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Desarrollo sostenible

Construccin

Construccin insostenible en Espaa

La gran muralla mediterrnea (Marzo-2006)
Espaa
La gran muralla mediterrnea (Marzo-2006)

Una imagen vale ms que mil palabras, pero algunos datos urbansticos en el litoral mediterrneo espaol ilustran perfectamente cul es el problema al que se enfrentan las Comunidades Autnomas de Andaluca, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Las cifras hablan de una previsin de 558.000 nuevas viviendas en la Comunidad Valenciana, con 85 nuevos campos de golf (en Diciembre de 2005 existan 22); mientras, slo en la Costa del Sol andaluza, los municipios proyectan 540.000 nuevas viviendas para una franja costera de 160 kms. de litoral entre los municipios de Nerja y Manilva. La construccin en 2002 en la provincia de Mlaga fue equivalente a la de toda Catalua. Por su parte en Almera y Murcia se planifican 500.000 viviendas entre las localidades de Carboneras y Cartagena, en la principal franja costera virgen que queda en el Mediterrneo espaol. Son especialmente llamativos los casos de ciertos municipios, de apenas 3.000 habitantes, como Benahavs, que planean la construccin de 90.000 viviendas nuevas para los prximos aos. El vertiginoso ritmo de crecimiento ha provocado ya un intenso debate social sobre las conveniencias de poner fin a un modelo urbanstico voraz con los recursos naturales y desarrollado sin las infraestructuras de servicios necesarias. En unos 50 municipios entre Castelln y Almera, 450.000 viviendas previstas no tienen agua garantizada. Otras de Alicante no disponen de ms de 90 litros por habitante y da, cuando la media nacional est en 250. En una zona de escasez permanente, toda la disponible est comprometida.

Aunque cada municipio planifica el uso de su suelo de forma autnoma, con arreglo a la figura del Plan General de Ordenacin Urbana, (junto a los Planes de Actuacin Integrada, en el caso valenciano), puede trazarse un diagnstico repetido con mayor o menor intensidad, a lo largo de prcticamente todo el litoral mediterrneo espaol.

La presin urbanstica es generalizada en todo el litoral, y afecta ya no slo a la primera lnea de costa, sino tambin al cordn prelitoral. Podemos hablar de un continuo urbano en el que las fronteras entre muchos trminos municipales han desaparecido. El orden de acontecimientos es similar en muchos puntos: elaboracin de un nuevo Plan General de Ordenacin Urbana, o revisin del anterior, masiva reclasificacin de suelo, ausencia de previsin o planificacin sobre los recursos y el impacto sobre la zona del futuro desarrollo urbanstico. El promotor construye, vende (con un importante beneficio), y se desentiende. El comprador, que tiene su casa legalmente, exige agua y el Gobierno tiene que suministrrsela. Todo ello en medio de una gigantesca maraa de intereses entrecruzados de agentes sociales, econmicos y polticos con una gran inconsciencia sobre las graves repercusiones econmicas que la reduccin en la calidad del turismo conlleva para el terreno.

No es un problema de signo poltico; partidos de todos los colores reproducen el problema. El origen hay que buscarlo en el retroceso de la superficie agrcola, con una renta rural en descenso, y sobre todo, en la ruina econmica de muchos Ayuntamientos; de cada 100 nuevos euros ingresados, el sector de la construccin o inmobiliario, aporta ms de 27, frente a la modesta contribucin, por ejemplo, de las industrias locales. Existe una verdadera dependencia de los ingresos por concesin de licencias urbansticas municipales. A esto se aade el fracaso de los filtros de control del propio Ayuntamiento, y a un distinto nivel competencial, de los mecanismos de control autonmicos, con polticos y promotoras inmobiliarias conectados en ms casos de los deseables.

Los gobiernos regionales, tras la transferencia de competencias estatales, han relegado a la Administracin central a un papel secundario. Tras la reforma del Plan Hidrolgico Nacional, desde junio de 2005 cada nuevo plan de urbanismo debe contar con un informe del Ministerio de Medio Ambiente en el que se asegure la disponibilidad de agua para los futuros residentes. Dicho informe es preceptivo, pero no vinculante; es decir, se podra dar luz verde al proceso urbanizador aun con el dictamen negativo de disponibilidad de agua por parte de la confederacin hidrogrfica competente. Los expedientes se agolpan en las del Jcar, el Segura y las aguas del Sur. La inmensa mayora de los proyectos urbansticos han sido informados desfavorablemente o estn a la espera de remitir ms datos. En toda la Comunidad Valenciana, 6 informes han pasado favorablemente el trmite administrativo en 2005. Se presentaron 122, y 75 estaban a la espera de presentar ms informacin. Ante la degradacin del litoral, el Ministerio se dispone a comprar parcelas de terreno costero para conservar franjas martimas en su estado natural.

A esta medida hay que sumar el futuro Plan Nacional de Adaptacin a los Efectos del Cambio Climtico, en fase de estudio, que introducir limitaciones a la construccin en la franja martima ante el posible aumento del nivel del mar.

El problema del clima semidesrtico, el rgimen escaso de lluvias y la salinizacin y desertificacin del suelo deben de ser tomados en serio a la hora de sobreexplotar los recursos hdricos de la zona; la legislacin sectorial urbanstica por el momento no ha sido capaz de frenar este proceso, aunque se estn haciendo esfuerzos, por ejemplo intentando desligar la construccin de centros de ocio y golf de la construccin de viviendas. Incluso la Unin Europea ha tomado cartas en el asunto, y exigido modificaciones en la Ley valenciana, tras las quejas vecinales. Como las obras se realizan con licencia municipal, en caso de que un grupo de vecinos denuncie las condiciones ante un juez, no se puede aplicar el Cdigo Penal hasta que se declara el acto nulo en va administrativa. El juez tarda un mnimo de 2 aos en emitir sentencia, que si es favorable no puede ya ejecutarse, pues se intentan minimizar las demoliciones de edificios y viviendas.

La Ley espaola de Aguas establece una clara jerarqua en los usos del bien lquido tan escaso en nuestro pas, primando el consumo humano, y los usos ganaderos, industriales y agrcolas por delante del consumo con fines recreativos. Por esta simple y lgica razn, la falta de disponibilidad de agua condiciona de hecho el desarrollo econmico de una regin, aunque algunos polticos se escandalicen por ello y traten de subvencionar el precio del agua desalada para no cargar su precio real sobre promotores, regantes y usuarios en general, tal y como establece la Directiva Marco del Agua europea. El crecimiento econmico nunca debe producirse a costa de la desaparicin de los recursos, porque entonces s se hipotecara definitivamente el futuro de una regin. Soluciones alternativas como instalacin de desaladoras, exploracin de acuferos subterrneos, riego por goteo y mejoras en la infraestructura para evitar prdidas deben complementar un uso ms racional del agua y ayudar a configurar una conciencia ciudadana que asuma la escasez del recurso, porque el riesgo es muy grande, y las prdidas, tambin las econmicas, irreversibles.

 

Conceptos relacionados
[Cambio climtico]  [Demanda de agua]  [Urbanismo

Fuentes:
Fundacin Vida Sostenible, 6 de marzo de 2006

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