es-es 15 http://www.vidasostenible.org/img/comunes/logoportada_vsostenible1.gif http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2.asp Eye on Earth, es el nombre del nuevo sistema de cartografía global de la Tierra, puesto en marcha por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en asociación con Microsoft. Según el Instituto Geológico y Minero de España, se trata de una plataforma de comunicación bidireccional que incluye datos sobre agua o calidad del aire, a la vez que se retroalimenta con distintas aportaciones de científicos y ciudadanos anónimos, sobre el medio ambiente.

Este servicio online, incluye la utilización de varios sistemas cartográficos encargados de proporcionar las mediciones de la calidad ambiental del agua, aire o ruido, en una determinada localización geográfica. Así por ejemplo, el sistema Water Watch, facilita la información relativa a la calidad del agua de más de 22.000 zonas de baño en toda Europa, a la vez que ofrece la posibilidad de consultar los datos históricos de varios años. De igual manera, por medio de Air Watch, se recoge la información relativa a la calidad del aire de más de 1000 estaciones de control en todo el continente. El proyecto incluye también NoiseWatch, encargado de evaluar la contaminación acústica en 164 países de Europa.

Otra utilidad a destacar es iEnviro Watch. Se trata de una aplicación iOS que permite visualizar y consultar información medioambiental en la zona escogida desde tu smartphone.

Eye on Earth, está creado con tecnología ArcGIS Online de ESRI, la cual permite al usuario superponer los distintos mapas con toda la información ambiental que se ha ido recogiendo. Está previsto que próximamente incluya también la evaluación de otros agentes contaminantes como vertidos de petróleo, o los niveles de ozono o erosión de un lugar determinado.

Se puede acceder a Eye on Earth para crear, grabar e imprimir mapas personalizados desde su página en inglés. También se puede acceder a los diferentes mapas de cualquier parte del mundo y en cualquier idioma, así como añadir valoraciones personales sobre el ruido o la contaminación del agua o del aire en su vecindario.

Eye on Earth fue presentado en Abu Dhabi el pasado diciembre de 2011 con el objetivo de implicar a gobiernos, agentes sociales y ciudadanos en la concienciación y preservación ambiental, antes de que sea demasiado tarde.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) El desarrollo de la energía solar fotovoltaica antes del año 2000 era muy escaso, y su venta a la red estaba fomentada mediante primas que cobraban los productores por cada kWh inyectado a la red sobre el precio del mercado. En 2004 esta energía representaba una parte muy pequeña del conjunto de las renovables, que en total suponían aproximadamente el 6,5% del consumo de energía primaria. Desde el año 2000, y con la aprobación del Plan de Fomento de Energías Renovables en 1999, la instalación de placas fotovoltaicas ha ido creciendo un 40% cada año. El objetivo era llegar a los 143.000 kilovatios instalados en 2010, cubriendo al menos el 12% del consumo de energía primaria mediante renovables.

Este tipo de energía ha ido ganando peso en el sector residencial. Aunque es complicado saber el número de propietarios que tienen un sistema fotovoltaico "se puede hablar de cientos, porque se han colocado más de 30.000 kilovatios de paneles solares en España y en cada vivienda se ponen sistemas de entre tres y cinco kilovatios", señala Javier Anta, presidente de la Asociación Española de Industria Fotovoltaica (Asif), que avisa que esa cifra incluye muchas instalaciones ubicadas sobre terrenos sin edificar.

En 2005, el sector reconoció que ya no existen problemas con las compañías eléctricas y que éstas pagan religiosamente a los propietarios, "a excepción de Unión Fenosa, que pone requisitos que no contempla la normativa", según Miguel Arrarás, director gerente de la empresa Aesol. Y es que contar con una de estas instalaciones es como tener una minicentral eléctrica en casa.

Por generar esta electricidad limpia el propietario cobra una tarifa bonificada a la compañía distribuidora. Durante los primeros 25 años de vida de la instalación el cliente recibe el 575% (casi 6 veces más) de la tarifa medida de referencia. Ésta se ha fijado por el Gobierno en 7,3 céntimos de euro el kilovatio/hora (para 2005). Pasados los 25 años, percibe el 80% de esa cantidad, explican en Asif.

Entre 2004 y 2007, el consumo de energía a partir de renovables se incrementó en un 10% (de 9.152 a 10.228 Ktep). La tendencia y las previsiones son ascendentes, para este año 2012 se prevee que el 12,3% del consumo de energías primarias corresponderá a las renovables. La industria fotovoltaica, aportó un 0,62% del PIB entre 2006 y 2008 y mantuvo 93.000 empleos durante 2009.

Durante el año 2008 España se convirtió en el primer mercado fotovoltaico del mundo, con más de 2.500 MW instalados, superando con ello a Alemania, tradicional líder internacional en implantación de la energía solar. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en Alemania, el crecimiento en España no se ha producido de un modo sostenible: si el Gobierno quería conectar 371 MW solares a la red en 2010, en la actualidad en España hay casi 10 veces más potencia instalada, puesto que se superan los 3.300 MW. Como resultado, el Gobierno recortó su política de ayudas al aprobar el Real Decreto 1578/2008. Este recorte llegó a casi paralizar el sector fotovoltaico español a causa de los cambios de regulación: A grandes rasgos, este recorte se ha traducido en paralizar el mercado durante más de seis meses por el cambio regulatorio; reducir la retribución por la energía producida un 30%; introducir una reducción progresiva de la retribución que puede superar el 10% anual; establecer un límite máximo anual de 500 MW durante los próximos años, con un nuevo registro para adjudicar esta potencia que complica la tramitación administrativa de los proyectos; y dividir el mercado en dos segmentos, uno para plantas solares en suelo y otro para instalaciones incorporadas a la edificación, cuando más del 95% del mercado estaba orientado al suelo.

La Comisión Nacional de Energía es desde noviembre de 2009 la encargada directa de gestionar el pago de las instalaciones fotovoltaicas, y quien quiera cobrar por sus kilowatios hora verdes tiene que estar registrado en los archivos del órgano regulador.

La CNE en su último informe de ventas, publicado en el mes de julio y que engloba los datos hasta mayo de 2010, indica que un total de 70 nuevos megavatios se conectaron a la red en 2009, ascendiendo la suma de la potencia acumulada a 3.424 megavatios. De esa nueva potencia, 26.16 megavatios corresponden a pequeños tejados, 24,09 megavatios a cubierta y 19,03 megavatios al segmento del suelo.

La autonomía más efectiva en 2009 fue Aragón (21megavatios), seguida de Valencia (8,21 megavatios) y Extremadura (5,64 megavatios). El sector suelo, que hasta la fecha constituye el grueso del parque fotovoltaico español, sólo se dejo sentir en volúmenes superiores al megavatio en Aragón, Andalucía y Castilla y León.


En 2010 se promulgó el Real Decreto 14/2010 para la energía solar fotovoltaica, la llamada “ley anti-fotovoltaica”. Los cambios producidos con este Real Decreto son:

- Se aplica retroactividad suprimiendo el derecho a la percepción de prima equivalente para las instalaciones fotovoltaicas a los 25 años de vida útil.
- Se reduce la tarifa fotovoltaica en un 5% para instalaciones de techo pequeño, 25% para las instalaciones de techo medianas y un 45% para las instalaciones de suelo.
- Se obliga a que las instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones fijas, cerradas, cuenten en su interior con un punto de suministro de potencia contratada por al menos un 25% de la potencia nominal de la instalación que se pretende ubicar para que la instalación fotovoltaica sea considerada sobre cubierta del Tipo I.
- Se dispone que las instalaciones sobre invernaderos se consideren como suelo y no como lo que realmente son: cubierta. Por lo tanto, los invernaderos y balsas de riego serán consideradas como instalaciones de Tipo II sobre Suelo. Las CC.AA tendrán que considerar si otras instalaciones sobre techados, cristaleras, depósitos, zonas de sombreado se consideran Suelo o Tejado.
- No se fijan compensaciones económicas por adaptación de las instalaciones existentes a la nueva normativa de reactiva, huecos de tensión y centros de control.

En general destaca una súbita reducción de tarifa del 45% para las plantas fotovoltaicas en suelo, lo que impedirá la rentabilidad de esas instalaciones; en consecuencia, el volumen total del mercado solar se reducirá casi un 50% desde los 500 MW anuales previstos por la regulación hasta poco más de 250MW.

Esta reducción del mercado se mantendrá hasta que los costes de la tecnología hayan bajado en la misma proporción, algo que tardará años en las regiones con menos irradiación del país.

ASIF está considerada como una gran referencia sobre la energía solar fotovoltaica en España. Su objetivo es potenciar, prestigiar y desarrollar el sector fotovoltaico, además de aportar sus propios conocimientos y experiencias al mercado español y autoridades responsables (a nivel autonómico y estatal).

Tras la divulgación del RD 14/2010, ASIF declaró su disconformidad y así lo recogió en su informe anual de 2011 presentado en Madrid. En el informe, llamado “Hacia el crecimiento sostenido de la fotovoltaica en España” se dejó claro que el Sector Fotovoltaico español está siendo orientado cada vez más hacia mercados exteriores, los cuales se han visto que están creciendo con gran fuerza (en 2010 un 130%). La prueba de este hecho lo ofrece la industria manufacturera, la cual produjo 699 MW, de los que exportó más del 70%. Cubriendo con el 30% restante, un 60% de los 392 MW que se instalaron en el mercado nacional.

Con respecto a los datos de años anteriores, la Comisión Nacional de Energía refleja que en 2009 se instalaron en España 17 MW fotovoltaicos, a diferencia de 2010, que se instalaron 392 MW (un 2305% más). Este porcentaje tan desorbitado lo que refleja mas bien es el hundimiento durante 2009, no una evolución extraordinaria del mercado en 2010. La realidad es que entre 2009 y 2010 el Gobierno adjudicó 979 MW, de los que no se han instalado ni la mitad.

Debido a la desconfianza generada por las normas retroactivas aprobadas en 2010 y la mala situación financiera, gran parte de la potencia asignada en 2010 no se instaló en 2011. La mala situación financiera se está viendo en que numerosos proyectos inscritos en el Registro de Preasignación de Retribución no están consiguiendo el capital necesario para su ejecución.

Por tanto, ante esta situación lo que están haciendo las empresas del Sector Fotovoltaico nacional es intensificar la salida hacia otros mercados exteriores para desarrollar su actividad, ya que la situación en España no se corresponde con lo que sucede más allá de nuestras fronteras.

La última legislación divulgada al respecto es el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia (inferiores a 10 kW), y el Proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulación del Autoconsumo fotovoltaico o Balance Neto en España. El decreto publicado regula la venta de energía al conectar las pequeñas instalaciones fotovoltaicas a la red, y el no publicado regulará la contratación de un nuevo suministro para autoconsumo, un contrato derivado de esta nueva situación de conexión a la red.

Es precisamente ese decreto aun no publicado el que suscita más interés, según el cual a empresa comercializadora establecerá un nuevo tipo de contrato, denominado consumo de balance neto. Según explica D. Javier Serra, asesor energético, su interpretación del borrador :“los excedentes de la instalación fotovoltaica quedarán “almacenados” en la red, aunque el término no sea técnicamente correcto para el consumidor/productor la red hace esa función”. Consumir la energía almacenada tendrá coste cero, en caso de energía faltante el precio será el acordado entre productor y consumidor. No habrá restricciones de quién pueda contratar el consumo con balance neto, lo que ayudará a que el mercado de baja tensión pueda ser muy competitivo.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Las bicicletas de préstamo nacieron en Amsterdam en el año 1968, aunque no fue hasta el cambio de milenio cuando entraron en servicio los sistemas modernos de préstamo de bicicletas a gran escala. En una década, la extensión ha sido espectacular. Numerosas ciudades superan el millar de bicicletas públicas: 4.000 en Lyon, 20.600 en París, 1.200 en Milán, 1.000 en Estocolmo, 1.200 en Stuttgart, etc.

Es un fenómeno universal, con ejemplos de éxito en toda clase de ciudades. Ni la climatología (Goteborg o Parma), el tamaño (París o Rennes) o la sociología (hay ciudades bálticas y mediterráneas) son determinantes.

España siempre ha ido rezagada en lo relacionado con la bicicleta, aunque hay casos de avances significativos: Barcelona (Bicing), Zaragoza (Bizi), Sevilla (Sevici), Pamplona (Nbici), Burgos (Bicibur), Alicante (Alabici), Palma de Mallorca (Bicipalma) o Valencia (Valenbisi).

Aparte de modas pasajeras, la bicicleta presenta muchas ventajas. Pedalear es una actividad saludable que contribuye a reducir la congestión de tráfico y la polución atmosférica. En los países desarrollados, la bici se asocia a un estilo de vida dinámico, respetuoso y saludable. Sin embargo, en países en desarrollo es usada por los que no tienen acceso a medios motorizados.

Los sistemas de préstamo de bicicletas tienen unas ventajas específicas. En entornos con poca cultura de bicicleta, puede extender su uso. Además, ofrece una nueva opción de transporte urbano, al tiempo que contribuye al uso del transporte público por la complementariedad del trayecto en bici. No puede desdeñarse el impacto sobre la identidad local: los sistemas de bicicletas pueden convertirse en una parte emblemática del paisaje urbano.

Alternativas de diseño
En lo referente al control de uso de la bicicleta, existen dos tipos de sistemas:

• Sistemas manuales : requieren que los usuarios se identifiquen ante el personal del sistema al disponer de una bicicleta o devolverla. El usuario muestra un documento acreditativo o deja una fianza. Es habitual en las fases de lanzamiento de pequeños sistemas, pero para tamaños grandes la gestión se complica. Las bases de préstamo suelen ser equipamientos públicos (centros cívicos, polideportivos, etc.). En algunos casos, estos puntos ya disponen de personal que atiende a los usuarios de las bicicletas públicas, por lo que los gastos en recursos humanos son reducidos. El horario de apertura del sistema es el de cada punto de préstamo, y los tiempos de uso suelen ser 3 y 4 horas. Pueden ser entera o parcialmente gratuitos o funcionar como un alquiler.

• Sistemas automáticos : son más flexibles en operación, localización y aplicación de tarifas. No precisan personal. La base de préstamo está automatizada o lo está la bicicleta, por lo que pueden funcionar las 24 horas. Estos sistemas son de gestión más simple que los manuales, pero requieren una mayor inversión.

A su vez, los sistemas automáticos presentan dos grupos según la tecnología de control:

• Sistemas que operan con tarjeta: la tecnología suele estar en las bases. El usuario tiene una tarjeta inteligente que es reconocida por un lector que centraliza las órdenes de operación del sistema y las transmite a cada punto de anclaje, de manera que libera o bloquea las bicicletas. El inconveniente es el coste de la tarjeta, que puede reducirse si alberga otros servicios (transporte público, por ejemplo).

• La otra tecnología es el teléfono móvil, en cuyo caso el sistema de control estaría en la bicicleta o en la base. El usuario envía un mensaje SMS para desbloquear y bloquear la bici. El mayor inconveniente es el coste de los mensajes.

En ambos casos ha de preverse un mecanismo de alta en el sistema, vía Internet o presencial. En zonas de gran afluencia turística, se debe facilitar la inscripción con el uso de tarjetas de crédito, reteniendo un depósito al usuario esporádico (típicamente, el valor de la bici).

La extensión del uso de la bicicleta es irreversible y las ciudades españolas tarde o temprano han de incorporarse a esta tendencia universal.

