Consumo de electricidad / Precio de la factura eléctrica

El Libro Blanco de la Electricidad aboga por subir tarifas y limitar el poder empresarial (Julio-2005)

España

El Ministerio de Industria hizo público el día 26 de julio de 2005, el Libro Blanco de la Generación Eléctrica, encargado en noviembre de 2004 al equipo dirigido por el catedrático Ignacio Pérez Arriaga.

El trabajo, cuyas conclusiones no son vinculantes para el Gobierno, gira sobre una idea: el sistema eléctrico español no funciona, pese al proceso de liberalización iniciado en 1997 y, teóricamente, culminado en enero de 2003 (cuando se dio posibilidad de elegir suministrador eléctrico a todos los consumidores). Además, el mercado está distorsionado por elementos como las ayudas a la competencia que cobran las eléctricas (los famosos CTC) e influido por las cuotas de mercado de las grandes empresas (Endesa e Iberdrola, fundamentalmente) que manejan a su antojo los precios, según se han acusado mutua y públicamente ambas compañías; por ello son necesarias reformas urgentes.

La receta fundamental de Pérez Arriaga para resolver la situación es animar la competencia, pero sin poner contra las cuerdas a un sector vital para la buena marcha del país.

Con ese fin, propone revisar el sistema de tarifas para que reflejen los costes reales. En la práctica, ello equivale a defender que las tarifas deben subir sustancialmente para evitar que se conviertan en un refugio masivo de usuarios, domésticos e industriales, que impide el desarrollo del libre mercado y la competencia. Además, es partidario de la desaparición progresiva de las tarifas, precisa además que mientras se mantengan deben ser calculadas y revisadas (cada año, al trimestre o cuando haya importantes oscilaciones de costes) por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y no por el Gobierno, como ahora sucede.

También, propone limitar el poder de mercado de las grandes empresas (Endesa e Iberdrola, que copan entre ambas tres cuartas partes del mercado eléctrico.). Para reducir su poder y la posibilidad de manipular los precios, Pérez Arriaga propone limitar la capacidad de generación (centrales) con la que las empresas pueden negociar en el mercado libre. Es decir, las compañías podrían producir la electricidad que desearan, pero sólo podrían negociar una parte determinada en el mercado libre. Las empresas podrían ajustarse a la limitación que decida el Gobierno vendiendo activos, pero como reconoce el documento, nadie puede imponer ventas a una empresa privada. Por ello, entre otras fórmulas, Pérez Arriaga recuerda que la Ley del Sector Eléctrico (LSE) de 1997, contempla la posibilidad de que las empresas realicen subastas de energía. Así, la energía producida fuera de cuota por las grandes empresas podría ser comercializada por nuevas empresas competidoras en el mercado español.

Otra medida que propone el Libro Blanco es la de dar más poder a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que calcularía las tarifas, y además de penalizar los fallos ("indisponibilidad", en la jerga del sector) de las centrales que reiteradamente afectan a determinadas centrales.

En estos momentos, las empresas cobran por un concepto denominado "garantía de potencia", que teóricamente cubre su esfuerzo por tener en perfecto orden de revista todas sus plantas. El problema es que cuando se necesita la producción de una determinada planta y ésta está fuera de uso, la compañía deja de cobrar por ese tiempo de indisponibilidad, luego vuelve a cobrar. Sin más, frente a esta situación, Pérez Arriaga propone "fuertes penalizaciones" a las empresas: si una planta no produce cuando se la necesita, no cobraría garantía de potencia en todo un año. Un estímulo para la inversión en mantenimiento y la eficiencia.

Respecto a la energía nuclear, y sin entrar en controversia, el Libro Blanco aboga por establecer un régimen económico especial para las centrales nucleares. El propósito es que este tipo de instalaciones (existen siete en España, con nueve reactores de agua ligera que producen el 23% de la electricidad del país) no tengan, como ahora sucede, incentivos para producir el máximo de tiempo y a plena carga. Y ello porque incentivar el uso de estas centrales (de altos costes de instalación, pero con costes variables bajos) conlleva "riesgo de relajación de las condiciones de seguridad".

El recetario entregado al Ministerio de Industria incluye otra serie de medidas obvias como la necesidad de aumentar las interconexiones con Francia, incentivar las energías renovables, armonizar la normativa con Portugal para constituir el Mercado Eléctrico Ibérico (Mibel) o cumplir con el Protocolo de Kioto.

Ante este documento el Ministerio de Industria se distancia y recuerda que se trata de un informe “no vinculante”. Este informe había levantado muchas expectativas al ser considerado como la base de la reorganización futura del sector energético, pero estas expectativas se rebajaron por este distanciamiento y por la forma en que se dio a conocer: por la página web del ministerio casi un mes después de que se redactara, sin la presentación pública.

En el mejor de los casos y tras ser examinado por la Comisión de la Energía, el Gobierno decidirá si hace caso o no a alguna de las recomendaciones.

Conceptos relacionados
[Consumo eléctrico]  [Electricidad] 

Fuentes:
El País, 27 de julio de 2005