Carbón

Industria resarcirá si es necesario a Galicia por el carbón (Febrero-2011)

España

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, dijo ayer que el Gobierno está “plenamente convencido” de que el plan de ayuda al carbón nacional no perjudicará a las centrales gallegas que importan este mineral y que, si tuviera algún efecto negativo sobre ellas, se les compensaría.

La Xunta de Galicia considera que el llamado decreto del carbón, por el que se obliga a las compañías eléctricas a quemar carbón nacional, hará descender significativamente la producción de las centrales carboníferas de su Comunidad, Aspontes y Meirama, por lo que interpuso un recurso contra la ley en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Luxemburgo. Sebastián sostuvo que primero habría que ver si realmente se ven perjudicadas.

Junto a la Xunta, también recurrieron el decreto las eléctricas Iberdrola, Endesa y Gas Natural, solicitando medidas cautelares contra el mismo. Esas solicitudes fueron retiradas la semana pasada del Tribunal de Luxemburgo, en lo que se percibió como una acción que posibilitara un acuerdo con los sindicatos y el Gobierno.

Ante la posibilidad de que el pacto tuviera como contrapartida la subida de la tarifa eléctrica el 9,8% desde enero de 2011. Sebastián afirmó tajantemente que el Ejecutivo no ha podido pactar nada porque no ha subido la luz; el incremento de la tarifa se debe al aumento de los precios de la energía.

Las deficitarias minas españolas seguirán recibiendo subvenciones en los próximos ocho años gracias a la presión de los Gobiernos de España y, sobre todo, de Alemania para mantener un sector que sobrevive sólo con ayudas públicas.

La Comisión Europea dio, en diciembre de 2010, marcha atrás en su calendario de jubilación de esta fuente de energía deficitaria y muy contaminante que en España emplea a unas 8.000 personas, y aceptó ampliar hasta 2018 las subvenciones que pretendía eliminar completamente en 2014. Esta ampliación temporal fue respaldada con el condicionante de que la asistencia disminuya de manera progresiva. Así, en 2017, las subvenciones deberías ser sólo el 20% de las actuales.

Anteriormente, la Comisión defendió que el plazo máximo para cortar las subvenciones sería 2014, pero la presión alemana forzó un cambio de postura.
Los subsidios afectan casi exclusivamente a España, Alemania y Rumania, donde se concentra lo que queda de las minas europeas en peor estado (el sector, en general, aún es rentable en Polonia, el principal productor de carbón en Europa).

Subvenciones para el carbón nacional

Por otro lado, la Comisión también autorizó en septiembre de 2010 la nueva línea de subvenciones para las eléctricas que utilicen el carbón nacional pese a la oposición de las organizaciones ecologistas, de una parte de los comisarios europeos y sobre todo de las industrias eléctricas españolas.

Espaldarazo del Tribunal Superior al decreto del carbón

La normativa que obliga desde octubre de 2010 a comprar carbón nacional para producir energía eléctrica está mucho más cerca de entrar en vigor y asegurar con ello producción a las minas españolas al menos hasta el 2012.

Los múltiples recursos en contra presentados por Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa, escandalizadas por verse obligadas a comprar una materia prima más cara, no está teniendo ni mucho menos el efecto deseado. Su intención de mantener bloqueada con medidas cautelares la norma ha fallado ya dos veces. Primero ante la Audiencia Nacional, la que decidió vincular la adopción de medidas a lo que dijese el Tribunal Supremo, y ahora ante él.

Por tanto, a falta de la previsible reacción de la Audiencia Nacional, a las eléctricas sólo les queda el Tribunal de Luxemburgo, donde recurrieron la decisión de la Comisión Europea de considerar el decreto una ayuda de Estado legal.

Las subvenciones para el carbón nacional fueron logradas tras la movilización de los mineros para exigir a sus patronos sus salarios y para pedir que Bruselas apruebe el real decreto que permite a las centrales consumir el mineral extraído en España, más caro y contaminante que el importado, iniciaron una marcha y se produjeron encierros en varias minas. La han llamado “la segunda marcha negra” (la primera fue en 1992) y partió de Villablino el 21 de septiembre y llegaron hasta León el día 29 de septiembre de 2010, coincidiendo con el segundo paro carbonero y con la huelga general.

Los mineros abandonaron los encierros ya que la Comisión Europa dio luz verde a la propuesta del Gobierno en la que se conceden compensaciones hasta 2014 a las compañías eléctricas que utilicen carbón autóctono para cumplir con la obligación de seguridad del servicio público.

