Incendios

Prevención de incendios en la Península Ibérica (Agosto-2010)

España

El problema de los incendios forestales en época estival no es nuevo en la Península Ibérica. La sequedad del terreno, la falta de lluvias, la maleza y los bosques descuidados, las negligencias continuadas, intereses agrícolas, cinegéticos, ganaderos y urbanísticos unidos a una cierta permisividad social, convierten en cenizas todos los veranos miles de hectáreas de bosques en España y Portugal. El peligro estructural latente se pone coyunturalmente de manifiesto con toda su virulencia bajo condiciones de sequía y/o meteorología adversas con dos tipos de situaciones que pueden desbordar la capacidad de los medios de extinción: la existencia de gran cantidad de incendios simultáneos y/o de grandes incendios.

En España en el verano de 2005 se tomaron medidas y se propusieron alternativas de prevención y coordinación de todo tipo para actuar frente a los incendios. Una iniciativa que por tardía no deja de ser necesaria. La trágica razón no fue la asunción del problema medioambiental por parte de los poderes públicos o de los ciudadanos; tampoco la superficie de terreno quemado, que, siendo alta (161.154 hectáreas) no fue ni mucho menos superior a la de años precedentes (437.635 hectáreas en 1994); ni siquiera el incremento de superficie forestal quemada respecto a 2004 (un 30%), a la última década (un 32%) o las pérdidas de unos 650 millones de euros. Tuvieron que morir 13 personas en tareas de extinción de incendios para que las administraciones públicas comenzaran a tomarse en serio la cuestión endémica de los bosques españoles de cada verano. El más trágico de estos incendios fue el tristemente célebre ocurrido en Guadalajara, donde pereció un retén de 11 personas, y que generó una comisión de investigación parlamentaria en Castilla La Mancha.

Iniciativas

Las iniciativas han sido numerosas y variadas desde entonces, y además se ha comenzado a profundizar en la colaboración entre comunidades autónomas, (muchas carecían de un protocolo de actuación en caso de fuego declarado), y con el Ministerio de Medio Ambiente. Al mismo tiempo, comienza a ponerse el acento en medidas de prevención, cuestión descuidada hasta ahora en la lucha contra los incendios, que se había centrado en mejorar la equipación de los retenes, las dotaciones de infraestructuras y tecnologías (teledetección, etc.) o la disponibilidad de agua en embalses, piscinas, etc.

Todas las políticas de incendios forestales basadas únicamente en disponer de grandes dotaciones de medios de extinción han demostrado ser muy costosas e ineficaces. La gestión territorial y forestal debe tener necesariamente presentes las condiciones naturales y sociológicas que producen riesgo de incendio y establecer una política preventiva con dos objetivos principales: reducir el número de incendios (para lo que es necesario el conocimiento de sus causas) y acondicionar el espacio forestal para impedir la propagación del fuego. Siguiendo esa línea de trabajo, el Ministerio de Medio Ambiente y las consejerías homónimas de las comunidades autónomas promovieron el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 29 de enero de 2005, sobre prevención y lucha contra incendios forestales, basada en el impulso de 28 acciones y medidas concertadas entre administraciones destinadas a prevenir y mitigar los efectos de los incendios forestales. El 10 de junio de 2005 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales con el objetivo de aportar un enfoque integrado en la búsqueda de soluciones.

La severidad de las sequías y la gravedad de los siniestros ocurridos motivó la aprobación del Real Decreto –Ley 11/2005 de medidas urgentes en materia de incendios forestales, a instancia del cual las comunidades deben declarar sus respectivas Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales, así como aprobar sus planes de defensa, planes que deberán considerar, al menos:

- Los problemas socioeconómicos que puedan existir y que se manifiesten a través de la provocación reiterada de incendios o del uso negligente del fuego, así como las épocas con mayor riesgo de incendios.
- Los trabajos de carácter preventivo que resulte necesario realizar, incluyendo los tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua que deban realizar los propietarios de los montes.
- El establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción necesarios para dar cobertura a toda la zona.
- La regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendio.

Destaca la reforma aprobada de la Ley de Montes, que a partir de octubre de 2006 prohíbe la recalificación por los municipios de terrenos quemados en los 30 años siguientes. Ya no se permiten la quema de rastrojos, las barbacoas al aire libre y cualquier actividad en la que sea necesario encender fuego en los bosques. También se elaboró un mapa con las zonas de alto riesgo de incendio en nuestro país basado en los datos aportados por las autonomías; éstas zonas comprenden las áreas situadas sobre todo en el sur y este peninsular, centro, La Rioja, Galicia y Asturias (un 55% del territorio nacional). Se ha creado el Fondo para el Patrimonio Natural, dotado con 40 millones de euros destinados a trabajos de silvicultura, conservación de la biodiversidad y gestión en montes privados (un 80% en España); también se propuso el anonimato en la denuncia de delitos medioambientales por los particulares.

Pero el problema no pasa tanto por incorporar nueva regulación como por aplicar la ya existente. Pocos saben que los jueces, facultados por el Código Penal desde 1995, y los ayuntamientos, pueden prohibir cualquier tipo de urbanización en terreno quemado. Y sobre todo, la cuestión de fondo que aparece en este debate es el abandono del bosque y el alejamiento de la mayoría de la población de las áreas rurales. A través de la visión “urbanita” de las masas forestales se ha instalado cierto desprecio por la naturaleza que se traduce en negligencias y en desconocimiento de los problemas diarios de los habitantes, agricultores, ganaderos y gente del campo para encontrar pastos, luchar por sacar adelante las cosechas en terrenos poco apropiados o atraer turistas a la zona para mantener la actividad económica del lugar y evitar la despoblación, que hace al municipio más débil a la hora de evitarla llegada de intereses especulativos con el terreno.

