La política del agua

El agua en España: crónica de una situación anunciada (Abril-2006)

España

Es sobradamente conocida la periódica escasez de agua que sufre la Península Ibérica. Las sequías se suceden, cada vez más frecuentes, interrumpidas por algunos años de lluvias abundantes que paradójicamente nos hacen olvidar la situación extrema de escasez, que afecta a ciertas cuencas hidrográficas de manera muy acusada y posponen sine die la asunción del problema.

Si se analizan las propuestas de los distintos gobiernos (trasvases intercuencas, solidaridad regional, construcción de grandes infraestructuras de transporte de agua, desaladoras, tuberías, extracción de aguas subterráneas, etc.) podemos observar que todas, sin excepción, pasan por un aumento exponencial de la disponibilidad de recursos hídricos, bajo la presión de no comprometer su futuro político. Las reformas del Plan Hidrológico Nacional siempre han pretendido que todas las zonas ganasen en el reparto y ninguna perdiera, pero la ecuación recursos-demanda se ajusta siempre con agua virtual, (sobreexplotación de las cuencas, acuíferos, permisividad hacia pozos ilegales, etc.), es decir, agua que al extraerse condiciona su disponibilidad futura para los usuarios, ya que el ritmo de extracción supera la capacidad de regeneración del recurso.

Las desaladoras parecen escapar a este esquema de agotamiento de recursos, pues parten del agua marina como materia prima. Pero producen a cambio gran cantidad de salmuera y necesitan una considerable gasto energético para funcionar.

El problema radica pues, en la continua política de expansión en el uso del recurso para crecer económicamente por encima de las posibilidades ambientales reales de algunas zonas de España. Una visión política miope basada en grandes y erróneos conceptos como que “el agua de los ríos se vierte inútilmente en el mar”, deriva en enfrentamientos entre instituciones y en crispación social; porque cuando no hay agua, es fácil hacer de ella bandera y apelar a la solidaridad entre regiones; pero cuando la escasez es la tónica general en todas las cuencas, está claro que dar no es igual que recibir (incluso los valencianos rompieron el acuerdo entre vecinos respecto al trasvase Júcar-Vinalopó).

Las confederaciones hidrográficas son las encargadas de velar por la integridad del dominio público hidráulico en España, organizadas en torno a criterios de cuenca. Sin embargo, en ocasiones es difícil entender su distinto criterio de actuación según la cuenca en la que nos encontremos; así, por ejemplo, mientras en 2004 se destituye al presidente de la Confederación del Segura por la presunta existencia de una red de extracciones ilegales de agua en Murcia; en enero de 2006 se hizo lo propio con el presidente de la del Guadiana por la apertura de miles de expedientes sancionadores por detracción ilegal de aguas (en caso de no hacerlo, por otra parte, hubiera incurrido en flagrante responsabilidad administrativa, aunque existiese una moratoria de tipificación de sanciones). Esta complicada situación obedece a la permanente improvisación y batería de medidas puntuales (trasvases, cortes de agua, etc.) que se toman cada vez que nos enfrentamos a una sequía, por las falta de medidas preventivas a largo plazo en el uso y disfrute del preciado recurso.

De esta manera, las reglas del juego en la política hidráulica española son algo confusas, ante la falta de implantación de políticas económicas que fomenten la eficiencia del uso, la renovación del sistema de abastecimiento y la concienciación ciudadana de que estamos ante un problema más difícil de resolver cuanto más tiempo se pospone. Porque los cada vez más frecuentes pozos ilegales (los propios agricultores afirman que puede haber más de 510.000, sobre todo en situación de sequía cuando se aferran a ellos para salvar su cosecha) provocan la salinización y desecación del suelo, haciendo que sea necesario agotar el acuífero y perforar más profundo cada ocasión. Según un estudio de la OCU de Febrero de 2006, el agua del grifo no es potable en seis capitales de provincia españolas, al superarse los porcentajes máximos permitidos de compuestos nocivos para la salud a largo plazo (Cáceres, Ciudad Real, Zamora, Alicante, Ávila y Murcia). En estas condiciones, hablar de cumplir los criterios europeos de calidad de aguas es poco menos que una utopía (se calcula que sólo el 11% de las aguas superficiales y el 16% de las subterráneas cumpliría con la Directiva Marco del Agua). Aunque se ha avanzado en el tratamiento de las aguas residuales en las últimas décadas, muchos ríos siguen constituyendo el punto de vertido de fábricas, empresas y lavabos de particulares. Incluso, de la propia administración. Más de mil municipios españoles (representando un 13% de la población) todavía vierten sus aguas residuales directamente sin depurar.

Entretanto, dos iniciativas novedosas pretenden paliar el problema de la sequía; uno es la creación de un Observatorio permanente del fenómeno, compuesto por un grupo de expertos en el tema, del Ministerio de Medio Ambiente y del de Agricultura, que persigue anticiparse a la situación y frenar la escasez de agua con información e intercambio de datos. El otro, la creación de intercambios comerciales de derechos del agua entre agrupaciones de regantes, es decir, bancos de agua en el que un agricultor puede decidir lo más rentable para él: seguir cultivando o ceder el agua que le corresponde a otros regantes a cambio de una contraprestación económica. El precio inicial es de 19 céntimos de euro por metro cúbico de agua. Esta iniciativa, junto con la implantación de tributos que graven el despilfarro de agua, tienen la ventaja de incorporar la cultura del valor real del agua y de permitir un uso eficiente en la escasez del recurso, mientras sigan sin reducirse o adaptarse al riego por goteo las hectáreas de superficie destinadas a la agricultura (unas 3,24 millones en España). Afortunadamente, se puede hablar de una creciente consideración del problema por parte de los españoles, con un ahorro de agua que ha superado el 10% en un año.

El gobierno español pidió fuera de plazo (junio de 2005) ayudas a Bruselas por la sequía, aduciendo una catástrofe natural. Pero el verdadero desastre es la falta de concienciación en torno al problema; muchas ciudades penalizan el ahorro doméstico con unas tarifas que se suavizan cuanto más se consume. Falta una valoración real del agua, cuando se sigue argumentando la necesidad de crecimiento de la economía como pretexto para una libre disposición del “excedente” de otras cuencas, siempre para actividades que requieren gran dispendio. Como referencia de la pobre gestión hídrica que se realiza, un informe de la organización ecologista WWF/Adena señala que España, Grecia e Italia son los tres países europeos que peor gestión realizan de este recurso afirmando que "la mayoría no aplican medidas eficaces para abordar los problemas del agua y que se opta por aumentar su disponibilidad en vez de gestionar el consumo y fomentar el ahorro".

No hemos aprendido de la experiencia y hemos comprometido un poco más el derecho a un agua limpia y accesible de las generaciones venideras. Por desgracia, parece que no sólo la letra “con sangre entra”. La cordura en la administración de recursos hídricos también anda necesitada de sufrimientos. En nuestra mano está no volver a enfrentarnos a nuestros mismos errores en el futuro. La opinión pública, parece definitivamente concienciada del problema; ahora hay que ponerse a trabajar.

Conceptos relacionados
[Política del agua]  [Sequía] 

Fuentes:
Fundación Vida Sostenible, abril de 2006
ABC, 22 de marzo de 2004