Las eléctricas señalan que el real decreto se adopta en un momento de menor demanda y mayor producción de las energías renovables y supone una distorsión en el mercado español de energía, porque supondrá un aumento de las emisiones a la atmósfera y a incrementar costes de generación. En Galicia, el real decreto también ha levantado asperezas ya que ven peligrar un millar de empleos directos e indirectos vinculados a las dos grandes térmicas gallegas en As Pontes y Cerceda (A Coruña) que emplean carbón importado.

El Gobierno, en sus alegaciones ante la Comisión Europea, aseguró que se trata de una medida transitoria necesaria para garantizar la seguridad de suministro de electricidad durante los próximos cuatro años en un país que sigue mal interconectado con otros grandes mercados europeos de electricidad y que tiene una elevada cuota de energías renovables, cuya producción es altamente intermitente.

La Comisión ha dado como fecha límite para el real decreto el 31 de diciembre de 2014 y las autoridades españolas se han comprometido en firme de no prorrogar el régimen en ningún caso más allá de esa fecha; no obstante, España podrá ponerle fin antes si ya o resulta necesario en función de las condiciones del mercado. La legislación europea permite, por razones de seguridad, que hasta un 15% de la energía eléctrica se genere con fuentes autóctonas; pero el real decreto prevé que el consumo ataña solo al 9%.

Reacciones en contra

La autorización de Bruselas también ha causado malestar entre las organizaciones medioambientales. Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España ha manifestado que la decisión “mina la credibilidad de los compromisos ambientales y energéticos de la Unión Europea y que la contaminación se verá incrementada, los consumidores pagarán más y las inversiones renovables se retrasarán. En conclusión, la reputación de Europa como líder en energías limpias queda en entredicho”.

Las eléctricas también han mostrado su desaprobación y han abierto un nuevo frente legal, los nuevos recursos se unen a los planteados por las eléctricas en España ante el Tribunal Supremo. Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa anunciaron ayer que han decidido recurrir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo la decisión de la Comisión Europea de dar vía libre al plan de ayudas del Gobierno español. Según las eléctricas, el Real Decreto del Carbón perjudica a las centrales eléctricas que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado, que serían expulsadas del mercado en caso de aplicarse la norma. Por esta razón, piden la adopción de medidas cautelares y la suspensión provisional de la decisión de la UE. Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han presentado de manera individual varios recursos ante el Tribunal de Luxemburgo en contra del decreto que incentiva el consumo de carbón nacional. Las empresas sostienen que la norma “no es compatible con el derecho comunitario y no se a procedido con el reglamento comunitario”.

Modificación de la Propuesta (2010)

Tras la presión ejercida por Bruselas ante la propuesta del Ministerio de Industria, éste último ha tenido que enviar una propuesta de real decreto a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por la que se modifique el aprobado en febrero de 2010, para incentivar el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas. La UE habría puesto pegas en lo referente a las compensaciones previstas para las centrales que dejarían de producir electricidad al funcionar más horas las térmicas de carbón. Admitiría el derecho del Gobierno de impulsar la producción de hasta el 15% de la demanda energética con fuentes autóctonas, pero sin compensaciones a empresas por decisiones gubernamentales ni lucros cesantes de ningún tipo.

La norma inicialmente propuesta provocó una gran polémica al conocerse, no sólo por el coste que supondría sino también por el impacto medioambiental que tendría y la posible vulneración de la legislación comunitaria.

Con la próxima modificación de la norma, el ministro de Industria -Miguel Sebastián- asegura que ésta no tendrá excesivos efectos negativos a ninguna compañía porque supuestamente se apoya al carbón nacional frente al de importación y no se perjudica a las centrales de gas (con ciclos combinados). Con esta actuación, el Gobierno tratará de evitar que la Comisión Europea rechace el decreto redactado en febrero por vulnerar la normativa comunitaria.

Por segunda vez, ahora en abril, la CNE se manifiesta en contra del procedimiento seguido por Industria. El regulador elaboró una propuesta alternativa en la que se permite primar el uso del carbón en la obtención de energía en detrimento de la centrales de ciclo combinado. En esta propuesta, se reforma el sistema de ayudas e insta a Industria a que reconozcan las minas españolas como “fuente de garantía de potencia”, de tal forma que al estar como fuente disponible para la generación de energía recibirían una cantidad anual. En cualquier caso, Bruselas sigue negándose a que se compense por lucro cesante a las centrales de ciclo combinado y pone realmente difícil al Gobierno sacar adelante el Real Decreto, con la promesa a los productores de energía mediante la quema de gas de la famosa compensación.