Las bicis que se están empleando pueden agruparse en tres bloques:

• Bicicletas de diseño urbano, con cuadro de ola, manillar de gaviota, cambio interno, cubrecadena y guardabarros. Deben llevar luz si se permite su uso nocturno y es frecuente que dispongan de cesta o portabultos. Todo debe estar orientado a robustez y escasa necesidad de mantenimiento.

• Bicicletas de pedaleo asistido, que gracias a una batería de litio y un pequeño motor facilita la subida de pendientes. Su coste es entre dos y tres veces el de una bici normal.

• Triciclos para adultos: orientados a personas con movilidad reducida o pequeñas discapacidades. Su coste se dispara frente los anteriores.

Para definir el número de bases y su localización es necesario identificar las pautas de movilidad. La ubicación debe estar en zonas de generación y atracción de viajes, y que estén conectadas por carriles bici o vías adaptadas al uso ciclista (como calles de Zonas 30). La red debe ser tupida para que los usuarios encuentren siempre una base próxima, tanto en origen como en destino. El dimensionamiento debe garantizar siempre bicis disponibles para los usuarios que vayan a tomarlas y huecos libres para los que vayan a dejarlas.

El correcto funcionamiento del sistema precisa un servicio de mantenimiento realizado por agentes especializados dotados de un vehículo. Este equipo también regularía el flujo de bicicletas para evitar acumulaciones en unas bases y desabastecimiento en otras, como en el caso de flujos muy asimétricos (cuando existen pendientes acusadas o puntas de demanda).

Resulta fundamental una gestión integral. Hay casos de fracaso por poca promoción o falta de actuaciones complementarias. También es importante establecer sistemas contra el vandalismo, sobre todo si las bicis no se recogen por las noches (las tasas de bicis dañadas son del orden del 4 al 7% anual).

En cuanto a la financiación, los usuarios aportarán parte de los fondos pero el objetivo no es la autofinanciación. Es frecuente que, tras una cuota anual, los usuarios lleguen a no pagar nada por las franquicias de uso (es habitual que los 30 primeros minutos sean gratis, fomentando así la rotación). Por otra parte, los ingresos por publicidad pueden ser elevados en grandes ciudades, pero muy bajos en urbes menores. Por tanto, las Administraciones deben hacer frente a buena parte de los costes de estos sistemas.

Éxitos y fracasos
Independientemente de las subvenciones para la creación de estos sistemas, la implantación y el mantenimiento son muy caros. Un sistema manual precisa una inversión de poco más que el coste de las bicis (unos 300 euros por unidad). La implantación de un sistema automático es del orden de 2.000 a 3.000 euros por bici, y los costes de operación anual son del orden de los costes de inversión inicial.

Para que un sistema de préstamo de bicis juegue un papel relevante en la movilidad debe adecuarse a las necesidades de los usuarios.

Si los sistemas se diseñan e implantan racionalmente, cada bicicleta tendría 5 usos diarios o algo más, con lo que el coste por uso ronda el del transporte colectivo. La sustitución del transporte urbano motorizado por otro de coste similar pero no motorizado presenta una gran ventaja ambiental. Además, una adecuada gestión de la publicidad aumenta los ingresos y el balance final es positivo desde todos los puntos de vista.

Pero en ciudades que no han diseñado bien los sistemas, el número de veces que se usa una bici es bajísimo y los costes por uso muy altos (hasta 30 euros). Estas cifras no se conocen, pues se atiende más a conceptos engañosos como los usuarios dados de alta, los cuales han usado una sola vez en su vida la bici de préstamo. Estos casos son un ejemplo de derroche inútil de recursos públicos, y las mismas cifras de utilización ponen de manifiesto que se trata más de un empleo anecdótico que de la creación de un hábito.

Conclusiones
La extensión del uso de la bicicleta es irreversible, y las ciudades españolas tarde o temprano han de incorporarse a esta tendencia. Pero se debe huir de decisiones miméticas y es preciso realizar estudios profundos. En época de restricciones presupuestarias, es aún más necesario.
Para que un sistema de préstamo de bicis juegue un papel relevante en la movilidad se debe realizar una adecuación a las necesidades de los residentes y de los visitantes, teniendo en cuenta las características de cada uno. Debe haber gran facilidad de registro mediante el mayor número posible de puntos de inscripción, en especial para los turistas. La dotación de bases debe ser elevada y la gestión de la disponibilidad ha de ser muy ágil. El mantenimiento debe asegurar una gran fiabilidad y el vandalismo debe prevenirse enérgicamente. El sistema de control debe ser muy fiable y evitar los cobros indebidos.
Con un buen diseño, no sólo se dispondrá de sistemas de bicicletas públicas que prestarán un excelente servicio a la comunidad con un coste asumible, sino que servirá de catalizadores para la extensión progresiva del uso de la bicicleta privada, de manera que se supere el atraso de España en este campo.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) La estación de Metro de Pacífico se convirtió a partir del verano de 2009 en la primera estación de la red capaz de generar su propia energía para la climatización de sus instalaciones gracias a un sistema de intercambio energético basado en la geotermia, que permite obtener calor y frío de la tierra.

En mayo de 2010 ganó el premio a la mejor instalación geotérmica de la Comunidad de Madrid. Metro recibió el galardón durante la VII jornada anual de la "Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas" en la Universidad Pontificia de Comillas.

En un futuro se puede extender al resto de estaciones, y en esta misma línea se inscriben otras medidas de ahorro energético implantadas por Metro, como la ralentización de las escaleras mecánicas cuando no son utilizadas para reducir su consumo, la colocación de cristaleras en los accesos de las estaciones para aprovechar la luz solar en la iluminación o la instalación de acumuladores en los trenes que permiten recuperar parte de su energía de frenada.

La energía geotérmica permite aprovechar el subsuelo como fuente inagotable de energía para generar tanto calefacción como refrigeración, ya que basa su funcionamiento en la capacidad de la tierra, a partir de una cierta profundidad, de acumular el calor procedente del sol, manteniendo una temperatura prácticamente uniforme a lo largo de todo el año.

Se trata del sistema de climatización de los andenes de la línea 1 de la estación de Pacífico, así como a los cuartos técnicos y a los locales comerciales de la estación, lo que supone una superficie total de 1.090 metros cuadrados (640 metros cuadrados en andenes y 450 metros cuadrados, en locales comerciales y dependencias).

Su funcionamiento

El sistema funciona a través de un intercambiador de calor terrestre y unas bombas de calor geotérmico que ceden calor al suelo cuando funcionan como refrigeración y absorben calor del suelo mientras funcionan como calefacción.

En las fases iniciales del proyecto se procedió a la realización de estudios previos de hidrogeología en la zona, para determinar la viabilidad del terreno y sus características en cuanto a temperatura, conductividad térmica media y profundidad del nivel freático.

Sobre la base de los resultados de dicho estudio, se determinó la implantación de un intercambiador de calor terrestre formado por un bucle cerrado que consiste en 32 tubos en forma de "U" de polietileno de alta densidad introducidos a unos 150 metros de profundidad, ya que a esa profundidad la temperatura del suelo es de unos 15 grados.

Por el interior de estos tubos circularía un gel especial capaz de mantener unos determinados valores térmicos. Posteriormente, una serie de bombas de calor geotérmico se conectan a este intercambiador de calor para transferir el calor o el frío extraído del subsuelo al sistema de distribución (a los sistemas de ventilación), lo que permite hacer llegar a la estación la calefacción o la refrigeración en cada caso.

Este sistema presenta una serie de ventajas respecto a los sistemas tradicionales, como el ahorro energético y la menor dependencia del suministro eléctrico de la red. Se estima que por cada kilowatio de energía eléctrica consumida por este tipo de sistemas, se puede generar como mínimo 4 kilowatios de refrigeración o 4 kilowatios de calefacción.

Sin embargo, con los sistemas convencionales de climatización por cada kilowatio de potencia eléctrica se generan aproximadamente 2 kilowatios de calefacción o refrigeración. Esto supone un ahorro energético de entre el 50 y el 75 por ciento.

Además, en épocas intermedias, como la primavera o el otoño, se podría realizar enfriamiento gratuito impulsando agua de circulación por los colectores con un coste energético mínimo ya que no intervendrían las máquinas térmicas de producción. Este ahorro de energía permite a su vez la reducción en un 50 por ciento de las emisiones de CO2 y la reducción de la contaminación acústica, ya que no hay emisiones de ruido.

Por último, este sistema tiene unos bajos costes de mantenimiento y posibilita el incremento de la vida útil de las instalaciones. Esta actuación se enmarca dentro de la política general de Metro que busca optimizar todos sus recursos con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) La construcción de un nuevo Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta intensidad procedentes de todas las centrales españolas está aprobada desde diciembre del 2004, fecha en la que el Congreso solicitó al Gobierno su construcción para custodiar los residuos de alta actividad. Para ello el Gobierno presentó a concurso, entre los municipios españoles, la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) a cambio de 12 millones de euros.
Finalmente, el 30 de diciembre de 2011, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, propuso al pueblo conquense de Villar de Cañas en el Consejo de ministros.
El Gobierno ha aprobado que el pueblo, a medio camino entre Albacete y Madrid, sea el que acoja el Almacén Temporal Centralizado (ATC). La instalación albergará el combustible gastado de las centrales nucleares y otros materiales procedentes de su desmantelamiento.
Antes de conocer la noticia, el alcalde de la localidad, José María Saiz, señaló que la elección "sería una gran noticia, como si nos hubiera tocado la lotería". "Lo de menos es el almacén, lo importante es que trae consigo un centro tecnológico y un parque empresarial que va a repoblar y reactivar la actividad económica de la zona", agregó.

Greenpeace ya ha avanzado que recurrirá la decisión de llevar el silo nuclear a Villar de Cañas y la Plataforma Anticementerio Nuclear en Guadalajara se opone también a la decisión.
La construcción del almacén supone una continuidad para albergar en España los residuos nucleares. Actualmente, sólo existe el centro de El Cabril (Córdoba), aunque en él se tratan residuos de baja y media actividad. El resto de residuos son almacenados en piscinas de las propias centrales nucleares hasta que son desmanteladas.

La previsión de inversión total es de unos 700 millones de euros. Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario de unos 300 trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico de hasta 500 trabajadores.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, siempre ha mantenido una posición ambigua respecto al ATC porque señaló que Guadalajara ya ha sido una provincia "lo suficientemente solidaria" en materia nuclear y que, por lo tanto, de acuerdo a la normativa aplicable "no debe instalarse" el ATC en Guadalajara; aunque manifestó que no declaraba a "Castilla-La Mancha entera antinuclear".

Su postura era más pronuclear que la del anterior Ejecutivo, el que presidía José María Barreda, quien mantuvo una oposición constante a que el almacén se instalara en algún territorio manchego.

Sucesos de 2010

A finales de enero de 2010 concluyó el plazo para que los Ayuntamientos interesados pudieran presentar solicitudes para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC). Industria recibió 13 solicitudes para albergar el almacén nuclear. Junto a las candidaturas de Yebra y Ascó -las más trabajadas, por estar cerca de centrales- había pequeños pueblos deprimidos de Extremadura (1), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (7) y Valencia (1). La lista definitiva de los municipios candidatos a acoger el ATC son: Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Melgas de Arriba y Santervás de Campos (ambos de Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Villar de Cañas (Cuenca), Yebra (Guadalajara), Zarra (Valencia) y Congosto de Valdivia (Palencia), que presentó reclamaciones a su exclusión en la primera lista y al final fue aceptado. Muchos incumplían las bases por estar en terreno protegido o cerca de un aeropuerto.
Según el Consejo de Seguridad Nuclear se necesita terreno llano, no inundable y que no esté en zona sísmica. Son consideradas zonas no aptas las áreas que formen parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza, Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales y Parques Naturales así como los Lugares de Importancia Comunitarias y las Zonas de Especial Protección de Aves. También están excluidas zonas protegidas del Ministerio de Defensa.

Según el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, Yebra tampoco cumple las condiciones debido a las precipitaciones periódicas capaces de provocar inundaciones y movimientos sísmicos. Como datos objetivos, recordó que en 1995 hubo en la zona una inundación muy grave, con once muertos, uno de ellos el propio director de la central nuclear de Zorita y que en 2007 se produjo un movimiento sísmico de magnitud 4.1.

A finales de febrero de 2010 se celebraron manifestaciones en contra del ATC. El día 27 se celebró la primera manifestación en Guadalajara, que congregó a más de 15.000 personas. El 28 de febrero unas 3.000 personas se manifestaron en Ayora (Valencia) para oponerse a la instalación del ATC en Zarra, población de la misma comarca. En la marcha participaron vecinos del Valle de Ayora-Cofrentes, pero también de la cercana comarca albaceteña de la Manchuela. Asimismo estuvieron presentes colectivos ecologistas y de la plataforma Tanquem Cofrents. El mismo día vecinos de la comarca de Montánchez (Cáceres) protestaron también en contra del ATC.

Los organizadores de la marcha de Cáceres, principalmente grupos ecologistas, la Mancomunidad de la Sierra de Montánchesz y la Asociación de Empresarios Turísticos de la zona, denunciaron la falta de los líderes políticos. Ni Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta, ni el líder de la oposición, José Antonio Monago, estuvieron presentes, aunque ambos explícitamente en la Asamblea de Extremadura se habían posicionado en contra de la candidatura cacereña. Si que estuvieron presentes los alcaldes de la zona.

El 7 de marzo miles de personas se manifestaron en Móra d´Ebre en contra de la ubicación del ATC en Ascó (Tarragona). Convocados por la Coordinadora Anticementerio Nuclear de Catalunya (CANC), estuvieron presentes dirigentes de ICV y ERC, además de algún miembro de CiU y del PSC. El pasado 24 de enero, días antes de que el pleno municipal de Ascó aprobara su candidatura, se había producido la primera manifestación en contra del ATC.

El 11 de marzo Cataluña solemnizó en el Parlament su “no” al ATC. Días después de que Ascó formalizara su candidatura, PSC, ERC e ICV-EUiA, los tres grupos que apoyan al Govern, redactaron una moción que ayer llegó al Pleno de la Cámara y que consiguió el apoyo de CiU, el grupo mayoritario. Catorce diputados se abstuvieron pero ninguno votó contra la moción, lo que habría sido un gesto de apoyo indirecto al ATC de Ascó. El Parlament ha aprobado un texto que apoya a la Generalitat para vetar el almacén en cualquier municipio catalán. El consenso social es uno de los requisitos que pretende el gobierno español para decidir la instalación del ATC en Ascó.

La Generalitat de Cataluña ha remitido al Ministerio de Industria unas alegaciones que basan el rechazo de la instalación en los riesgos que existen sobre la fauna de los alrededores de Ascó, donde viven una treintena de especies protegidas, y en el hecho de que el almacén pretenda instalarse en una zona potencialmente inundable en caso de rotura de la presa de Riba Roja d´Ebre y que haya una población de casi 20.000 personas a 15 kilómetros de la zona prevista para instalar el silo. Aunque los terrenos no se encuentran dentro de ninguna zona protegida, si están en las proximidades de cuatro áreas de interés natural. En ella viven especies en peligro de extinción, como el águila perdicera, sobre las que podría haber un impacto ambiental de primer orden. Además en caso de fuga nuclear, esta se vería agravada por la alta movilidad de las especies de avifauna presentes en la zona, que extenderían las partículas tóxicas por una amplia zona.

El rechazo del Parlament de Catalunya se suma al que aprobaron las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 1 de febrero. En principio, ambas comunidades quedarían ya descartadas para alojar el silo nuclear, sin embargo, fuentes del Ministerio de Industria precisan que la opinión de las autonomías es un ingrediente más que se valorará una vez que se analicen los pros y contras mas técnicos.

