Modificación de 2010
El Gobierno pide una reforma en la gestión de los ríos en España, reclama un ente gestor global dependiente de la Administración General del Estado que coordinará todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas y sus interdependencias. El secretario de Medio Ambiente del PSOW, Hugo Morán, explicó que la reforma nace de la necesidad de actualizar la Ley de Aguas de 1985, aunque ha sido varias veces retocada “ desde entonces se han transferido competencias en materia de agua pero nunca se definió el marco de coordinación”.
El organismo nacional asumiría buena parte de las competencias que actualmente tienen las confederaciones hidrográficas, como desarrollar las planificación general en todas las cuencas del todo el territorio, sean cuencas intracomunitarias, intercomunitarias o internacionales, regular las concesiones de agua y regular el agua en los embalses de cabecera, no en las redes de abastecimiento. Con la propuesta, las demarcaciones hidrográficas pasarían a ser organismos altamente tecnificados, al servicio del Comité de Autoridades Competentes y del Ente Gestor Estatal.
El documento acepta los trasvases entre distintas cuencas que estén ecológica, social y económicamente plenamente justificados y entra en la recuperación de costes del agua, el sistema para que los usuarios paguen realmente lo que cuesta el agua: para los nuevos regadíos deberá establecerse una nueva tarifa que cubra todos los costes, incluidos los de la capital. La idea es que los usuarios del agua se acerquen poco a poco al pago real de las obras hidráulicas. También se definirá un nuevo sistema tarifario para los beneficiarios de la utilización energética del recurso hídrico.; la intención es que las eléctricas, que utilizan el agua sin pagar apenas nada por ella, abonen una cantidad que no sea solo simbólica.
El responsable de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, fue crítico con el planteamiento: “lo que hay que hacer es cumplir la Constitución y la Ley de Aguas, no inventar nuevos entes. No sé qué entidad jurídica tendría ese nuevo ente”.
Modificación de 2005
El 21 de abril de 2005 entró en vigor La modificación de la Ley de Aguas por la cual se ampliaban las competencias de las ocho Confederaciones Hidrográficas, organismos dependientes del Ministerio de Medio Ambiente encargados de gestionar los recursos hídricos. A partir de esta reforma, las Confederaciones van a emitir un informe previo a los planes urbanísticos que las comunidades autónomas o municipios aprobaran en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, siempre que las actuaciones afectasen al aprovechamiento de las aguas.
Cuando esas obras o planes comporten nuevas demandas de recursos hídricos (por ejemplo, nuevas urbanizaciones) el informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará de forma expresa sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes. El informe tendría carácter necesario, pero no vinculante. Si no se emite en plazo se entenderá desfavorable. De esta forma, el Ministerio de Medio Ambiente trata de controlar el desarrollo urbanístico en Murcia y la Comunidad Valenciana, las cuales concentran una de cada cinco viviendas proyectadas en España pese a su importante déficit hídrico.
Abundando en esta política de control de los recursos naturales del territorio, los informes sobre disponibilidad de agua de los organismos de cuenca van a incluirse en los estudios de evaluación de impacto ambiental del proyecto correspondiente. Según la ministra, Cristina Narbona, “no se trata de cambiar el carácter preceptivo por el de vinculante, sino de añadir transparencia y racionalidad a los ciudadanos”.
Conceptos relacionados
[Política del agua]
[Urbanismo]
Fuentes:
El País, 22 de abril de 2005
ABC, 10 de mayo de 2006
El País, 21 y 22 de septiembre de 2010
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