es-es 15 http://www.vidasostenible.org/img/comunes/logoportada_vsostenible1.gif http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2.asp El carbón es un combustible fósil para la obtención de energía, y parece que seguirá siéndolo. Según el Club Español de la Energía, el Organismo Internacional de la Energía prevé que en 2050 la electricidad producida a partir de carbón será más del doble que la actual. En EE.UU., país responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el director de ingeniería de American Electric Power, Mark Gray, afirma “El carbón tiene que estar en nuestra mezcla energética, por su valor para la sociedad y su importancia para el país”; y hace mención a las reservas de este combustible: “Tenemos suficiente carbón para unos 200 a 450 años”.

A todos nos es conocido que la quema de carbón libera partículas y gases contaminantes a la atmósfera, entre ellos dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero. Por ello los expertos, ante la perspectiva de la continuidad de su uso en el futuro, están en la búsqueda de tecnologías de carbón limpio, más eficientes y menos contaminantes.

El objetivo es impedir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Es necesaria, por lo tanto, la investigación en los procesos de captura en centrales térmicas así como para desarrollar procesos de reutilización y almacenamiento.

Existen tres alternativas para la captura del dióxido de carbono:
1. Antes de la combustión (y tras la gasificación previa del carbón);
2. Después de la combustión tradicional, separándolo de la mezcla de los gases de combustión con diversas técnicas, como congelar los gases a la salida de las chimeneas o ligarlos a una sustancia química líquida tras la combustión;
3. Con la oxicombustión (Oxyfuel), que consiste en quemar el carbón en presencia de oxígeno puro en vez de con aire, y que resulta en gases formados en más de un 95% por CO2, en contraste con el 15% de CO2, como máximo, cuando el carbón se quema con aire.

Las tecnologías de captura ya existen, siendo China la pionera en su aplicación generalizada, y se están demostrando en algunos países a escalas muy cercanas a la comercial. El reto está ahora en su perfeccionamiento y abaratamiento, ya que en la actualidad su incorporación a las centrales suponer aumentar los costes en un 60-80%.

Iniciativas en la captura de dióxido de carbono

- En una central de Wisconsin (EE.UU.), a partir de 2008, la empresa Alstom instalará un sistema por el que utilizará amoniaco a baja temperatura para capturar el CO2.
- En Vattenfall (Alemania) está en construcción una planta piloto de 30 megavatios (MW) que implantará la oxicombustión.
- En España, el proyecto Cenit CO2 está parcialmente subvencionado por el Ministerio de Industria y reúne a Endesa Generación, Unión FENOSA, 14 empresas y 16 organismos de investigación y universidades. Incluye subproyectos sobre eficiencia en la combustión, el añadido de biomasa la carbón, la captura de poscombustión y el almacenamiento en formaciones profundas salinas, ante la falta de yacimientos de petróleo y de gas en España.
- En Ponferrada (León), la Fundación Ciudad de la Energía, impulsada por el Gobierno central, pretende construir una planta piloto de oxicombustión de 20 o 30 MW, que será modular para poder probar varias tecnologías. Inicialmente el proyecto era menor y de carácter más científico.
- El Departamento de Energía de EE.UU. tiene un programa, FutureGen, para la construcción de centrales de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado (GICC) que separen el CO2 que generen.

La tecnología GICC se usa en estaciones generadoras para quemar gas en una turbina, proporcionando energía a un eje giratorio conectado a un generador. Los gases producidos se emplean para hervir agua, cuyo vapor hace funcionar una segunda turbina, para fabricar más electricidad. En la variante del carbón el gas se obtiene quemando carbón en un medio pobre en oxígeno, para obtener una mezcla de gases de monóxido de carbono (CO) e hidrógeno.

En las nuevas centrales, el CO reaccionaría con el vapor para obtener CO2 y más hidrógeno. Éste iría a una turbina, asilando el CO2 para su captura.

El almacenamiento de dióxido de carbono

El almacenamiento del CO2 está menos desarrollado que su captura, y todavía no ha podido demostrarse que sea seguro y permanente a largo plazo. Por ello hay varios proyectos y experiencias en marcha.

En Weybrun (Canadá) trata de probarse la viabilidad técnica y económica del almacenamiento geológico en un yacimiento de petróleo, en el que podría mejorarse su aprovechamiento al inyectarse CO2 para hacer fluir más petróleo a los pozos. Hasta ahora se ha inyectado con éxito más de cinco millones de CO2, equivalente a la emisión de 1,3 millones de coches en un año.

La multinacional tecnológica del sector petrolero Schlumberger propone una estrategia muy similar a la que emplea con otros residuos peligrosos y de larga vida, como los nucleares. Un depósito de CO2 tendría un período de calificación de entre uno y dos años, estaría activo entre 10 y 50 años y se vigilaría prar evitar escapes durante más de 100 años.

Los expertos coinciden en que es fundamental la seguridad del almacenamiento, ya que necesita la aceptación social al no existir aún legislación sobre el tema. Y la seguridad es condición sine qua non para la inclusión de este mecanismo dentro de los contemplados para la mitigación del cambio climático, lejos de crear incertidumbre y convertirse en una carga para futuras generaciones.

El reciclaje de dióxido de carbono se plantea como una alternativa al almacenamiento, y consiste en la “valorización de la molécula como materia prima en procesos industriales”, según señala Juan Carlos Ballesteros, del proyecto Cenit CO2. Posibles usos de la molécula son la fabricación de polímeros y la producción de metano con bacterias, de alcoholes y de carbones activos.

Tanto para la Unión Europea como EE.UU. 2020 se presenta como el horizonte para la implantación definitiva de esta tecnología. La UE pretende reducir en un 90% el coste de la captura de CO2 y EE.UU., que todas las nuevas térmicas de carbón capturen y almacenen el 90% de us emisiones de CO2. Veremos si lo consiguen.

Zonas susceptibles de almacenar carbono en España

Aunque todavía es un proyecto de futuro bastante lejano – 2020-, el Gobierno español ya ha dado sus primeros pasos para que algún día el subsuelo terrestre y marino del país pueda acoger parte del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. Aunque no se puede hablar claramente aún de ello, se han designado unas zonas para las que todavía hay que hacer estudios de viabilidad y de impacto ambiental, pero no se puede esperar progreso hasta al menos 2009, año en el que se espera que la Unión Europea apruebe la regulación de esta tecnología.
Las zonas que reúnen condiciones favorables para servir como almacenes de carbono se sitúan en Asturias, Aragón, Cantabria, País Vasco, Castilla La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, según las resoluciones publicadas en el BOE.
Desde Greenpeace denuncian que algunas de estas zonas, áreas de entre 500 y 900 km2, están muy cerca de espacios de alto valor ecológico, como las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real), o el Parque Nacional de Doñana (Huelva). La responsable de la campaña de cambio climático, Raquel Montón, explica que además es una tecnología muy cara y que entraña peligros para los ecosistemas y los seres humanos ya que el riesgo de fugas es del 1%.
En respuesta, el Instituto Geológico Minero de España (IGME) matiza que se trata de buscar formaciones y estructuras iguales a las que la naturaleza ha desarrollado y que durante millones de años han mantenido secuestrado el petróleo o el gas o, como en España, estructuras llenas de agua salina. Según el IGME España podría llegar a almacenar entre 45 y 50 gigatoneladas de Co2.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Por: José Ignacio Pérez Arriaga

"El desarrollo de la regulación del sector eléctrico es normalmente un proceso lento, pero dos años parece un tiempo más que prudencial para hacer balance de las propuestas del Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de la generación eléctrica en España, que realicé por encargo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y que se hizo público en el verano de 2005. Hay que recordar que el necesario proceso de reforma del sector se paralizó -injustificablemente, pues lo que el sector y los inversores necesitaban era precisamente certidumbre regulatoria- a raíz de la opa de Gas Natural sobre Endesa, anunciada el 5 de septiembre del mismo año, y durante el culebrón subsiguiente. Finalmente, los cambios recientes en el equipo del Ministerio han sacado al Gobierno de su letargo y durante el pasado año una buena parte de la actividad regulatoria se ha dedicado a afrontar los problemas que motivaron la realización del Libro Blanco. ¿Qué relación guardan las reformas con lo que éste proponía?

El Libro Blanco trata sobre muchos temas, desde mejoras en las reglas del mercado mayorista hasta introducir señales económicas de localización en la red de transporte o las directrices para encaminarnos hacia un modelo energético más sostenible, pero sus dos ideas centrales son: "Vamos a darle una oportunidad al mercado eléctrico" y "la tarifa eléctrica no se fija, se calcula". El Libro Blanco propone que se elimine la regulación que interfiere con el libre funcionamiento del mercado -muy en particular el mecanismo de compensación por diferencias de los costes de transición a la competencia (los CTC)- y que se mitigue -utilizando un conjunto de instrumentos regulatorios- la capacidad de los agentes dominantes para modificar el funcionamiento del mercado en su beneficio, de forma que se pueda confiar en el precio resultante. Una vez conseguido lo anterior, la tarifa eléctrica -mientras dure- resultaría simplemente de sumar los costes acreditados de las actividades reguladas y de trasladar el precio de mercado de la energía, reconociendo periódicamente los desvíos que tengan lugar. Así la tarifa constituye una señal económica válida para el consumidor, cubre la totalidad de los costes incurridos y, por consiguiente, no existe déficit tarifario.

Se han realizado considerables avances en el primer punto -dar una oportunidad a que funcione verdaderamente un mercado eléctrico-, en su gran mayoría en línea con las propuestas del Libro Blanco, aunque en general, y de momento al menos, con menos vigor de lo que éste proponía. Así, se ha eliminado por completo la interferencia de los CTC en el mercado eléctrico, por el expeditivo procedimiento de cancelar de cuajo el procedimiento compensatorio vigente. También se han suprimido otras medidas intervencionistas que se habían adoptado posteriormente al Libro Blanco para atajar, con escaso criterio y nulo éxito, el déficit tarifario. Se han introducido instrumentos -como las subastas forzosas de una fracción de la producción de las dos empresas dominantes- que pueden permitir en un futuro mitigar el poder de mercado si se desarrollan adecuadamente, pues en su actual aplicación tanto la cantidad como la duración son muy inferiores a las que el Libro Blanco aconsejaba, así que la estructura de producción, aunque ha mejorado, sigue siendo excesivamente concentrada como para soportar una verdadera competencia. La venta de la energía que se comercializa a tarifa regulada mediante subastas de medio plazo permite una atenta supervisión de la formación de este precio, así como conocer su impacto en la formación de la tarifa eléctrica. Se han adoptado medidas para favorecer la participación de la demanda en el mercado y para reducir las barreras a la actividad de comercialización. Y están en marcha, al parecer con buen criterio, las mejoras en el mecanismo de garantía de potencia, la provisión de servicios complementarios y la introducción de señales de localización en la red de transporte.