El mes de septiembre 2010, tuvo lugar el Consejo de Ministros en el que se iba a zanjar el tema de la construcción del ATC. En ese consejo, Sebastián hizo una exposición en el que explicó el procedimiento de candidaturas y el informe de las puntuaciones. En ese documento, Zarra aventajaba ligeramente a Ascó, Yebra y Villar de cañas.

El Gabinete preguntó al ministro si tenía el tema cerrado, si contaba con todos los apoyos y si había hablado con Valencia, su respuesta fue que “La Generalitat no dice nada, se esconden”. Industria siempre ha considerado que legalmente una comunidad podía bloquear el proceso, o como mínimo, demorarlo. Pero también mostró la convicción de que una vez elegido el emplazamiento no habría obstáculos legales, ante todo ello, las dudas crecieron en el Gabinete y decidieron esperar y estudiar las competencias concurrentes de las administraciones.

Industria afirma que su trabajo ha terminado y que le toca decidir al Gobierno. Sebastián declaró que considera impecable el informe técnico y afirmó que espera que se tome la decisión cuanto antes. El sector considera que después de hacer público el informe con las puntuaciones será difícil instalar el almacén en un lugar que no sea Zarra.

Después de conocerse la noticia, los vecinos de Zarra acompañados por los de pueblos colindantes salieron a la calle con la intención de manifestarse por este informe.
Mientras La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (Amac), que defiende las candidaturas de Ascó y Yebra, acusó a Industria de haber cocinado la puntuación de los candidatos para favorecer a Zarra. La Amac declaró que “ es un informe absolutamente inaceptable, sin fundamento técnico ni jurídico, hecho para conseguir el objetivo deseado de llevarlo a Zarra”. La asociación sospecha que Enresa, empresa pública que gestiona los residuos radiactivos, hizo el informe y critica que eligió el único terreno sin acceso por carretera, a un Ayuntamiento que solo presentó un folio escrito a mano, con un alcalde pendiente de juicio por corrupción y con la reclasificación del suelo anulada por una sentencia.

Después de la reclamación interpuesta por Greenpeace, ante la Audiencia Nacional, de diversos documentos referidos al ATC y su centro de experimentación nuclear asociado, el Ministerio de Industria informa a la Audiencia de que esos informes no existen. La lista de documentos incluía el Proyecto Técnico del ATC, el Estudio de Seguridad, el Proyecto Técnico del Centro Asociado al ATC para experimentación con residuos radiactivos y radiactividad, el Estudio de Seguridad del Centro Tecnológico y los informes sobre la protección física del emplazamiento del complejo. Greenpeace considera que lo sucedido demuestra que el Gobierno inició el proceso sabiendo que no disponía de la documentación técnica y de seguridad básica. Según Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, “queda claro que el Ministerio de Industria y Enresa se han saltado la ley de forma lamentable para tratar de sacar adelante el ATC a toda prisa. Por tanto, el proceso del ATC es nulo de pleno derecho”. Greenpeace también arremete con los alcaldes de las 8 localidades que se postulan para albergar el ATC, ya que opinan que ofrecieron su terreno sin conocer en detalle los riesgos para la salud y el medio ambiente. La respuesta de Industria ha sido que en el expediente solo consta un estudio de seguridad del diseño genérico del ATC elaborado por la ingeniería francesa SGN y explica que los documentos reclamados no pueden elaborarse hasta la designación del lugar concreto en el que se ubicará el ATC, por lo que difícilmente pueden existir en esta fase del procedimiento.

En noviembre el culebrón por la adjudicación del ATC continúa, el fantasma sobre una decisión inminente del Consejo de Ministros sobre su instalación en el municipio de Zarra sobrevoló otra vez por la Comunidad Valenciana. Las organizaciones ecologistas fueron las primeras en dar la voz de alarma. La Plataforma contra la instalación del ATC en Zarra fletó autobuses rumbo a Madrid para realizar la protesta frente a La Moncloa. Greenpeace redactó un informe técnico que revela “la manipulación política por parte de Industria para situar a Zarra como favorita para el cementerio nuclear”. El documento sostiene que la Comisión Interministerial que determinó la idoneidad de Zarra sobrevaloró en más de cien puntos dicha opción. De acuerdo con el informe, Zarra habría quedado situada en quinto lugar entre los ocho municipios que optan a albergar el ATC, tesis contraria al informe que maneja el Gobierno.

El rumor sobre la inminencia de la decisión del Ejecutivo también se extendió al ámbito político. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias aprobó por unanimidad de los grupos políticos una moción contra el emplazamiento del cementerio de residuos nucleares en Zarra. Poco después, en las Cortes autonómicas, los diputados socialistas daban por hecha la designación de Zarra. Mientras los detractores del ATC recordaban en un escrito, dirigido al ministro de Industria, el acuerdo alzado por el Parlamento autonómico el pasado 28 de septiembre contra el emplazamiento del ATC en tierras valencianas. Con todo ello, a última hora, el Ejecutivo trasladó al Gobierno Valenciano que la decisión del ATC no se incluiría en el orden del día.

La decisión del emplazamiento deja escaso margen a la Generalitat Valenciana, que únicamente en última instancia podría aceptar la instalación del ATC en su territorio a cambio de importantes contrapartidas para la región. El compromiso de Zapatero de alcanzar un consenso y el anuncio del líder de los socialistas valencianos de tomar medidas jurídicas en caso de la adjudicación del ATC a Zarra, podrían dejar en suspenso la adjudicación, por lo que el tira y afloja continúa.

Sucesos anteriores a 2010

En el 2005, el Gobierno exponía, mediante el Anteproyecto de Ley de Reformas para el Impulso de la Productividad, el hecho de que ENRESA podía expropiar, sin apenas trámites, el terreno para construir el almacén temporal de residuos nucleares, afirmando entonces que las expropiaciones necesarias para el almacén nuclear “podrán llevarse a cabo por el procedimiento de urgencia establecido en la Ley de Expropiación Forzosa”. Además, dicha Ley permitía que ENRESA encargase a otra empresa la gestión del fondo para los residuos radioactivos.

El acuerdo del 2004 significaba un giro en las previsiones a medio plazo, e implicaba el posponer la ubicación y construcción de un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), un silo subterráneo con condiciones adecuadas de estabilidad en el que se suponía que había que depositar los residuos durante miles de años. El Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) consiste en un almacenamiento en superficie y sigue modelos como el holandés o el francés para el abaratamiento de la gestión de los residuos nucleares y para un mejor uso de las diversas instalaciones que se utilizan en la actualidad. De este modo, y según establece el Plan General de Residuos Radiactivos elaborado por ENRESA se evitará depender de emplazamientos dispersos por la geografía española, con la consiguiente disminución de los riesgos asociados a estas instalaciones.

Ante el ofrecimiento del Gobierno, a los municipios españoles, para la ubicación del ATC, 63 municipios de la Agrupación de Municipios en Áreas de Centrales (AMAC) pidieron información sobre las condiciones de la oferta al Ministerio. Nadie quiere el “cementerio nuclear” en su municipio pese a las ventajas anunciadas de una inversión inicial de 700 millones de euros, unas compensaciones anuales de 12 millones hasta 2012 y la creación de 200 empleos directos más otros 150 indirectos, además de mejorar las infraestructuras locales. Lo que repercutirá finalmente en el municipio con un mínimo de 1.000 millones de euros.

En octubre de 2009 Industria relanzó el concurso publico de adjudicación del proyecto, ya que en años anteriores no se encontró ningún candidato firme para la construcción del ATC, con miras a encontrar la localización idónea para comenzar la construcción del almacén, previsto inicialmente para el 2012.

Situación de los residuos españoles alta actividad

A 2009, cada una de las nueve centrales nucleares activas en España almacena en sus propias instalaciones los residuos de alta actividad. En el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Zorita (Guadalajara) los residuos han sido trasladados a 300 metros del reactor, en las mimas instalaciones de la central, dentro de un almacén temporal.

El total de las centrales españolas generan 160 toneladas al año (dato a 2005) de residuos de alta radioactividad, la cual perdura durante decenas de miles de años. Según últimas estimaciones, la capacidad de estas centrales ha llegado a su límite; algunas, como Trillo, ya tuvieron que construir un nuevo almacén en el año 2000.

El Reino Unido alberga residuos nucleares de alta actividad generados por la central de Garoña (Burgos) entre 1971 y 1983. La central envió 97 toneladas de residuos a la planta de Sellafield para ser reprocesados y, según el contrato, tenían que volver en 2008. Como en España no existe un almacén centralizado para estos desechos, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), ha decidido pagar 34,5 millones de euros al Reino Unido para que los custodie.

Además, el Gobierno no ha decidido aún la situación del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) que acogerá los residuos de alta actividad de las instalaciones nucleares españolas, el cual también deberá gestionar los residuos de la central catalana de Vandellós I. Los residuos de esta planta se guardan de momento en Francia, pero han de regresar a territorio español antes del 31 de diciembre de 2010.


Residuos nucleares de baja y media actividad de centrales españolas

El almacén más importante de residuos nucleares en España es el de El Cabril, acondicionado sólo para materiales de baja y media actividad, (con una vida máxima de 300 años) situado en el término municipal de Hornachuelos, a 80 kilómetros de Córdoba y en pleno corazón de Sierra Morena. El Cabril almacenaba a comienzos del año 2000 un total de 16.279 metros cúbicos de basura, lo que supone el 28% de su capacidad. Por lo que su saturación está prevista para el 2030. Estos residuos proceden de hospitales, universidades y laboratorios.

El centro cuenta con puntos de control de contaminación del aire, el agua y la vegetación. Su construcción se realizó en 1992 y, según afirmaba Greenpeace España en el 2001, “simboliza una estrategia de hechos consumados practicada por los diferentes gobiernos centrales". La estructura geológica y la historia sísmica de la sierra de Hornachuelos no son tan idóneas como en un principio afirmaron las autoridades. En 1996, el Tribunal Superior de Madrid declaró que allí se habían almacenado desechos de las centrales nucleares sin tener la licencia necesaria, como denunció la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT).

Situación de Enresa

La empresa pública dedicada a la gestión y el almacenamiento de los residuos radiactivos que se producen en España, Enresa, no tiene los recursos humanos ni los técnicos para llevar a cabo el desmantelamiento de las centrales nucleares «José Cabrera», en Almonacid de Zorita (Guadalajara) y de Santa María de Garoña (Burgos) de manera simultánea. Así lo reconocieron fuentes de Enresa a Ep que señalaron que las capacidades humanas y los recursos tecnológicos disponibles en la actualidad en España «podrían ser insuficientes para acometer dos desmantelamientos al mismo tiempo».

Si el Gobierno decidiera finalmente cerrar Garoña en 2011, en su 40 aniversario, el desmantelamiento comenzaría en 2014, por lo que coincidiría de lleno con el plan para desmontar Zorita que acumula ya varios meses de retraso. La central de Zorita es la primera que comenzó a operar en España.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) El uso de la bicicleta como medio de transporte parece imparable, al menos en Cataluña. El Barómetro de la Bicicleta que la Generalitat ha presentado este lunes revela que 450.000 catalanes la usan en sus desplazamientos diarios, el 7,3% de la población. "Tanta gente como la que se desplaza con los trenes de Cercanías", ha subrayado el director general de Transporte y Movilidad, Ricard Font.
La quinta edición de la encuesta, que cada año elabora Gesop, constata que en las dos ruedas se afianzan para los desplazamientos diarios y que desde 2006 sus usuarios son 200.000 más, sobre todo habitantes de grandes ciudades. Vistos los números, Font ha afirmado que "la bicicleta debe dejar de ser algo subsidiario para incorporarse a la política de movilidad", pero ha sido poco concreto en explicar el cómo.
Casi el 75% de los catalanes tiene bicicleta en casa y la media es de 1,9 bicicletas por hogar, señala el barómetro. Pero el perfil tipo de los que se mueven en bici a diario responde a un hombre, joven, con nivel de estudios alto y que vive en una gran ciudad. De hecho, si bien es en pequeñas poblaciones donde más usuarios de la bicicleta hay en global, es en las ciudades de más de 500.000 habitantes donde se registra el mayor número de usuarios diarios. La directora del Gesop, Àngels Pont, ha subrayado el caso de Barcelona, donde, ha dicho, la creación de un parque público de bicicletas, el Bicing, "ha logrado cambiar hábitos y que muchos usuarios se hayan pasado de la bicicleta pública a tener una propia".
La encuesta del Gesop también revela otro dato destacable: y es que crece el número de respuestas que asocian el uso de la bicicleta a la movilidad, además de motivos tradicionales como la salud, el deporte, el medio ambiente y el ocio. Entre las dificultades que señalan los usuarios urbanos de las dos ruedas, la principal sigue siendo el exceso de tráfico motorizado, seguida de la poca cantidad de carriles bici y el riesgo de robo.
Sobre estas propuestas, el director general de Transporte y Movilidad, ha respondido que hasta 2014 impulsará "siete u ocho proyectos". Cuestiones como facilitar la "intermovilidad" con nuevos convoyes de tren con espacios para bicicletas, mejorar la seguridad ante los robos, cuestiones de señalización o identificar los puntos negros de las carreteras.
A la luz de que cada día las ciudades se vuelven más insostenibles, muchos gobiernos europeos llevan años apostando por un cambio de mentalidad y de hábitos en pro del transporte público y de otros no motorizados en detrimento del coche privado. Y no es para menos: la mitad de las emisiones de CO2 generadas por los automóviles provienen del tráfico en las ciudades.

Embarcados en esta misión, la ciudad de Barcelona ha puesto en marcha desde hace unos años el sistema Car Sharing. Una forma de coche multiusuario basado en una flota de coches compartidos por socios que sólo pagan por las horas que las utilizan y los kilómetros que recorren. Además de producir un importante ahorro energético, libera espacio del parque urbano. Un coche multiusuario sustituye a ocho coches privados.

Otra medida exitosa es el Carril Bici, 45.000 ciclistas se desplazan a diario por las calles de Barcelona, lo que supone el 5% de los desplazamientos que se producen en la ciudad. Hay 150 kilómetros de carriles que comenzaron a construirse hace 11 años. El Ayuntamiento cuenta con un sistema municipal de alquiler de bicicletas "Bicing" que ya ha convencido a más de 100.000 ciudadanos. El ciclista por un módico precio deja de tener bici propia, pero a cambio dispone de miles a su alcance. Uno se olvida de tener que arrastrar cadenas y candados, se olvida de hinchar ruedas, repara pinchazos, en general de mancharse las manos de grasa.

El "Bicing" implantado por el Ayuntamiento de Barcelona ha ocasionado la imparable "marea roja". Al principio montarse en una bici roja de forma un poco extraña daba un poco de corte, pero ahora ya se ha establecido incluso cierto espíritu de la comunidad. Cuenta con tres marchas, son un modelo de paseo, tiene un portabultos y el asiento fácilmente regulable. La progresiva extensión del número de estaciones ha hecho que casi toda la ciudad quede cubierta. Hoy por hoy, la mayor amenaza del sistema de alquiler de bicicletas es su propio éxito.

Por otro lado, hay otra serie de medidas que aunque se han demostrado eficientes resultan bastante impopulares para los usuarios del coche. Hablamos de aquellas encaminadas a dificultar el uso del automóvil y, en especial, de las de índole fiscal como los parquímetros o los peajes urbanos.

