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Agua

Planificacin hidrolgica en Espaa

La poltica del agua

El ro es mo (Julio-2009)
Espaa
El ro es mo (Julio-2009)

Las reformas de los estatutos autonmicos que se han puesto en marcha no podan ser ajenas a la alarma que ha producido en los ltimos aos la sequa general en Espaa y la consiguiente pugna por bien tan escaso como el agua. Los partidos han aprovechado la ocasin para intentar incorporar en esos marcos jurdicos las competencias sobre el control de los recursos hdricos que discurren por sus territorios, teniendo en cuenta que ya ejercen competencias sobre su control sanitario y la mayora de sus usos como los regados, la pesca fluvial o la energa hidroelctrica.

El fenmeno saca a la luz en todas sus vertientes las tensiones y demandas sociales lgicas sobre un recurso fundamental para el desarrollo econmico y humano. Es lgico por tanto, que las comunidades autnomas reclamen su gestin. Pero no lo es cuando intentan condicionar de forma irrevocable los usos de terceros. No lo era que Catalunya exigiera el control del caudal del Ebro en el delta, porque mediatizaba los usos de este ro desde su nacimiento y su travesa por nada menos que otras seis comunidades autnomas con tanto derecho sobre su caudal como la ltima en ser regada por el mismo. Por eso se ajust el proyecto de Estatuto cataln a la Constitucin en su trmite por el Congreso de los Diputados, sustituyendo la exigencia de un informe "determinante" por "preceptivo" de la Generalitat catalana para cualquier trasvase de las aguas excedentarias del ro.

En el trmite del Estatuto valenciano, que incorporaba en su redaccin original "el derecho a la redistribucin de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias", una enmienda de populares y socialistas en el Congreso aadi al articulado la coletilla "de acuerdo con la Constitucin y la legislacin estatal", con lo que se garantiza la competencia del Gobierno central en la regulacin de las cuencas hidrogrficas intercomunitarias y la planificacin general bsica. Andaluca reclama el derecho "irrenunciable" a la gestin exclusiva del Guadalquivir, sin tener en cuenta que afecta a Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Castilla y Len exige la del Duero que sigue curso en Portugal. Castilla-La Mancha, con su Estatuto de Atonoma en trmite exige que el control del Tajo y el Jcar se ejerzan desde Toledo y pretende anular el trasvase Tajo-Segura a partir de 2015. algo que a fecha de 9 de julio de 2009, no aclar la actual ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa en su primera visita a la Regin de Murcia, reiterando que la decisin sobre el Estatuto depende del Congreso de los Diputados y que su Ministerio trabajar con lo que all se decida.

En el caso de Aragn, el Estatuto de Autonoma obliga a los poderes pblicos a velar para evitar trasvases de las cuencas hidrogrficas de las que Aragn forma parte, dentro del principio de "unidad de cuenca". Y en esta lnea, adems, establece que Aragn deber emitir un "informe preceptivo" sobre cualquier propuesta de transferencia de aguas, mientras que el Gobierno de Espaa deber de propiciar "de forma efectiva" el acuerdo entre las Comunidades que puedan resultar afectadas por un trasvase. Tambin respecto al agua, garantiza una reserva para "uso exclusivo de los aragoneses" de 6.550 hectmetros cbicos, aunque atribuye a la planificacin hidrolgica del Estado "las asignaciones y reservas" para el cumplimiento del principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hdricos de la cuenca del Ebro. Extremadura y Murcia anuncian recursos ante el Constitucional.

El derecho de las autonomas a la gestin del agua y ante todo su pretendido blindaje tienen en la Constitucin un dique infranqueable. Corresponde al Gobierno central arbitrar mecanismos consensuados para reformar la Ley de Aguas. No debiera concluir la legislatura sin responder a los desafos del agua en la Espaa del siglo XXI.

 

Conceptos relacionados
[Poltica del agua]  [Gestin del agua

Fuentes:
El Pas, 22 de mayo de 2006
El Mundo, 14 de octubre de 2008
ABC, 9 de julio de 2009

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