Entrevistas y opinión de expertos

Dos entrevistas con Cristina Narbona, (Agosto-2006)

España

La revista ECA Global publicó en su Nº 22 una entrevista con la ministra de Medio Ambiente, en la que se desgranaron algunas de las cuestiones que han marcado la agenda política del gobierno en materia medioambiental durante la legislatura, analizando las perspectivas de futuro en clave ambiental para España, y repasando también la situación tradicional de crecimiento económico del país de manera insostenible.

En ella se abordaron dos de las cuestiones principales que ocupan al equipo de la ministra y han ocasionado mayor polémica: el cumplimiento del Protocolo de Kyoto y el agua en España. Sobre el primero de estos temas, la ministra señaló los esfuerzos políticos por no sobrepasar en más de un 15% la emisión de gases de efecto invernadero respecto a las emisiones de 1990, a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL, un 7%), y los sumideros de CO2 (2%). El gobierno ha creado, asimismo, en colaboración con la FEMP, la Red de Ciudades por el Clima, para tener un marco de colaboración en políticas ambientales con los ayuntamientos dentro de sus competencias: urbanismo, transporte y energía para alumbrado público. En este sentido, se ha aprobado un Plan de Energías Renovables para impulsar las fuentes energéticas limpias. El 1 de enero de 2005 entró en funcionamiento el Plan Nacional de Asignaciones y se puso en marcha ese semestre el Registro Nacional de Derechos de Emisión (Renade), como mecanismos de control y evaluación del grado de cumplimiento del Protocolo en España. Se asume que el simple cumplimiento no es suficiente para solucionar el problema del cambio climático, máxime cuando la temperatura media se ha incrementado ya más de 1,5º C en los últimos 30 años, las precipitaciones son cada vez más escasas e irregulares en la Península, y aumenta el número de tormentas, los fenómenos de regresión costera y las olas de calor.

Respecto a la cuestión del agua, señaló la importancia de tomar en consideración el valor económico, social y ambiental de este bien. Apenas el 15% de los regadíos en España son eficientes, siendo la agricultura el principal consumidor de agua. Se pretende desterrar la idea que asocia el ahorro de agua con un síntoma de país subdesarrollado, pues en Europa del Norte, donde llueve mucho más, el consumo de agua por habitante es mucho más ajustado. También defendió las actuaciones del programa A.G.U.A. como factor de incremento de la disponibilidad y calidad del agua sin comprometer el futuro de otras cuencas y sin generar gasto energético contaminante, pues los proyectos de las desalinizadoras en la costa mediterránea deberán tener asociado un programa de producción y uso de energías renovables. Estas desalinizadoras han permitido a muchas ciudades costeras no sufrir cortes en el suministro. Al mismo tiempo, se considera urgente la gestión eficiente en las búsquedas y subsanación de pérdidas de agua en toda la red (tuberías, canalizaciones, estaciones de bombeo, etc.). La inversión en la ciudad de Ceuta ha permitido que se deje de perder el 40% de la cantidad suministrada.

Otras prioridades que la ministra señaló en la entrevista para la legislatura 2004-08 fueron la aprobación de la Ley de Responsabilidad Ambiental, con la exigencia de garantías financieras con las que los titulares de las empresas podrán hacer frente a posibles demandas, la creación de un Fondo Estatal de Reparación de Daños Ambientales y de la Fiscalía especial de Medio Ambiente, ambas medidas cercanas a su aprobación parlamentaria.

Tras el verano, en otra entrevista publicada en “El País”, la ministra repasaba los problemas ambientales principales surgidos durante el período estival: los incendios en Galicia, la falta de disponibilidad de agua en el Levante español, la voracidad urbanística y la falta de poderes reales de la Administración central para hacerles frente.

Respecto a los incendios, señaló la novedad respecto de otros veranos de que por fin se ha roto la ley del silencio entre los vecinos y el desarrollo de una conciencia ciudadana en torno a la necesidad de un modelo de desarrollo diferente, que valore económicamente los bosques y que no se produzca a costa de la especulación y destrucción del territorio, citando casos como el de Seseña. Señaló que aunque ni el urbanismo, ni el medio ambiente, ni la extinción de incendios son competencias directas estatales, sino de las Comunidades Autónomas, la Administración central puede desarrollar una legislación básica, de obligado cumplimiento para las autonomías y que sean éstas, en todo caso quienes eleven el nivel de protección estatal, como por ejemplo, la prohibición de recalificar un terreno quemado en 30 años. Señaló, además, las diferencias en la gestión del agua entre autonomías, criticando que en ocasiones, las más necesitadas y que solicitan trasvases son las que menos medidas de ahorro promulgan, como Murcia y la Comunidad Valenciana.

Conceptos relacionados
[Cambio climático]  [Ahorro de agua]  [Recursos hídricos]  [Incendios forestales] 

Fuentes:

Revista ECA Global, Nº 22, primer semestre de 2006