Más claroscuros hay en relación con la tarifa. En línea con el Libro Blanco se han realizado los cambios normativos para que la tarifa no compita deslealmente con la actividad de comercialización. Pero, si bien inicialmente se eliminó el despropósito de fijar por decreto una senda multianual a la tarifa eléctrica -pues según la ley que regula el sector, aquélla viene fijada en su mayor parte por el mercado-, las decisiones posteriores han sido parecidamente decepcionantes. Desoyendo las recomendaciones del equipo ministerial y de la Comisión Nacional de Energía y en total contradicción con lo que el Libro Blanco plantea, el Gobierno persiste en emitir un mensaje engañoso, anunciando límites en las subidas que no son tales, pues consisten en aplazar -que no rebajar- el pago de la tarifa eléctrica, posponiendo la necesaria e inevitable subida e incrementando la deuda de los españoles con las empresas eléctricas, que ya excede los 200 euros de media por ciudadano.

Hay dos propuestas más del Libro Blanco que merecen comentarse. La eliminación de los CTC se realizó ignorando una de las recomendaciones del Libro Blanco -la que fue peor recibida por el sector, como era de esperar-, y era que se aprovechase la ocasión de rematar los CTC para restablecer -ahora a favor de los consumidores- el equilibrio entre éstos y las empresas, que alteró la introducción de la Ley del Sector Eléctrico en 1997 y del que los CTC constituían el mecanismo compensatorio. El "despiste" del Gobierno, eliminando sin más los CTC, ha reducido considerablemente la posibilidad de utilizar instrumentos regulatorios ortodoxos para reducir lo que pudieran considerarse ganancias excesivas de las empresas.

El estudio de prospectiva energética para 2030 que anunció el presidente del Gobierno el otoño pasado y que se espera se haga público para final de este año, atiende a la recomendación final del Libro Blanco. Y es que, sin menoscabo de la libertad de actuación de los agentes de los mercados de energía, se realice una verdadera planificación energética indicativa a largo plazo para orientar estratégicamente las inversiones en infraestructura del sector con criterios de sostenibilidad: cambio climático, equidad en el acceso universal a la energía, seguridad del suministro energético y competitividad de la economía."

En 2005 el profesor José Ignacio Pérez Arriaga, ingeniero industrial y doctor en Ingeniería Eléctrica, fue el responsable de preparar el tan esperado Libro Blanco de la Energía para el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El documento fue elaborado por un equipo de técnicos del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas sin carácter vinculante.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) En el suministro eléctrico en España puede distinguirse un precio ex-ante y un precio ex-post en la factura. El primero es el que figura en la tarifa, fijada a principios de cada año por el Gobierno, que el consumidor abona cuando la consume. Aproximadamente el 28% del precio de la electricidad establecido en la tarifa se destina a retribuir a las redes de alta tensión (de Red Eléctrica de España, REE) y a redes de media y baja tensión (propiedad de distribuidores); otro 28% se destina a subsidiar a las energías renovables y a posibilitar que el precio de la electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla sea el mismo que en la Península. Con el restante 44% los distribuidores compran y pagan el suministro a los generadores o productores. Si cuando finaliza un año el precio medio del kW/h (precio ex-post) establecido en el mercado ha resultado superior al precio ex-ante que el gobierno fijó 365 días antes, las distribuidoras se encontrarán con que los ingresos procedentes de las facturas de los consumidores son insuficientes para afrontar los gastos del ejercicio; este fenómeno se define como “déficit tarifario”. La causa más común es el encarecimiento de los hidrocarburos, el gas natural y el precio del barril de petróleo. La situación se agrava por el crecimiento de la electricidad generada con estos combustibles.

El problema de éste déficit se viene resolviendo de dos formas. Bien mediante el pago de un suplemento por parte de los consumidores que, a lo largo de los años sucesivos pagarán un suplemento correspondiente a los déficit del pasado, o bien mediante el pago de las empresas generadoras, obligadas por orden ministerial a financiar a las distribuidoras, adelantándoles los pagos aplazados de los consumidores, mediante la titulización de los derechos de cobro de los suplementos, es decir, la conversión de los derechos en valores negociables en el mercado de valores. Aparentemente podría deducirse que no existe nada heterodoxo en esta forma de resolver el problema del déficit: el precio ex-ante se paga al contado y la diferencia entre el precio ex-post y el precio ex-ante del kW/h se financia a largo plazo. Pero el razonamiento falla si se contempla desde el punto de vista de la eficiencia energética: los consumidores de electricidad adoptan sus decisiones (la cantidad que van a consumir) en base a un precio (ex-ante) que es inferior al que debería pagar ese ejercicio, con lo cual deciden consumir una cantidad de electricidad superior a la eficiente. No es consciente del encarecimiento, porque el aumento de precio será pagado por otro consumidor en otro momento posterior; los consumidores actuales están subsidiados (pagan un precio artificialmente bajo) por los futuros consumidores. Se consume la cantidad correspondiente al precio ex-ante, que es superior a la que se consumiría de conocerse el precio ex-post que finalmente ingresará la distribuidora. Los consumidores no tienen responsabilidad en que esto sea así, debido a la falta de información, y las distribuidoras obtienen beneficios superiores a la cantidad que ingresarían de abordarse el déficit de otra forma.

Ésta es la razón principal de la falta de conexión entre los precios de la electricidad respecto de las evoluciones del precio de los carburantes, del gas natural y los gases licuados del petróleo. Las políticas que intentan evitar la repercusión de los precios a los consumidores ignoran que a la larga, una demanda eléctrica disparada sería insostenible para la economía de cualquier país, además de inutilizar los efectos positivos de las políticas ambientales que intentan asentar las renovables como fuente de referencia en el futuro mercado energético español. Se ayudaría a los consumidores a tomar las decisiones correctas de acuerdo con los precios actuales de la energía primaria, al tiempo que se conseguiría una sensibilización con el medio ambiente crucial para la anhelada independencia energética basada en tecnologías limpias. Y desde un punto de vista de transparencia económica y justicia retributiva debería pagarse únicamente por lo consumido. De afrontar esta reforma, los índices económicos quizá empeorasen durante unos meses, pero se garantizaría la toma de decisiones correctas de los consumidores de acuerdo con los precios de la energía primaria. Hay que tener en cuenta que el consumo de energía final por unidad de Producto Interior Bruto en España es el más alto de todos los países de la OCDE. Mientras en el período 2000-2005 el PIB español creció a una tasa anual del 3,14%, el consumo de electricidad lo hizo a una tasa del 4,91%. Se trata de un problema importante de la economía española que paradójicamente es fácil de resolver, aunque las autoridades lo duden y aunque los consumidores y empresas no lo acepten, quizá, de nuevo, por falta de información.

El ministro de Industria y Comercio y Turismo, Joan Clos, en una entrevista publicada en el periódico El País respecto a las tarifas eléctricas españolas señalo que: "Las tarifas domésticas aún, seguramente, no son inductoras de ahorro. En cambio, en el sector industrial, las tarifas ya son incentivadoras de ahorro. Y so explica que el año pasado el consumo de electricidad no creciera a pesar de que la economía lo hizo en un 4%."

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Con fecha 26 de agosto de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Energías Renovables (PER) para el periodo 2005-2010, que prevé una inversión de 23.598 millones de euros para fomentar las energías no contaminantes (como solar, eólica, hidráulica, la biomasa o los biocombustibles). La inversión será realizada, en su mayoría (el 77%), por las empresas eléctricas, otra pequeña parte (cerca de un 20%) por las entidades financieras o firmas tecnológicas promotoras y una mínima parte por los fondos públicos (el 2.9% de la inversión, equivalente a 680 millones de euros).

También el PER propone que una parte de la inversión se apoye en las comunidades autónomas a través de convenios de colaboración, en unas proporciones decrecientes, aportando desde el 19% en el año 2005 hasta el 4% en 2010.

Con el PER se busca aumentar el uso de las energías renovables hasta que cubran el 12.1% de la demanda energética en 2010, planteándose como objetivos principales el triplicar la potencia eólica, multiplicar por ocho el uso de la biomasa e instalar, 4,2 millones de metros cuadrados de paneles solares fotovoltaicos antes del 2010. Además se planea que los biocombustibles pasen del uso casi nulo actual a suponer el 5,75% de los carburantes, entre otras medidas.

El Plan de fomento de las Energías Renovables fijó una meta de producción de electricidad a la biomasa para 2010, de 2.039 megavatios. Sin embargo, cuando quedan menos de cuatro años, esta energía produce 354 Mw un 17% del objetivo. Se trata del sector de energía renovable que menos ha crecido en España. Las razones, según los empresarios, son la falta de incentivos a su actividad. Básicamente, reclaman ayudas un 10% más que las actuales y algunas mejoras concretas en un sector disperso por el territorio, con diferentes recursos y formas de valorización según de donde procedan : forestales, industriales forestales, agrícolas, cultivos...

La empresa Boston Consulting Group ha realizado un informe que pone de manifiesto las enormes ventajas del recurso natural de la biomasa en España. Nuestro país puede generar 30 millones de toneladas anuales, aunque solo se utilizan cuatro. La capacidad es por tanto siete veces más que la prevista en el plan del Gobierno.

Si este sector lograse alcanzar sus objetivos de más de 2000 Mw (la potencia de dos grandes nucleares) para 2010, España reduciría sus emisiones de CO2 de manera considerable. Un estudio del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) del pasado mes de enero estima que si se valorizan 100.000 toneladas en 2012-año final del cumplimiento del primer mandato de Kioto-.se produciría el 1,53% de la energía.

Con el nuevo PER, el Gobierno busca rebajar los actuales niveles de contaminación, reduciendo la utilización de gasolinas y gasóleos en el transporte, responsable de un 77% de la contaminación, así como la dependencia del exterior y del petróleo, fomentar la investigación y reducir la emisión de CO2, como obliga el Protocolo de Kyoto.
El Plan prevé evitar la emisión de 76,98 toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera entre 2005 y 2020.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) La transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea 2001/77/CE, prevista para el 2006 y relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad (debió ser incorporada a nuestro derecho en 2003), nos dará la oportunidad de escoger qué clase de electricidad queremos consumir, puesto que la garantía de origen y el etiquetado eléctrico nos aportarán la información y la seguridad de que consumimos energía sin dañar al medioambiente.

El mecanismo de la garantía es sencillo. El productor eléctrico de origen renovable solicita que se le emita un certificado de la producción alcanzada en sus instalaciones inscribiéndose en un registro público. El Estado, a través del ente regulador del sistema, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), verifica los datos y emite el certificado correspondiente, con el que se puede demostrar al consumidor final el valor añadido de la sostenibilidad ambiental a la hora de producir electricidad.

Del sistema se desprende que la cantidad de kWh de origen renovable que un comercializador venda al consumidor final no puede exceder, en ningún caso, a la cantidad de kWh certificada. La suma de la energía certificada y consumida debe ser, como máximo, igual a la generada. Para cerrar el círculo de la garantía, es necesario disponer de la información que, reflejada en el etiquetado eléctrico que recibe el consumidor, indique claramente el origen fósil, renovable o nuclear de la energía suministrada, y pueda conocer el efecto ambiental que su generación causó. Además de informarnos sobre cuánto tenemos que pagar, el recibo deberá decir qué fuente de energía utilizó nuestro suministrador y el grado de impacto ambiental originado. De esta forma podremos obtener la información necesaria para poder ejercer nuestros derechos como consumidores y elegir una opción u otra, ya no sólo en base al precio o a la atención al cliente, sino por el daño causado en nuestro entorno por la empresa suministradora.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Andris Piebalgs, letón de 49 años, físico de profesión y comisario de Energía, tras la cumbre de Lahti, principalmente consagrada a la problemática de la energía, considera que la ejecutoria de la Comisión es la correcta para afrontar la situación.

