan nuestras condiciones de vida.

De la conciencia crítica a la participación colectiva

Los centros educativos, las asociaciones vecinales, las organizaciones sociales y los espacios comunitarios desempeñan un papel esencial en esta transformación. Son lugares donde los grandes desafíos globales pueden conectarse con experiencias cotidianas y convertirse en oportunidades de aprendizaje, organización y participación. Un proyecto educativo sobre alimentación sostenible, por ejemplo, puede comenzar analizando el origen de los productos que llegan a nuestros platos, pero también impulsar huertos comunitarios, iniciativas contra el desperdicio alimentario o propuestas para mejorar los comedores escolares.

En España encontramos un ejemplo de cómo estos principios pueden trasladarse a decisiones institucionales. El Real Decreto 315/2025, sobre alimentación saludable y sostenible en centros educativos, establece que al menos el 45 % de las raciones de frutas y hortalizas ofrecidas en los comedores escolares sean de temporada y que al menos el 5 % del coste de adquisición de alimentos corresponda a producción ecológica, con la alternativa de ofrecer al menos dos platos principales con alimentos ecológicos al mes. Esta medida muestra cómo la sostenibilidad puede convertirse en una responsabilidad institucional, con capacidad para generar cambios estructurales y duraderos. En este sentido, la ciudadanía global no consiste únicamente en actuar desde lo local, sino en conectar esas experiencias con demandas colectivas que se traduzcan en políticas públicas y compromisos exigibles: desde una compra pública verde hasta mayores garantías laborales en las cadenas de suministro o mecanismos efectivos de participación en las decisiones ambientales.

En definitiva, la educación para la ciudadanía global permite pasar de comprender las consecuencias de nuestro consumo a cuestionar y transformar las estructuras que las generan. Porque construir una vida sostenible no se trata solo de formar consumidores responsables, sino de fortalecer una ciudadanía capaz de impulsar una transición ecológica justa, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Anabel Sorialo Oliva
Fundación Vida Sostenible

Referencias:

• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2024). Global Resources Outlook 2024: Bend the Trend – Pathways to a Liveable Planet as Resource Use Spikes. https://www.unep.org/resources/Global-Resource-Outlook-2024
• U.S. Geological Survey (USGS). (2025). Mineral Commodity Summaries 2025: Lithium. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-lithium.pdf
• Jerez, B., Garcés, I. y Torres, R. (2021). Lithium extractivism and water injustices in the Salar de Atacama, Chile: The colonial shadow of green electromobility. Political Geography, 87, 102382. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102382
• Centre for Natural Resource Governance (CNRG). (2025, 22 de agosto). CNRG Condemns Deteriorating Safety Standards and Rising Inequality at Bikita Minerals. https://cnrgzim.org/news/cnrg-condemns-deteriorating-safety-standards-and-rising-inequality-at-bikita-minerals/
• Gobierno de España. (2025). Real Decreto 315/2025, de 15 de abril, por el que se establecen normas para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos. Boletín Oficial del Estado, 92. https://www.boe.es/eli/es/rd/2025/04/15/315