La reducción de la velocidad de circulación tanto en áreas urbanas (a 30 km/hora) y en las vías de acceso a la ciudad de Barcelona (a 80 km/hora) es otra medida que tiene importantes beneficios. La emisión de gases contaminantes, y del ruido, se reducen en la misma proporción que lo hace la velocidad, facilitando la convivencia con peatones y bicicletas.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Valeriano Ruiz, presidente de Protermosolar, asociación nacional de la industria solar termoeléctrica, ha destacado el liderazgo mundial del sector termosolar español. Según Ruiz veintidós de las veintiséis centrales termosolares operativas podrían suplir la central nuclear de Garoña sin ningún problema para el sistema energético nacional.
España es líder mundial en producción de energía termosolar, como demuestran los datos al cierre del año 2011, en el que con 26 centrales operativas, se han superado los 1.102 MW de potencia instalada. Una de las grandes ventajas es que cuenta con sistema de almacenamiento de electricidad gracias al cual el 62% de la capacidad se puede verter a la Red incluso en horas nocturnas. A esta singularidad de la energía termosolar se une la posibilidad de hibridarla con biomasa, lo que multiplica su potencial, gestionabilidad y predictibilidad.
El liderazgo mundial termosolar de España no sólo es cuantitativo, sino también cualitativo por sus innovaciones tecnológicas y su I+D+i, puestos de relieve por el presidente de Protermosolar: nuestro país tiene tres centrales de torres únicas en el mundo, dos de vapor saturado, PS10 y PS20, y Gemasolar, inaugurada el pasado mes de octubre por el S. M. el Rey de España y por el príncipe heredero de Abu Dabi, con receptor de sales fundidas. Según Valeriano Ruiz, el dominio español de la tecnología termosolar coloca a nuestro país en una posición de privilegio para explotar un mercado con perspectivas billonarias en el futuro, ya que actualmente las energías renovables generan un negocio anual de 211.000 millones de dólares.
Sistema eléctrico español
El presidente de Protermosolar ha afirmado que España puede tener un sistema eléctrico libre de gases de efecto invernadero y sin residuos nucleares, pero que para ello es necesario cambiar la forma en que actualmente está configurado y pensado, “sólo –afirmó- para satisfacer los intereses de las grandes eléctricas”. Según Valeriano Ruiz, tenemos un sistema eléctrico “disparatado”, con una capacidad de generación que duplica el mayor pico de demanda, como consecuencia de los errores de las grandes compañías eléctricas, “las cuales –añadió- actúan en su único beneficio y ateniéndose sólo a leyes económicas, sin tener en cuenta que han de supeditarse a las de la Física”.
Para Valeriano Ruiz, “a los únicos que no interesa que se cierre la central nuclear de Garoña es a las empresas que la explotan, ya que genera electricidad a un precio de 1,8 céntimos de euro el kWh y lo venden a 4,5 céntimos, y la central, al igual que las restantes nucleares, está ya amortizada”. El presidente de Protermosolar insistió en que “económicamente, en España nadie quiere hacer centrales nucleares, porque por sus altos costes de construcción no son rentables”; asimismo subrayó que el mantenimiento de las que actualmente existen sólo lo propugnan quienes además de en el sector nuclear tienen intereses en el carbón y los ciclos combinados basados en gas natural, de ahí que abogue por cambiar este modelo “derrochador y dominado por cuatro empresas, que está frenando por sus intereses creados el desarrollo de las energías renovables”.
El presidente de Protermosolar aportó datos de todo tipo para fundamentar la pretensión del Foro Cádiz 2012 de que se instalen centrales termosolares en la Bahía gaditana y subrayó que cualquier punto de la misma, por la radiación solar que recibe, es apto para ubicarlas. Valeriano Ruiz recordó que la provincia de Cádiz ya forma parte del cinturón termosolar español al haber entrado en servicio en este final de año las centrales Arcosol y Termosol, cada una con 50 MW de potencia y construidas por la empresa Torresol Energy en el municipio de San José del Valle.

Desarrollo en España

España está en la vanguardia del I+D sobre esta tecnología. Las grandes compañías eléctricas pugnan por hacerse con los mejores emplazamientos para ubicar plantas que necesitan como mínimo un espacio de 110 hectáreas para 50 MW. España dispone de muchas zonas áridas pero no es fácil localizar un terreno baldío, extenso y suficientemente soleado.

La empresa Abengoa que, con el apoyo técnico del CIEMAT cuenta en Sanlúcar (Sevilla) con la planta comercial de alta temperatura, con una potencia instalada de 11 MW. Iberdrola tiene en agenda otras 12 plantas.

Las empresas Solar Millenium, ACS y Sener, Anda-sol-1, inauguró el 1 de julio de 2009, la primera de las tres plantas que conformarán la mayor central termosolar de Europa y la segunda del mundo, en Aldeire (Granada), y abastecerá a 15.000 hogares, operará a plena carga durante siete horas y media tras la puesta de sol y evitará la emisión a la atmósfera de 149.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

La planta utiliza colectores cilindro-parabólicos, un sistema de concentración de radiación solar dotado de un mecanismo de seguimiento del sol para que la radiación solar directa incida sobre el tubo receptor. Estos colectores son los encargados de concentrar el calor para transferirlo a un liquido portador que puede llegar a temperaturas de 400ºC, este líquido circula por tuberías especialmente aisladas hasta unos depósitos donde su fin será evaporar el agua que hay en su interior, para transformar ese vapor de agua en electricidad, mediante un proceso de movimiento de turbinas. Su principal novedad radica en que podrá producir electricidad sin interrupción, incluso de noche y en días nublados, gracias a su capacidad de almacenamiento de calor térmico de sales fundidas. La planta dispone de una potencia de 50 megavatios (MW) y se levanta sobre un terreno de 200 hectáreas en el que se ha instalado un campo solar de 510.120 metros cuadrados de espejos, lo que equivale a 70 campos de fútbol. La instalación ha supuesto una inversión de 300 millones de euros. Andasol-1 se suma a las otras nueve plantas termosolares proyectadas para este año en Andalucía, que generarán 8.000 empleos.

Cuando estén en funcionamiento todos los proyectos, Andalucía contará con 648 MW termosolares, que evitarán la emisión de 435.660 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, el equivalente a retirar de la circulación 174.264 vehículos.

Hidrocantábrico, Endesa y todas las grandes eléctricas tienen identificados terrenos idóneos en Murcia, Extremadura, Soria, Castilla la Mancha y Aragón.

En España, algunas compañías en colaboración con el CIEMAT intentan desarrollar las infraestructuras necesarias, alentadas por la rentabilidad del sector y la prima de 0,21 euros/kwh. Además, desde marzo de 2004 se permite la hibridación, es decir, que pueda complementarse la generación solar con una participación del 15% de gas para garantizar su atractivo económico.

Para que una central de este tipo eche a andar en nuestro país necesita ser aceptada en un registro llamado de pre-asignación. En la actualidad hay 100 proyectos en España que han aplicado a la primera convocatoria para ser registrados y poder operar, y 34 de ellos ya están en construcción. Entre todos contabilizan 4.300 megavatios (MW), una potencia similar a la que tendrían cuatro centrales nucleares como la de Trillo, una de las más potentes de España.

España debe cumplir la directiva europea que obliga a los miembros a producir el 20% del consumo de energía con renovables antes en el año 2020. “Eso supone que el consumo eléctrico tendrá que ser cubierto en más de un 40% con fuentes limpias y ahora ronda el 20%”, dice Jaume Margarit. director de renovables del IDEA, que indica además que aún existen ciertos límites para el desarrollo de la energía solar termoeléctrica tanto en la capacidad de distribución, como en la de gestión. “Pero, si queremos que España alcance sus objetivos, ya no hay que preguntarse qué hay que hacer para que las renovables no molesten, sino qué tenemos que hacer para instalar todas las renovables que queremos”, explica Margarit.

Además, un resquicio legal presente en la directiva europea de renovables brinda a España una oportunidad única para consolidarse como líder mundial de la energía solar y para desarrollar un sector muy importante para la economía y el empleo en nuestro país. «Los artículos seis y nueve de la directiva permiten a los miembros desarrollar proyectos renovables en otros países de la UE y que le cuenten a ellos para sus objetivos de generación energética», explica Luis Crespo.

España es el único país de la UE que tiene terreno y condiciones para un desarrollo a gran escala de la solar termoeléctrica. Y, además, cada planta de 50 MW genera 10.000 puestos de trabajo durante su construcción. «La energía solar termoeléctrica está capacitada para sustituir al 100% de las centrales térmicas de carbón de España ahora mismo», dice Crespo.

Desarrollo español fuera de España

Fuera de España se tiene muy en cuenta el alto nivel de investigación y desarrollo de las compañías térmicas solares españolas. La compañía nacional Abengoa ha firmado un contrato para construir en el desierto de Arizona (EEUU), a unos 100 km de Phoenix, la mayor planta solar del mundo. Tendrá una potencia de 280 megavatios, casi el doble que la central nuclear de Zorita en proceso de desmantelación. Su construcción permitirá atender el consumo de 70.000 hogares y evitará la emisión de 400.000 toneladas de CO2. La planta cuenta con un sistema de almacenamiento térmico con sales que permitirá su funcionamiento cuando no haya sol, e incluso durante la noche a bajo rendimiento. El sistema de almacenamiento permitirá incrementar la producción eléctrica durante los picos de mayor consumo.

Otra compañía española, Acciona, ha conectado, a febrero de 2008, a la red eléctrica norteamericana, con una potencia de 64 megavatios está ubicada en el desierto de Nevada. Esta compañía ha anunciado que realizará una inversión de 1.800 millones de euros en los dos próximos años en energías renovables en los EEUU. En total Acciona cuenta con una cartera de proyectos en desarrollo a medio plazo en EEUU que suman 7.000 megavatios de potencia entre eólicas y térmicas solares.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Decir que el año 2012 será un año bueno para el medio ambiente y la sostenibilidad en general parece cosa de locos. Hoy mismo, Ramón resume el panorama ambiental de 2011 con una flor a punto de ser aplastada por una bota de suela claveteada. En 2011 todos los indicadores de calidad del medio ambiente han retrocedido en general, encabezados por un repentino aumento de la emisión de CO2. La Conferencia de Durban ha sido un fracaso, el medio ambiente es la última prioridad de los gobiernos y la crisis se lo come todo con sus negras perspectivas.

Pues no son tan negras. En 2012 veremos la aparición o la consolidación de cosas que nos encaminarán a un mundo más sostenible. Entre ellas podemos citar:

1. La confirmación de que el “peak oil” ocurrió ya, hace dos o tres años. Se está hablando de recursos petrolíferos no convencionales inagotables, y parece que es verdad que existen. Pero extraerlos supondrá un coste ambiental y económico insoportable.

2. El nuevo modelo de dinero por CO2 se dejará de tantos rodeos (mecanismos de desarrollo limpio, comercio de derechos de emisión) y pagará a tanto la tonelada al que consiga dejar de emitirla, dinero que sacará del que continúe llenando la atmósfera de carbono.

3. Se consolidará la central virtual de energía renovable, formada por millares de placas fotovoltaicas, aerogeneradores, centrales hidráulicas y centrales de biomasa, completamente segura y capaz de asegurar el abastecimiento en cualquier circunstancia.

4. Las ciudades dejarán de ser sumideros de energía y fabricarán buena parte de la que consumen. Los resultados pueden ser sorprendentes, y cada vez hay más tecnología apropiada: paneles fotovoltaicos de alto rendimiento, mineólica, posibilidades de la biomasa, tal vez basa en los residuos, geotermia, etc.

5. Las redes inteligentes unirán cada punto de producción y consumo, millones de empresas y hogares y millones de paneles, molinos y otros elementos en una gran red “neuronal” capaz de asignar los recursos con mucha mayor eficiencia.

6. Se consolidará el nuevo consumidor verde, más interesante que el antiguo. No está dispuesto a gastar un euro de más por un producto solamente porque ostente una etiqueta ecológica. Lo que quiere es no derrochar, y necesita aparatos que le garanticen una reducción de unos cuantos kWh o metros cúbicos en su factura de la luz o del agua.

7. Por fin, después de tantos arranques en falso, 2012 será el año del coche eléctrico. Funcionará tal vez como segundo coche para trayectos cortos en las familias que tienen más de un vehículo. Pero lo importante es que comenzará a adquirir prestigio entre los ciudadanos, que comentarán con envidia: “Fulano tiene un eléctrico” como ahora dicen “menudo cochazo tiene Fulano”.

8. La cultura de la sostenibilidad se consolidará. Pronto se considerará de mal gusto utilizar un enorme todoterreno para recorrer dos kilómetros, o conectar a la máxima potencia el aire acondicionado en un día de verano en que simplemente abriendo un par de ventanas y creando una corriente de aire refrescamos la casa lo suficiente.

9. La crisis económica reducirá el atractivo de las energías fósiles. Dejarán de recibir subvenciones (ahora reciben cuatro o cinco veces más que las renovables) y se les cargarán los costes de los daños para la salud y el medio ambiente que producen.

10. La mega-crisis financiera acabará (esperemos que no con el mega-enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento del 99% restante) y podremos dedicarnos a otras crisis cuya solución es mucho más acuciante: la crisis de la energía, del abastecimiento de agua, de la biodiversidad, de la alimentación, de la erradicación de compuestos tóxicos para el medio ambiente. De la sostenibilidad, en resumen.


(*)La cuarta acepción de la revolución es “Cambio rápido y profundo en cualquier cosa” Diccionario, www.rae.es

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo revela que los miles de millones de euros del Fondo Europeo de Pesca (FEP) destinados a establecer un equilibrio de la flota para una explotación sostenible está teniendo el efecto contrario.

Las lagunas jurídicas suponen que los armadores reciben fondos para incrementar la capacidad y potencia de sus buques, agudizando así la sobrecapacidad. Un porcentaje pequeño del dinero disponible para desguaces se utiliza con este propósito, siendo en su mayoría buques viejos y no activos las embarcaciones beneficiadas.

El informe alerta de que la sobrecapacidad está llevando al agotamiento de los stocks pesqueros, amenaza la vida marina y la viabilidad del sector pesquero, así como de las comunidades costeras. El resultado es que tres de cada cuatro stocks evaluados están sobreexplotados.

Greenpeace, OCEAN2012, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y WWF piden al Parlamento Europeo, al Consejo de Ministros y al Gobierno que sigan las recomendaciones del Tribunal. El análisis muestra que la reforma de la Política Común Pesquera (PPC) no tendrá sentido a no ser que las medidas se basen en la completa evaluación de la capacidad pesquera y se establezcan fechas límite para su reducción efectiva.

Sin embargo, la propuesta de reforma de la Comisión Europea no va en esta dirección. Entre las medidas de esta propuesta se encuentran:

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (que reemplaza al FEP)

A no ser que se establezcan condiciones estrictas, existen pocas evidencias de que los subsidios por sí mismos dejen de incrementar la sobrecapacidad. De hecho, la reciente propuesta de la Comisión no requiere que los Estados Miembros realicen una evaluación de la capacidad pesquera respecto al estado de las pesquerías antes de recibir fondos de modernización.