"-La cumbre de Lahti ha mostrado que Europa, en su conjunto, tiene un margen de maniobra limitado en cuestiones de política energética. ¿Qué lecciones cabe extraer de las posiciones expresadas por los líderes europeos?

-No sólo en Lahti, sino en los Consejos Europeos de marzo y de junio de 2006, lo que yo percibo es que la Unión Europea tiene definidas cuatro prioridades: la diversificación en las fuentes de suministro, la problemática del cambio climático, la lucha contra la pobreza energética y asimilación de los países del entorno comunitario por motivos de garantía de aprovisionamiento y otras razones de política exterior. De lo que se trata ahora es de ver qué instrumentos ponemos en práctica para lograrlo. Y ahí, yo creo que con el marco institucional existente, basta. No veo que tenga que crearse una especie de "Mister Energía" para la UE, como ya existe, más o menos, para el euro, o para la Política Exterior y de Seguridad Común, con Javier Solana. Si mantenemos unos objetivos comunes, el conjunto de la Unión podrá beneficiarse de la interlocución privilegiada que socios comunitarios como Alemania tienen con Rusia, o España con Argelia. Creo que la Unión Europea será capaz de mantener sus equilibrios si definimos y luchamos por unos objetivos comunes, sin actuaciones unilaterales a espaldas de los demás, que pueden resultar muy provechosas para el interés nacional en el corto plazo, pero contraproducentes para esas prioridades comunes.

-Rusia reclama acceso al suministro de los mercados europeos, con su participación en algunos grandes distribuidores de gas. ¿Qué opinión le merecen esas pretensiones?

-Es un tema que tiene que ser abordado desde la reciprocidad. Si Rusia quiere entrar en nuestros mercados, tiene que abrir los suyos, y crear condiciones estándar para las inversiones extranjeras en el país. Moscú tiene que aprobar legislación particularmente relevante a estos efectos en el corto plazo, como la que concierne a las inversiones en sectores estratégicos. Que lo haga y ya veremos si las condiciones establecidas son homologables a las nuestras. Lo que no se puede consentir es que Moscú termine estableciendo un monopolio en la oferta energética. Ningún país puede soportar una dependencia semejante.

Energía nuclear

-La Comisión europea mantiene una posición neutra en la polémica sobre el sí o el no a la energía nuclear. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-En tanto que comisario de la Unión Europea yo tengo que asumir la realidad de los socios comunitarios. Constato, en ese sentido, que no hay consenso en la Unión sobre el uso de la energía nuclear. Finlandia y Francia son los dos únicos países que están construyendo nuevos reactores nucleares pero otros socios comunitarios ni se lo plantean. Por eso creo que en la UE deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en aquellas materias de la problemática energética en las que hay consenso. Es el caso, por ejemplo, de la eficiencia energética, en torno a la cual hay consenso y en la que tenemos un largo camino por recorrer. De ahí el Plan de Acción para la Eficiencia Energética que la Comisión acaba de presentar, como contribución a la cumbre de Lahti.

-Europa está experimentando dificultades para cumplir con el Protocolo de Kioto y ya se anuncian nuevas exigencias para el post 2012, cuando venzan los objetivos que parte de la comunidad internacional se ha marcado para combatir el cambio climático. ¿Habrá que apelar entonces a la nuclear?

-El post 2012 es una cuestión crítica, pero conviene abordarla con una visión amplia. Hacia 2020 habrá centrales de carbón que cumplirán el requisito de "cero emisiones". Una primera planta con recuperación completa del carbono con tecnología norteamericana va a entrar en funcionamiento en Tallín. Las renovables pueden contribuir más al mix energético. Y todavía podemos hacer mucho para mejorar el rendimiento del mercado interior de la energía.

-Un mercado interior lastrado por diferencias sustanciales en los diferentes mercados nacionales, y con cuellos de botella en interconexiones de primera importancia...

-El mercado interior es un logro real, a pesar de sus imperfecciones que luchamos por corregir. En cuanto a las interconexiones, es verdad que los reguladores nacionales no han logrado resolver el problema, y que nos encontramos ante un estado de cosas muy deficiente. Está el caso de España y Francia, pero podría citarle el de Polonia y Lituania. La Comisión cree que podría corregirse la situación. Para ello, la figura de un regulador paneuropeo concentrado en las interconexiones, que propongo, sería fundamental. El regulador europeo podría adoptar la forma de una agencia o, simplemente, de una cooperación especial entre la Comisión y los reguladores nacionales.

-Existen reticencias a la constitución de un mercado interior de la energía. ¿Es el momento de lanzar una cooperación reforzada entre los países que lo deseen, al amparo de lo previsto en el Tratado de Niza?

-La verdad es que para una cooperación reforzada en la energía ni siquiera hace falta apelar al Tratado. Bastaría con que los operadores trabajaran en red, con un nivel alto de cooperación y con una visión común de la dimensión exterior de la energía.

-¿Cómo va el debate sobre el Libro Verde?

-Encontramos un apoyo muy firme a los objetivos formulados por la Comisión en materia de sostenibilidad, compatibilidad y seguridad en el suministro. Y creo que, en síntesis, lo que la gente quiere es "más Europa". Más competitividad.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Por: Loyola de Palacio es eurodiputada del PP, excomisaria de Energía y Transportes de la Unión Europea.

Bajo el lema “La seguridad de abastecimiento, una responsabilidad compartida”, el Foro Internacional de la Energía ha celebrado recientemente su 10º Congreso en la ciudad de Doha, capital del Emirato de Qatar, a orillas de ese Golfo Pérsico a cuyo alrededor yacen las mayores riquezas de petróleo y gas natural que la geología tiene a su disposición. Fui invitada como moderadora de uno de los cuatro paneles de discusión celebrados.

El Foro reúne a los países productores del oro negro y a sus consumidores, y se completa con un llamado Business Forum, donde participan las grandes compañías que explotan estas fuentes de energía. Es uno de los procedimientos que parecen más razonables para abordar la actual crisis del petróleo, la más grave -y de naturaleza completamente diferente- desde los sobresaltos de 1973 y 1979.

La coincidencia de la reunión con la subida vertiginosa de los precios del barril de crudo, alcanzando sus niveles máximos conocidos, le dieron al meeting de Doha un significado muy especial. Fue la demostración de que la crisis actual es un fenómeno político y económico sin precedentes, dada la complejidad y dimensión de numerosos factores coincidentes al mismo tiempo, en este punto crítico de la historia energética.

En consonancia con ello, en el Foro se registró la concentración más numerosa de ministros de Energía y del petróleo hasta la fecha, con la presencia de titulares de 54 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, la India, China, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Arabia Saudí, Irán y Nigeria, además del representante de la Unión Europea.

No se trata esta vez de una tensión entre la oferta y la demanda, provocada unilateralmente por los productores -en crisis anteriores, utilizaron el petróleo como un arma-; ni tan sólo por los efectos perniciosos de la especulación, jugando con los apetitos de una demanda insaciable; ni por la falta de suministro con una demanda que crece, ya que no ha habido ni ruptura, ni escasez de abastecimiento. Esta vez se trata de la conjunción temporal de elementos que hasta ahora no se habían reunido con tanta intensidad. La volatilidad de precios y la falta de transparencia de los mercados no podrían explicar por sí solos la imparable subida del barril a lo largo del pasado año, encaramándose hasta los 70 dólares desde un nivel de 40 dólares en apenas seis meses.

En el caso concreto de España, por poner un solo ejemplo, las previsiones que sirvieron para redactar los Presupuestos Generales del Estado para 2006, tomaron como base un precio del barril cifrado en casi la mitad del que deberemos padecer durante todo el presente año.

El comportamiento social de los pueblos y gobiernos, con especial responsabilidad el de los más desarrollados, ha resultado insensible a las consecuencias de la crisis energética, sin que nadie diese una señal de alarma, o simplemente de prudencia. Los dos nuevos grandes “energívoros” modernos, la India y China, continúan su acelerado crecimiento y, aunque esto resulta natural, agrava aún más la situación. Mientras, los países occidentales continuamos nuestro gasto como si tuviéramos de consejero mundial al doctor Pangloss, y las cotizaciones en Bolsa no parecen afectadas por las tensiones continuadas en los precios del petróleo.

Los grifos de las explotaciones petrolíferas se abren y cierran en muchas fuentes de abastecimiento, sin que los países miembros de la OPEP -cuyas exportaciones de petróleo representan en la actualidad apenas el 40% de las necesidades actuales- puedan dar respuesta a la demanda mundial total.

En estos momentos, la producción de Nigeria sufre un recorte del 20% sobre su rendimiento normal por culpa de los asaltos de bandas en el laberinto acuático del delta del río Níger. Irak padece las calamidades de la guerra que disminuyen y desequilibran sus aportaciones, mientras Irán desafía a los consumidores de su exportación regular como defensa de su empeño nuclear. El Chad deja flotar serias dudas sobre la seguridad de su compromiso de abastecer 200.000 barriles diarios al mercado energético.

Venezuela alimenta la confusión voluntariamente con revelaciones de ventas a China y los países del Golfo Pérsico han retrasado nuevas inversiones por miedo, quizás, a que se pueda repetir la situación de finales de los 90, con exceso de oferta y hundimiento de los mercados. Tampoco ellos habían previsto la intensidad sostenida del crecimiento mundial, espoleada por el dinamismo de China y la India.

A todas estas perturbaciones del mercado hay que añadir los efectos de los huracanes Rita y Katrina, en el golfo de México, que están suponiendo la parálisis de muchas plataformas mar adentro y refinerías de instalaciones en tierra firme, para demostrar así la complejidad creciente del problema energético y la necesidad de afrontarlo con instrumentos mucho más poliédricos que los empleados hasta hoy en tiempos de crisis.

Todo ello sin olvidar que las nuevas extracciones proceden cada vez más de explotaciones costosísimas en aguas profundas y condiciones extremas. De hecho, en este Foro, al hacer el inventario de existencias, por primera vez se incluían los llamados petróleos convencionales, es decir las arenas y quistos bituminosos, y el llamado gas líquido (G.T.L.)

En los años 70, las crisis sucesivas tenían como origen la confrontación bipolar de productores y consumidores, con evidente ventaja para los primeros y sacrificio de los segundos. La OPEP mandaba -y tenía poder para hacerlo- y, en el corto plazo, a los consumidores (especialmente, los miembros de la UE y Japón) sólo les estaba permitido plegarse a las condiciones impuestas por los productores, reaccionando en el medio y largo plazo mediante programas de ahorro energético y ensayos de energías alternativas renovables o nuclear.

La situación actual ya no es así. La OPEP no tiene el monopolio de la producción y los márgenes ociosos disponibles no alcanzan el 3% del consumo mundial. Por lo tanto, las peticiones del G-7 -el grupo de países industriales más poderosos del planeta- no pueden ser atendidas con cantidades de petróleo nuevo como para calmar la alteración de los precios. Rusia, Canadá y Angola operan al margen de la vieja OPEP y las guerrillas nigerianas actúan con casi total libertad, asaltando los petroleros en la desembocadura del gran río que bautiza al gigante de Africa Occidental.

