El agua a escala local y autonómica

El trasvase Tajo-Segura (Marzo-2010)

Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció en 2004 la paralización de las obras del túnel Talave-Cenajo. El túnel era la mayor obra prevista para la cuenca del Segura y su objetivo es mejorar el abastecimiento urbano desde el trasvase Tajo-Segura a Murcia y Alicante.

Barreda, que paralizó las obras el mismo día que comenzaron, señaló en Cuenca que los trabajos violan un espacio que la Junta tramita como protegido desde julio pasado. El Ministerio de Medio Ambiente replicó que en los tres años de trámite de la obra Castilla-La Mancha no presentó ninguna alegación al proyecto. Los servicios jurídicos del ministerio estudiaron el nuevo frente en la cada vez más agria guerra del agua. Las obras fueron finalmente concluidas el 11 de noviembre de 2007.

El Ministerio de Medio Ambiente había anunciado el día 6 de mayo de 2005 la inversión de 20 millones de euros en actuaciones urgentes para paliar los efectos de la sequía.

Jaime Palop, director general de la Agencia del Agua, se refirió a la precaria situación de la margen izquierda del río Ebro (“ese río que se suponía que iba a ser el gran pulmón para el Levante”), y dijo que el trasvase Tajo-Segura tendrá que rebajar sus aportes al sureste peninsular a partir de agosto. También sugirió que los cultivos de regadío de Levante se han de reducir a la mitad de su volumen actual.

Jorge Alarte, secretario general del Partido Socialista del País Valenciano, replicó el 21 de junio de 2009 con contundencia al ser interpelado por la Cadena SER sobre la manifestación que congregó a más de 30.000 personas en Talavera de la Reina (Toledo) en contra del trasvase Tajo-Segura, asegurando que nadie va a quitar un derecho legal a los ciudadanos que necesitan el agua para el consumo humano, para mantener la agricultura y el desarrollo económico.

Tras muchos años, el trasvase sigue siendo un tema polémico a nivel social, ambiental y político, y está muy lejos de llegar a una solución que satisfaga todos los intereses implicados.

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha, del PSOE retirará la caducidad del acueducto Tajo-Segura si se suma el PP. El consejero de Presidencia, José Valverde, explicó que "la única base previa para el acuerdo es que el Estatuto garantice agua suficiente para el presente y el futuro de Castilla-La Mancha" y aceptó aprobarlo "sin que aparezca algo que afecte a otras comunidades para que nadie se sienta atacado", en referencia a la caducidad del trasvase en 2015, a la que se oponían Murcia y la Comunidad Valenciana.

El Ejecutivo que preside el socialista José María Barreda piensa en fórmulas como la del Estatuto de Aragón, aprobado por unanimidad y en el que la comunidad se reserva 6.000 hectómetros cúbicos de agua para su uso exclusivo. En la práctica ese pacto es papel mojado y el Ministerio de Medio Ambiente ya ha dicho al Ejecutivo aragonés que no puede aplicarlo porque los grandes embalses están fuera de la comunidad y la cuenca del Ebro incluye a nueve comunidades autónomas.

En Castilla-La Mancha sería más fácil aplicarlo ya que está en la cabecera de los ríos Tajo, Guadiana y Júcar y se podría asignar alguna cantidad a los embalses de cabecera. En 1999, el Gobierno de José María Aznar pactó con el de José Bono una reserva de 240 hectómetros para la comunidad en los de la cabecera del Tajo.

El Gobierno regional considera que si se aumenta esa reserva estratégica, se duplica el caudal ecológico en Aranjuez y aumenta el caudal destinado a abastecimiento a Madrid y la llanura manchega (en la cuenca del Guadiana) lo que detraería 200 hectómetros del trasvase. La ley permite trasvasar hasta 600 hectómetros al año, pero esa cifra es irreal. Sólo una vez, en 2000, se alcanzó. La entrada de agua en los embalses de los que parte el trasvase se ha desplomado en las últimas décadas y las previsiones dicen que caerán aún más por el cambio climático.

"Creemos que el trasvase es insostenible porque hay poca agua y hay que reforzar el caudal ecológico", explicó Valverde, que criticó que Murcia apruebe desarrollos urbanísticos enormes "a costa del agua de otra comunidad que, además, la necesita". "El trasvase debe limitarse a agua para beber", no para regadío, concluyó. Con esta postura, el Ejecutivo de Barreda también da una salida al Gobierno central, que no quería fijar por ley una fecha de caducidad del trasvase aunque sí acepta aumentar la dotación del Tajo para Castilla-La Mancha y Madrid. Los socialistas de Murcia y la Comunidad Valenciana se oponían frontalmente a poner una fecha límite al trasvase.

