En el curso alto del río Guadiana, en plena llanura manchega, el intento de la Confederación Hidrográfica de controlar la extracción ilegal de agua subterránea ha desatado una rebelión de los agricultores, apoyados por la Junta de Castilla-La Mancha, que exigen una moratoria a los más de 5.000 expedientes abiertos por la apertura ilegal de pozos.
De estos expedientes, alrededor de 900 se han tramitado este año en un tiempo récord con la colaboración de la empresa pública Tragsa, en el marco de la política del Ministerio de Medio Ambiente de regularizar las extracciones de aguas subterráneas no registradas y proceder al cierre de los pozos ilegales en todas las cuencas hidrográficas de su competencia.
Entre los expedientes figuran decenas de extracciones ilegales de hasta 1,9 hectómetros cúbicos anuales, el agua que consume una población de casi 20.000 habitantes al cabo de un año.
Mientras en otras regiones el proceso de actualización de los registros se han producido sin incidentes, aunque se haya recurrido en algunos casos al apoyo de la Guardia Civil (Murcia), los agricultores de La Mancha, se resisten.
Las extracciones incontroladas de agua subterránea en los últimos 20 años ha reducido en más de 80 kilómetros la longitud del río y si no fuera por un trasvase, el humedal de las Tablas de Daimiel habría desaparecido. Según el anteproyecto del plan del Alto Guadiana, actualmente en información pública, el acuífero 23 arrastra un déficit acumulado de 3.000 hectómetros cúbicos y el nivel del acuífero en torno al Guadiana ha descendido más de 20 metros. El propio plan estima que se extraen sin autorización más 113 hectómetros cúbicos al año.
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Enlaces de interés
www.chguadiana.es
www.asajanet.com
www.ecologistasenaccion.org
Fuentes:
El País, 18 Agosto de2005
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