Hasta aquí el diagnóstico.

En el Foro de Doha no hemos asistido, como era perfectamente natural, a la aparición del recurso capaz de remediar de forma mágica la crisis, pero al menos se han identificado los distintos factores causantes de tanto daño y la necesidad de afrontarlos de manera armónica para remediar los trastornos del mercado y la volatilidad insoportable de los precios.

Lo diabólico de la situación es que no hay un responsable causante del mal y una víctima fatalmente condenada a padecerlo, porque todos tenemos responsabilidades en un sentido u otro.

Niveles de producción y márgenes disponibles, precios, cuellos de botella en el refino y la distribución, anarquía civil e incertidumbre económica, componen el mosaico del mapa energético mundial, y tanto el hecho de la masiva afluencia de ministros a las reuniones, como el que tantas compañías hayan querido participar en el llamado Foro de Negocios, pueden ser la señal de que la complejidad de la crisis no encontrará remedio más que con planteamientos multipolares, donde consumidores y productores comprendan que la confrontación y la falta de colaboración conducen inexorablemente al caos general. La crisis no encontrará solución en un escenario de lucha o insolidaridad y esta verdad parece que ha comenzado a alumbrar las conciencias. Aquí no habrá vencedores ni vencidos, porque todos seríamos derrotados si nos negamos a reconocer la necesidad de emplear en el futuro instrumentos distintos de los utilizados hasta ahora.

El mundo maneja con esperanza inventos y descubrimientos que pueden cambiar el planeta energético mundial en un futuro relativamente próximo. Entre ellos, la utilización de energías renovables, los nuevos reactores de fisión y el futuro quizá de la fusión, la sustitución del motor de combustión por las pilas de combustible, o los nuevos vectores energéticos como el hidrógeno. Por cierto, por primera vez también diversos países anunciaron su decisión de impulsar unos programas de energía nuclear ambiciosos, como garantía de suministro, lucha contra el cambio climático y ejercicio de responsabilidad al permitir esa decisión el mantenimiento del crecimiento sin presionar sobre la demanda de petróleo. Bienvenidas sean tales iniciativas, pero ahora se trata de resolver los problemas inmediatos, conjugados en presente de indicativo y, en el interior de esa realidad, el petróleo y el gas natural no tienen alternativa disponible inmediata para garantizar la totalidad de las necesidades.

El Foro Internacional de la Energía ha repetido algo sabido: lo lejos que todavía estamos de encontrar una solución, pero al menos ha servido como confesión de que el planeta energético mundial del aquí y del ahora necesita la seguridad de abastecimiento, una responsabilidad compartida por productores y también consumidores."

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Por: Enrique Barón Crespo

El día de Año Nuevo, media Europa se despertó tiritando de frío por la reducción del suministro de gas ruso decidida por Putin. A la batalla iniciada con la OPA de Gas Natural sobre Endesa se han ido añadiendo grandes maniobras en el sector energético con la entrada de E.ON en la puja, el intento de ENEL de adquirir Gaz de France, el matrimonio de interés de ésta, privatizada de golpe, con Suez y lo que está por venir. Allende el Atlántico, el presidente Bush ha tenido que reconocer en el discurso del Estado de la Unión que la economía de Estados Unidos es "adicta al petróleo", cuando él y su equipo de petroleros en la Casa Blanca habían diseñado su diplomacia global a partir del mapa de reservas de crudo en todo el mundo, con el brillante resultado de ponerlo a unos precios que están representando un auténtico Plan Marshall para países como Irán, Venezuela, Arabia Saudí Guinea Ecuatorial o el desastre de Irak. Para completar el panorama, China y la India han entrado con fuerza en el mercado de aprovisionamiento.

Este auténtico tsunami plantea una situación de emergencia a la Unión Europea y a España como parte de ella. En primer lugar, por su enorme grado de dependencia de todo tipo de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas e incluso uranio), frente al que no existe una política energética común. De momento, lo que está en marcha es la liberalización del mercado energético acordada en la Cumbre de Barcelona de 2002 (el 1 de julio de 2004 para las empresas y de 2007 para los particulares), pero no existe una política comunitaria como tal. Británicos y holandeses quieren controlar el 100% de sus hidrocarburos; los franceses defienden su monopolio de Estado y su energía nuclear; alemanes, austriacos e italianos quieren la electricidad, pero con las centrales atómicas en casa del vecino. La tarea presenta, pues, múltiples dificultades: la primera es que no se trata de una competencia exclusiva de la Comunidad, sino que es compartida (incluso en la Constitución), lo que significa que tiene que ser hecha por la Comisión con los Estados miembros. Por eso, el presidente Barroso haría bien en concentrarse en elaborar esta política más que en encontrar el fácil mecanismo de regañar a los Estados miembros por sus reacciones nacionalistas. Si las tienen, lo que debe hacer como responsable europeo es preparar el antídoto comunitario en forma de respuestas operativas y ágiles. De momento, lo que se ofrece es un libro blanco, es decir, un resumen de todo lo existente con una invitación a que los demás pongan las ideas. Si de verdad se trata de un tsunami, no hay que copiar al rey Canuto, que, sin saber nadar, ordenó en la playa que la marea se detuviera.

Otra dimensión básica que se ignora en este proceso es que no es sólo una cuestión de mercado que interesa a accionistas o inversores. Los prestadores -que no prestatarios- de los servicios de agua, gas y electricidad son empresas de servicio público, lo que en Latinoamérica denominan utilidades (del inglés utilities). La liberalización tiene todo su sentido para beneficiar a los usuarios, rompiendo con los monopolios nacionales, en parte naturales por basarse en redes y en la imposibilidad de optar. Una empresa puede hacer autogeneración; un usuario urbano, instalar una placa solar, pero lo tiene muy difícil para cambiar de proveedor. La lógica del Gobierno socialista español de crear la Red Eléctrica nacional en 1985 fue un sustancial paso para romper con los monopolios internos. En el caso europeo, la liberalización no se hizo partiendo todos de la misma línea de salida; en 2002, Roma y Madrid no reaccionaron ante la resolución del Tribunal de Justicia, el cual falló cuando trataban de frenar la expansión europea de Électricité de France sin contrapartida. La fusión que condujo a E.ON en Alemania se blindó, en contra del criterio de su propio organismo de defensa de la competencia (Budeskartellamt), lo cual plantea una cuestión clave no tanto de solidaridad como de reciprocidad. Ahora, las empresas eléctricas y gasistas que trabajan con mercados casi cautivos y tarifas en porcentaje de los precios han salido de compras con la cartera repleta buscando su futuro, al tiempo que para sobrevivir necesitan integrarse verticalmente (gas-electricidad) y asegurarse fuentes de aprovisionamiento.

El tema afecta a todos los usuarios y a la ciudadanía en general, al ser empresas que prestan servicios públicos; en este caso, los denominados servicios de interés económico general, los alemanes tienen una bella expresión para denominarlos -daseinvorsorge- como procura o preocupación existencial, lo cual se comprende en el caso del agua, el gas o la electricidad. Este tema estuvo en el corazón del debate de la Convención constituyente entre opciones políticas y en este momento está pendiente en la elaboración de la directiva de servicios (ex Bolkestein, ahora Gephardt). Es significativo que el acuerdo transaccional entre socialistas y populares europeos que ha permitido desbloquear la directiva haya dejado fuera estos servicios sobre los que de momento no hay acuerdo, por lo que se ha optado por remitirlo a una futura directiva. La mayoría de populares y liberales consideran que deben ser sometidos sólo al mercado, mientras que socialistas, verdes y otros pensamos que deben tener una regulación conforme con el interés general. Y en este punto clave la Comisión Europea no ha hecho todavía sus deberes, con el consiguiente peligro de acusar a los demás para ocultar sus carencias.

La consideración de servicio público implica responsabilidades claras para los Gobiernos. Así, el Gobierno español debe garantizar que la población pueda ser atendida de manera igualitaria, lo que requiere inversiones y costes no siempre rentables a corto plazo (los ejemplos de los apagones catalán y canarios son aleccionadores como el californiano o ENRON en EE UU), incluidos los archipiélagos balear y canario; controlar las centrales nucleares y el almacenamiento de residuos, el carbón o asegurar el cumplimiento de los compromisos de Kioto, además de impedir prácticas abusivas. Por eso es importante disponer de un pilar propio para edificar conjuntamente el sistema europeo. El ejemplo de la Unión Monetaria puede ser instructivo: no se ha eliminado el Banco de España, sino que ha pasado a formar parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales; los bancos privados que prestan sus servicios deben ajustarse a las normas decididas por este sistema con el Banco Central Europeo.

La elaboración de una política energética europea es, pues, una necesidad urgente, que requiere además de las condiciones expuestas en relación con los ciudadanos, la introducción de la competencia en la prestación del servicio y consideraciones de política exterior, seguridad estratégica y defensa en el aprovisionamiento. Para comprenderlo, basta con ver dónde se encuentra la mayoría de las reservas de petróleo y gas en el mundo. Ésta es la respuesta que debemos dar los españoles con el resto de los europeos al tsunami energético, la otra es acabar como el rey Canuto.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Hace muchos años, España era un país muy pobre. Entonces llegó el petróleo y lo cambió todo. El petróleo alimentaba los tractores que cultivaban alimentos cada vez más baratos y las fábricas que producían toda clases de artículos que todo el mundo podía comprar, incluso automóviles que a su vez eran movidos por petróleo.

España se convirtió en un país rico. Entonces el petróleo subió a más de 50 dólares el barril. La gente se preocupó mucho. Los agricultores tendrían que subir el coste de los alimentos. Llenar el depósito sería cada vez más caro. Aumentaría el paro y la inflación. Volveríamos a la pobreza. ¿No deberíamos empezar a ahorrar energía? ¿Incluso a cambiar de modelo energético? Entonces el petróleo bajó a 30 dólares el barril. Todo el mundo se tranquilizó. España volvió a ser un país rico.

Este cuento basado en hechos reales ha ocurrido al menos cinco veces en los últimos treinta años. Y la experiencia no ha caído en saco roto. Hoy en día (datos oficiales de 2003) el petróleo sólo supone la mitad de la cesta energética total del país, hace 30 años era casi las tres cuartas partes. Claro que este 50% es un pico considerable: casi 70 millones de toneladas, 1.600 litros anuales por cada hombre, mujer y niño. Tanto el carbón como el gas natural son más o menos la sexta parte de la cesta, y entre los dos suman una cantidad de energía por habitante equivalente a 1.000 kilos de petróleo al año.

