Centrales nucleares

Expectativas para el cierre las centrales nucleares catalanas (Mayo-2005)

Catalunya

El Gobierno Catalán, constituido en 2003, se pronunció en favor de un programa de cierre de centrales nucleares, pues quiere reducir su dependencia de esta producción eléctrica de forma gradual para evitar "cargas excesivas" en costes socioeconómicos y de contaminación.

El borrador del Plan de la Energía estima que el cierre inmediato de las tres centrales de Cataluña y su sustitución costaría 1.803 millones de euros en inversiones, más otros 656 millones anuales por otros conceptos. Supondría además, emisiones de dióxido de carbono (CO2) extra de 9 millones de toneladas al año.

Pese a que el Plan evalúa las posibilidades de desmantelar las nucleares catalanas, si la Generalitat quisiera hacerlo no podría. Las competencias son del Gobierno Central. De la supervisión de este tipo de instalaciones se encarga el Consejo de Seguridad Nuclear, organismo que en abril de 2005, admitió la posibilidad de que hubiera negligencia en el control del sistema de refrigeración de Vandellòs II. Dicho sistema sufrió un proceso de corrosión progresiva desde 1993 hasta que se rompió en 2004, y, de hecho, tras algunas reparaciones, siguió funcionando hasta el mes de marzo de 2005.

Vandellòs II es una de las tres centrales que se explotan en Cataluña, junto con Ascó I, que empezó a operar a finales de 1984, y Ascó II, que arrancó dos años más tarde. Las tres centrales representan casi un tercio (29%) de la potencia eléctrica que hay instalada en la Comunidad y el 55,8% de su producción bruta de electricidad.

Con estos datos sobre la mesa, el borrador del Plan de la Energía constata la elevada dependencia de esta fuente energética y plantea facilitar un futuro "cierre ordenado" del parque nuclear catalán con una estrategia de reducción progresiva del peso de la producción nuclear sobre toda la producción eléctrica. El objetivo fijado es pasar del 55,8% al 35%.

La clausura de las tres centrales nucleares catalanas significaría construir 10 centrales de ciclo combinado de 400 MW, adicionales a las que ya prevé como necesarias el propio borrador del Plan.

Cerrar una nuclear antes de su periodo de amortización (la vida útil de una central ronda los 40 años) costaría mucho más porque habría que compensar con cantidades "importantes" a sus dueños. El informe no dice quién debería pagar el cierre de los reactores, sin contar con los costes para reconfigurar la red básica de gas y electricidad, el incremento de la electricidad para el consumidor final o el avance de inversiones necesarias para desmantelar las centrales.

Así que las nucleares continuarán y habrá que afrontar la previsible saturación de las piscinas donde se almacenan los residuos de alta actividad de las centrales (los elementos combustibles de uranio que abastecen al reactor).

Conceptos relacionados
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Fuentes:
El País, 9 de mayo de 2005