La política del agua

La privatización del agua, el 48 por ciento del suministro en manos privadas (Septiembre-2009)

España

La enorme deuda que atenaza a muchos ayuntamientos españoles, a los que también la banca ha cerrado líneas de crédito para el día a día, ha hecho que sus alcaldes agudicen el ingenio para obtener ingresos donde ahora faltan. Muchos de ellos, cada vez más, están optando por la vía fácil para sobrevivir financieramente (y hasta políticamente, en algunos casos): privatizar la gestión del agua, pese a toda la polémica que eso acarrea. Varios municipios, como León, Cáceres y Avilés, entre los de mayor tamaño, sacarán concursos tras el verano para dar entrada a empresas privadas en el servicio de suministro, lo que les permitirá lograr más de 360 millones de euros.

Ante el déficit de ingresos, ayuntamientos de todo signo político han recurrido a los cánones que cobrarán a las empresas adjudicatarias de la gestión del agua como una opción rápida para obtener dinero.

Según Ecologistas en Acción dejar en manos privadas la gestión de un servicio de primera necesidad como es el abastecimiento urbano, puede tener graves consecuencias. La competitividad del mercado no es tal cuando la gestión del agua está en dos grandes corporaciones. Esta situación se refleja en el Estado español donde dos grupos empresariales: Aguas de Barcelona y FCC -a través de Aqualia- controlan el 80% del negocio privado del agua. Se produce el debilitamiento de los organismos públicos responsables de regular y controlar la planificación de los servicios del agua por la subcontratación de los servicios y funciones. Los beneficios no se reinvierten en una mejora de la calidad del servicio o a cualquier otro fin de interés social. No se tienen en cuenta cuestiones medioambientales como la protección de las aguas subterráneas o de ecosistemas fluviales y cualquier política de ahorro, fundamental para un uso racional del agua en el Estado español, choca con los intereses de la empresa privada puesto que a mayor consumo mayores beneficios.

Uno de los ejemplos más claros de privatización se da en el Gobierno local de Cáceres, en manos del PSOE, que ha fijado el canon del agua como la vía, junto al ahorro de costes, para cubrir una deuda de 30 millones. Varios bancos y cajas le acaban de prestar el dinero y los ingresos de los recursos hídricos servirán para devolverlo. El Consistorio cuenta con percibir 31 millones de la empresa que a partir de febrero se haga cargo del suministro de agua.

Como suele ser habitual, la decisión ha generado una diatriba política. Tras tiras y aflojas con IU, y entre críticas del PP, que prefiere una privatización total, se ha decidido crear una empresa mixta (público-privada) para la gestión.
Levantamiento ciudadano

En este caso, el contrato también derivará en una verdadera lucha de las sociedades gestoras del abastecimiento (casi todas, filiales de constructoras) por un jugoso negocio con un aliciente: arrebatar el contrato que Cáceres adjudicó hace 15 años al Canal de Isabel II, empresa pública de la Comunidad de Madrid y tercer mayor jugador en el mercado del agua, que hace una fuerte competencia a las privadas.

A la polémica política se unen en León y Avilés (también gobernados por el PSOE) las protestas ciudadanas en contra de que el servicio se convierta en un negocio empresarial. En una fórmula inédita, León quiere lograr 25 millones, pero luego debe devolverlos y se quedaría sólo con el 2% de la facturación anual del servicio. Mientras, Avilés busca unos 38 millones. La reacción ha sido tal en ambas localidades que se han creado plataformas de defensores de la gestión pública que presentaron en julio sendos recursos en los tribunales. Temen, entre otras cosas, un alza en el precio del agua.

Hace dos meses, el Ayuntamiento de Guadalajara, en manos del PP, adjudicó el mayor contrato de los últimos tres años, que ganó el consorcio Sacyr-Rayet por 259 millones por la explotación durante 25 años.

Pero los municipios españoles llevan ya dos décadas exprimiendo estos recursos, lo que ha llevado a que las empresas privadas controlen ya el suministro para el 48% de la población española, según los datos del sector. Son las pequeñas localidades de menos de 50.000 habitantes (y con menor capacidad de gestión), las que más recurren a la privatización, según datos de la Asociación Española de Abastecedores y Gestores de Aguas.

Conceptos relacionados
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Fuentes:
Ecologistas en acción, marzo de 2006
Público, 7 de septiembre de 2009