No deja de ser algo preocupante que petróleo + carbón + gas sumen más del 80% del abastecimiento total de energía de nuestro país. Todos ellos son compuestos de carbono, y quemarlos devuelve a la atmósfera grandes cantidades de CO2, un gas antaño gratuito pero que hoy en día, gracias a la firma del compromiso de Kioto por parte del gobierno español, se está poniendo muy caro. El compromiso obliga al Estado español a producir menos CO2 o a pagar por la cantidad producida en exceso. Para este fin el Protocolo ofrece tres claves técnicas: el mercado de emisiones, que permite comprar o vender el CO2 emitido en exceso, el desarrollo limpio (que alienta proyectos de cooperación de un país industrializado con un país en vías de desarrollo para la construcción de instalaciones poco o nada contaminantes) y la implementación conjunta, similar al modelo anterior pero en donde ambos participantes son países ricos. Todo esto está muy bien, pero lo cierto es que España está muy lejos por encima de los prudentes objetivos de reducción de emisiones establecidos en Kioto y otras reuniones posteriores. No va a quedar más remedio que quemar menos combustibles fósiles.

¿Puede ser la energía nuclear una opción?
Después de todo, producen electricidad sin emitir a la atmósfera (aparentemente) un solo gramo de CO2. El problema es que producen cantidades apreciables de otras sustancias, como residuos radiactivos con los que no se sabe muy bien que hacer, y que son una herencia venenosa para el futuro. Además, el peor accidente posible en una central nuclear es mil veces peor que el peor accidente posible en cualquier otra instalación de producción de energía. Las centrales nucleares sólo aportan un 12% a la cesta energética. Sin entrar en polémicas, son un callejón sin salida. Hace veinte años que no se construye ninguna nueva en España, y no es probable que se construyan en el futuro.

El astuto lector habrá llegado a la conclusión a estas alturas de que el 93% de toda la energía que se consume en nuestro país es fósil y nuclear, que es como decir carbono y radiactividad. Que no cunda el pánico. Vamos ahora con las energías buenas. Siguiendo con los datos oficiales de 2003, la hidroelectricidad y la biomasa (combustión de leña para obtener energía) aportan cada una un 3% de la cesta energética, escaso resto de un pasado glorioso. Antes de la Era del Carbón fue la Era de la Biomasa, que ha pasado de aportar un 75% de toda la energía consumida en España hace un siglo a su minúsculo porcentaje actual. Antes de la Era del Petróleo fue la Era de la Hidroelectricidad, que en sus mejores momentos (años 60 del siglo XX) llegó a suponer un 25% de la cesta. ¿Y que pasa con el 1% restante? Está ocupado por la energía eólica (0,8%) y la electricidad generada por los residuos urbanos (0,2%). Llegados a este momento, alguien preguntará ¿dónde está la energía solar?. Tranquilos. Su variante térmica ocupa un robusto 0,03%, y su versión fotovoltaica (la manera más limpia y elegante de convertir la fuerza del sol en energía aprovechable) 0,002%, es decir, unas 3.000 toneladas equivalentes de petróleo, que viene a ser 22.762 veces inferior al consumo del oro negro.

Ante un panorama tan alentador, caben varias posibilidades:

a)no hacer ningún caso a las fundadas advertencias del ecologismo, al que se le ha llegado a acusar de servir a los intereses nucleares franceses;

b) lanzar el enésimo plan de ahorro energético y energías renovables;

c) cambiar de rumbo en el modelo energético.

Dejando de lado la opción a), examinemos primero la b). Si usted derrama el aceite usado de su coche en un arroyo y le pilla la Guardia Civil, no dude que se llevará una buena multa. Si pone la música demasiado alta, pronto tendrá al vecino en la puerta para recordarle sus deberes cívicos. Pero, ¿qué ocurre si usted se compra un frigorífico de dos puertas clase E, con un consumo de novecientos kilovatios hora al año? ¿o si se niega a invertir unos euros en un termostato para la caldera de su calefacción, y regula la temperatura abriendo las ventanas de par en par?

En estos casos, la Administración le enviará un folleto en el que le sugiere que sea usted bueno y apague la luz de una habitación cuando salga de la misma, por favor. Estas publicaciones emplean un lenguaje optimista pero con poca relación con la vida real, plagado de expresiones como "la mejor energía es la que no se consume" "ahorrar energía es invertir en futuro" "un gesto evita un gasto", o "utiliza energía renovable". Los ayuntamientos gastan mucho tiempo en reunir nutridos grupos de público infantil y adolescente para mostrarles las grandes ventajas de la energía limpia y verde. Los chavales y los más pequeños aprenden las ventajas de todo tipo de las energías renovables, de los aislamientos térmicos y de las lámparas de bajo consumo. Se supone que aplicarán estos conocimientos cuando sean mayores, y entonces sí que cambiarán las cosas y tendremos un modelo energético verdaderamente sostenible.

Estas campañas (que se repiten cada tres o cuatro años desde 1973) son muy útiles, pero podrían serlo mucho más si fueran acompañadas por una acción política decidida en la misma dirección. Esta política debería explicar los costes reales de nuestro modelo actual de producción y consumo de energía, hacia donde deberíamos avanzar y el precio que será necesario pagar (incluyendo recibos de la luz multiplicados por dos o más).

Tampoco se atiende a los aspectos prácticos. El ciudadano bien intencionado y responsable no sabe literalmente que hacer. Con frecuencia, una visita a una tienda en busca de electrodomésticos economizadores resulta frustrante: nadie sabe cuáles son y nadie sabe explicar sus ventajas, si es que las tienen.

No existe una cultura compartida que propicie la eficiencia energética. El sostenido crecimiento de la demanda de energía no figura en los periódicos en la parte de las malas noticias, sino en la de las noticias excelentes: España progresa, aumenta el consumo de electricidad. Pronto alcanzaremos y superaremos a los ingleses o a los alemanes. Esta es otra manera de pensar consolidada durante muchos años, cuando España parecía triste y mísera en las tablas de consumo de energía por habitante, en pleno grupo de los países pobres. No es extraño que, según fuentes oficiales, cada vez se necesite más energía para producir la misma cantidad de PIB, justo al revés de lo que ocurre en la mayoría de los países de la UE.

Lo mismo sucede a la hora de la planificación. Las últimas previsiones apuntan a que las energías renovables, allá por 2012, supondrán el 12% de la cesta energética. Pero el consumo de petróleo, en términos absolutos, no cesará de crecer, así como el de gas natural. En realidad, la idea dominante es que las centrales de energía renovable son como tractores comparadas con las centrales térmicas y nucleares, que se pueden comparar a veloces Ferraris.

Una central térmica, nuclear o convencional, se puede poner en marcha a voluntad, apretando un botón. Una central eólica necesita para funcionar algo que nuestra voluntad no puede dominar, como es el viento. Se insiste en que tales centrales no funcionan en los días nublados o de atmósfera en calma. No obstante, un sistema bien diseñado de centrales renovables puede tener la misma regularidad de producción que otro basado en el carbón y el combustible nuclear. Pero el argumento está bien arraigado, y en la opinión general las energías renovables seguirán siendo durante muchos años la parte folklórica del suministro, mientras que lo verdaderamente importante son el par de docenas de enormes centrales térmicas y los 70 millones de toneladas de petróleo importado.

El sistema eléctrico español puede estar razonablemente satisfecho de la calidad de la energía que suministra. La red de distribución llega hasta el último rincón del país, y los apagones son raros. Ni siquiera es cara, comparada con otros artículos de consumo de primera necesidad. El problema es que es insostenible. Los subproductos de la generación térmica de electricidad se barren hoy por hoy escondiéndolos bajo una gigantesca alfombra, la atmósfera terrestre que absorbe el dióxido de carbono. Pero la alfombra empieza a mostrar ya un bulto sospechoso, al que contribuyen además los más o menos 20 millones de automóviles privados que colapsan las carreteras todas las fiestas de guardar. Esta inmensa flota es un hueso duro de roer, que no se arregla únicamente con declaraciones oficiales a favor del transporte público.

Vamos ahora con la opción c): cambio de rumbo, que puede suponer, por ejemplo, nada menos que consumir cada año menos petróleo que el anterior, o comenzar a cerrar centrales térmicas especialmente ineficientes o peligrosas. Cerrar una central térmica, por muy contaminante que sea, es como dejar de regar mil hectáreas de cultivo: algo que violenta profundamente una manera de pensar consolidada a lo largo de décadas. Siempre se verá como un peligroso retroceso, como una regresión a la pobreza y la barbarie de épocas pasadas. Volver a los tiempos de gasógeno y de la mala luz, que brillaba mortecina en bombillas de 25 vatios. Pero una central térmica se puede cerrar sin que ocurra una catástrofe, si abrimos previamente varias centrales de energía limpia y mejoramos el rendimiento energético de algunos millares de hogares y empresas. Una vez tomada esta nueva dirección, puede que sea difícil parar. Después de todo, en España, nos llevó apenas 20 años pasar de un modelo energético predominantemente solar y renovable a otro casi completamente fósil.

Un cambio de rumbo también supone fijar con claridad los estándares mínimos y obligatorios de eficiencia energética. Hoy por hoy el gobierno es duro y tajante en muchas cosas que afectan a la seguridad y la higiene públicas, pero se muestra extrañamente tímido a la hora de fijar, por ejemplo, cifras máximas de consumo de electricidad para frigoríficos de cierto tamaño. La primera vez que se planteó la instalación obligatoria de paneles solares en edificios fue hacia 1980: 25 años después puede que se haga realidad gracias al nuevo Código Técnico de la Edificación, pero entretanto se han construido millones de viviendas que son verdaderos sumideros de energía.

El cambio de rumbo en la política energética exige muchas medidas cuidadosamente coordinadas de carácter económico, legislativo, tecnológico e informativo. Pero sobre todo requiere un cambio cultural, parecido al que se va extendiendo al calor de la Nueva Cultura del Agua. Una Nueva Cultura de la Energía no debería considerar el cambio climático y las crisis petrolíferas como maldiciones bíblicas que hay que pagar con una recesión económica, sino como un problema de dependencia y de riesgo que es preciso resolver, apostando fuerte por objetivos ambiciosos. ¿Multiplicar por 1.000 el empleo de la energía solar, hacer retroceder el consumo de petróleo por el transporte privado, duplicar la eficiencia energética del parque de viviendas? La única manera de saber si podemos hacerlo es intentándolo en serio.... empezando hoy mejor que mañana.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Por Casimiro García-Abadillo

Reproducción del artículo publicado en El Mundo por el analista económico Casimiro García-Abadillo, una interesante introducción a la economía política de la demanda eléctrica

Verano. Calor sofocante y sequía. Mala combinación en un país al que las costuras se le han quedado pequeñas. Apagones, cortes de luz a grandes empresas,…. Todo ello mientras la publicidad incita al consumidor a comprar aparatos de aire acondicionado: fáciles de instalar, silenciosos y baratos.

La demanda de energía eléctrica ha aumentado en España en los últimos 10 años un 60%, es decir, a un ritmo anual del 6% acumulado, lo que sólo sucede en países en vías de desarrollo.

Ese incremento inaudito del consumo eléctrico obedece a varios factores. En primer lugar, al boom inmobiliario. Más hogares significan más lámparas, lavadoras, televisores, etcétera. En España no sólo ha aumentado la población por el efecto de la inmigración sino que se ha disparado el fenómeno de la segunda residencia de ciudadanos extranjeros (fundamentalmente procedentes de la UE). También han cambiado los hábitos de consumo. Hace una década, el aire acondicionado era una artículo de lujo; ahora, lo tiene instalado más de 12% de los hogares españoles.

