Un total de 467 municipios catalanes tienen prohibido utilizar el agua potable a partir de febrero de 2008, para otra cosa que no sea el consumo doméstico, por lo que para el riego y los usos ornamentales deberán abastecerse de aguas freáticas o reutilizadas. El Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat activó el día 4 de febrero la fase de excepcionalidad 2 del Decreto de Sequía en el sistema Ter-Llobregat, del que se nutren Barcelona y su área metropolitana y Gerona, fase en la que ya estaba la cuenca de la Muga (Gerona).
Así, no podrán regarse campos, jardines o zonas verdes con agua potable, tampoco limpiar las calles o llenar piscinas, sea todo ello de propiedad pública o privada. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado, además, que cerrará el 10 por ciento de las fuentes públicas para ahorrar 1.200 metros cúbicos de agua al mes. También controlará a los grandes consumidores y no se pondrán plantas de temporada.
La excepcionalidad 2 se activó ante la situación de los pantanos, a sólo el 23,98 por ciento de su capacidad total. La fase 2 es la previa a la de emergencia, que comportaría las temidas restricciones domésticas.
Para que éstas no lleguen a producirse se han tomado medidas, muchas de ellas de urgencia, encaminadas a obtener caudales suplementarios para frenar la sangría en las reservas de los pantanos. Los responsables de la Entidad de Medio Ambiente del Área Metropolitana y Aguas de Barcelona explicaron ayer que entre estas medidas figuran la recuperación de 14 pozos, algunos de los cuales habían caído en desuso, así como la del Rec Comtal, un canal del siglo XI que llevaba agua del Besós a Barcelona.
Ya se contratan barcos
La última medida prevista para evitar los cortes domésticos sería el traslado de agua en barcos a Barcelona, que no llegarían antes de primeros de mayo, para lo cual el puerto se está ya preparando. Sigue sin desvelarse si procederá de la desaladora de Carboneras (Almería), de Tarragona o de Marsella (Francia). En todo caso, ya se están haciendo precontratos con empresas de buques cisterna para que estén disponibles si se necesitan. La decisión final corresponde a la Agencia Catalana del Agua, dependiente de Medio Ambiente.
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Fuentes:
ABC, 6 de febrero de 2008
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