Las principales compañías del sector eléctrico Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y HC Energía han recurrido en masa, aunque por separado, ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que les obliga a consumir carbón nacional. Las eléctricas creen que las ayudas al sector minero son una distorsión artificial del mercado y consideran una aberración que se imponga en el mercado liberalizado una tecnología en perjuicio de otras a base de subvenciones.

Propuesta de Industria (2009)

En España existe una sobreproducción de carbón, y el Gobierno pretende darle una salida a esto. El Ministerio de Industria ha hallado la fórmula para hacerlo: nueve millones de toneladas de carbón se convertirán en electricidad. A través del borrador de decreto el Ministerio prevé aplicar al carbón nacional la fórmula de “despacho preferente” y así salvaguardar la seguridad de suministro de los miembros de la Unión Europea mediante combustibles fósiles autóctonos. La medida permitirá alcanzar hasta un 15% de la producción eléctrica con carbón autóctono. Por lo tanto, Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEL) y REE Red Eléctrica de España (REE), encargadas del funcionamiento del sistema eléctrico, deberán dar preferencia en la demanda de precios de mercado a las centrales térmicas que funcionan con carbón pertenecientes a las compañías Endesa y Gas Natural-Unión Fenosa.

Según el pronunciamiento del ministro de Industria en el Senado, “es una propuesta constructiva, de largo plazo, buena para el sector y para el país y dialogada con las empresas eléctricas y el sector del carbón, en la que también se involucrará a las comunidades autónomas afectadas”.

Informe de la CNE (2009)

Comisión Nacional de Energía (CNE) estimó que el plan que prepara el Gobierno para salvar la minería del carbón tendrá un sobrecoste en el sistema eléctrico entre 1.500 y 2.000 millones de euros entre los años 2010 y 2012, como consecuencia de las medidas que recoge el real decreto de industria sobre el que el organismo emitió, en noviembre de 2009, el informe correspondiente.

El informe aprobado, con un voto en contra, propone mejoras y alternativas al citado real decreto, entre esas, que la producción de carbón se centre en la actividad subterránea dejando la de cielo abierto para situaciones de necesidad o emergencia. Esto supone que se reduzca de 27 a 14 millones de megavatios de producción, lo que evidentemente reduciría el coste. Asimismo, plantea que el almacenamiento temporal de carbón sea más largo que el previsto (2016 en lugar de 2012) con lo que su impacto en la factura sería menor.

Por otro lado, propone que la compensación por lucro cesante a las centrales desplazadas se haga mediante subastas u otros mecanismos de mercado de manera que las empresas compitan entre sí. La CNE apunta también que se modifique el criterio de trasladar el coste final al cliente que plantea Industria. De esta manera, los costes serían soportados por el cliente final y no por las comercializadoras, entre otras cosas porque lo contrario cerraría el paso a comercializadoras independientes que, precisamente, es lo que busca la liberalización.

La decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de proteger la producción del carbón nacional con subvenciones de hasta 500 millones de euros anuales hasta 2014 ha provocado la crítica del Consejo de Estado, el cual insta a Zapatero a no activar la ley para subvencionar el carbón sin permiso previo de Bruselas, y le reprocha que no haya respetado el ordenamiento jurídico nacional. Esto equivaldría a una subvención enorme de 255.157 euros por minero de la cuenca de León.

En su dictamen en el BOE, acusa al Gobierno y dice: “la norma que ahora se propone ha sido tramitada con urgencia e incluso con cierta precipitación, como revela la omisión de algunos trámites preceptivos como es la consulta a la Comisión Nacional de la Competencia”.

El Consejo de Estado declara en su informe que “de no implementarse inmediatamente la normativa, se corre un serio riesgo de pérdida de una capacidad esencial para el correcto funcionamiento del sector eléctrico que garantiza el crecimiento de las energías renovables y otorga fiabilidad al sistema”.

Conceptos relacionados
[Combustibles fósiles]  [Carbón]  [Cambio climático]  [Contaminación atmosférica] 

Enlaces de interés
www.ree.es
www.omel.es

Fuentes:
El País, 21 de octubre de 2009_
La Crónica de León, 22 de octubre de 2009
El País, 17 de noviembre de 2009
El País, 26 de marzo de 2010
ABC, 14 de abril de 2010
ABC, 6 de mayo de 2010
El Mundo, 24 de junio de 2010
El País, 15, 23, 28, 29 y 30 de septiembre de 2010
Público, 20 de septiembre de 2010
ABC, 21, 22 y 30 de septiembre de 2010
El País, 19 de octubre de 2010
El Mundo, 9 de diciembre de 2010
ABC, 23 de diciembre de 2010
Público, 23 de diciembre de 2010
El País, 11 de febrero de 2011