Contaminación acústica/ruido

El ruido en las comunidades autónomas (Febrero-2007)

España

Anteriormente al 2003, pocas eras las Comunidades Autónomas que disponían de normativa en lo referente al ruido. Entre ellas cabe destacar la Comunidad Autónoma de Galicia, que poseía su propia ley desde 1997. Catalunya y la Comunidad Valenciana aprobaron la normativa al respecto en el 2002 y Andalucía en el 2003. Pero fue gracias a la entrada en vigor de la Ley del Ruido, en el 2003, cuando pudo llenarse ese vacío normativo en la mayoría de las autonomías.

En cuanto a la legislación desarrollada por las administraciones municipales, podemos mencionar la del Ayuntamiento de Madrid, puesta en marcha en la primavera de 2004, para hacer frente a la contaminación acústica, a la contaminación originada por radiaciones ionizantes y a la contaminación térmica. A su vez, ha incorporado al texto las aportaciones de vecinos, grupos políticos y agentes sociales.

Desde junio del 2004, 300 policías municipales madrileños trabajan en las Brigadas Antirruido, a las que el Ayuntamiento ha encomendado una labor inspectora y sancionadora. En su punto de mira se encuentran las obras, las carreteras, las cargas y descargas en las calles y los vecinos poco silenciosos. Sólo en el primer año se impusieron 524 multas por exceso de ruido, lo que supuso que aumentaran en un 589%. En ese año, la Policía Municipal hizo 5.334 inspecciones, de las que 1.224 fueron causadas por ruidos generados por vecinos, 210 en talleres e industrias, 766 en locales de ocio, 1.992 por el tráfico y otras 1.212 por otras actividades como el botellón o la música en la calle. De los 588 expedientes sancionadores iniciados, 524 acabaron en multa, 200 de las cuales fueron a parar a comercios, oficinas y particulares; otras 89 fueron infracciones leves, 49 graves y 62 muy graves.

Por otra parte, la aprobación de la Ley contra la Contaminación Acústica de las Illes Balears, proyectada para el 2007, aportará a dicha comunidad autónoma un instrumento normativo adecuado para hacer compatible la actividad económica del archipiélago con el derecho al descanso de residentes y turistas. El gobierno balear adapta por tanto la normativa a los requerimientos de la Directiva del Parlamento europeo 2002/49 CE. Una tarea en absoluto sencilla, al ser necesario armonizar el derecho al descanso, la salud y la intimidad de las personas con el desarrollo de actividades vinculadas con el ocio, (eje fundamental de un sector clave para la economía de las islas como es el turístico) y con el desarrollo de otros sectores productivos de gran importancia, como por ejemplo, la construcción.

A la hora de llevar a cabo esta labor de equilibrio entre derechos individuales y desarrollo económico, la ley otorga un gran protagonismo a los ayuntamientos, sin olvidar eventuales participaciones de los consejos insulares; para cumplir con los cometidos se establecen fórmulas de apoyo para estos entes locales, como la formación de agentes o la adquisición de equipos de medición de los impactos acústicos. Los municipios serán los encargados de establecer los “mapas del ruido” en poblaciones con más de 35.000 habitantes, o bien en aquellos otros que cuenten con una población superior a 25.000 habitantes en un solo núcleo urbano. También deberán establecer una zonificación en función del uso predominante del suelo (residencial, recreativo, sanitario, equipamientos públicos, etc), así como redactar los “Planes Acústicos de Actuación Municipal” que permitirán disponer en cada caso de las medidas adecuadas para reducir los niveles excesivos de contaminación acústica, estableciendo en su caso “zonas especiales” con ruido elevado, pudiendo decretar medidas restrictivas pertinentes. En cualquier caso, se trata de una ley que no pretende tanto sancionar conductas como corregir situaciones perjudiciales para el ciudadano, sin por ello poner en peligro el desarrollo económico de la comunidad.

Otras ordenanzas que destacan son la de A Coruña y la de Huesca; ambas son muestras de una normativa sobre el ruido adecuada a las necesidades actuales de conciliar el ocio, la actividad comercial y la profesional con el descanso de los vecinos.

Novedosa es la sentencia de un juzgado de Zaragoza que en febrero de 2007 ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad a indemnizar con 7.000 euros a cada uno de los 55 vecinos que plantearon una demanda por las molestias que sufren desde hace 20 años por los bares que abundan en la zona donde se hallan ubicadas sus viviendas. Los afectados calificaron ayer la sentencia de victoria moral en la lucha que vienen librando contra el ruido que, especialmente en las noches de los fines de semana, supera los 55 decibelios.

Conceptos relacionados
[Ruido]  [Herramientas]  [Turismo]  [Gestión del territorio] 

Fuentes:
Revista Ambienta nº 57, julio-agosto 2006
El País, 23 de febrero de 2005
Fundación Vida Sostenible, agosto de 2006
El País, 21 de febrero de 2007