Pero las empresas eléctricas añaden a esos argumentos el que, para ellas, mejor explica el consumo sin freno de energía eléctrica: su bajo precio. Los recortes efectuados en la era Rato supusieron bajadas acumuladas en la tarifa del 32%. De ser uno de los países con la electricidad más cara de Europa, en estos momentos España es, del conjunto de países de la UE de los Quince, el que disfruta de mejores precios, sólo superada por Grecia y ello a pesar de que las fuentes de generación no son ni mucho menos las más eficientes.

Rato les apretó las tuercas a las compañías eléctricas e hizo de su implacable dureza bandera de los efectos beneficiosos de la liberalización que puso en marcha el PP. Los consumidores y el IPC fueron los principales beneficiarios de esa política.

Es verdad que, para compensarles del trauma se sacó de la manga los CTC, o Costes de Transacción a la Competencia, pero que sólo se abonaban a las compañías si producían por debajo de un precio previamente fijado. Ese era el famoso billón de las eléctricas que decía el PSOE cuando estaba en la oposición. Pero los CTC eran el chocolate de loro (del que, por cierto, sólo han llegado a cobrar la mitad).

Como es natural, las eléctricas necesitan ganar dinero porque son empresas que cotizan en Bolsa y tienen accionistas que demandan beneficios, así que las compañías buscaron otras fuentes de ganancias que compensaran la pérdida de márgenes en las tarifas. Redujeron sus inversiones en producción y distribución y se dedicaron a invertir en Latinoamérica y Europa y en otros sectores más rentables como las telecomunicaciones.

La combinación de estos factores: fuerte aumento de la demanda, precios relativamente bajos y falta de inversiones, es la causante de la situación actual, que hace temer que los apagones de los dos últimos años sean sólo una broma comparados con lo que nos espera si sigue sin llover y las temperaturas no bajan de los 35 grados.

El problema con el sector eléctrico es que está liberalizado para unas cosas y no para lo fundamental, que son los precios. En estos momentos, lo que paga el consumidor por el kilowatio que consume no refleja ni de lejos el coste de su producción y distribución. A eso es a los que las eléctricas llaman el déficit de tarifa y que, según una fuente autorizada, este año supondrá para el conjunto del sector unos 2.000 millones de euros.

Las eléctricas le han hecho llegar al Ministerio de Industria su desesperado SOS. La petición es clara: si se quiere equilibrar ese déficit, las tarifas tendrían que subir, como mínimo, un 6% durante tres años consecutivos. Es decir, un 18% en un trienio. Esa sería una buena forma de garantizar, argumentan, que las inversiones en producción de energía y en una red de distribución que se ha quedado obsoleta y es incapaz de aguantar el tráfico que soporta, se recuperen para evitar que, dentro de unos años, pocos al paso que vamos, el sistema se vaya a hacer gárgaras y colapse una economía cuyo crecimiento está basado casi exclusivamente en el consumo de las familias.

La sola perspectiva de tener que afrontar la impopularidad de una medida como esa pone de los nervios al Ministerio de Industria. ¡Imagínense ustedes a un Gobierno socialista subiendo el recibo de la luz cuando los populares no tuvieron inconveniente en enfrentarse a los dueños del kilowatio para bajarlo año tras año! Por no hablar de los perniciosos efectos de la subida del precio de la electricidad en la inflación, que ya de por sí marcha fuera de control y que hace cada vez menos competitivos nuestros productos (como, por cierto, ha puesto de manifiesto dramáticamente el último dato de déficit comercial).

De ahí, la propuesta de Montilla de poner en marcha medidas desincentivadoras del consumo. Se trata de poner unos topes al gasto de los hogares a partir de los cuales el recibo va encareciéndose progresivamente. A mayor consumo, mayor precio por kilowatio.

¿Servirá esa formula para bajar el consumo y, a la vez, para compensar el déficit tarifario? Según se haga. A medida que sea más eficaz de cara a conseguir esos objetivos, será más impopular.

Es decir, si los topes que se implantan son muy altos, entonces afectará a muy pocos hogares: se reducirá poco el consumo y apenas si se moverá el precio medio del kilowatio. Pero si el tope es bajo y afecta a millones de hogares, en ese caso sí que se reducirá el consumo y aumentará la tarifa media, pero entonces el Gobierno se echará encima a las asociaciones de consumidores y, con toda seguridad, a la oposición en pleno.

¿Está Zapatero en disposición de asumir un paquete de choque que garantice la mejora de la red y discipline el consumo por la vía de que los precios recojan el coste real de la energía, o bien preferirá mirar hacia otro lado esperando que el otoño adelante su suave brisa?

Viendo lo que ha ocurrido en los últimos años, no se puede ser optimista. Históricamente, los gobiernos han favorecido a Endesa no sólo por ser pública, sino porque tiene una enrome producción a base de carbón. Y de las minas viven muchas familias en Asturias y también en León. Las centrales nucleares (que son las que producen a menor coste) y las de carbón (mucho más caro, pero primado por razones sociales) son la que vierten al pool su producción en primer lugar. Si la demanda aumenta, entonces entra en el sistema la electricidad producida en ciclo combinado por gas y después la hidráulica.

Finalmente, entre la que se produce con fuel, que en estos momentos, está en sus precios máximos. Como en verano aumenta tanto el consumo, la entrada de éstas últimas eleva los precios exponencialmente. Para colmo, en un año como éste, de poco viento, la energía eólica ni siquiera aporta el 4% del total del consumo.

La competencia en el sector es una ficción, porque se vende por debajo de coste. Se mire por donde se mire, al final, el Gobierno tendrá que subir las tarifas eléctricas por encima de la inflación.

Y también tendrá que aguzar el ingenio para evitar la picaresca que se está produciendo en algunas grandes empresas consumidoras a cuenta de las tarifas primadas. Sectores como el acero, el aluminio o los fertilizantes, que son grandes consumidores de electricidad, pagan menos por su kilowatio/hora que el resto de las industrias. En las acerías, una parte de la energía se utiliza para producir oxígeno con el fin de acelerar la combustión y generar más calor. Algunas de ellas están utilizando la electricidad barata para producir excedentes de oxígeno y venderlo a precios muy ventajosos. Aquí el más tonto hace relojes.

La gran paradoja es que, al PSOE, que hizo toda la demagogia que pudo con los CTC, no le va a quedar más remedio que devolver a las eléctricas su equilibrio tarifario. A costa del consumidor claro.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) “El sistema eléctrico español vive momentos de máxima tensión. El día 28 de junio, por segundo día consecutivo, la empresa encargada del transporte de energía, Red Eléctrica, ordenó cortes de suministro selectivos en Cataluña por la incapacidad del sistema para atender la elevada demanda eléctrica en esa comunidad. La pasada semana fue la mitad norte la que se quedó a media luz. ¿Y mañana, donde habrá cortes? Lo cierto es que el fuerte crecimiento de la demanda, un 43% entre 1997 y 2004, junto con una política de reducción de precios (cerca de un 35% en términos reales desde 1996) ha recortado el margen de reserva eléctrica hasta los niveles de 2001, año del gran apagón. La causa de estos problemas hay que buscarlos en un modelo no sostenible.

El sector eléctrico, pese a ser uno de los fundamentales de toda economía desarrollada, ha sido el “patito feo” de ésta en los últimos años. No se han incentivado las inversiones en producción ni en distribución, pese a lo cual el sector ha inyectado en los últimos cuatro ejercicios más de mil millones de euros. A ello hay que añadir las trabas administrativas y ambientales a las que se enfrenta cualquier proyecto energético, que se han convertido en un auténtico “vía crucis” para las compañías del sector.

El sistema no parece poder aguantar más. Acabar con el atasco eléctrico es tarea primordial de un Gobierno que no puede esperar cruzado de brazos con la excusa de la elaboración de un Libro Blanco al que pretende convertir en el bálsamo de Fierabrás. El Ministerio de Industria tiene que empezar a actuar. Aplazar cualquier decisión hasta el próximo otoño es no querer arreglar los problemas estructurales ni encarar los coyunturales.

El mismo día 28 de junio de 2005, el Foro Nuclear pidió que se autorice una prolongación de la vida de las centrales nucleares. Se trata de una alternativa factible, con más ventajas que inconvenientes (se reducen las emisiones de CO2 en la generación y se limita la importación de un petróleo cada vez más caro), que debería ser estudiada con atención por un ejecutivo que cultiva lo verde, sin matices, por ser políticamente correcto. Es una de tantas soluciones no circunscritas a desplazar al consumidor los problemas del sistema (como supone penalizar el consumo excesivo)”.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Por Joan Herrera, portavoz en el Congreso de Izquierda Verde

Uno de los múltiples "talones de Aquiles" del modelo de crecimiento de la economía española y de su pérdida de productividad es precisamente su profunda ineficiencia energética. Por cada punto de crecimiento del PIB se duplica la demanda energética. Y ya no vale la excusa del menor desarrollo español: estamos a niveles de mayor ineficiencia energética que el resto de países de nuestro entorno.

La razones son varias: un modelo de infraestructuras muy dependiente del petróleo; un modelo de crecimiento urbanístico que se aleja de la ciudad compacta; la profunda ineficiencia energética de las edificaciones de este país. Pero a este factor se le suma otro: la inexistencia de políticas en gestión de la demanda eléctrica. En España se gastaron en el año 2004 más de 1.750 millones de euros en la construcción de nuevas centrales de ciclo combinado, mientras que la estrategia de ahorro y eficiencia apenas superaba los 10 millones de euros. La inversión y la orientación de todas las políticas se ha destinado a la generación, olvidándose de la distribución e ignorando algo tan básico como la planificación indicativa.

Es hora por tanto de modificar nuestro horizonte, más aún cuando el incumplimiento del Protocolo de Kioto va a dejar de ser gratis. En este contexto, la redacción del Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de la generación eléctrica es quizás la última oportunidad para que empecemos a hacer las cosas diferentes. Pero para conseguirlo hace falta decisión. En este sentido desde una perspectiva no sólo sostenible, sino también razonable, hemos planteado tres líneas de trabajo: la de una estructura del sector que se adecúe a estas necesidades, la del ahorro y la de las energías renovables.

La primera de las estrategias a implementar son los cambios en la estructura empresarial del sector, donde debe haber una acción decidida para proteger e impulsar pequeñas y medianas distribuidoras.

En segundo lugar requerimos de un programa de gestión de la demanda que abra una línea de ahorro y eficiencia. Además de la suficiencia de programas que no sólo informen, sino que incentiven el ahorro, la progresividad en la tarifa eléctrica permitiría rebajar la tarifa a los consumos básicos y gravar los consumos más suntuarios, tanto para el sector doméstico como para el industrial: un ejemplo claro es el canon del agua en Cataluña.

La tercera gran orientación es un mayor impulso a las renovables. En primer lugar, consiguiendo que la red de distribución deje de ser la excusa de las grandes compañías para evitar la entrada de renovables. Pero también mediante el aumento de las primas a las energías renovables, teniendo en cuenta el plazo de amortización, la evolución de la tecnología y la rentabilidad de la instalación. Se trata de un modelo que, como el alemán, haga de la prima el principal instrumento para el impulso de las renovables, y donde los recursos sean superiores a los que hoy se destinan.

