La política del agua

Valencia y Castilla-La Mancha pugnan ante el Ejecutivo por controlar el Júcar (Abril-2010)

España

La guerra del agua que la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha libran por el agua del Tajo se ha extendido al Júcar. De forma soterrada -y a veces un tanto delirante-, los dos Ejecutivos autonómicos llevan meses enviando informes al Ministerio de Medio Ambiente para intentar controlar la cuenca ante el nuevo real decreto que debe establecer los límites de la demarcación. El enredo es tal que el Gobierno no encuentra salida y ha aplazado sin fecha el nuevo reparto de la cuenca.

El Ejecutivo del socialista José María Barreda pidió primero que, en cumplimiento de una sentencia del Supremo de 2004, el Gobierno excluya de esta cuenca todos los ríos que discurren íntegramente por la Comunidad Valenciana. La sentencia dio la razón a la Fundación Progreso de Albacete, que consideró que el plan de cuenca daba demasiado poder a Valencia. El Supremo falló que los ríos que nacen y mueren en una comunidad deben ser gestionados por ésta y que eso se debe aplicar al Júcar. El resultado, según propone Castilla-La Mancha, sería que la actual cuenca, que va de Tarragona a Alicante, quedaría dividida en una decena de pequeñas cuencas. Del Júcar, del Turia, del Vinalopó...

Con una dificultad añadida: muchas de ellas están interconectadas, ya que el Júcar es el río más caudaloso y de él beben Valencia y Sagunto, y dependen miles de hectáreas de regadíos. Su agua llega hasta Alicante a veces por canales centenarios. Con esta propuesta, cada vez que el agua del Júcar saliera hacia otra de las cuencas -por ejemplo, el Turia para abastecimiento- sería considerado un trasvase y en ocasiones habría que indemnizar a los regantes de Albacete. "Sólo pedimos que se cumpla la ley y una sentencia del Supremo", explican éstos, que defienden las bondades del sistema de control por satélite que aplica la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental para evitar el despilfarro, y cuya eficacia discuten los valencianos.

Al Gobierno valenciano, favorable a una gestión integral, no le interesa encargarse de cauces costeros que sólo destacan por las inundaciones tras las gotas frías del otoño. Pero sobre todo es consciente de que puede perder control sobre el Júcar si se reduce su peso territorial en la demarcación. El Ejecutivo del popular Francisco Camps se ha resistido al cambio de límites a pesar de que su estatuto de autonomía, como el de Castilla-La Mancha, prevé que asuma sus ríos.

Ante los informes de Castilla-La Mancha, que incluso intentan desvincular del Júcar la Albufera, el Ejecutivo de Camps ha contraatacado con otros que piden que se asigne a Castilla-La Mancha las cuencas endorreicas (sin salida al mar) de Pozohondo y Los Llanos, entre otras, lo que afectaría a la ciudad de Albacete. El resultado sería que en el mapa de los escolares aparecería una nueva cuenca hidrográfica en la provincia de Albacete sin salida al mar. Un círculo en la meseta.

La guerra se libra más en los papeles que con declaraciones. "El agua no puede servir para enfrentar comunidades. No queremos abrir una guerra con Castilla-La Mancha aunque estemos en contra de lo que propone", afirman en el Gobierno valenciano. Castilla-La Mancha sostiene que sólo quiere que se cumpla la ley y una sentencia que le da la razón.

El Gobierno ve con una mezcla de preocupación e ironía la situación y el cruce enloquecido de informes, pero no encuentra forma jurídica para arreglarlo. Intentó crear la figura de la cuenca compartida, para mantener la unidad de gestión, pero tenía un encaje más que dudoso en la Constitución. De momento planea mantener al menos relacionadas las cuencas del Turia y del Júcar.

En abril de 2010 la aprobación en el Congreso de un informe sobre el nuevo Estatuto de Castilla- La Mancha en el que se prevé incorporar a su preámbulo una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos para esta comunidad volvió a reabrir las heridas existentes entre los dirigentes políticos de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia.

Esta fórmula de la reserva hídrica fue presentada en la negociación existente entre los dos partidos mayoritarios a cambio de suprimir la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015 incluida en el texto inicial. Esta propuesta, salió adelante con la abstención de los conservadores que emitieron críticas del tipo “no resuelve (esta reserva) ninguno de los problemas que tiene el agua” y es “una provocación y choque hacia otras comunidades”. Tras la aprobación del informe y las subsiguientes críticas que le han secundado el vicepresidente de la Generalitat, Juan Cotino, reclamó una reunión urgente entre los presidentes de las tres comunidades implicadas para hablar con claridad del agua.

Conceptos relacionados
[Demanda de agua]  [Gestión del agua]  [Planificación Hidrológica Nacional]  [Política del agua] 

Fuentes:
El País, 12 de junio de 2009
Público, 9 de abril de 2010