La Junta de Andalucía ha iniciado la tramitación de la Ley de Energías Renovables y Eficiencia Energética, que obligará a instalar placas solares en las nuevas construcciones y en las edificaciones rehabilitadas. La Junta se adelanta de esta manera a la directiva europea sobre eficiencia energética de los edificios que entrará en vigor el 1 de enero de 2006. Diferentes ayuntamientos, entre ellos el de Madrid, cuentan desde hace tiempo con ordenanzas municipales que obligan a los promotores a incluir en la finca sistemas de ahorro energético y energías renovables.
Las administraciones con leyes u ordenanzas de energías renovables y ahorro energético fijan la cobertura mínima que deben alcanzar estos sistema en las nuevas construcciones. El mínimo exigido oscila entre el 60% y el 75% del gasto eléctrico de agua caliente. La ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, que entró en vigor a finales de años 2003, exige que en edificios con una demanda total de agua caliente sanitaria inferior a 1.000 litros, el aporte solar sea del 60% del consumo. Para las fincas con un consumo de litros mayor, el aporte solar debe superar el 75%.
Los modelos básicos calientan sólo agua sanitaria, es decir, la que se emplea, por ejemplo, para la ducha, para lavar platos y también la que emplean los electrodomésticos. “Los de agua sanitaria son los más frecuentes, pero los hay más caros que calientan el agua de la calefacción”, explica Jordi Monje, técnico de la empresa Soliclima. Se trata de sistemas más avanzados, que generan más energía y cubren también parte del consumo de la calefacción del hogar.
El precio de la instalación y el equipo para un edificio de 20 viviendas ronda los 40.000 euros (2.000 euros por casa). La vida útil de las placas (serían necesarias entre 40 y 50) es de unos 25 años. A partir de ese momento, su rendimiento comienza a caer en picado. Los depósitos tienen una vida más corta, de aproximadamente 10 años, aunque las gamas más altas también pueden alcanzar el cuarto de siglo. En una vivienda unifamiliar, ocupada por tres o cuatro personas y con una superficie de 100 metros cuadrados, el coste de un sistema capaz de generar el 7% de la energía necesaria se mueve entre los 3.000 y 5.000 euros, dependiendo de la configuración de la vivienda y de su ubicación. Un modelo de mayor potencia, que también cubra el consumo de la calefacción y con capacidad para ahorrar un 40% del gasto energético, asciende a los 12.000 euros.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía subvenciona el 30% del importe de la instalación. Además, el Instituto de Crédito Oficial ofrece créditos blandos a 10 años por el 80% del coste de la inversión. Las subvenciones se pagan, por lo general, a los propios instaladores, que repercuten el importe de la ayuda en el precio de venta de los equipos con un descuento. A las facilidades administrativas hay que sumar el ahorro en la factura que pagan los hogares, además de los beneficios medioambientales que suponen las energías renovables, al reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera y el consumo de materias primas.
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Fuentes:
El Mundo, 1 de julio de 2005
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