Para llevar a buen puerto esta propuesta, el instrumento financiero clave son los CTRD: costes de transición a las renovables y a la gestión de la demanda. En un marco en el que ya no tiene justificación continuar pagando los costes de transición a la competencia (CTC) (en el año 2004 supusieron un total de 203,6 millones de euros), que en su mayor parte han subvencionado la industria nuclear, debe haber herramientas que permitan materializar este cambio de orientación. A efectos prácticos se trata de una sustitución de los CTC por los CTRD que permita el impulso de las renovables y la gestión de la demanda. Por último, la opción de los CTRD permitiría abrir grandes líneas de I+D en renovables, así como primar los casos de desplazamiento de combustibles fósiles por renovables en cualquier tipo de aplicación energética. Sin lugar a dudas, esta estrategia permitiría el impulso de un sector, el de las energías renovables, con alto valor añadido, haciendo de España un país de referencia.

Para pasar de la ineficiencia a una nueva cultura de la energía necesitamos no sólo que el libro blanco de Ignacio López Arriaga sea ambicioso, sino que, además, sus recomendaciones se cumplan. Este nuevo horizonte es el que puede permitir de una vez por todas afrontar numerosos retos, entre los que está el ineludible plan de cierre de las centrales nucleares. Se trata, por tanto, de introducir elementos que permitan que el sector eléctrico pase de ser un lastre de la economía a una oportunidad.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Se detuvo la construcción de la bautizada como la segunda Gran Muralla China, el faraónico proyecto de la presa de las Tres Gargantas en el río Yangtsé. La Administración Estatal de protección Medioambiental (SEPA, en sus siglas en inglés) ha paralizado la obra.

En concreto, la empresa estatal que construye este inmenso embalse de más de 600 kilómetros de largo y 175 metros de profundidad, que almacenará 39.300 millones de metros cúbicos de agua y generará 84.600 millones de kilovatios/hora al año, que representan el 11% de la electricidad que consume China, se ha visto obligada a detener la construcción de tres grandes centrales hidroeléctricas incluidas en el proyecto por dañar gravemente los ecosistemas de la zona.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) España no tiene un margen de reserva de electricidad suficiente para afrontar un hipotético problema de abastecimiento durante este invierno. Esta es la advertencia que acaban de lanzar los técnicos de Iberdrola.
Un excedente es necesario para solucionar problemas derivados de un fallo imprevisto o de un drástico tirón del consumo como el acaecido en diciembre de 2001. Según el cálculo de Iberdrola, el margen de reserva debería estar situado en el 20% de la potencia instalada. Y en estos momentos, ronda el 10%, la mitad de lo que la eléctrica considera obligatorio para estar tranquilos este invierno.

El consistente crecimiento de la economía, que no ha estado acompañado de una política eficiente de consumo, ha elevado la punta de consumo desde los 25.000 megavatios de 1992 a los 38.000 de 2004. El problema es que, en la década de los 90, las eléctricas apenas instalaron nuevas centrales. Así, se llegó a la dramática situación de 2001, con un margen de reserva prácticamente inexistente y un política de lucha contra los apagones basada en la utilización de los contratos de interrumpibilidad (las empresas pagan menos a cambio de sufrir cortes de suministro cuando la eléctrica lo necesita).

A partir del verano de 2002, la construcción de plantas de generación ha permitido elevar este listón hasta el 10%. Pero, a juicio, de Iberdrola, el sector debería dar un impulso mucho más decidido al desarrollo de la potencia instalada. Según la eléctrica, las centrales de fuel antiguas no son demasiado fiables, y aún así, están soportando básicamente el margen de reserva. Esta situación, provoca, a ojo de la empresa, episodios en los que la seguridad del sistema se ve comprometida.

Los técnicos de Iberdrola también recuerdan que la ampliación del parque de generación eólica conlleva grandes beneficios para el mercado. Sin embargo, su propia naturaleza aleatoria impide echar mano de los aerogeneradores cuando se necesita más potencia. Tal y como están planteadas ahora las centrales eólicas, no funcionan como desearíamos.

En la actualidad hay numerosos proyectos que están sufriendo retraso en su puesta en marcha. En las centrales de ciclo combinado esta demora oscila entre 15 y 454 días. En la actualidad, se encuentran en servicio 11 plantas eléctricas de gas. Seis de ellas, propiedad de Iberdrola, tres de Endesa (dos compartidas con Gas Natural), una de Hidrocantábrico, y otra construida por Unión Fenosa y Cepsa.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) En el primer trimestre de 2005 se pretende terminar con la revisión del Plan de Fomento de Energías Renovables.

El Plan supone un importante impulso del Gobierno hacia las energías renovables , con el propósito de que en 2010 se alcancen lo 20.000 MW (sin contar con la energía proveniente de las centrales hidráulicas).

El ministerio de Industria adelantó que la subida de las tarifas prevista será mesurada y suficiente y que las exigencias de las eléctricas dista mucho de ser razonable. Estas piden un incremento entre el 5% y 7%.

Entre otras actividades del sector, Red Eléctrica de España (REE), la Plataforma Empresarial Eólica y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) han constituido un grupo de trabajo para discutir cómo mejorar la gestión de los parques eólicos. Entre los temas que se van a tratar está la de regulación para manejar los parques eólicos en España. Actualmente está en discusión el cómo lograr que los parques existentes no se desacoplen cuando cae la tensión en la red (como sucedió en septiembre de 2004, que se ordenó la paralización de los aerogeneradores para evitar la caída de la red). Por otro lado está la exigencia de la directiva comunitaria que estipula que en 2010 el 12% de la energía consumida (no producida) proceda de fuentes renovables.

Por su parte, el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Francisco Javier García, afirmó España no puede permitirse el prescindir de ninguna fuente de energía; sería una imprudencia. En este sentido, otras fuentes aseguran que es imprescindible contar con la energía nuclear, más aún cuando se están buscando fuentes alternativas al petróleo.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Según un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), las tarifas para la baja tensión, donde se encuadran 22 millones de hogares, deberían subir entre un 19,6%, en el escenario más favorable, y un 30,9% en el peor de los casos, para la gestión 2008

Así se refleja en el denominado Informe sobre las variaciones necesarias a aplicar a las tarifas integrales y de acceso a partir del 1 de enero para que sean aditivas. El impulso de las tarifas "aditivas", algo más fácil de decir que de hacer, era una de las medidas recogidas en su día el programa electoral del PSOE.

El estudio de la CNE, a requerimiento del departamento que dirige Joan Clos, no supone en sentido estricto una propuesta tarifaria, pero pone de manifiesto, una vez más, el gran problema que arrastra el sistema eléctrico. Y es que los precios regulados -los que marca el Gobierno- no cubren todos los costes del sistema, por lo que año tras año se genera un déficit que las empresas anotan en sus balances y que hay que pagar en abultados plazos durante décadas.

En julio -desde este mes, la revisión tarifaria es trimestral- y a pesar de que Industria impulsaba otra subida del 1,81% para los consumidores domésticos, se acordó finalmente congelar la tarifa doméstica y subir sólo un 1,7% el resto de tarifas de alta y baja tensión. Pero las expectativas son de subida a la par que la inflacción, entre el 2 y el 4%.

La nueva Ley del Sector Eléctrico, aprobada en julio, estipula la desaparición de las tarifas eléctricas reguladas a partir del 1 de enero de 2009 y la entrada en funcionamiento de las denominadas tarifas de último recurso. Los planes del Gobierno son eliminar, antes de la desaparición de las tarifas, la generación de déficit de tarifa.

Precio de la electricidad en 2006

En diciembre de 2005, el Gobierno aprobó una subida media de la electricidad del 4,48% para más de 22 millones de hogares para 2006. El Real Decreto que recoge la subida admite el derecho de las eléctricas a cobrar el déficit (diferencia entre ingresos y costes) generado este año y que ronda los 3.500 millones. Ello obligaba a revisar de nuevo las tarifas en julio de 2006, con un límite máximo de subida del 1,5%.

El Real decreto elimina la tarifa de empleado en las eléctricas, lo que afecta a unas 100.000 personas. Las empresas tendrán que pagar la luz barata de sus empleados.

La medida afecta, entre empleados en activo y jubilados, a más de 100.000 personas en España y, según los datos aportados por las propias empresas al Ministerio de Industria, supone un coste para el sistema de 110 millones de euros anuales, con un consumo aproximado de mil Gigavatios por hora al año.

Lo más destacado de la revisión de tarifas aprobada es el incremento medio del 4,48% de las tarifas eléctricas que pagan la mayoría de los usuarios (en el caso del gas, la subida será del 4,26%). Pero la letra pequeña del real decreto contiene otras medidas importantes. Así, por primera vez se penaliza el consumo excesivo con 1,3 céntimos por kilovatio por encima de un consumo mensual de 650 euros. Además, se congela la llamada tarifa social (1.0) para potencias contratadas inferiores a 770 vatios.

Los españoles no tiene claro el precio de la energía, y, aunque es considerablemente menor al precio en otros países de la Unión Europea, no hay una percepción de que esto sea así. Según el estudio ”Actitudes de los españoles ante los problemas de la energía y del Medio Ambiente”, esta es la razón por la que los españoles están dispuestos a hacer pocos sacrificios , aunque sean para proteger el medio ambiente. Parecen evitar cualquier esfuerzo personal en materia energética delegando todo el peso en la Administración.

Un 36% de la población no sabe qué es el protocolo de Kyoto y los compromisos adquiridos en él. Además hay un desconocimiento absoluto de quiénes son los responsables y cuáles son las actuaciones que mejoran la eficiencia energética.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) La fiebre por adquirir coches más voluminosos y todoterrenos ha creado problemas de ruido y contaminación en las ciudades. El debate iniciado en junio de 2005 sobre la posible aplicación de tasas específicas ha concluido con la imposición de "impuestos verdes", que supondrá dejar de tasar los impuestos conforme a la cilindrada de los vehículos (dos coches con la misma cilindrada pueden tener emisiones muy distintas. Así, uno más contaminante paga lo mismo que otro más ecológico y el sistema no incentiva los coches ecológicos), por el impuesto conforme al nivel de emisiones de CO2 de cada vehículo.

El 30 de octubre de 2007, el Congreso aprobó la redacción definitiva del nuevo impuesto de matriculación para turismos a partir de 2008. Así, entrarán en vigor cuatro tipos distintos: 0% para turismos cuyas emisiones no sean superiores a 120 gramos de CO2 por kilómetro (como el Toyota Prius, el Kia Picanto, el Peugeot 107, el Smart o Citroen C1); 4,75% para los coches que emitan entre 120 y 160 gramos de CO2 por kilómetro; 9,75% para los que se sitúen en la franja de 160 y 200 gramos de CO2 por kilómetro; y 14,75% para las emisiones iguales o superiores a 200 gramos de CO2 por kilómetro.

Esta nueva fiscalidad verde ha provocado un aumento del 38,5% en la demanda de turismos y todoterrenos más ecológicos, siendo el número de ventas hasta febrero de 40.075 unidades, según un estudio elaborado por la consultora MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción- Faconauto-.
Los grandes perjudicados son fabricantes de automóviles que emiten más de 200 gramos de CO2, sujetos al tipo máximo de 14,75 en el impuesto de matriculación, que han caído un 47,69% hasta febrero de 2008.