Reforma de la PPC

Se deben incorporar fechas y objetivos claros para la reducción de la flota en la revisión de la propuesta. Es más, el texto debe ser modificado para que se incorpore un abanico más amplio de asignación de derechos de pesca, incluyendo – por ejemplo – un acceso preferencial a aquellos que pescan de una forma más sostenible y responsable.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Un nuevo concepto de iluminación ha sido creado por la empresa holandesa Philips en el que emplean el mismo sistema que los organismos vivos bioluminiscentes como las luciérnagas y las larvas luminosas.
La bioluminiscencia se crea por una reacción química en la que una enzima llamada luciferasa interacciona con una molécula emisora de luz, luciferina.
Con este sistema, en el que una serie de bacterias están contenidas en un recipiente, al introducir gas metano se emitiría luz verde.
Este proyecto está orientado a la iluminación de los márgenes de las carreteras o como líneas de advertencia en los tramos de escaleras. También esta técnica podría emplearse como indicador de los niveles de contaminación o incluso como un biosensor de las enfermedades que precisan vigilancia, como la diabetes.
Esta investigación pertenece al proyecto Microbial Home de Philips Design, que imagina un “ecosistema cíclico integrado” en el hogar donde se reciclen los residuos tradicionales para hacer frente a los problemas de sostenibilidad.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Durban, diciembre de 2011

Los representantes de los 192 países que han asistido a la cumbre de Durban han aprobado prorrogar los compromisos establecidos en el Protocolo de Kioto, después de dos semanas de arduas negociaciones y en la sesión plenaria del segundo día adicional de conversaciones para tratar de salvar la conferencia. Este acuerdo significa que una parte de los países desarrollados tendrán que rebajar sus emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, de acuerdo con el actual Protocolo de Kioto.

No obstante, la cumbre ha decidido posponer para el próximo año la decisión de definir el periodo de tiempo en el que estará en vigor de nuevo el Protocolo de Kioto, ya que el marco temporal estipulado actualmente expira el próximo año.

La presidente de la COP17, la ministra sudafricana Maite Nkoana-Mashabane, dijo en una intervención ante el plenario que el borrador de acuerdo "cumple todos los requisitos de un paquete de compromiso para lograr un resultado importante en Durban", aunque admitió que "no es perfecto, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno".

El acuerdo global para reducir los gases de efecto invernadero, que debe ser adoptado en 2015 y entrar en vigor en 2020, era la condición impuesta por la Unión Europea (UE) para sumarse a un segundo periodo del Protocolo de Kioto, que expira en 2012. Rusia, Japón y Canadá decidieron no formar parte de este segundo periodo de compromiso del único tratado vigente sobre reducción de emisiones, que obliga sólo a las naciones industrializadas, excepto EEUU.

Aunque los acuerdos alcanzados han sido criticados por muchos países en desarrollo por su falta de ambición a la hora de aprobar nuevas reducciones de emisiones, su objetivo es mantener la subida de temperaturas a menos de 2 grados con respecto a la era preindustrial para finales de este siglo.

La cumbre de Durban también aprobó el mecanismo de funcionamiento del Fondo Verde para el Clima, que prevé unas ayudas de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 a los países en desarrollo para hacer frente al cambio climático.

Sin embargo, la cumbre de Durban ha conseguido que, por primera vez, los países más contaminantes estén obligados a tomar acciones para reducir sus emisiones y, ralentizar el proceso de calentamiento global.

En cambio, la representación conjunta de 43 pequeñas islas, que están fuertemente amenazadas de desaparecer del mapa ante una crecida del nivel del mar causada por el deshielo de los cascos polares por el calentamiento global, ha insistido en que lo acordado en la cumbre de Durban no es suficiente.

Llorenç Serrano, secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO y miembro de la delegación internacional de los sindicatos presente en la Cumbre del Clima de Durban (COP17) ha declarado: “El mismo documento de acuerdo al que se ha llegado reconoce que la brecha entre las recomendaciones de la comunidad científica para evitar que el calentamiento global supere en 2ºC la temperatura de la era preindustrial y los compromisos voluntarios adquiridos por los países sigue creciendo y pone en grave riesgo el objetivo de no superar este límite, acordado en Copenhague como guía para las negociaciones climáticas. La dificultad para alcanzar acuerdos y el esfuerzo realizado por las negociadores, así como haber salvado de nuevo el proceso multilateral no son argumentos suficientes para satisfacernos. Nuestro futuro necesita más ambición y compromiso. Se ha perdido demasiado tiempo, un tiempo que ya no podremos recuperar”.

Los sindicatos UGT y CCOO favorecen que la Unión Europea se haya comprometido con este segundo periodo, lo que le ha permitido volver a liderar las negociaciones sobre el clima. “Pero advertimos que esta decisión, en la que Europa se compromete a seguir reduciendo emisiones, no debe verse como una penalización, sino como una senda de oportunidades para salir de la crisis, generar empleo y llegar a un tejido productivo más eficaz”, asegura Isabel Navarro, secretaria confederal de Medio Ambiente y Cambio Climático de UGT.

El movimiento sindical deberá redoblar los esfuerzos en el proceso de desarrollo de los acuerdos de Durban y ante la futura COP18 en Qatar.

La elección de ese país, que se caracteriza por la negación de derechos laborales y cívicos, hace más necesaria que nunca la presión previa en cada país a los gobiernos para que las conferencias del clima respondan de una vez por todas a los retos del calentamiento global.

Un día después de haber finalizado la Cumbre de Durban, el ministro de Medio Ambiente de Canadá, Peter Kent, anunció su retirada del Protocolo de Kyoto, en una declaración comentó: “Canadá fue a Durban con buena voluntad. Fuimos con el compromiso de ser constructivos. Fuimos para buscar llegar a un acuerdo internacional sobre cambio climático que cubra a todos los principales emisores de gases de efecto invernadero. Como dijimos desde el principio, el Protocolo de Kioto no representa el camino a seguir para Canadá.”
Las emisiones de gases de efecto invernadero de Canadá aumentaron en un 17% entre 1990 y 2009 en parte debido a los esfuerzos del país para expandir el petróleo proveniente de arenas bituminosas en territorio canadiense. Canadá tiene el tercer mayor yacimiento de petróleo del mundo, detrás de Arabia Saudí y Venezuela.

Cancún: 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010

Después de jornadas de tensión por puntos de vista que parecían irreconciliables entre países desarrollados y en desarrollo y naciones industrializadas entre sí, como Estados Unidos y Japón, el mayor mérito de la conferencia de Cancún fue haber reencarrilado el proceso climático de las Naciones Unidas.

Nadie quería volver a casa marcado por el fracaso, como ocurrió el año pasado en Copenhague.

El resultado final son dos papeles, con apartados referidos a temas como adaptación al cambio climático, deforestación, reducción de emisiones, movilización de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2012 para proyectos climáticos en naciones en desarrollo.

En uno de los documentos se asientan los compromisos obligatorios de reducción de emisiones de países industrializados dentro del Protocolo de Kyoto, en el otro las metas voluntarias de los demás países, inclusive Estados Unidos, que nunca quiso ratificar Kyoto.

Pero la cumbre tembló cuando Japón aprovechó para anunciar que no asumirá un Kyoto II sin EEUU ni China, a pesar de llevar cuatro años en funcionamiento, y cuyo compromiso acaba en el 2012. Esta nueva noticia provocó, entre los invitados de dicha cumbre, una pequeña incertidumbre sobre lo que puede ocurrir después.

Sin un acuerdo en el horizonte, el tratado de Kyoto es el único mecanismo que obliga a los países industrializados, excepto a EEUU, a reducir sus emisiones. Japón rechaza prorrogarlo, y como sólo afecta a naciones que apenas representan la cuarta parte de las emisiones mundiales, apuesta llegar a un acuerdo mundial que incluya a los principales contaminantes, EEUU y China.

Sin embargo, debemos recordar que China se comprometió en la Cumbre de Copenhague a reducir hasta un 45% sus emisiones por unidad de PIB en 2020 con respecto a 2005, y dejó claro que su compromiso era “voluntario”. China es uno de los países que piden la prorroga del protocolo de Kyoto, tambaleado por la presión de Japón, Rusia y Canadá.

El paquete acordado en Cancún está cogido con pinzas, pero todos los países, salvo Bolivia, e incluso las organizaciones ecologistas, han coincidido en que es una buena base para seguir avanzando y lograr un tratado más ambicioso y jurídicamente vinculante en Durban.

"Cancún ha salvado el proceso, pero no ha salvado el clima aún", analizó Greenpeace. Y lo mismo manifestó el presidente mexicano, Felipe Calderón. "Cancún ha sido un éxito, sobre todo, porque se ha dado un paso muy grande, al restablecer la confianza de la comunidad internacional en el multilateralismo como la mejor fórmula, complicada, abigarrada, pero al final de cuentas, la fórmula con la que contamos para ponernos de acuerdo como humanidad", declaró Calderón.

El boicot de los países bolivarianos al acuerdo de Copenhague, provocado por la existencia de reuniones secretas impulsadas por EEUU al margen de la ONU, hizo que el proceso de negociación descarrilara. En Cancún, todos los países salvo Bolivia han felicitado a la presidencia mexicana por su transparencia.

Las directrices de los nuevos consensos son:

Se crea un Fondo Verde Climático (GCF) dentro de la Convención Marco que contará con un consejo con veinticuatro países miembros. Un fideicomisario que, en un primer momento sería el Banco Mundial (BM), rendirá cuentas al consejo; será diseñado por un comité de transición que formarán 40 países, 15 de ellos desarrollados y 25 menos avanzados.

Se incorpora el compromiso de proporcionar 30.000 millones de dólares de financiación rápida para el periodo 2008-2010. Se reconoce la necesidad de “movilizar 100.000 millones de dólares por año a partir de 2020 para atender las necesidades de los países en desarrollo”.

Los países acuerdan “elevar el nivel de ambición en la reducción de emisiones” de gases causantes del efecto invernadero (GEI), y propone que los países con vínculo jurídico con ese protocolo deberían “en 2020 reducir sus emisiones en un rango entre el 25 y el 40% en relación a los niveles de 1990”. Además, se incita a los países en vías de desarrollo a aumentar su nivel de ambición para reducir sus emisiones.

La UE ya tiene en marcha la legislación hasta 2020 sobre la compraventa de los derechos de emisión para reducir las emisiones un 20% respecto a 2020. Sin embargo, la UE sigue debatiendo si ampliar el acuerdo a un 30%, pero está dividida entre Reino Unido, Alemania, Francia, España, Dinamarca y Bélgica, que están a favor; y Polonia, los países del Este e Italia, que están en contra.

La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, lo dejó bien claro cuando dijo que “España en el marco de la UE apoya la reducción al 30%”. Con la crisis económica, Europa está ya a solo tres puntos de conseguir el objetivo de reducir el 20% sus emisiones respecto a 1990.

En contraprestación, los países decidieron aplazar la decisión sobre si habrá o no una segunda fase del Protocolo de Kyoto. El documento final pide adoptar “tan pronto como sea posible” una decisión sobre compromisos para una segunda fase para “garantizar que no haya una brecha entre el primer y el segundo período de compromisos”.

Cancún incorpora los compromisos de todos los países en materia de reducción de emisiones al proceso de negociaciones de Naciones Unidas, lo que vinculo el Acuerdo de Copenhague a la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC).

En adaptación, los países acuerdan que esta “deber ser atendida con la misma prioridad que la litigación” y que necesita “requerimientos institucionales apropiados para mejorar las acciones y apoyos en adaptación”.

Se decidió también crear un Marco de Adaptación que pretenda potenciar el modo en que se hace frente a los desastres naturales desde la Convención Marco, así como un Comité de Adaptación que proporcionará apoyo técnico y que recibirá sugerencias de los países hasta el 21 de febrero de 2011.

El texto incluye en la Convención la decisión tomada hace un año que establecía una meta climática de un aumento de 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales para el presente siglo. Sin embargo, establece “la necesidad de considerar” el fortalecimiento del objetivo global a largo plazo a la luz de la evidencia científica, incluida la posibilidad de bajarla a 1,5 grados.

También se alcanzó un compromiso para que “lo antes posible” se fije una fecha para establecer un máximo de emisiones, misma que se pondrá a consideración de la próxima Conferencia Climática de Durban en 2011.
Los países decidieron que las acciones de mitigación con apoyo internacional serán sometidas a medición, reporte y verificación (MRV) “doméstica” e “internacionalmente”. Además habrá Consultas y Análisis Internacional (ICA) “de manera no intrusita, ni punitiva, y respetuosa de la soberanía nacional” que realizarán expertos.

En cuanto al mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD), se llegó a acordar actuaciones e incentivos que habrá que pormenorizar para frenar la deforestación y conservar los bosques ya que , aproximadamente el 20% de las emisiones mundiales anuales de CO2 están causadas por la pérdida y degradación de bosques y selvas. El texto señala que habría que “explorar opciones de financiación” para posibilitar el desarrollo de REDD.

Se especifica que se tomarán en cuenta las provisiones de la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de 2007 para el programa REDD.

Se establece un mecanismo de tecnología así como una Red y un Centro de Tecnología Climática encargado de identificar la tecnología más adecuada que podría ser proporcionada a los países que la requieran.

En definitiva, la cumbre de Cancún ha conseguido importantes avances para combatir el cambio climático al reforzar el multilateralismo para hacer frente a una amenaza global, fijar un límite claro al aumento de temperatura del planeta que nos podemos permitir, seguir apostando por la decisiva mitigación de emisiones, impulsar la lucha contra la deforestación y comenzar a implantar medidas de adaptación en los países más vulnerables.

Copenhague: 7 al 18 de diciembre de 2009

La COP-15 (Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático), celebrada en Copenhague desde el 7 hasta el 18 de diciembre, se presentó como un futuro acuerdo mundial de reducción de emisiones de CO2, sustituyendo al Protocolo de Kioto a partir del 2013 para hacer frente al calentamiento global. Con 119 Jefes de Estado y Gobierno, 193 países participantes y 5.000 periodistas acreditados de todo el mundo, las expectativas sobre esta cumbre eran enormes y eso se notó en el volumen de asistentes. La Cumbre se celebró en el Bella Center, en la capital danesa.

Durante la Cumbre y ante la complejidad de las negociaciones, ya que todos los asuntos estaban relacionados pero los intereses eran muy distintos, salieron a la luz diversas dificultades. Situaciones como EEUU alegando no poder presentar financiación a largo plazo porque el Senado lo vetaría, pero los países en desarrollo exigiendo la garantía de esos fondos para aceptar limitar el crecimiento de sus emisiones o bien China, negándose a que la ONU auditase sus planes de emisiones, se sumaron a las distintas dificultades presentes.

Las negociaciones quedaron divididas en países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, donde China y EEUU fueron finalmente los únicos protagonistas del acuerdo, a pesar de las decenas de países que participaron. En relación a los países en vías de desarrollo se acordó el hacer una medición, declaración y verificación propia de sus emisiones así como la realización de consultas internacionales para verificar que la financiación resulte en un trabajo concreto. Y aunque se establece la necesidad de dar fondos a estas naciones, no se dejó claro cuál es la mejor forma para hacerlo. Europa, ante la reducción de emisiones anunciada por Obama (en 2020 un 17% menos que en 2005 lo cual implica un 4% menos que en 1990) considera que ésta es insuficiente, pues Europa se compromete a hacerlo en un 20% respecto a 1990, ampliable a un 30%. Ante esto EEUU alegó que la emisión por habitante en EEUU dobla a la europea y por ello sus recortes tienen más efecto en la atmósfera.

Durante los últimos días de negociaciones, muchos puntos quedaron abiertos. Mientras los días pasaban, los negociadores seguían discutiendo el procedimiento, las formas y los tecnicismos y seguían sin aparecer datos con cifras concretas, como los recortes de emisiones o la temperatura considerada aceptable para el año 2100 ni sobre la factura del cambio climático en los países pobres. Algunos achacaron este tipo de dificultades no sólo a la disparidad de objetivos sino también a la imposibilidad de trabajar en un plenario con 2.000 personas ante una negociación. Además, EEUU, según informó la secretaria de Estado Clinton, afirmó que se sumaría al fondo a largo plazo para los países pobres con 70.000 millones de euros al año a partir de 2020, cosa que permitió avanzar las negociaciones. Una cosa dejaron clara, y es que sólo lo harían si se daba un acuerdo transparente por parte de China, que se niega, como ya hemos dicho, a que la ONU audite sus emisiones. Por lo tanto EEUU dejó claro que el fondo iban destinado a los más pobres y vulnerables.

