España

Custodia del territorio: conservación en manos privadas (Mayo-2012)

España

El gobierno ha anunciado la modificación de cuatro leyes ambientales que pueden favorecer la especulación al servicio del interés privado, concretamente son: La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y el texto refundido de la Ley de Aguas.

Estas leyes irían en contra de el principio de uso racional de los recursos naturales y favorecerían los intereses privados de los empresarios en los usos del terreno, limitando los intereses generales de la ciudadanía.

Aunque en España la gestión de la conservación de la naturaleza corresponde en su gran mayoría a la Administración (encargada de declarar, delimitar y proteger espacios naturales) también encontramos una cantidad notoria llevada a cabo por asociaciones, propietarios de terrenos, empresas privadas o redes ciudadanas. Este concepto, conocido como “custodia del territorio”, amplía esta defensa y conservación del medio natural a otros sectores y por tanto se promueve la participación. Así por ejemplo los propietarios de terrenos privados que contribuyen a la riqueza de los paisajes o al beneficio de la biodiversidad, podrían ser recompensados a través de desgravaciones fiscales.

Este concepto es aún poco conocido en territorio español, aunque se dan casos como la asociación extremeña Adenex (1978) que instauró varias reservas biológicas en terreno privado o la sección mallorquina del Grup Balear d’Ornitologia (1980), que realizó la compra de un terreno privado que iba a ser urbanizado. En territorios como Catalunya, la citada Baleares y Andorra trabaja la Xarxa (Red) de Custòdia del Territori (XCT), el grupo más activo y estructurado en España. Así, en Catalunya el 4% de su territorio está protegido y la Fundación Territori y Paisatge ha logrado firmar en 11 años 65 convenios y gestionar 144.000 ha de territorio. Otras asociaciones como SEO, WWF/Adena, Fapas o la Fundación Oso Pardo llevan años promoviendo este tipo de prácticas en territorio español.

Aunque van bien encaminados, la situación en España no es comparable al nivel existente en otros países, como EEUU, Canadá o Reino Unido, en el últimos de los cuales existe el Nacional Trust, con 112 años de existencia y tres millones de socios.

A continuación se presenta una lista de razones por las cuales deben promoverse este tipo de acuerdos entre entidades públicas y usuarios privados:

- Se protegen valores como un hábitat, especies animales, elementos históricos.
- Se promueven prácticas de buen uso y conservación de los recursos naturales.
- Se inculca la participación ciudadana en la gestión y conservación del territorio.
- Se apoya a aquellos propietarios de fincas de especial interés (por sus necesidades y el medio donde viven).
- Se requieren valores espirituales de la sociedad (el pertenecer a esta de forma intrínseca y la responsabilidad humana de tener que protegerla y convivir con ella).

El incremento de la presencia de empresas públicas como responsables de los servicios de prevención y extinción de incendios (en mas de diez comunidades autónomas) no debe suponer ni una merma en la calidad de los servicios, ni un peligro para sus trabajadores. Las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en estos casos, no pueden eximir su responsabilidad de inhibirse de su papel de “empresario principal” en un servicio público como es la prevención y extinción de incendios forestales.

Por otro lado, hay que recordar que nuestros montes siguen sin gestionarse adecuadamente, y que esto constituye el principal problema que origina los incendios forestales en un país en que, como en el nuestro, cada vez hay menos población en el ámbito rural, y más biomasa, siendo España uno de los pocos países del mundo en que crece la superficie forestal.

Así, en materia de ordenación, si tres comunidades autónomas destacan por superficie forestal ordenada (Murcia, con aproximadamente la mitad, Navarra con mas de un 40% y Cataluña con un 35% aproximadamente), otras 9 lo hacen por no tener ninguna figura de ordenación, ni el 10% de la superficie forestal. Se trata de Extremadura, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón, Castilla-LA Mancha, Cantabria y Galicia. Considerando el global nacional, la superficie forestal ordenada supone un 12%.

Es imprescindible que las comunidades autónomas, con la colaboración del Gobierno central, y apoyando las estrategias europeas de desarrollo rural sostenible, inviertan para poner en valor los montes. Para ello, es imprescindible invertir en su gestión, apoyando a los pequeños propietarios forestales, agricultores y ganaderos, a las pequeñas y medianas empresas que realicen aprovechamientos forestales sostenibles u otras actuaciones que crean empleo en zonas rurales.

Conceptos relacionados
[Desarrollo sostenible]  [Gestión del territorio]  [Ministerio de Medio Ambiente] 

Enlaces de interés
www.custodiaterritori.org

Fuentes:
Público, 13 de octubre de 2009
Boletín daphnia, revista sobre la conservación del medio ambiente y la producción limpia, nº53, 2010
Ambientum.com, 13 de abril de 2012