Construcción insostenible en España

La gran muralla mediterránea (Marzo-2006)

España

Una imagen vale más que mil palabras, pero algunos datos urbanísticos en el litoral mediterráneo español ilustran perfectamente cuál es el problema al que se enfrentan las Comunidades Autónomas de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Las cifras hablan de una previsión de 558.000 nuevas viviendas en la Comunidad Valenciana, con 85 nuevos campos de golf (en Diciembre de 2005 existían 22); mientras, sólo en la Costa del Sol andaluza, los municipios proyectan 540.000 nuevas viviendas para una franja costera de 160 kms. de litoral entre los municipios de Nerja y Manilva. La construcción en 2002 en la provincia de Málaga fue equivalente a la de toda Cataluña. Por su parte en Almería y Murcia se planifican 500.000 viviendas entre las localidades de Carboneras y Cartagena, en la principal franja costera virgen que queda en el Mediterráneo español. Son especialmente llamativos los casos de ciertos municipios, de apenas 3.000 habitantes, como Benahavís, que planean la construcción de 90.000 viviendas nuevas para los próximos años. El vertiginoso ritmo de crecimiento ha provocado ya un intenso debate social sobre las conveniencias de poner fin a un modelo urbanístico voraz con los recursos naturales y desarrollado sin las infraestructuras de servicios necesarias. En unos 50 municipios entre Castellón y Almería, 450.000 viviendas previstas no tienen agua garantizada. Otras de Alicante no disponen de más de 90 litros por habitante y día, cuando la media nacional está en 250. En una zona de escasez permanente, toda la disponible está comprometida.

Aunque cada municipio planifica el uso de su suelo de forma autónoma, con arreglo a la figura del Plan General de Ordenación Urbana, (junto a los Planes de Actuación Integrada, en el caso valenciano), puede trazarse un diagnóstico repetido con mayor o menor intensidad, a lo largo de prácticamente todo el litoral mediterráneo español.

La presión urbanística es generalizada en todo el litoral, y afecta ya no sólo a la primera línea de costa, sino también al cordón prelitoral. Podemos hablar de un continuo urbano en el que las fronteras entre muchos términos municipales han desaparecido. El orden de acontecimientos es similar en muchos puntos: elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, o revisión del anterior, masiva reclasificación de suelo, ausencia de previsión o planificación sobre los recursos y el impacto sobre la zona del futuro desarrollo urbanístico. El promotor construye, vende (con un importante beneficio), y se desentiende. El comprador, que tiene su casa legalmente, exige agua y el Gobierno tiene que suministrársela. Todo ello en medio de una gigantesca maraña de intereses entrecruzados de agentes sociales, económicos y políticos con una gran inconsciencia sobre las graves repercusiones económicas que la reducción en la calidad del turismo conlleva para el terreno.

No es un problema de signo político; partidos de todos los colores reproducen el problema. El origen hay que buscarlo en el retroceso de la superficie agrícola, con una renta rural en descenso, y sobre todo, en la ruina económica de muchos Ayuntamientos; de cada 100 nuevos euros ingresados, el sector de la construcción o inmobiliario, aporta más de 27, frente a la modesta contribución, por ejemplo, de las industrias locales. Existe una verdadera dependencia de los ingresos por concesión de licencias urbanísticas municipales. A esto se añade el fracaso de los filtros de control del propio Ayuntamiento, y a un distinto nivel competencial, de los mecanismos de control autonómicos, con políticos y promotoras inmobiliarias conectados en más casos de los deseables.

Los gobiernos regionales, tras la transferencia de competencias estatales, han relegado a la Administración central a un papel secundario. Tras la reforma del Plan Hidrológico Nacional, desde junio de 2005 cada nuevo plan de urbanismo debe contar con un informe del Ministerio de Medio Ambiente en el que se asegure la disponibilidad de agua para los futuros residentes. Dicho informe es preceptivo, pero no vinculante; es decir, se podría dar luz verde al proceso urbanizador aun con el dictamen negativo de disponibilidad de agua por parte de la confederación hidrográfica competente. Los expedientes se agolpan en las del Júcar, el Segura y las aguas del Sur. La inmensa mayoría de los proyectos urbanísticos han sido informados desfavorablemente o están a la espera de remitir más datos. En toda la Comunidad Valenciana, 6 informes han pasado favorablemente el trámite administrativo en 2005. Se presentaron 122, y 75 estaban a la espera de presentar más información. Ante la degradación del litoral, el Ministerio se dispone a comprar parcelas de terreno costero para conservar franjas marítimas en su estado natural.

A esta medida hay que sumar el futuro Plan Nacional de Adaptación a los Efectos del Cambio Climático, en fase de estudio, que introducirá limitaciones a la construcción en la franja marítima ante el posible aumento del nivel del mar.

El problema del clima semidesértico, el régimen escaso de lluvias y la salinización y desertificación del suelo deben de ser tomados en serio a la hora de sobreexplotar los recursos hídricos de la zona; la legislación sectorial urbanística por el momento no ha sido capaz de frenar este proceso, aunque se están haciendo esfuerzos, por ejemplo intentando desligar la construcción de centros de ocio y golf de la construcción de viviendas. Incluso la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto, y exigido modificaciones en la Ley valenciana, tras las quejas vecinales. Como las obras se realizan con licencia municipal, en caso de que un grupo de vecinos denuncie las condiciones ante un juez, no se puede aplicar el Código Penal hasta que se declara el acto nulo en vía administrativa. El juez tarda un mínimo de 2 años en emitir sentencia, que si es favorable no puede ya ejecutarse, pues se intentan minimizar las demoliciones de edificios y viviendas.

La Ley española de Aguas establece una clara jerarquía en los usos del bien líquido tan escaso en nuestro país, primando el consumo humano, y los usos ganaderos, industriales y agrícolas por delante del consumo con fines recreativos. Por esta simple y lógica razón, la falta de disponibilidad de agua condiciona de hecho el desarrollo económico de una región, aunque algunos políticos se escandalicen por ello y traten de subvencionar el precio del agua desalada para no cargar su precio real sobre promotores, regantes y usuarios en general, tal y como establece la Directiva Marco del Agua europea. El crecimiento económico nunca debe producirse a costa de la desaparición de los recursos, porque entonces sí se hipotecaría definitivamente el futuro de una región. Soluciones alternativas como instalación de desaladoras, exploración de acuíferos subterráneos, riego por goteo y mejoras en la infraestructura para evitar pérdidas deben complementar un uso más racional del agua y ayudar a configurar una conciencia ciudadana que asuma la escasez del recurso, porque el riesgo es muy grande, y las pérdidas, también las económicas, irreversibles.

Conceptos relacionados
[Cambio climático]  [Demanda de agua]  [Urbanismo] 

Fuentes:
Fundación Vida Sostenible, 6 de marzo de 2006