Por lo tanto, y haciendo balance de la situación global, se destacarían los siguientes puntos en los procesos de negociación:

- EEUU. Anuncia que recortará sus emisiones en un 17% para 2020 respecto 2005 pero que no firmará ningún tratado internacional hasta que el Senado no apruebe la ley. Se une además al fondo internacional de ayuda a los países pobres pero exige que China se deje auditar las cuentas

- China. Se niega a tener objetivos vinculantes, aún haber anunciado un recorte del 40% o 45% de su intensidad de carbono (CO2 emitido por unidad de PIB). No acepta que la ONU controle sus emisiones de gases de efecto invernadero y exige prorrogar Kioto porque no le afecta.

- UE. Tiene en vigor una rebaja de emisiones del 20% y anuncia que llegará al 30% si se da un acuerdo mundial. Exige recortes a EEUU, transparencia a China y en un año sustituir Kioto por un tratado que incluya a EEUU.

- África. Reclama a los países ricos un recorte de las emisiones de por lo menos el 40%. Quiere mantener Kioto y que se aumente la ayuda para adaptarse al cambio climático.

- Pequeñas islas. Exigen que se limite el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados para no quedar sumergidas bajo el nivel del mar.

Algunos de los incidentes desagradables a destacar en la cumbre de Copenhague incluyeron la detención y encarcelamiento de varios activistas, entre ellos el director general de Greenpeace-España, por irrumpir en la cena de gala de la cumbre.

Bali: 3 al 14 de diciembre de 2007

En esta ocasión, la cumbre se centró en el próximo acuerdo, que debería estar listo antes de 2009 para que pueda ser ratificado por todos los países y entre en vigor el 1 de enero de 2009.

Entre los asuntos más relevantes de la Cumbre, Australia acordó ratificar el Protocolo de Kioto, dejando a Estados Unidos solo en su rechazo a este tratado internacional; quedando obligado a no aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 8% sobre el nivel de 1990 para el quinquenio 2008-2012. Actualmente este país se sitúa 17 puntos por encima de este objetivo.

Acuerdos previos a esta reunión se celebraron el mes de agosto de 2007, en Viena, las 176 partes del Protocolo de Kioto reconocieron oficialmente que para evitar las predicciones más catastróficas realizadas por los científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), que incluyen sequías más frecuentes y severas y una merma en la disponibilidad de los recursos hídricos en muchas partes del mundo, era necesario que los países industrializados redujeran las emisiones contaminantes entre un 25 y un 40 por ciento por debajo de los niveles de 1990.

Esta horquilla ha servido de referencia para la negociación de la Cumbre de Bali, aunque lo cierto es que nadie espera que de esta cita salgan unos objetivos fijados, sino un calendario para conseguirlo en 2008. No obstante, sí se espera que uno de los temas centrales del debate sea el criterio que se seguirá para fijar esos futuros objetivos.

Así, España defenderá el principio de equidad, basado en las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto es, que los objetivos de reducción se fijen teniendo en cuenta las emisiones per cápita (para los sectores difusos: transportes y residencial) y las emisiones por unidad de PIB para las actividades económicas e industriales. Esto beneficiaría a nuestro país, pues, por ejemplo, nuestras emisiones per cápita están por debajo de la media europea, y nos permitiría enfrentarnos mejor a la meta de 2020. Pero también haría más fácil que algunas economías emergentes, como México o China, aceptaran compromisos, sean voluntarios o no. Y es que aunque China sea junto con Estados Unidos el mayor contaminador del planeta, sus emisiones per cápita son de 3,5 toneladas al año, frente a las 20 de un estadounidense o las 10 de un europeo.

Nairobi: 6 al 17 de noviembre de 2006

La Conferencia de Nairobi ha puesto de manifiesto que el proceso de lucha contra el cambio climático se consolida a nivel internacional y el compromiso establecido en el Protocolo de Kioto se mantiene y avanza.

En Nairobi se ha demostrado que existen las herramientas necesarias para construir el Protocolo posterior a Kioto, a partir de 2012. Para ello se ha acordado la revisión en profundidad de los resultados de la aplicación del Protocolo de Kioto durante el año 2008. Esto permitirá comenzar a construir el escenario posterior en 2009, con el fin de que en el año 2012 no se produzcan vacíos en cuanto a la continuidad del esfuerzo sostenido para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. En esta ocasión 186 países debatieron sus posturas sobre el Protocolo de Kioto, con más de un año de antelación de la entrada en vigor del mercado de emisiones.

La Delegación Española estuvo presidida por la Ministra de Medio Ambiente y entre sus miembros se ha contado con la participación de Consejeros de Medio Ambiente de Comunidades Autónomas y representantes de Entidades locales.

Según destacó la Ministra de Medio ambiente, Cristina Narbona, en su balance de la Cumbre, es importante resaltar la continuidad de la lucha internacional para frenar la emisión de GEI y el compromiso español, a nivel nacional e internacional, en la reducción de la contaminación y en la adaptación de los escenarios creados por el cambio climático. En este sentido, España ha sido uno de los primeros países de la comunidad internacional en poner en marcha un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. En total, la cifra de aportaciones del gobierno a distintos instrumentos financieros para el cumplimiento del protocolo de Kioto, a través de proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio asciende a 317 millones de euros.

Para cumplir los compromisos adquiridos en Kioto, España, con al aprobación del Plan Nacional de Asignación 2008-2012, prevé una reducción anual del 16% respecto a la asignación de emisiones del periodo 2005-2007, y el 20% respecto a la emisiones producidas por la industria en 2005. El Gobierno ya ha empezado a adoptar medidas que darán su fruto a medio y largo plazo. Entre ellas figuran el Plan de Energías renovables 2005-2012, el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2005-2007 y el Código Técnico de la Edificación.

No obstante, el éxito en al lucha contra el cambio climático en España requiere la implicación de las Comunidades Autónomas mediante políticas activas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Resumen de los resultados de acciones futuras y temas incluidos de 12ª Conferencia de las Partes y de la Segunda Conferencia de las partes:

- Consideración de futuros compromiso para las Partes Anexo I (Articulo 3.9 del Protocolo de Kyoto).
- Revisión del Protocolo de Kioto al amparo del articulo 9.
- Segunda sesión del diálogo sobre la cooperación a largo plazo para hacer frente al cambio climático mediante una mejor aplicación de la convención.
- Orientación adicional relativa al Mecanismo de Desarrollo limpio (MDL)
- Captura y almacenamiento de Carbono como proyectos de MDL.
- Distribución regional de proyectos MDL.
- Aspectos científicos, técnicos y socio económicos de los impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
- Investigación y observación sistemática.
- Comunicaciones nacionales de las partes no incluidas en el anexo I de la convención.
- Mecanismo financiero de la convención: Fondo especial para el cambio Climático. - Tercer examen del mecanismo financiero de la convención.
- Mecanismo financiero del Protocolo: Fondo de adaptación.
- Articulo 6 de la Convención.

Montreal: 28 noviembre al 9 de diciembre de 2005

A la 11ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en Montreal acudieron unos 10.000 participantes, entre ellos, los representantes de 156 países que han ratificado el Protocolo de Kioto, los de otras 34 naciones que sin hacerlo sí forman parte de la Convención del Cambio Climático, Organizaciones No Gubernamentales, sindicatos, consumidores y periodistas.

El objetivo principal fue aclarar los compromisos para el período posterior a 2012. La UE lideró el grupo que abogaba por una reducción del 20% para el período 2012-2018. Se buscó implicar también (con esperanzadores resultados) a economías en vías de desarrollo, como China, India, Brasil, México o Sudáfrica, a la vez que se intentan agilizar los Mecanismos de Desarrollo Limpio, instalando tecnologías limpias en países más desfavorecidos obteniendo así créditos ante la certeza de algunos países europeos de su dificultad para cumplir con su cuota de emisión.

Otras decisiones adoptadas en la cumbre fueron la contabilidad de emisiones que cada país debe llevar o el modo de medir el efecto de absorción de los gases de los bosques y la vegetación.

Las emisiones de los países desarrollados se redujeron un 5,9% desde 1990, si bien dicha reducción tuvo lugar sobre todo en la Europa del Este, con economías de transición. El coordinador del programa de ciencia de la Convención ha advertido que “un cierto cambio climático ya es inevitable”, al cual deberemos adaptarnos, sin que se hayan precisado las medidas concretas a desarrollar.
España acudió a esta Cumbre encabezando la lista de países que más han incrementado sus emisiones de GEI (un 41%). Existe un acuerdo del gobierno español con el Banco Mundial para comprar 49 millones de toneladas de CO2, invirtiendo 205 millones de euros en proyectos de Desarrollo Limpio. España es uno de los principales países interesados en la agilización de unos trámites tan largos que han permitido la aprobación de escasos proyectos en todo el mundo. Uno de ellos permitió a Endesa la compra de 50 millones de toneladas de CO2 en China. Además, España consiguió hacer realidad la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático y culminar acuerdos con terceros países, como Marruecos, para instalar energías renovables. En contra, la escasez de lluvias en la Península Ibérica provoca una caída de la energía hidroeléctrica (no emite CO2), y el consiguiente aumento en el uso de otras como el carbón, el gas natural o el fuel, cuya combustión sí lo genera. La diferencia de emisiones entre un año seco y otro húmedo se cifra en torno a los 20 millones de toneladas. Las políticas de la Oficina del Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente se centran en intentar moderar la demanda energética, tras haberse triplicado en 2004 el nivel de emisiones comprometidas en Kioto.

El problema reside en qué hacer a partir de 2012, cuando finaliza la primera etapa de Kioto. Según un estudio de la Organización Mundial de la Energía, aplicando todos los recursos y tecnologías disponibles, los países desarrollados lograrían disminuir sus emisiones en 2030 entre un 15% y un 20% respecto a 2000. Pero en el cómputo global esa reducción no supondría mas que un 5% de la emisiones totales del planeta. Finalmente, el texto aprobado señala que los países de la Convención Marco “iniciarán un proceso para considerar siguientes compromisos para los países del Anexo I (aquéllos con compromiso cuantificado de reducción de emisiones) integrado por las naciones industrializadas y las economías en transición, para el período posterior a 2012”. Las cuentas comienzan a no salir respecto al acuerdo de reducción para 2012; los países signatarios suman un total de 8.131 millones de toneladas de carbón en 2003, por los 7.409 millones de Australia y Estados Unidos, opuestos al Protocolo y los 6.594 millones de los grandes países en desarrollo, China, India, México y Sudáfrica.

EEUU alega que ha logrado reducir un 0,8% sus emisiones, mucho más que muchos de los países que han ratificado el Protocolo, y que los países en desarrollo con economías de fuerte crecimiento y responsabilidades específicas de control de emisiones, quedan fuera de otras en materia de control de sus gases. EEUU prometió recortar en un 18% sus emisiones, pero lo cierto es que ha aumentado un 17% respecto a 1990 y es el responsable del 36,1 % del total de las emisiones de dióxido de carbono del planeta. Curiosamente, casi 200 ciudades en las que habitan 40 millones de personas han decidido reducir sus emisiones en un 7% entre 2008-12.

La UE, Canadá, Japón y los ecologistas se mostraron en general satisfechos por los acuerdos alcanzados, que sientan las bases para continuar con la reducción global de emisiones, implicando a la mayoría de los países para después de 2012.

Buenos Aires: 6 al 17 de diciembre de 2004

Representantes de 189 países se reunieron en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la Cumbre Mundial del Clima, que por primera vez se celebra con el Protocolo de Kioto listo para entrar en vigor el 16 de febrero de 2005.

En esta ocasión, se hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha las medidas de adaptación, con agendas específicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El debate abordó el problema sobre el calentamiento global desde un nuevo horizonte, el de ir más allá de las primeras obligaciones de Kioto.

En este contexto, hubo posturas encontradas. Por un lado la del gobierno de EE.UU., miembro firmante de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero que rehúsa a firmar el Protocolo de Kioto, siendo responsable del 25% de las emisiones globales. La Administración Bush puso en marcha un programa propio alternativo para incentivar la contención de emisiones (no es obligatorio) con el que pretenden reducir un 18% de las emisiones registradas a partir de 2000 en 2012. Expertos opositores a esta postura estiman que el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en EE.UU. se incrementarán un 32% para 2012 respecto a los niveles registrados en 1990.

El Protocolo de Kioto establece una reducción de emisiones para países desarrollados en 5,2% de media entre 2008 y 2012, con un 7% específico para EE.UU., un 6% para Japón y un 8% para la Unión Europea. La postura de la UE ha sido asumir el objetivo de que la temperatura media del Planeta no aumente más de dos grados centígrados a finales del siglo debido al cambio climático.

La presencia de EE.UU. no ha sido la única en causar malestar. Los representantes de los países de la OPEP, encabezados por Arabia Saudí, Qatar y Kuwait, tensaron las negociaciones sobre la implantación del Protocolo de Kioto. Por un lado, propusieron que se incentiven formas para que los países exportadores de petróleo puedan adaptarse a los efectos que tendrá en su economía el descenso del consumo de los productos derivados del petróleo. Más curioso es, si cabe, que esta propuesta la han planteado en el marco de lo que se ha dado en llamar "adaptación al cambio climático", que fundamentalmente se basa en articular medidas que ayuden a los países en vías de desarrollo a reducir sus emisiones, como la transferencia de tecnologías limpias.

Estos países pretendieron aprovecharse de su posición en el grupo de G77, agrupación de países menos industrializados, para pedir estas ayudas, cuando en realidad su nivel de vida y su renta están muy por encima de la media europea y muy lejos de los países en desarrollo.

El discurso del presidente argentino Néstor Kirchner, muy comprometido en defensa de los países en vías de desarrollo, pidió claramente a los países desarrollados que afronten sus responsabilidades.

La ministra española de Medio Ambiente, Cristina Narbona, inauguró oficialmente la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RICO), una organización integrada por 22 países con el objetivo de identificar áreas de desarrollo sostenible en México, el Caribe y Sudamérica, así como ayudar a las mismas naciones a tomar medidas para mitigar los desastres naturales que se esperan en los próximos años.

La UE planteó la necesidad de estudios preparativos para la nueva fase de acuerdos, tras el año 2012, que habrán de ser más exigentes y afectar a más países. Pero el único compromiso ha sido celebrar una nueva reunión a mediados de 2005 para intercambiar informaciones. India y China llegaron a proponer la prohibición expresa de tratar en esas reuniones compromisos para países que no están ahora afectados por las medidas de Kioto.

Con todo esto, al final se ha llegado a un acuerdo de mínimos, que la UE ha aceptado porque no contiene prohibiciones expresas a seguir avanzando en el diseño de nuevas medidas de protección, pero que genera pocas esperanzas para el próximo futuro.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) El diálogo político sobre el recorte de primas a las energías renovables se inició a finales de abril de 2010 prolongándose hasta finales de 2011, en el que continua cierta incertidumbre. Como indicó el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, Industria debe decidir si baja esas subvenciones o sube la luz, o incluso si mezcla ambas opciones. Hasta ahora ha optado por bajar las subvenciones manteniendo el precio de la luz estable. Según el ministro de Industria, Milguel Sebastián, “La retirada de las primas a la producción de energías renovables no será retroactiva”.