No es casualidad que en regiones como Soria o Cuenca no haya apenas incendios, contando con una de las mayores masas forestales en España. Allí la ciudadanía se beneficia económicamente de la explotación de los montes a través de las llamadas “pinadas”, originando beneficios superiores a los 3.000 euros por habitante y año. Es evidente que cuando no se quiere, los incendios no se producen. Para ello es necesario poner en valor los montes y llevar a cabo un aprovechamiento sostenible que implique a los habitantes en su conservación como fuente de riqueza, evitando la visión “urbanita” hacia el bosque, al que algunos consideran una simple postal que sólo se ve durante las vacaciones de verano.

Las localidades afectadas también han empezado a desarrollar proyectos no legislativos, así por ejemplo, la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Duero-Douro, que agrupa a 63 localidades fronterizas entre España y Portugal, ha presentado el proyecto Self-Prevention, con el que pretende introducir 150.000 cabras para limpiar de forma natural los montes y prevenir los incendios forestales que sufre cada año esa zona. Se invertirán 50 millones de euros y se crearán 500 puestos de trabajo y todo un entramado fabril, comercial y turístico en torno al ganado y sus productos. Además habrá plantas de biomasa que generarán energía renovable con los residuos del monte y el ganado.

Según la ONG Greenpeace, en los últimos 40 años ha ido variando la tipología de los fuegos a nivel global. Tras la “primera generación de incendios”, en los años 60-70, ya afectada por el abandono de cultivos y el despoblamiento rural, una segunda etapa degeneró en siniestros más intensos y rápidos, por la acumulación de combustible durante 10 ó 15 años. La “tercera generación” surge en los 90 con fuegos de extrema intensidad y virulencia. Esta etapa da paso ahora a otra en la que las llamas pasan a un medio nuevo: las urbanizaciones. La fiebre inmobiliaria ha sembrado los montes de auténticas trampas.

Al abandonar su explotación tradicional, los montes acumulan combustible y son proclives al fuego. Pero, a la vez, el esfuerzo en extinción logra contener los conatos. El resultado es que se apila cada año más materia inflamable hasta que un día todo prende en un fuego imparable.

La solución, por tanto, radica en una gestión que permita la existencia de bosques sanos, variados en especies y de estructura compleja.

Biomasa en la prevención de incendios

Incidiendo en la política de prevención, se puso en marcha en 2006 una línea de fomento de los Planes de aprovechamiento de la biomasa forestal residual, recogidos ya en la Ley de Montes 43/2003. Las comunidades, por su parte, han elaborado planes y actuaciones de aprovechamiento de biomasa forestal para poder acceder al fondo de 5 millones de euros previsto en el RD 11/2005. Los criterios objetivos para la distribución del presupuesto fueron la superficie forestal arbolada con instrumento de gestión aprobado, la cantidad de biomasa real existente según el Plan de Energías Renovables 2005-2010, las cortas totales en función de la superficie arbolada y la superficie arbolada forestal incluida en Zonas de Alto Riesgo Forestal. A cada uno de ellos se le asignó el mismo valor.

Las labores de prevención de incendios retiran la madera en la medida de lo posible del terreno, la central de biomasa forestal que Iberdrola Renovables en Guadalajara y las otras dos que proyecta en Archidona (Málaga) y en As Somozas (A Coruña) producen energía exclusivamente a partir de estos residuos forestales, dando un valor a su recogida.

La iniciativa en Guadalajara parte de un compromiso que firmó Iberdrola con la comunidad autónoma, después de que el grave incendio del verano de 2005 en la provincia se cobrara 11 muertos. La planta, en funcionamiento desde hace un mes, se ubica en el municipio de Corduente, a los pies del Parque Natural del Alto Tajo y en la orilla del río Gallo. Con sus residuos forestales y el agua del río, pone sus dos megawatios (MW) de potencia en marcha, que permitirán el suministro de energía limpia para una población de unos 14.000 habitantes del Real Señoría de Molina de Aragón.

Aunque no es la misma zona exacta en la que se produjo el incendio, la empresa trabajó con la Universidad de Castilla-La Mancha, que identificó varios sitios idóneos desde el punto de vista del recurso forestal para instalar la central de biomasa. Los estudios técnicos realizados por la Universidad de Castilla-La Mancha e Iberdrola Ingeniería previos a la construcción fueron determinantes para la elección de Corduente, tanto por su proximidad a la materia prima, como por las buenas comunicaciones y la existencia de las líneas adecuadas para evacuar la electricidad.

La planta necesita un suministro forestal de unas 26.000 toneladas al año, cantidad que garantiza el convenio con la Junta de Castilla-La Mancha. En caso de escasez, alrededor de la central hay montes particulares que también realizan labores de prevención de incendios y que pueden servir para alcanzar esta cantidad.

Después, los restos forestales serán pasto de las llamas en la planta y producirán vapor de agua, obtenida del río, que pondrá en funcionamiento la turbina. Están estudiando que las cenizas que queden después del proceso se aprovechen para abonos o para la industria cementera.

Conceptos relacionados
[Incendios forestales]  [Naturaleza]  [Biomasa]  [Gestión del territorio]  [Herramientas] 

Fuentes:
El País, 14 y 15 de junio; 15 y 23 de agosto; 5, 12 y 19 de septiembre; 26 de octubre de 2005 y 25 de enero de 2006
El Mundo, 14 y 26 de agosto de 2009
Ecoticias.com, 18 de agosto de 2009
Cincodias.com, 18 de agosto de 2010
Revista Ambienta, Nº 56, junio 2006