La política del agua

Cambios en la Ley de Costas y ejecución de sentencias para recuperar el litoral (Julio-2010)

España

Una enmienda a la Ley de Costas suaviza su aplicación, rebaja las políticas de la exministra Cristina Narbona en la recuperación del dominio público en el litoral español.

El cambio no pasó por el Consejo de Estado, ya que se introdujo a última hora en la Ley de Navegación Marítima, elaborada por el Ministerio de Justicia y el de Fomento. Al tramitarse en comisión (la de Justicia, no la de Medio Ambiente) con competencia legislativa plena, el texto tampoco pasará por el Pleno de Congreso. Sin una línea en la exposición de motivos que justifique el cambio -al aprobarla el ministerio sí dio una críptica nota sobre la reforma-, Medio Ambiente abre una reforma de la Ley de Costas, norma clave de medio ambiente, vigente desde 1988.

La disposición final cuarta de la Ley de Navegación Marítima, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre, añade dos apartados a la Ley de Costas: "Las concesiones [a las viviendas construidas legalmente sobre la playa antes de 1988] serán transmisibles, previa autorización de Costas, por actos inter vivos, subrogándose el nuevo titular los derechos y obligaciones de la concesión". Es decir, que las concesiones no sólo se pueden heredar, sino que con esa reforma se podrán vender y comprar. Medio Ambiente tendrá tres meses para ejercer el derecho de tanteo.

Hasta ahora, el Estado otorgaba una concesión de 30 años (ampliables a 60) a los dueños de las casas construidas en dominio público antes de la ley, pero no podían venderlas (salvo excepciones con trámites complejísimos). Tras ese periodo pasarían a manos de Estado para ser derribadas. La idea era limpiar el litoral de cemento.

Aunque la ley tiene 20 años, fue la ministra Narbona la que comenzó a aplicarla realmente en 2004, ya que los ocho años anteriores apenas se avanzó en el deslinde de la costa -el trámite que delimita la zona pública y la privada de playa-.

Esto provocó miles de protestas, la creación de una Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (que calcula que hay 45.000 viviendas en esa situación) y quejas de las embajadas del Reino Unido y Alemania, ya que muchos de los compradores en primera línea eran extranjeros que, al adquirir su chalé, no fueron informados de que su casa podía pasar a manos del Estado.

Actualmente esta deslindado el 92% de los casi 8.000 kilómetros de costa y con el trámite llegan los pleitos, los derribos, las quejas a Bruselas, la movilización, y finalmente el debate parlamentario.

Ejecución de sentencias en aplicación de la Ley de Costas

Los primeros derribos de las viviendas ilegales situadas en la Costa Cántabra comenzaron a finales de abril de 2009. Las sentencias judiciales indican el derribo de la urbanización del El Encinar de Arnuero, en la playa de La Arena de Arnuero. algunas de las sentencias se dictaron hace alrededor de 15 años. Desde entonces, cerca de un millar de casas han sido declaradas ilegales por los tribunales.

Se ha comenzado el derribo de la fase dos de la urbanización, que está formada por cerca de 150 apartamentos. Estos pisos se encuentran tan sólo a 200 metros de la playa, una zona que antes de construirse era un encinar que los ecologistas defendieron de la entrada de las máquinas hasta el punto de llegar a las detenciones de varios activistas.

La asociación ecologista ARCA (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria) ha sido la impulsora de la mayor parte de las demandas que han concluido en sentencias de demolición en la comunidad autónoma.

La demolición se llevando a cabo con normalidad, aunque un grupo de vecinos, algunos con en las que se puede leer "víctimas", se encuentra en la zona mostrando con una pancarta con el lema "144 familias víctimas de la mafia del ladrillo".

El congreso debatirá por primera vez rebajar la Ley de Costas de 1988

Lo hará en otra norma que no tiene mucho que ver, la Ley de Medio Marino, a la que Coalición Canaria ha presentado enmiendas para reducir los derribos y respetar las casas ya construidas en dominio público.

Una enmienda de CiU pide reformar la ley en tres meses para “revisar los criterios de deslinde de dominio público marítimo-terrestre aplicables a aquellas áreas urbanas consolidadas con singularidades propias”. Pere Macías, de CiU, afirma que “en algunos casos la ley es excesiva” y en otras poco.

Las enmiendas de Coalición Canaria (CC) van mucho más allá y otorgan competencias en materia de costa a las comunidades. El partido pide “respetar las construcciones y usos ya existentes” en la costa aunque la entrada en vigor de la ley no estuviera clasificado como suelo urbano. CC y PP aprobaron un a ley autonómica que salvaba viviendas en la playa por su “valor etnográfico”, pero la norma está recurrida por el Gobierno en el Constitucional. Ahora pretende introducir en el Congreso que las comunidades designarán las construcciones con “valores históricos, etnográficos, arquitectónicos o pintorescos, que resulte conveniente conservar en función a su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social”.

El BNG no ha enmendado la ley, pero no porque quiera mantenerla tal cual. Presentó otra proposición de ley para legalizar los núcleos rurales construidos antes de la ley pero no reconocidos en esta, como en el caso de Marín (Pontevedra). “No queremos abrir el tema de los deslindes, pero sí estamos dispuestos a hablar sobre la forma de salvar estas construcciones que hay en la costa gallega y asturiana”, afirma la diputada Olaya Fernández.

El Ministerio de Medio Ambiente no ha querido comentar las enmiendas. El ministerio ya presentó una reforma de un punto de la norma para permitir comprar y vender casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. Ese cambio, introducido a través de otra ley lleva año y medio guardado en un cajón del congreso. El ministerio si ha optado por aplicar la ley con menos dureza, al menos públicamente, que el equipo anterior.

Los ecologistas temen que la presión acabe por imponer un recorte y ven con alarma los movimientos contra una de las leyes más importantes y duraderas sobre medio ambiente.

Conceptos relacionados
[Política del agua]  [Urbanismo] 

Fuentes:
El País, 2 de febrero de 2009
Ambientum.com, 24 de abril de 2009
El País, 9 de julio de 2010