Son varias las opiniones de las grandes compañías generadoras de energía las que se han posicionado al respecto. AEF por un lado, niega que las renovables sean caras diciendo que su efecto en el mercado eléctrico compensa de sobra el pago de las primas. Por otro lado, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, pide una moratoria al desarrollo de tecnologías incipientes (solar y termoeléctrica) a favor de la eólica, más barata y de la que Iberdrola es líder mundial.

En el fondo del debate, está el “déficit de tarifa” es decir, el actual desfase de ingresos y costes del sistema eléctrico. Los datos proporcionados por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) cifraron en 4.615 millones de euros el déficit con el que se cerró el año eléctrico en 2009, 1.115 millones más lejos del límite de 3.500 previsto por el Ejecutivo. Ya hay voces que piden la eliminación antes del 2013, año en el que el Ejecutivo prometió suprimirlo totalmente de acuerdo a la aplicación del Real Decreto Ley 6/2009. Industria está analizando la posibilidad de pasar a los Presupuestos algunas partidas que ahora contribuyen a engrosar este déficit que acumula el sector.

Dentro de los costes, regulados de producción eléctrica del sistema (7.989 millones), la parte del león se la llevan las energías renovables, pese a los recientes recortes a la fotovoltaica, la eólica y la termosolar. Pero hay otros gastos como los 785 millones que reciben las compañías productoras por la generación de energía en Baleares y Canarias; o los 445 millones que se vierten en gestionar la demanda de los grandes consumidores. Además de los costes de producción, el sistema eléctrico requiere invertir en transporte (1.531 millones) y distribución (5.098).

En juego está una industria que ya representa casi el 1% del PIB y que ha sido determinante en el desarrollo de un nuevo modelo económico. Ello ha implicado el alto coste que durante 2009 fue de hasta los 6.688 millones de euros en primas.

Sebastián ha puesto de manifiesto que si no se reduce el nivel de subvenciones comprometidas ahora mismo, en 25 años el coste total de las ayudas ascendería a 126.000 millones de euros. Una cifra desorbitada que ha que frenar y para la que el titular de Industria pide reparto de responsabilidades. El ministro se reunió el pasado 29 de Abril con los partidos políticos para presentarles un documento base sobre el que edificar un acuerdo en materia energética. Industria prepara encuentros bilaterales ocn los representantes para recabar su apoyo.

Como consecuencia de los posibles recortes y su afección en el sector de las renovables ya hay un par de compañías – T-Solar y Renovalia, próximas a salir en bolsa - que se han visto afectadas ante la incertidumbre generada por esta medida. Y es que ya se conoce que buena parte del recorte irá al sector fotovoltaico, lo que está por ver es a qué otros sectores verdes y en qué cuantía se recortarán las primas.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha aprobado un informe crítico con el decreto del Ministerio de Industria que aplica ciertos recortes a las energías eólica, termosolar y fotovoltaica. El organismo considera que no se deben tocar las primas a las plantas ya existentes para mantener la seguridad jurídica y la estabilidad de su régimen económico. El texto considera que la revisión de las condiciones fijadas a la fotovoltaica en 2007 solo puede implicar a plantas que se construyan a partir del 2010, no a las ya en marcha. Industria ha limitado a 25 años el tiempo en que las plantas fotovoltaicas reciben prima, mientras que en 2007 se daba un plazo mayor.

La CNE sí que considera adecuada la reducción extraordinaria de las tarifas a las nuevas instalaciones solares y que alcanza rebajas del 45%. El texto propone que las nuevas plantas en suelo se adjudiquen mediante subasta, lo que abarataría las primas y eliminaría la saturación del registro de preasignación. También critica que la norma conceda prórrogas injustifcadas y discriminatorias a la eólica y la termosolar; se trata del acuerdo que alcanzó el ministerio con las patronales para cobrar la tarifa actual más tiempo a cambio de entrar a funcionar más tarde. La CNE insiste en que las instalaciones aprobadas bajo una norma se ajusten a esa y no a otra.

El informe reclama para la eólica un decreto antifraude igual que el que aprobó para la fotovoltaica. A finales de 2007 cambió la tarifa eólica y, como ocurrió con la solar, hubo una avalancha de proyectos; la CNE apunta que no todos estuvieron generando electricidad cuando entró en vigor el nuevo decreto y pide revisar esas instalaciones.


Primas para el sector fotovoltaico

Industria considera que los objetivos de la energía fotovoltaica para 2010 se van a cumplir ya, al haberse alcanzado más del 80% de los 400 MW previstos. Y aunque eleva esos objetivos a 1.200 MW, recorta su retribución hasta el año 2020. No habrá prima más allá de los 25 años y la retribución se reduce de 0,44 euros el kilovatio por hora a 0,31 en el caso de las huertas o parques solares.

El recorte o rebaja definitiva a las primas de ésta energía será del 40%, cifra que asciende a unos 1500 millones de euros. De este modo, se pasarán de 2688 millones de euros en 2009 a los 1188 actuales.

Los empresarios fotovoltaicos se han opuesto frontalmente a que el Gobierno toque las primas de las plantas que obtuvieron sus permisos bajo el Real Decreto 661/2007. Acusan al Gobierno de consagrar la inseguridad jurídica que ahuyentará a inversores tanto nacionales como internacionales, así como de congelar el desarrollo del sector renovable.

El nuevo decreto establece un recorte de un 45% en las primas para las nuevas plantas fotovoltaicas de suelo (los llamados huertos solares), de un 25% para las instalaciones de techo de mayores dimensiones y un 5% para las pequeñas. Además limita a 25 años el periodo en el que el promotor tendrá derecho a cobrar la prima; y se suprime el derecho a cobrar incentivaos para las plantas de tecnología eólica y solar termoeléctrica con más de 50 MW. Según fuentes del Gobierno, se trata de ofrecer a los inversores retribuciones atractivas pero que al mismo tiempo, los abaratamientos en este tecnología “reviertan directamente en beneficio de los consumidores, que son en definitiva, quienes hacen frente a estas retribuciones”.

A pesar de este recorte, el problema del elevado coste de los huertos solares en marcha, sigue sin resolverse; la fotovoltaica, que apenas produce un 2% de la electricidad, cobró el año pasado casi 2.600 millones de euros en primas, cifra que supone cerca de la mitad de las subvenciones a renovables. Estas, a su vez, equivalen ya a un tercio de los costes totales del sistema eléctrico, que acumula un déficit de tarifa que este año superará los 18.000 millones. La razón del sobrecoste de la solar está en la burbuja especulativa que estalló en 2008, antes de que las subvenciones a esta tecnología bajasen un 30%.

La subcomisión del Congreso de los Diputados encargada de analizar y aprobar la estrategia energética para los próximos 25 años ha fijado en el 20,8% la aportación de las energías renovables al consumo final de energía en 2020; el porcentaje supera en ocho décimas el 20% recogido a nivel comunitario para la misma fecha, no obstante, supone un porcentaje inferior al 22,7% que el Gobierno había reemitido a la UE.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Dentro de poco será rentable colocar placas solares para el autoconsumo. Ya ha sido publicado el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

En el mes de noviembre, el Consejo de Ministros había aprobado un Real Decreto que proponía regular las condiciones administrativas y técnicas básicas para la conexión de las instalaciones de fuentes renovables y de cogeneración de pequeña potencia. El nuevo decreto tiene como objetivo simplificar la tramitación exigida para entrar en el sistema eléctrico de instalaciones de pequeño tamaño.
El modelo que se llevará a cabo para que esta energía sea rentable, es mediante la creación de una bolsa de compensación, es decir, la energía no consumida por el particular será absorbida por la compañía distribuidora. Al igual, cuando el propietario necesite más energía de la que éste pueda generar, la compañía se la suministrará. Esta fórmula permitirá al propietario comerciar con su propia energía.

El consumidor ya no tendrá que pagar más del doble de lo que cuesta la energía en el mercado mayorista, así como el IVA (18%) y el impuesto de electricidad (5%).

La presente legislación solo contempla dos opciones incompatibles entre sí: el autoconsumo o la venta de la energía generada. Con la nueva legislación el consumidor es a su vez productor y viceversa. Otra posibilidad, aún sin regular, es el contrato bilateral, con el que se puede vender energía al vecino.

A todo esto hay que sumarle el descenso de los precios de las instalaciones, que en tan solo cuatro años han disminuido en un 70%, desde los 9.000 euros por Kilovatio instalado a los 2.500 y 3.500 euros actuales. Además, se estima un descenso de hasta un 50% en la próxima década.

Las inversiones se amortizan en quince años y las instalaciones tienen una vida útil de cuarenta años, así que la rentabilidad está asegurada.

Ahora con ese tipo de sistema eléctrico, con pequeñas plantas generadoras de electricidad, se espera una generación cada vez más distribuida, modificando el actual modelo centralizado de grandes instalaciones eléctricas. Comparado al sistema eléctrico, el sistema de generación eléctrica distribuida supondrá menores pérdidas de energía en las redes y la reducción de inversiones económicas en transporte y distribución, además de un ahorro de energía primaria.
La casa del futuro está en marcha, una casa autosuficiente sin dependencias energéticas. El consumo medio de una casa de 140 metros cuadrados, suele ser de unos 2.000 kilivatios para usos generales, incluidos la cocina; unos 2.500 para el aire acondicionado y 6.000 para la calefacción. La casa del futuro cubriría las necesidades generales y aire acondicionado por medio de módulos fotovoltaicos. Para el agua caliente y la calefacción se pueden usar paneles termosolares.

La AEF (Asociación Empresarial Fotovoltaica) ha firmado con el COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) un acuerdo para promover la integración de energía solar fotovoltaica en la arquitectura española. Este acuerdo establece las líneas de colaboración para informar, formar y difundir esta energía como alternativa energética en el futuro del desarrollo inmobiliario español, tanto en edificaciones nuevas como en las rehabilitadas.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Los primeros vestigios de contaminación antropogénica sobre el Mediterráneo a causa de los metales datan de unos 2.800 años, según revela una investigación dirigida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La fecha coincide con el desarrollo minero, metalúrgico, cultural y tecnológico de las civilizaciones humanas de los periodos griego y romano.

El trabajo analiza la concentración de residuos metálicos en los sedimentos de las praderas de Posidonia oceanica de la bahía de Port Lligat (Girona). Dichas praderas se extienden 94.315 metros cuadrados y cubren el 69% de los fondos de la bahía. Los sedimentos estudiados alcanzan los 5 metros de espesor y reflejan 4.500 años de antigüedad.

Los resultados, describen un aumento inicial en la concentración de metales hace unos 2.800 años. Posteriormente, se produce un incremento en las cantidades de zinc, plomo, cadmio, cobre, arsénico y hierro hace unos 2.500 años, especialmente durante el periodo romano.

A lo largo de los últimos 1.200 años, el Mediterráneo ha experimentado un aumento gradual en la presencia de metales que se aceleró notablemente en los últimos 350 años a partir de la revolución industrial. En esta época se aprecia especialmente el aumento del plomo, el zinc y el arsénico.

Los servicios de posidonia son ampliamente conocidos, y entre ellos, en este caso destaca su capacidad de actuar como filtro y sumidero de contaminación .

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) El I Congreso Ibérico RESTAURARIOS, puso apunto la necesidad de la rehabilitación autosostenible de los ríos. Según el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Martínez Capel, "la restauración fluvial debe requerir un mantenimiento mínimo, pero mantenido en el tiempo para poder observar los cambios ecológicos, mientras se dan los procesos naturales, de forma que los recortes de presupuestos ocasionales no perjudiquen los objetivos de los proyectos". 

En dicho Congreso los asistentes realizaran realizaron visitas técnicas para saber más sobre el terreno y debatir la restauración. Una de las conclusiones comunes a todos fue que la restauración debe priorizar la mejora el estado ecológico de los ríos y no la utilización de técnicas de bioingeniería. Para eso los expertos esperan tener el apoyo de la población, pues la rehabilitación de los ríos reduce el riesgo de inundación y la mitigación de sus efectos, lo que es muy común en esas áreas. La concienciación de la gente en cuanto a los temas del agua es fundamental para el desarrollo del proyecto.

El resultado de ese Congreso fue la consolidación del Centro Ibérico de Restauración Fluvial como Asociación de nivel Ibérico promotora de la restauración fluvial.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) La compañía PVT ha desarrollado ecoGranic, un pavimento ecológico de nueva generación. Este pavimeto combate la contaminación mediante la fotocatálisis, un proceso de oxidación natural similar a la fotosíntesis de las plantas, donde convierte las sustancias contaminantes de la atmósfera en compuestos no dañinos ni perjudiciales.

El sistema incorpora en su cara superficial un potente catalizador, que se activa en presencia de luz, tanto natural como artificial, y humedad relativa, transformando los gases contaminantes presentes en los núcleos urbanos, en productos inocuos para la salud humana y sin impacto alguno en el medio ambiente.

El poder de descontaminación de este pavimento no sufre variación a lo largo de su ciclo de vida, teniendo, por tanto, una actividad ilimitada.

Los estudios realizados demuestran una eficacia descontaminante del pavimento ecoGranic de hasta un 56% en la degradación de óxidos nitrosos.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) LUX+

La farola solar multifuncional LUX+ es una nueva creación dentro de la gama de productos de mobiliario urbano sostenible concebidos por Studio Itinerante Arquitectura (SIARQ).

Se define como “farola multifuncional” por su capacidad de adaptarse a cada uso requerido para los espacios públicos y por su amplia gama de combinaciones posibles (iluminación, señalización, banco). Puede integrar una o más luminarias, así como una placa para la señalización urbana (entradas parkings, información de espectáculos en la ciudad, etc); también tiene la opción de integrar una caja de luz publicitaria.

Dependiendo del entorno y el encargo, su altura puede ser de 6 ó 7 m. y su estructura es de acero galvanizado y pintado. El asiento de la farola se ha elaborado con madera procedente de cultivo controlado y garantizada por el sello FSC.

Sobre una estructura inclinada se ubica un módulo solar fotovoltaico de 120 - 150 Wp de potencia por ellos su total autonomía está garantizada. Gracias a un sistema de LEDS programable capaz de iluminar 14 horas seguidas durante los 365 días del año, incluso en los meses de invierno.

NA2LIGHT

Otro modelo sostenible es el fabricado por Green Technology Solutions, una luminaria cien por cien solar que además tiene la apariencia de un árbol. El desarrollo fue llamado na2light, y tiene la característica de iluminar como un foco de 100W, usando sólo la mitad de energía.

La lámpara-árbol mide 4.80 metros de largo y tiene 11 ramas en cuyos extremos se encuentran espejos que simulan hojas de árbol por las cuales se “recolecta” la energía del sol.

“El sol genera energía, ésta a través de las ramas se almacena en una batería y en el momento que no hay luz del sol la lámpara enciende automáticamente y se puede mantener así durante 12 horas continúas”, explican los diseñadores.

Este árbol-lámpara puede tener una vida útil de entre 20 a 24 años y la batería se cambia cada ocho años. Green Techonology Solutions también diseñó una lámpara-árbol más pequeña con las mismas funciones y características de la grande, con un coste inferior.

La creación no requiere de mantenimiento, no gasta energía eléctrica, la iluminación que se genera una vez encendida alumbra aproximadamente a 10 metros de donde esta colocada la base, pues la luz que genera tiene una distribución de 360 grados.

El primer prototipo comercial se instaló en una compañía de seguros en la delegación Coyoacán, en la ciudad de México, y en próximos días se instalaran diversas lámparas en las instalaciones de la Universidad Anahuac del Sur, también en esa ciudad.

