El Gobierno es consciente de que la densidad del tráfico de las grandes ciudades españolas está generando verdaderos problemas para cumplir la normativa europea en materia de calidad del aire, la Directiva 2008/50/CE. Por eso el Consejo de Ministro ha aprobado dos Reales Decretos el 28. Uno para actualizar el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras (la última era de los años 60) y el otro que traspone la directiva europea sobre mejora de la calidad del aire. Justo a tiempo para parar el procedimiento de infracción que tiene abierto la Comisión Europea contra España y que estaba a punto de llegar al Tribunal Europeo de Justicia por trasponer tarde la directiva comunitaria.
Con la aprobación del decreto que desarrollan la Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, el Gobierno se obliga a elaborar un plan nacional de lucha contra la contaminación que servirá de pauta para los que aprueben las comunidades autónomas y las entidades locales que miden la calidad de su aire. Entre otras cosas, el plan detalla medidas y objetivos concretos e incluirá un calendario de aplicación que se elaborará con el acuerdo de las comunidades autónomas.
El decreto sobre calidad del aire llega en plena polémica por el anuncio de que las dos principales ciudades, Madrid y Barcelona, pidieron una moratoria a Bruselas porque incumplen los máximos que fija la UE. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente asegura que no tramitará las peticiones de moratoria si no ve avances contra la polución.
El decreto presta especial atención a las partículas en suspensión PM2,5 (aquellas que tienen un tamaño inferior a 2,5 μm), que estudios recientes relacionan con el aumento de la mortalidad y los ingresos hospitalarios. Las Administraciones aseguran que deberán realizar una evaluación preliminar de la presencia de estas partículas en el aire. Medio Ambiente creará una red de medición con un punto de muestreo por cada millón de habitantes.
La nueva normativa va más allá de las exigencias europeas, incluso España se adelanta al resto de países al incluir el control de otro contaminante, el amoniaco (NH3). Se trata de un gas altamente reactivo que favorece la generación de partículas secundarias. Los principales emisores de amoniaco son las actividades agropecuarias, aunque la industria y el tráfico rodado pueden ser puntualmente importantes. El decreto alerta de que en un futuro próximo podrían incrementarse las emisiones del tráfico por el uso masivo de sistemas de reducción catalítica selectiva. Los catalizadores de los vehículos llevan urea, que reduce el dióxido de nitrógeno, y produce amoniaco, y que se dará sobre todo en los diésel.
El ministerio considera que debe vigilar los niveles de amoniaco mediante la medición en estaciones de fondo regional y de tráfico en las principales ciudades españolas. Todas las de más de 500.000 habitantes deberán contar con un punto de medición en un área de intensidad elevada de tráfico. Sin embargo, y pese a recoger con detalle la forma adecuada de medir las concentraciones de amoniaco, que aún no se hacen ni en Madrid ni en Barcelona, la norma aún no define objetivos de calidad para este contaminante.
Conceptos relacionados
[Contaminación atmosférica]
[Cambio climático]
[Calidad ambiental]
Fuentes:
Europapress.es, 28 de enero de 2011
El Pais, 28 de enero de 2011
informacion@vidasostenible.org © 2005 Fundación Vida Sostenible | XHTML CSS