Una tercera parte de los vehículos que salen hoy de las fábricas europeas emiten menos de 140 gramos y cada año llegan al mercado más de un millón de vehículos que emiten 120 gramos por kilómetro o menos. Una demanda débil de vehículos de bajo consumo y una preferencia por vehículos más grandes y seguros han impedido mayores logros.

Desde la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, Ivan Hodac, secretario general, sostiene que: " Un esfuerzo europeo coordinado para satisfacer las demandas del consumidor, nunca se ha materializado. Ahora es el momento de poner en pie un sistema impositivo relacionado con las emisiones de CO2 y los combustibles alternativos. Por lo que se refiere a la tecnología de los vehículos, el legislador debe tener en cuenta lo que es viable tecnológicamente, factible por costes y asequible para el consumidor. Centrarlo todo en la tecnología no lograría lo que se pretende y, además, afectaría al empleo en los países de la UE. Estudios independientes encargados por la Comisión Europea, han puesto de manifiesto que reducir las emisiones de CO2 sólo por medios tecnológicos es hasta 10 veces más caro que otro tipo de medidas, como incrementar el uso de los biocarburantes, mejorar las infraestructuras, la gestión del tráfico o promover modelos de conducción adecuados. Estos estudios advierten que centrarse sólo en la tecnología del vehículo, pone en peligro a la industria europea, pues incrementará los costes de producción".

Además, a la industria se le deben conceder unos plazos para cumplir las nuevas exigencias. El marco legislativo anunciado no parece que esté listo antes de 2009. Para entonces, los vehículos de 2012 ya habrán salido de los centros de diseño. Los legisladores no pueden ignorar los plazos con los que trabaja la industria automovilística. La primera fecha factible para cualquier requisito legal nuevo es 2015.

Los fabricantes europeos son líderes mundiales en muchos ámbitos tecnológicos. Por ello la industria automovilística constituye uno de los pilares más estables de la economía de la UE. En el automóvil trabajan de forma directa más de dos millones de trabajadores y proporciona empleo a otros 10 millones de personas más en la UE de forma indirecta. La industria invierte al año más de 20 billones de euros (4% de los ingresos) en investigación y desarrollo. En la década pasada ha ideado más de 50 tecnologías nuevas que reducen las emisiones de CO2 y ha fabricado los mejores y más limpios motores diésel del mundo. Una mayor disminución en las emisiones de CO2 mediante la tecnología implica un esfuerzo muy complejo.

Sin embargo, se pueden lograr mayores reducciones si se involucra a todas las partes afectadas, la industria del automóvil, suministradores de combustible, legisladores y conductores. Por lo tanto, la estrategia futura de la UE para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos debería incluir ajustes en las infraestructuras, potenciar los biocombustibles y la conducción eficiente, y un sistema fiscal relacionado con el CO2.

La UE tiene que esforzarse en ser competitiva. Un futuro marco político europeo deberá fortalecer a la industria automovilística y no desplazarla fuera de Europa, es la opinión de Ivan Novac.

Sin embargo, esta conciencia verde entra en contradicción con otra de las medidas que también se pone en marcha a partir de enero de 2008: el fin del Plan Prever, que neutraliza las posibles ventajas medioambientales de la nueva fiscalidad.

Todavía un 23% del parque automovilístico no cumple con ninguna de las directivas medioambientales obligatorias desde hace 10 años y gracias a este plan, desde 1997 la sustitución de vehículos antiguos ha supuesto el ahorro de 4,2 toneladas de CO2.

Sobre la posibilidad de prorrogar otro año más el Plan Prever, a lo que el Ministerio de Industria y de Medio Ambiente se mostraron favorables, se desestimó por razones económicas, ya que la entrada en vigor del nuevo impuesto de matriculación puede mermar la capacidad recaudatoria de la Administración.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Comisiones Obreras, El grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), Los Verdes, WWF/Adena, Greenpeace y Ecologistas en Acción ha presentado el día 17 de julio de 2007 una Proposición de Ley de Movilidad Sostenible que incluye una batería de propuestas concretas para gestionar la movilidad de las personas y del transporte de mercancías dirigidas a la sostenibilidad y la seguridad en la lucha contra el cambio climático y destinadas a la reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo final de esta ley es que antes de ocho años el Ministerio de Fomento pase a destinar solamente el 50% a infraestructuras y el 50% restante a la gestión de la movilidad sostenible.

De Fomento a Ministerio de Transporte y Movilidad
Con la Ley de Movilidad Sostenible, en cuya elaboración han participado las diferentes organizaciones mencionadas, se tiene la voluntad política de que es posible implementar medidas efectivas para la lucha contra el cambio climático. El Gobierno la había prometido desde el principio de la legislatura, pero no ha tomado ninguna iniciativa al respecto. En este sentido, los diferentes representantes presentes en la rueda de prensa han instado al Gobierno español a pasar de “las palabras a los hechos” apoyando esta Proposición de Ley en el Congreso.

La iniciativa parlamentaria –que se registrará en los próximos días en el Congreso- busca impulsar el transporte colectivo, el transporte no motorizado y la puesta en marcha de directivas de movilidad sostenible en coordinación con las entidades locales y de las comunidades autónomas. Asimismo, se pretende que el Ministerio de Fomento cambie la denominación por el de Ministerio de Transporte y de Movilidad.

Esta proposición se registrará pocos días antes de que el Consejo de Ministros anuncie la aprobación de un real decreto de medidas urgentes contra el cambio climático.

16.000 muertos prematuros por contaminación
Joaquín Nieto, secretario de medio ambiente y salud laboral de Comisiones Obreras, ha asegurado que ésta es “una ley de reducción de costes” puesto que la mala calidad del aire provoca graves problemas sanitarios y ambientales. En este sentido, Nieto ha recordado que cada año se registran en España 16.000 muertes prematuras por la contaminación. Además, ha recordado que se producen 400 muertos anuales en desplazamientos al trabajo. Nieto ha explicado las líneas básicas de la proposición de ley y los compromisos que deben asumir la Administración Central, las comunidades autónoma, los ayuntamientos y las empresas.

Por su parte, Joan Herrera ha instado al Gobierno a recoger los planteamientos de esta proposición de ley en las propuestas que piensa impulsar, comprometiéndose a presentar un Real Decreto Ley que permita un desarrollo legislativo en temas como movilidad, ahorro y eficiencia, ley de energías renovables y fiscalidad verde. “El Gobierno se ha apalancado con los últimos datos de reducción de emisiones”, ha dicho Herrera.

Para Paco Segura, responsable de Transporte de Ecologistas en Acción, hasta hoy en España ha existido “una clamorosa ausencia de planificación” en infraestructuras y “una inexistente planificación sostenible”, una opinión compartida por Mar Asunción, responsable de cambio climático de WWF/Adena y por Raquel Montón, de Greenpeace.

Áreas comerciales, zonas de ocio y campus
La proposición de ley recoge la necesidad de que a partir de los planes movilidad urbana los ayuntamientos deben desarrollar planes de movilidad sostenible a los polígonos industriales o empresariales, así como a las grandes áreas comerciales, parques de ocio o campus universitarios de ámbito territorial. Los ayuntamientos y, en su caso, las autoridades de transporte público (ATP) establecerán las formas y porcentajes de financiación por parte de las empresas del transporte público o colectivo. También se recoge que las empresas que dispongan de servicios de transporte colectivo para sus trabajadores que cubran al menos un 25% de sus viajes al centro de trabajo estarán exentas de esta contribución.

Asimismo, las empresas o administraciones públicas con centros de trabajo de más de 200 trabajadores elaborarán y desarrollarán en los mismos planes de transporte de empresa que reduzcan la utilización del automóvil en el transporte de sus trabajadores y fomenten otros modos menos contaminantes. Las empresas presentarán estos planes al ayuntamiento correspondiente.

A través de esta ley se crearía el Consejo Nacional de la Movilidad Sostenible como órgano consultivo, asesor y de concertación y participación de las administraciones, organismos, corporaciones, entidades y sectores sociales vinculados a la movilidad.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) En los últimos quince años, la red total de carreteras ha aumentado un 5,5%en nuestro país, las carreteras de alta capacidad un 127% y el número de vehículos en uso ha crecido un 63%. La consecuencia lógica de este aumento en la flota de vehículos es una mayor contaminación por la creciente emisión de más gases. Para paliar esta situación en la medida de lo posible, el Informe Basma -Disposición básica del Parque Rodante ante la Seguridad y el Medio Ambiente-, elaborado por la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil -Fitsa-, apunta que la renovación de 4,7 millones de vehículos con más de diez años de antigüedad que circulan por las carreteras permitiría reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 10%.

Desde Fitsa apuntan que la renovación que se está llevando hasta el momento no es suficiente y solicitan un plan más efectivo. "Es necesario un "plan renove" con unas mínimas exigencias sobre el vehículo sustituyente en materia de contaminación; es decir -explica Agustín Aragón, secretario general de Fitsa- que el coche nuevo tenga que emitir por debajo de 140 ó 120 gramos de CO2 por kilómetro. Si renovamos sin exigir nada no se contribuye a una mejora en materia de contaminación".

El Informe Basma recomienda que se adopten medidas para modificar la actual estructura de la etiqueta energética. "La actual no transmite un mensaje claro y lleva al despiste. Es necesario que la información sea muy clara y que permita comparar los datos con los de otros vehículos para que el futuro comprador pueda tener más elementos de juicio antes de realizar su compra. También, las etiquetas deben estar expuestas en los vehículos de todos los concesionarios".

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) En Febrero de 2007 el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó el real decreto ley que desarrollaba la prórroga del Plan Prever en 2007, con algunas novedades, como el que por primera vez excluía a los vehículos de cilindrada igual o superior a 2,5 litros.

El Plan Prever incluía la deducción de 480 euros en el impuesto de matriculación de vehículos nuevos de menos de 2500 cc achatarrando uno de más de 10 años de antigüedad, y lo mismo a vehículos industriales de menos de 6Tm que sustituyera a otro de más de 7 años de antigüedad.

El resultado del Plan Prever ha sido muy positivo: se ha reducido de manera significativa el porcentaje de vehículos contaminantes y hasta 3,3 millones de coches de más de 10 años han dejado de circular por las carreteras.

Aún circulan 6,5 millones de vehículos de este tipo, por lo que fabricantes, importadores y concesionarios se han puesto de acuerdo para promover un nuevo plan, que deberá ser aprobado por Economía e Industria: el Plan Ecoseg.

La propuesta con el Plan Ecoseg es que el comprador de un vehículo nuevo o seminuevo (menos de 5 años desde su primera matriculación) tenga una subvención de 1000 euros en caso de que tramite la baja definitiva de su coche anterior de más de 10 años, subvención que sería de 1500 euros si el coche tuviera más de 15 años.

Con respecto a vehículos industriales, se pide 1000 euros de ayuda directa para quien compre un vehículo comercial de hasta 6Tm nuevo o seminuevo (en este caso, menos de 3 años) al tramitar la baja de uno de más de 7 años. En el caso de tener más de 10 años, la ayuda sería de 1500 euros. Y en ambos casos la compra debe realizarse por parte de trabajadores autónomos o pequeñas empresas.

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