“Nosotros podemos fabricar las lámparas a la medida del cliente, incluso pintarlas del color que nos soliciten, aunque el modelo estándar es de color verde brillante. Hasta ahora realizamos 20 unidades al mes y más adelante esperamos fabricarlas de manera masiva, así como adaptarles un contacto para que pueda alimentar una laptop o celular”, explicó uno de los diseñadores.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) En las nuevas smart city (ciudades inteligentes donde las máquinas sean prácticamente autónomas), incluso las farolas de la calle pueden ser inteligentes.

En 2009, ACR Grupo, Tecnalia y Eguzkitan crearon la empresa Iluminación Inteligente LUIX, que actualmete comercializa un sistema inteligente de alumbrado público que consigue ahorrar entre un 70 % y el 80% de la energía que antes se consumía.
El sistema LUIX regula la iluminación de las farolas en función de las personas y los vehículos que en esos momentos circulen en la calle. Enciende y apaga progresivamente las farolas, en la secuencia y dirección adecuadas, dependiendo de la predicción del movimiento y dirección de las personas y vehículos. El sistema es configurable de tal manera que puede regularse la intensidad de luz sin tener que apagar por completo la farola, adecuando la cantidad de luz a las necesidades de cada instante.

El sistema ya se ha puesto a prueba de manera parcial en diferentes municipios de Guipúzcoa y Navarra. En el 2010, en la localidad guipuzcoana de Gabiria, se instaló este sistema en 16 farolas de una de sus plazas y el ahorro obtenido fue de 1.671 euros: 974 euros por el ahorro de energía y 697 euros por el de mantenimiento. Esto ha supuesto un ahorro del 83,84% y la reducción de 7.720 kilos de dióxido de carbono en un solo año.

También empresas como Endesa y un consorcio de 12 más y varios organismos, entre ellos la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) trabajan conjuntamente para conseguir una red de alumbrado autónoma, ecoeficiente y capaz de informar de su entorno.

Estas nuevas farolas autorregularán el encendido y la intensidad de la luz en función de la hora del día o el número de peatones, lo que reduce el gasto energético. También informarán de la humedad, temperatura y contaminación exterior, e incluso del ruido y las vibraciones.

Este proyecto, denominado Siiur está en prueba desde octubre del 2010 en el moderno distrito 22@ de Barcelona donde y de momento, se han desplegado 12 farolas interconectadas mediante sensores. Éstas se comunican con un armario a pie de calle que, a través de Internet, envía señales a la estación central. Todo ello tiene un objetivo bien definido por la propia Endesa; el de integrar infraestructuras urbanas, tecnologías y telecomunicaciones para crear un smart grid (red inteligente).

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) El Consejo de Ministros ha aprobado la Planificación Energética Indicativa (PEI) y el Plan de Energías Renovables (PER) 2011- 2020.

El documento de Planificación Indicativa dibuja el horizonte energético de cara a 2020 para el conjunto del sistema, mientras que el PER tiene el objetivo de lograr que en el año 2020, al menos, el 20% consumo final bruto de energía en España proceda del aprovechamiento de las fuentes renovables.

La PEI estima un consumo de energía en España al término del período ligeramente superior al actual, con una estructura en la que destaca el aumento del peso de la electricidad, del gas y de las renovables de uso final, que se compensan con el fuerte descenso del consumo de productos petrolíferos.

Con estas estimaciones se prevé un fuerte aumento del peso renovable, que según el PER pasará de una contribución del 13,2% en 2010 a un 20,8% en 2020, y no se consideraría necesario un aumento de las centrales térmicas.

Las renovables subirán su peso en la generación eléctrica en un 30%, en un 57% en los usos térmicos y en un 125% en el transporte. Estos planes generarán un beneficio económico estimado en 29.000 millones de euros gracias a las menores importaciones de hidrocarburos. Además, en el periodo se evitará la emisión de 171 millones de toneladas de CO2.

Planificación Energética Indicativa
El informe refleja la progresiva participación de las energías renovables en la cesta energética española, junto a la reducción de nuestras importaciones de energías fósiles (carbón, petróleo y gas), contribuirán a aminorar significativamente nuestra dependencia energética del exterior en los próximos años.

Así, se continuará un proceso de sustitución de energías foráneas por fuentes autóctonas que ya se inició a partir del bienio 2005-2007 y que puede mejorar en algo más de seis puntos el grado de nuestro autoabastecimiento energético, hasta alcanzar en 2020 un porcentaje del 31,5%.

Además, estos factores favorecerán la reducción de las emisiones de CO2 en la próxima década, en particular en los procesos de generación de electricidad. Estas técnicas irán siendo cada vez más sostenibles y más limpias, de forma que en 2020 se emitirá un 11,8% menos por cada kilovatio/hora producido.

Las previsiones apuntan, además, a una mejora de la intensidad de energía final en una media del 2% anual.

Plan de energías renovables (PER) 2011-2020

El Consejo Europeo de 2007 aprobó el denominado Paquete de Energía y Clima, que estableció para el año 2020, unos objetivos de mejora de la eficiencia energética del 20%, de reducción de las emisiones de CO2 del 20%, ampliable al 30% en el contexto de un acuerdo global, y de introducción de las energías renovables en el consumo final del 20%, como mínimo, con una participación mínima del 10% en el sector de los transportes.

Globalmente, el Plan supone pasar de una contribución de las energías renovables del 13,2% en 2010 a un 20,8% en 2020.

La energía eólica representará la mayor aportación renovable a nuestro consumo, seguida del grupo de biomasa, biogás y residuos, con participaciones importantes de la energía de origen hidráulico, de los biocarburantes sostenibles y de las energías solares, situando a nuestro país en una buena posición para afrontar el reto energético más allá de 2020.

Los costes asociados al desarrollo del Plan, incluyendo las primas y el coste de los diferentes sistemas de apoyo, se cifra en 24.700 millones de euros. Por su parte, los beneficios directos y cuantificables se estiman en 29.000 millones de euros, incluyendo las menores necesidades de importación de combustibles fósiles y las menores emisiones de CO2 a la atmósfera.

A estos beneficios habría que sumar otra serie de partidas positivas, como el desarrollo rural promovido, el reequilibrio de la balanza de pagos, la exportación de tecnología o la generación de empleo asociado.

Para el adecuado desarrollo de las diferentes áreas y cumplimiento de objetivos, el Plan de Energías Renovables 2011-2020 contempla 87 propuestas de actuación, de las cuales, casi la mitad son propuestas horizontales, que afectan a las diferentes tecnologías y el resto sectoriales.

El PER 2011-2020 incluye también una fuerte apuesta a la I+D+i energética. La recientemente creada ALINNE, Alianza para la Investigación e Innovación Energéticas, será un instrumento crucial para responder a los retos de la I+D+i energética en un marco de colaboración estratégica entre los sectores público y privado y permitirá avanzar hacia un aprovechamiento cada vez mayor de los recursos renovables de nuestro país que sea compatible con criterios de eficiencia económica.

El Plan analiza las prioridades de cada tecnología e identifica las áreas donde se concentrará el esfuerzo en I+D en los próximos años, que van desde los biocarburantes avanzados a los nuevos materiales, pasando por los sistemas de acumulación de energía, nuevos sistemas de perforación para geotermia, conversores de energía de las olas, o mejores máquinas eólicas marinas.

Además, las alinea con el marco europeo del SET-Plan y las acompaña de propuestas de financiación que permitan hacerlas viables. En el horizonte está el objetivo de mejorar la eficiencia técnica y económica de las tecnologías ya consolidadas, al tiempo que se hace sitio a otras nuevas con un gran potencial en nuestro país, como la geotermia y la energía de las olas, que por vez primera aparecen en la planificación energética nacional.

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible) Cinco grandes sociedades (AEW Europa, AXA REIM, Bureau Veritas, GE Real Estate Europe e ING Real Estate) trabajan para crear un método de calificación “verde” para ayudar a propietarios y administradores de fincas a valorar, calificar y comparar el rendimiento medioambiental de los inmuebles que ya posean.

El método pretende crear un parámetro homogéneo en Europa sobre los aspecto de uso de edificios mediante indicadores tangibles y susceptibles de medición: energía, emisiones de carbono, agua, residuos, sanidad y transporte.

Por ahora (2011), lo que existe – certificaciones voluntarias- para medir el rendimiento ambiental de los edificios en España son los siguientes estándares.

Green Building Council España

La Certificación GBC España – VERDE supone el reconocimiento por una organización independiente tanto del promotor como del proyectista de los valores medioambientales de un edificio a través de la aplicación de una metodología de evaluación internacionalmente reconocida.

La metodología VERDE está basada en una aproximación al análisis de ciclo de vida en cada fase y consiste en evaluar la reducción de los impactos del edificio y su emplazamiento por la implementación de medidas, tanto en estrategias de diseño como en factores de rendimiento, agrupadas estas medidas en una lista de criterios de sostenibilidad.

Estos criterios evaluados en VERDE son los siguientes:
Información de proyecto: optimización de la vida útil de la estructura
Parcela y emplazamiento: estrategias para la clasificación y el reciclaje de residuos en el edificio, xerojardinería y uso de plantas autóctonas, uso de árboles para crear áreas de sombra, efecto isla de calor a nivel del suelo, efecto isla de calor a la altura de la cubierta y contaminación lumínica
Energía y atmósfera: uso de energía no renovable en los materiales de construcción, energía no renovable en el transporte de los materiales de construcción, consumo de energía no renovable durante el uso del edificio. Demanda y eficiencia de los sistemas, demanda de energía eléctrica en la fase de uso, producción de energía renovable en la parcela, emisión de sustancias foto-oxidantes en procesos de combustión, emisión de sustancias que reducen el ozono estratosférico.
Recursos naturales: consumo de agua potable, retención de aguas de lluvia para su reutilización, reutilización de aguas grises, impacto de los materiales de construcción, estrategias para el desmontaje, reutilización y reciclado, gestión de los residuos de la construcción.
Calidad del ambiente interior: toxicidad en los materiales de construcción, eficiencia de la ventilación en áreas con ventilación natural, confort térmico en espacios con ventilación natural, iluminación natural en los espacios de ocupación primaria, protección de los recintos protegidos frente al ruido procedente del exterior, protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en los recintos de las instalaciones y protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad funcional de uso.
Calidad del servicio: eficiencia de los espacios, desarrollo e implementación de un plan de gestión de mantenimiento.
Aspectos sociales y económicos: acceso universal, derecho al sol, acceso a espacios abiertos privados desde las viviendas, protección del interior de las viviendas de las vistas desde el exterior, coste de construcción y coste de uso.


Estándar Passivhaus

El estándar Passivhaus se basa en la construcción de edificios de cualquier índole que cuenten con un gran aislamiento térmico, un riguroso control de infiltraciones, y una máxima calidad del aire interior, además de aprovechar la energía del sol para una mejor climatización, reduciendo el consumo energético del orden del 70% (sobre las construcciones convencionales), pudiendo así conseguir la mejor clasificación energética posible: clase A.

La casa Passivhaus tiene un consumo muy bajo de energía para calefacción y refrigeración y la poca energía suplementaria que necesitan sus edificios se puede cubrir con facilidad a partir de energías renovables, siendo en ése supuesto un tipo de construcción con coste energético de calefacción y refrigeración Cero para el planeta.

El estándard Passivhaus está implantado en gran parte de Europa e implantándose en el resto, siendo en algunas regiones ya el estándard convencional. Existen más de 15000 ejemplos en todo el mundo de edificios con este estándard, de todo tipo y función. El parlamento europeo propuso, con fecha de 18 de enero de 2008, el standard Passivhaus como estándard convencional obligatorio para todo el territorio de la unión para el 2020.

Breeam España

BREEAM España es el resultado de adaptar el certificado de sostenibilidad de la edificación BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) a la naturaleza, normativa y particularidades del hecho constructivo en nuestro país. 

Se basa en la otorgación de puntos, que se agrupan en categorías, donde se enmarcan los distintos requisitos disponibles, que pueden ser cumplidos según la estrategia seguida en el edificio. Los puntos obtenidos en cada categoría pasan por un factor de ponderación medioambiental que tiene en cuenta la importancia relativa de cada área de impacto. Los resultados de cada categoría se suman para producir una única puntuación global.

Existen unos créditos directos que pueden ser, o bien un rendimiento ejemplar en un requisito o un crédito de innovación que puede ser reconocido por BREEAM ES después de un informe: estos créditos se aplican directamente. Una vez que se conoce la puntuación global del edificio, se traduce en una escala de cinco rangos, que nos da el grado de cumplimiento BREEAM ES.

Entre los proyectos BREEAM España está el Factory de A" Coruña, que reduce la contaminación lumínica nocturna y mejora el rendimiento de los equipos de iluminación. Una Estación de servicio sostenible de Repsol, el edificio de oficinas Julian Camarillo 36, ambos en Madrid.

Certificación Leed

El certificado Leed está implantado en España desde 1998 de la mano del Consejo de la Construcción Verde de España (Spain Green Building Council), una coalición de líderes del sector de la construcción. Se trata de un sistema de clasificación voluntario para edificios nuevos y para los rehabilitados integralmente.

Disponer de la certificación Leed garantiza que los inmuebles van a ahorrar entre el 30% y el 70% de energía respecto a los convencionales. En el uso del agua los ahorros se sitúan entre el 30% y el 50%, y el coste de los residuos baja entre el 50% y el 90%. Las emisiones de CO2 se reducen un 35%.

Este sello, que garantiza edificios eficientes en los recursos que emplea, se extiende como la espuma. La certificación Leed ha pasado de estar presente en 7,4 millones de metros cuadrados construidos en 2003 a los 59,6 millones de 2006 en el mundo. El último edificio que lo lleva fue inaugurado a finales de septiembre de 2007 en el barrio de Queens, Nueva York.

En España, el Parque Empresarial Alvento, de Metrovacesa, fue el primer inmueble con certificado Leed en Europa. Y hay 15 edificios más en proceso de certificación, entre ellos el parque tecnológico Palmas Altas (Sevilla), de la empresa Abengoa; así como las oficinas de la planta 24 de Torre Picasso (Madrid), de CBRE Richard Ellis; el parque empresarial Las Rozas, de Hines, o Torre Iberdrola (Bilbao). Por ahora no hay ningún desarrollo de residencial Leed en España, según el Consejo.

Existen distintos niveles de certificación -plata, oro y platino- según la puntuación obtenida por el edificio. Lo que más cuenta es el ahorro de energía y el uso de energías renovables, seguido de la calidad ambiental interior y hacer la parcela sostenible.

Según el Consejo, el porcentaje medio de incremento de costes, que se corresponde con un edificio certificado en el nivel plata, es de más de 1,8% del presupuesto total de construcción, aunque en algunos casos el coste ha sido cero, aseguran. Además maximiza a partir del tercer año, con tasas de retorno anual de entre el 25% y el 40%.

Marca Brasilia

La Marca Brasilia, impulsado por el Área de Innovación Tecnológica en la Edificación de La Salle. Este sello tiene en cuenta el ciclo de vida del edificio incluido su posible derribo, es decir, valora el diseño, la gestión de la obra, el uso y el mantenimiento del edificio.

Sus promotores anuncian que este sello incorpora y valora todo lo que la norma de Gobierno sobre certificación energética de los edificios de nueva construcción y reforma ha dejado fuera.

El grado de tecnología y sostenibilidad del inmueble se materializa en un sello, que puede ir desde el plata (nivel más básico) hasta el oro (más alto). El incremento en el coste final de las viviendas está entre los 1.500 euros (para el nivel más básico) y los 3.000 euros (para el más alto).

]]> informacion@vidasostenible.org (Fundación Vida Sostenible)