Estrategias e iniciativas de España

Memorias de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo (Mayo-2009)

España

Los delitos contra el medio natural y el territorio comenzaron a adquirir naturaleza jurídica propia en España a partir de la creación, en 2006, de la Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo.

Memoria 2008

Según la Memoria 2008 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, algunas fiscalías disminuyeron el volumen de delitos urbanísticos, aunque subieron un 21,4% las diligencias de investigación sobre urbanismo. También disminuyó la sensación de impunidad, tras el aumento de condenas (301), un 37% más respecto a 2007, pero los pocos medios de colaboración por parte de la Administración se mantienen.

La memoria también revela la carencia de fiscales y personal auxiliar. Aun en las fiscalías donde se ha aumentado el número de fiscales especialistas no ha mejorado el sistema organizativo, denuncia la falta de colaboración de los ayuntamientos al no trasladar los expedientes incoados sobre posibles delitos, terminaron en archivo o absolución.

En Salamanca se cita Ciudad Rodrigo donde se construyeron chalés en suelo rústico, obras sin licencia y expedientes caducados. En Cáceres se otorgaron licencias para edificar en zonas inundables; en Fuenteventura la edificación dentro del parque natural de Jandía.

La memoria recoge interpretaciones sobre las medidas cautelares y su importancia para evitar que se consume el delito, y mientras los tribunales de Córdoba y Sevilla son alabados, pone en evidencia a los de Cáceres y Elche, que dejaron actuar con impunidad a promotores particulares.

Reseña la acción de la Fiscalía de Granada que extendió la acción penal a gestoras de publicidad y asesoras inmobiliarias en promociones ilegales, y en parcelación de suelo no urbanizable; a las agencias mediadoras como responsables civiles subsidiarios, ante la futura demolición y las indemnizaciones a terceros de buena fé.

Memoria 2006

El año 2006 se tramitaron 1.634 diligencias en ordenación del territorio y urbanismo y 2.293 en medio ambiente, en las que se incorporan todos los aspectos ambientales, incendios forestales o extracción ilegal de agua incluidos.

Así, los casos más graves y de "especial trascendencia" que se recogen en la Memoria de la Fiscalía General del Estado en materia de medio ambiente y urbanismo de 2006, tienen que ver con extracción ilegal de agua, talas indiscriminadas de árboles e incendios forestales. Desgraciadamente esto ocurre en toda la geografía nacional, pero la Memoria de la Fiscalía señala claramente las zonas donde estos atentados ambientales se han dado con mayor alarma social y a veces se siguen dando con total impunidad.

Castilla y León

Navas del Marqués, en Ávila, es el primer punto cardinal de este recorrido por los delitos ambientales de nuestro país dada "la enorme repercusión social que tuvo a nivel nacional", tal y como reconoce la Fiscalía. La tala masiva de pinos en una zona de gran valor ecológico para convertirlo en la "Ciudad del Golf" de la localidad abulense, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León que paralizaba el proyecto, propició que el Fiscal de Sala Coordinador actuase para "velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social".

La Mancha húmeda se seca

Un poco más al sur el equilibrio de los sistemas naturales también está en peligro. La culpa, esta vez, la tienen las extracciones ilegales de aguas para el riego en Castilla-La Mancha. Aunque es un tema planteado por diferentes fiscalías, el caso que se destaca en la Memoria, dada su gravedad, es el del acuífero 23, el llamado "Mar de la Mancha", que no deja de menguar. Y es que la sobreexplotación de los acuíferos 23 y 24 ha provocado ya la desaparición del 60 por ciento de la Mancha Húmeda sólo en los últimos 30 años. Sus humedales juegan un papel esencial en el ciclo hidrológico y la conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, la Fiscalía reconoce que "existen numerosos pozos clandestinos que realizan, sin ningún control, los riegos a costa de las aguas subterráneas2, lo que "está produciendo una evidente sobreexplotación del acuífero 23 que ha producido un descenso notable en el nivel freático".

Cuenca alta del Guadiana

El problema no es baladí ni se circunscribe a Castilla-La Mancha, si bien un informe de WWF/Adena sobre "El uso ilegal del agua en España" sitúa a la cuenca alta del Guadiana como ejemplo "de la incapacidad de la Administración hidráulica para controlar el surgimiento de usos ilegales del agua". Una situación que se deriva, entre otras causas, de políticas agrarias que han fomentado la transformación masiva de secano a regadío, con cultivos que recibían cuantiosas subvenciones europeas, como la remolacha, el maíz o la alfalfa, e incluso viña puesta en regadío a pesar de ser tradicionalmente un cultivo de secano, una transformación que es subvencionada por la propia administración manchega.

Según denuncia Adena, citando fuentes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la situación de ilegalidad está descontrolada: no sólo se perforan nuevos pozos en parcelas que no tienen derechos de agua, sino que la gran mayoría de los usuarios autorizados están profundizando sus captaciones. Actualmente, en el alto Guadiana hay unos 4.000 aprovechamientos denunciados y de ellos más de 2.700 tienen ya resolución firme de clausura. Sin embargo, las presiones políticas y sociales han llevado a una aparente "moratoria" en la aplicación de estas resoluciones. Una moratoria que el Ministerio de Medio Ambiente estuvo a un paso de hacer oficial, en la reforma de la Ley de Aguas, con la propuesta de legalizar los 500.000 aprovechamientos de agua ilegales que se calcula existen en nuestro país. Una vez hecha pública esta intención recogida en el borrador de la Ley, Medio Ambiente dio marcha atrás.

Estos pozos se traducen en cifras demoledoras. Cada año se extraen ilegalmente en España 3.600 hectómetros cúbicos de agua subterránea, frente a los 4.500 legales. Es decir, que el 45 por ciento del agua bombeada desde los acuíferos se extrae de forma ilegal. No es de extrañar, que la Memoria de la Fiscalía dedique un capítulo al tema del agua, destacando el caso de la cuenca del Guadiana.

Arde Galicia

La otra cuestión que este documento considera "trascendental" es la de los incendios forestales, y aquí se pone la vista en los incendios que asolaron Galicia en el verano de 2006. La memoria reconoce que "la preocupación de las Fiscalías por el tema es evidente y se buscan soluciones que no sean las estrictamente referidas a la aplicación exclusiva del Código Penal". En este sentido, hay una cierta proclividad por parte de los fiscales a aumentar su participación en temas preventivos, como por ejemplo la situación de los vertederos ilegales que, cerca de una zona forestal, pueden convertir a ésta rápidamente en una tea. Así, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo solicitó a todas las fiscalías de España un control sobre los vertederos ilegales y situados peligrosamente junto a zonas forestales.

Los delitos son muchos y la situación no es fácil. Las Fiscalías denuncian que las diligencias abiertas superan en número y complejidad a las del resto de tipos delictivos existentes en nuestro Código Penal.

Conceptos relacionados
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Enlaces de interés
www.mma.es

Fuentes:
ABC, 1 de octubre de 2007
El país, 8 de mayo de 2009