La política del agua

El agua llega a los bolsillos (Mayo-2006)

España

Durante el siglo XX la demanda mundial de agua ha triplicado el ritmo de crecimiento demográfico del planeta; por esta razón, se están produciendo tensiones en la gestión de la oferta y la demanda. Los recursos hídricos son escasos, limitados e irregulares en el tiempo y en el espacio; el agua utilizada no se devuelve a sus cauces naturales en buenas condiciones y se altera el equilibrio (1 litro de aguas residuales contamina 8 litros de agua dulce). Puede hablarse a nivel global de “crisis del agua”, que se focaliza en la gestión de los recursos hídricos, y es causada tanto por la utilización de medios inadecuados como por actitudes y comportamientos faltos de sensibilidad con el problema.

España es un país pobre en términos hidrológicos. Sin embargo, sigue pendiente la asignatura de saber prepararse y adelantarse a la escasez cíclica de precipitaciones; las épocas de sequía no deberían a estas alturas coger desprevenidos a los operadores del recurso. Existe una gran falta de consenso, fundamentalmente en temas de impacto en el desarrollo territorial y en la reordenación de recursos agrícolas (el sector agrícola continúa como principal consumidor).

Para una correcta gestión de las crisis hídricas deben conceptualizarse diferentes fases de gestión junto con unos programas de medidas, basando las actuaciones en principios de progresividad, cautela y proporcionalidad, para no crear alarma social. La eficiencia gestora puede desplegarse con una serie de buenas prácticas políticas (planificación hidráulica), técnicas (inversión en las redes de distribución y saneamiento), y económicas (recuperación de costes, tarificación progresiva, penalización del derroche).

Especialmente importantes son éstas últimas, sobre todo teniendo en cuenta los criterios europeos de calidad de aguas y también desde el punto de vista de la concienciación pública de valorar el recurso correctamente. Existen diversos posicionamientos en relación al mercado del agua; independientemente de ellos, es indiscutible que la eficiencia de los abastecimientos está muy condicionada por el precio del agua y su estructura tarifaria.

La Directiva Marco del Agua establece que los instrumentos económicos deben basarse en los principios de recuperación de costes y quien contamina paga. Un precio directamente relacionado con la cantidad de agua utilizada o con la contaminación producida permitirá garantizar que la tarifa constituya para los consumidores una medida que les anime a usar el agua de manera eficaz y a respetar el medio ambiente. Se cumple con el principio de recuperación de costes cuando el usuario paga los costes completos derivados del uso del agua: los financieros, los ambientales y los de recurso; los primeros son los costes de explotación y financiación de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, conservación, gestión de los recursos y control de la contaminación. Los ambientales evalúan el daño que los usos del agua ocasionan a los ecosistemas (salinización y deterioro de los suelos productivos). Finalmente, los costes del recurso son los inherentes al agotamiento del mismo, cuando el ritmo de extracción ha sido superior al proceso natural de su renovación o recuperación.

Un estudio de la Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamiento (AEAS), puso de manifiesto la dispersión existente de precios entre las diferentes Comunidades Autónomas, arrojando una tarifa media del ciclo integral del agua de 1,17 euros/m3 para 2004. El cumplimiento de las nuevas directivas en el sector urbano puede originar un sobre coste (calculado y no oficial) de un 35% en el precio medio del agua en el sector urbano, a lo que habría que añadir la recuperación de los costes ambientales y del recurso. En la Unión Europea, cada familia destina para abastecerse de agua el 2% del presupuesto familiar. En España, un 0,84%, un resultado muy modesto en comparación con el 2,98% destinado a tabaco y bebidas, y el 3% en telefonía. Y es que en España existe una sensibilidad muy acusada de los consumidores ante las variaciones del precio del bien.

Las tarifas a aplicar no pueden ser el balance esperado año a año de ingresos y costes, sino el reflejo de la política establecida para la gestión del servicio, buscando un uso eficiente, la contención en el consumo penalizando las actividades más derrochadoras, y la eliminación de riesgos medioambientales o de salud pública. Se hace necesario así revisar y modificar los sistemas actuales de aprobación de las tarifas del agua, aplicándose una progresividad en la cuota de forma que existan unos consumos básicos asequibles y unos precios crecientes por tramos de consumo. Seguramente sería conveniente la existencia de un ente regulador de las tarifas a nivel estatal, que divulgara la necesidad de unas buenas prácticas en el uso del agua. También se observa la necesidad de una dotación económica permanente en caso de sequía; en las fases iniciales, los gastos en que se incurre aumentan por la mayor necesidad de energía, reactivos, productos químicos y el aumento de los controles de calidad. Posteriormente aumentan los costes de aducción y tratamiento, a lo que se suma la disminución de los ingresos por la reducción en el consumo y el desplazamiento de los niveles de consumo hacia los precios más bajos. En esta situación, la posibilidad de entrar en déficit son altas. El resto de servicios, como el saneamiento y la depuración, también entran en crisis.

La concienciación se vuelve indispensable, y debe ser un proyecto a medio-largo plazo la involucración ciudadana en el problema del agua, con una transparencia informativa sobre el suministro, la demanda, los costes, los beneficios y el resultado a alcanzar.

Conceptos relacionados
[Precio del agua]  [Política del agua] 

Fuentes:
Revista Tecno Ambiente Nº 160, Año XVI, 2006.