El Ejecutivo de Extremadura, con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente, ha encargado un estudio sobre la "factibilidad de un hipotético trasvase desde el embalse de Valdecañas [en Cáceres] al Levante Español y de alternativas prioritarias de un trasvase interno Tajo-Guadiana en Extremadura".

Así da el primer paso para construir un trasvase desde el Tajo Medio al Segura, que complemente el actual desde la cabecera del Tajo y otro entre dos de las principales cuencas para regadío. El estudio, encargado por 425.000 euros, tiene que estar listo en 2010, según el anuncio, publicado en el Diario Oficial de la UE.

El consejero de Fomento extremeño, José Luis Quintana, explicó que el estudio analizará si esos trasvases son compatibles con "las necesidades de Extremadura de los próximos 50 años, la previsión del cambio climático y los compromisos firmados del caudal que debe llegar a Portugal".

Aunque la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha negado que su ministerio estudie ese trasvase, ésa es la opción preferida por el Gobierno para desencallar el Estatuto de Castilla-La Mancha y satisfacer las demandas de Murcia y Alicante, donde más de dos millones de personas beben agua del Tajo.

"No nos oponemos al trasvase a Murcia si las demandas de agua de Extremadura están cubiertas", explica Quintana: "Construirlo o no ya no nos corresponde a nosotros. Pero se puede hablar".

El plan del Ejecutivo de construir esos dos trasvases (el del Tajo al Guadiana es de sólo unos 50 kilómetros, pero el otro es de más de 400) supone volver poco a poco a la política de una red mallada de trasvases como la que planificó José Borrell como ministro, con interconexión en la mayoría de las cuencas.

En diciembre de 2009, los tres representantes parlamentarios más importantes en Murcia (PP, PSOE e IU) acordaron aprobar una proposición de ley en defensa del trasvase Tajo-Segura trasladando esta iniciativa hacia el Congreso de los Diputados. Todo ello con el fin de conseguir un blindaje del actual trasvase manteniendo intacto el funcionamiento del acueducto y contrarrestando así el Estatuto de Castilla-La Mancha, donde se da su punto más polémico centrado en la derogación del Tajo-Segura para el año 2015. Además esta proposición demanda una indemnización económica en caso de que se cambie el funcionamiento del acueducto o se extinga y que tanto las CCAA receptoras como los usuarios de las mismas tengan voz y voto en la Confederación Hidrográfica del Tajo y en la Comisión Central de Explotación del Acueducto.

Además, los líderes políticos de Murcia y Valencia no ceden ni aceptan bajo ninguna circunstancia ni un hectómetro de reserva ni ninguna fecha de caducidad dentro del Estatuto de Castilla La Mancha. Por ello, afirmaron que los parlamentarios populares votarán en el Congreso en contra de un texto que altere el trasvase, siguiendo las indicaciones que marquen los gobiernos regionales. La Comunidad de Madrid, según declaraciones, está con ellos, dejando a los conservadores castellanomanchegos en el otro bando.

El 16 de febrero de 2010 la vicepresidenta primera del Gobierno, Fernández de la Vega, envió una carta al Sindicato de Regantes de la cual se desprende que el Ejecutivo no prevé cerrar el canal Tajo-Segura, con lo cual despeja la incógnita que se cierne sobre el futuro del trasvase que se negocia en el Congreso de los Diputados.

La carta a los regantes no fue más precisa, aunque sí dejó claro que el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino “tomará las medidas necesarias para no poner en riesgo el mantenimiento de una agricultura altamente competitiva y el desarrollo económico del sureste”. Esta carta es una respuesta a una petición de los regantes para reunirse con Fernández de la Vega y exponerla la necesidad de no alterar las trasferencias del Tajo al Segura, frente a las propuestas en contra del Estatuto de Castilla-La Mancha.

Conceptos relacionados
[Planificación Hidrológica Nacional]  [Trasvases]  [Política del agua] 

Fuentes:
El País, 11 de diciembre de 2004
ABC, 7 de mayo de 2005
El País, 22 de junio de 2009
El País, 15 de septiembre de 2009
El País, 9 de octubre de 2009
ABC, 23 de diciembre de 2009
ABC, 14 de enero de 2010
ABC, 9 de marzo de 2010