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Situación de España en el Informe de la OCDE sobre los tributos ambientales (Octubre 2010)

España

A 2007

En su informe sobre la situación medioambiental de España, hecho público el 5 de octubre de 2004, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda el uso de impuestos y tasas ambientales para la protección del entorno español. 


El estudio, elaborado entre 1996 y 2003, afirmaba que los ingresos derivados del turismo dedicados al medio ambiente son insignificantes. La OCDE explica, por ejemplo, que la ecotasa que el Gobierno de Baleares mantuvo hasta 2003 no dio buenos resultados porque sólo se aplicaba a los hoteles y no a los propietarios de inmuebles. 



A este respecto, parece que las palabras de la OCDE fueron escuchadas, dando lugar a la creación, en las Islas Baleares, de la llamada Tarjeta Verde. 



El presidente de Baleares, Jaume Matas, presentó el 14 de mayo de 2005 esta tarjeta, un bono voluntario de 10 euros que se venderá a turistas y residentes, y con el que se facilitaran descuentos en actividades de ocio. Según Matas, se trata de una opción de recaudación “voluntaria” con fines medioambientales.

La tarjeta se dibujaba como una alternativa amable de la “ecotasa”, que significaba el impuesto de un euro por turista y día de estancia, que creó el Gobierno de la región en la legislatura 1993 – 2003, y que el posterior Gobierno derogó en 2004 a petición de los hoteleros.

En 2007, el consejo de la OCDE, advirtió sobre el pendiente que tenía España para tomarse en cuenta en la reforma fiscal ambiental.

A 2010

España aparece en la cola de los países de la OCDE en impuestos de carácter ambiental, según el informe de 2010 de la organización internacional. El informe de la organización, que agrupa a la treintena de países más industrializados, apuesta por elevar la tributación verde (aquella que grava los carburantes, la producción de algunos tipos de energía o las emisiones contaminantes y las basuras) como uno de los principales instrumentos para favorecer la innovación en materia de medio ambiente y destaca que existe margen para incrementar la presión fiscal.

Según los datos recogidos en el informe, los impuestos de carácter medioambiental representan, en el conjunto de la OCDE, un 1,58% de su PIB agregado. España está ligeramente por encima de la media, en el 1,65% pero solo supera a 6 de los 34 países analizados. Entre los países de baja fiscalidad se encuentran EEUU y Japón; en el extremo opuesto, en los países con una mayor presión fiscal medioambiental aparecen Holanda y Dinamarca, donde esos impuestos representan más del 4% de su PIB, y Turquía e Israel, donde suponen más del 3%.

La OCDE subraya en su informe que los impuestos que gravan la contaminación son los mejores instrumentos para favorecer la innovación medioambiental, y por ello aconseja a los gobiernos establecer una fiscalidad elevada en ese terreno. El informe señala que “ los ciudadanos y la industria reaccionan a los impuestos ecológicos cambiando su comportamiento, en especial si el Gobierno correspondiente da una señal fuerte de que tiene intención de mantener unas tasas fiscales y un precio de las emisiones de carbono a niveles elevados a largo plazo”. El estudio insiste en que la fiscalidad es mejor incentivo para reducir la contaminación y a un coste inferior que otras medidas, como las regulaciones sobre la intensidad de las emisiones contaminantes o las prescripciones de una u otra tecnología.

El informe de la OCDE pone varios ejemplos de políticas fiscales que han promovido la innovación medioambiental. Entre ellas, dedica un capítulo a los incentivos fiscales españoles al I+D y a la inversión medioambiental de los que se pueden beneficiar las empresas en forma de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades. El estudio destaca el periodo analizado, entre los años 2000 y 2005, el número de empresas que se benefició de estos incentivos fue creciente, y que los que se aplicaban la desgravación por I+D acababan realizando proyectos susceptibles de utilizar la deducción medioambiental. No obstante, el informe también señala que el grueso del volumen de las deducciones se las aplicaban unas pocas empresas con proyectos “muy costosos”. También señala que no se aprecia que las deducciones hayan logrado que aumentasen las patentes en aplicaciones en materia de calidad del agua o de reducción de las emisiones contaminantes.

Conceptos relacionados
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Enlaces de interés
www.balears-sosteniible.com

Fuentes:
Fundación Vida Sostenible, enero de 2007
El País, 6 de octubre de 2004 y 14 de mayo de 2005
Público, 14 de octubre de 2010