Tras la COP30, cómo participar en la transición ecológica justa

La crisis climática no afecta a todas las personas por igual. En España, como en muchas otras partes del mundo, sus impactos se distribuyen de forma profundamente desigual y refuerzan brechas sociales preexistentes. Las olas de calor, las inundaciones, la contaminación y la pobreza energética golpean con mayor fuerza a quienes menos recursos tienen para protegerse, mientras que los niveles más altos de renta y las grandes corporaciones concentran buena parte de las emisiones que aceleran el calentamiento global. Esta realidad, documentada con precisión por el informe Desigualdad climática en España: Oportunidades para una transición justa, elaborado por Oxfam Intermón, sitúa la justicia climática en el centro del debate público y evidencia que la transición ecológica solo será efectiva si es también una transición justa.

El informe señala que:

• El 70 % de la población española vive en municipios donde la temperatura ha aumentado ya 1,5 ºC, y en más de la mitad, las rentas por hogar se sitúan por debajo de la media. 
• Más de un millón de viviendas se encuentran en zonas de riesgo de inundación, más de la mitad con rentas por hogar inferiores a 30.000 euros anuales.  
• En 2022, una persona del 0,1 % más rico de la población contaminó de media hasta 55 veces más que una persona perteneciente al 50 % con menores ingresos.  
• Ese mismo año, el 1 % más rico consumió 45 veces el presupuesto de carbono que le correspondería para no superar el umbral del 1,5 °C. 
• Las empresas del IBEX35 son responsables del 30 % de las emisiones directas de CO2 en España. Solo cinco generan más de una cuarta parte del total nacional.
• Las personas mayores, comunidades migrantes, personas racializadas, mujeres, jóvenes, y los hogares con menores recursos son los más vulnerables al cambio climático. 

¿Qué rescatamos de positivo de la COP30 y la alarmante situación en la Amazonía?

Los resultados de la COP30 ofrecen algunas señales positivas, especialmente en relación con los avances hacia un mecanismo internacional que apoye transiciones justas y el impulso a nuevas alianzas para abandonar progresivamente los combustibles fósiles. Sin embargo, la cumbre también dejó al descubierto desafíos urgentes, como la expansión de la minería ilegal de oro en la Amazonía, que amenaza tanto la estabilidad climática global como los derechos humanos de millones de personas que protegen uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.

Sobre el mecanismo de transición

La principal demanda de la sociedad civil fue la creación de un Mecanismo de Acción de Belém (BAM) para impulsar una transición justa, eje central de todas las movilizaciones. A lo largo de la cumbre se sucedieron reuniones y negociaciones intensas para lograr su aprobación. Finalmente, se acordó ponerlo en marcha el próximo año. Este mecanismo pretende coordinar apoyo técnico y financiero y facilitar el intercambio de buenas prácticas y experiencias. Para el movimiento sindical, representa uno de los avances más relevantes de esta COP, aunque su configuración definitiva se concretará en los próximos meses. Sin embargo, el mecanismo para la transición justa no hizo mención a los combustibles fósiles. (Fuente: Alianza por el Clima).

Sobre combustibles fósiles

Tras la COP30 el multilateralismo como forma de negociación global continuará, pero con un giro hacia las negociaciones regionales (como lo hace la Unión Europea con el Pacto Verde, el mercado de las emisiones…) impulsado por Colombia y Países Bajos. Se trata de la Declaración de Belém, un documento que llama a acelerar la transición fuera del petróleo, el carbón y el gas. Una especie de “tratado internacional de países de alta ambición” que reconocen la urgencia de eliminar progresivamente los combustibles fósiles globalmente.

Colombia anunció que albergará en abril de 2026 (Santa Marta) la primera conferencia internacional sobre eliminación de combustibles fósiles, junto con el gobierno de Países Bajos. Esta conferencia apunta a avanzar fuera del marco formal del Tratado sobre combustibles fósiles para acelerar la transición energética justa.

Denuncia sobre la situación en la Amazonía

El Informe Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía: una reflexión desde una coalición de la sociedad civil y los pueblos indígenas, elaborado por la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA), analiza los vínculos entre crisis climática, degradación ambiental y violación de los derechos humanos en la cuenca amazónica de Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Revela como la expansión de la minería ilegal de oro amenaza no solo la estabilidad climática global, sino los derechos humanos de millones de personas que habitan y protegen el bosque tropical más grande y biodiverso del planeta.

El documento destaca el rol de las redes de corrupción y del crimen organizado en el avance de la minería ilegal y propone rutas concretas para una acción internacional más efectiva más allá de la COP30 Belém.

El documento plantea la urgencia de:

• Reconocer el rol central de los pueblos indígenas en la gobernanza climática.
• Establecer marcos regulatorios sólidos que frenen la cadena de la minería ilegal.
• Impulsar alternativas sostenibles como las prácticas agroforestales indígenas.
• Fortalecer la cooperación transfronteriza y los mecanismos financieros verdes.

Este informe invita a la comunidad internacional, estados y sector privado a priorizar la reducción de la minería ilegal en la Amazonía como una medida efectiva de mitigación al cambio climático. Para ello, es fundamental articular justicia climática y protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales impactadas por el referido fenómeno.

Transición ecológica, energética y justa de la sociedad civil

Los límites y alertas refuerzan una conclusión compartida por la sociedad civil: la lucha contra el cambio climático no es solo una cuestión ambiental, sino también social, económica y ética. Construir un futuro sostenible requiere políticas ambiciosas, compromisos internacionales sólidos y una ciudadanía activa, capaz de exigir transparencia, participar en las decisiones y orientar el consumo hacia modelos más responsables y coherentes con una transición ecológica y energética justa.

El compromiso de los agentes sociales es influyente para conseguir una transición ecológica y energética justa. Las personas influimos a través de las elecciones de consumo y nuestros estilos de vida, somos agentes del cambio y, de forma indirecta, somos las demandantes de soluciones contra el calentamiento global. Por eso desde la FVS te dejamos 10 recomendaciones para llevar en tu día a día: 

• Contrata energía 100 % renovable y participa en cooperativas o comunidades energéticas locales.
• Exige transparencia en el uso del suelo y en la planificación de infraestructuras energéticas o extractivas.
• Toma decisiones de consumo responsables, evitando empresas que deforestan, contaminan o vulneran derechos humanos.
• Opta por medios de transporte sostenibles: caminar, bicicleta, transporte público, vehículo compartido, etc.
• Participa en presupuestos participativos y otras herramientas de democracia local para orientar fondos hacia proyectos verdes y sociales.
• Propón en el edificio en el que vives la rehabilitación energética de la vivienda, promoviendo ayudas accesibles para los hogares más vulnerables.
• Apoya la agricultura agroecológica de proximidad, así como mercados locales y cooperativos.
• Fortalece redes de reparación, reutilización y reducción de residuos, incluyendo talleres vecinales y de trueque.
• Denuncia prácticas abusivas o de greenwashing, vigilando tanto a empresas como a administraciones.
• Participa y apoya a iniciativas sociales y ambientales, como plataformas ciudadanas y campañas como el Decálogo para una transformación industrial justa, de Ecologistas en Acción.

Cecilia Barrera Gamarra, Anabel Soriano Oliva
Fundación Vida Sostenible