Resumen del Informe, que apareció en el diario El Mundo, de José Ignacio Pérez Arriaga (profesor de Ingeniería Eléctrica en el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, director del equipo que elaboró el Libro Blanco)
La idea central del Libro Blanco, que he redactado con el apoyo de un equipo de mi Universidad, por encargo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, es: «Vamos a darle una oportunidad al mercado eléctrico». Y si se me permite una segunda idea, ésta seria: «La tarifa eléctrica no se fija, se calcula».
El Libro Blanco, trata de resolver el presente atasco regulatorio, que impide que el mercado de electricidad de libre competencia, que se puso en marcha en 1998, haya conseguido funcionar satisfactoriamente.
La pregunta es: ¿por qué no funciona correctamente el mercado eléctrico? En primer lugar, la estructura de producción, aunque ha mejorado, es y seguirá siendo excesivamente concentrada.
En segundo lugar, el procedimiento de “recuperación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) por diferencias” (Los CTC son las ayudas al sector, son costes de transición al régimen de mercado competitivo de las sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica, se calculan: Restando a los ingresos realizados para recuperar las inversiones realizadas los ingresos de mercado estimados en régimen liberalizado y una serie de ajustes) se ha comprobado que introduce una importante distorsión en el comportamiento de los agentes, que a través del precio del mercado pueden influir en la cuantía de CTC que perciben.
Finalmente, el precio resultante de la energía en el mercado no se utiliza para calcular la tarifa integral a la que tienen derecho a comprar la electricidad todos los consumidores, lo que da lugar a un desajuste entre lo que pagan los consumidores a tarifa y lo que hay que retribuir a los generadores.
¿Por dónde empezar para desenredar la maraña? El libro Blanco propone partir de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), vigente desde 1997, tratar de darle verdadero cumplimiento. Hay que volver a la ortodoxia regulatoria, para ello hay que optar entre dos estilos regulatorios contrapuestos. En el enfoque vigente, el Gobierno se fija como principal objetivo el control de la tarifa, como supuesto indicador visible del éxito del modelo adoptado, como instrumento para influir en el equilibrio financiero de las empresas y como medio de control de la inflación. La correcta regulación de cada actividad reviste importancia secundaria y su reflejo en la tarifa no es transparente.
Por el contrario, el Libro Blanco recomienda centrar la atención en el correcto tratamiento regulatorio y la correspondiente retribución de cada una de las actividades que comprende el suministro eléctrico, consiguiendo en cada una el óptimo equilibrio entre coste, calidad e impacto ambiental, y recurriendo al mercado para las actividades que se pueden realizar en competencia: generación y comercialización. Entonces la tarifa resulta simplemente de sumar los costes acreditados de las actividades reguladas y trasladar el precio de mercado de la energía, reconociendo los desvíos que tengan lugar. Así la tarifa constituye una señal económicamente válida para el consumidor. Y desaparece el déficit tarifario. La tarifa no se fija, se calcula.
En la práctica, ello equivale a defender que las tarifas deben subir (ya que asumen los costes reales de producción) para evitar que se conviertan en un refugio masivo de usuarios, domésticos e industriales, que impide el desarrollo del libre mercado de competencia.
El Libro Blanco propone una regla que limita la concentración efectiva, de forma que los agentes comprometan a largo plazo en condiciones de suficiente transparencia la parte de su producción que exceda la cuota que se puede considerar admisible.
Para eliminar la distorsión que en el mercado introduce el mecanismo de recuperación de CTC por diferencias, el Libro Blanco examina varias alternativas y presenta recomendaciones atendiendo a cómo aquéllas cumplen los siguientes criterios: evitar la interferencia con el funcionamiento del mercado; mantener el equilibrio económico y equitativo entre generadores y consumidores -y entre empresas-; que el impacto sobre la posición financiera las empresas sea ponderado y gradual; que los cambios normativos respecto a lo plasmado en la Ley del Sector Eléctrico sean los mínimos necesarios; y, esto es fundamental, que se dé ahora una solución completa y final.
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Fuentes:
El Mundo, 28 de julio de 2005
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