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La nueva Ley de Reponsabilidad Ambiental (Diciembre-2007)

España

La Ley tiene por objeto hacer efectivo el principio "quien contamina, repara", que va más allá del principio "quien contamina, paga". Se trata de asegurar que el responsable de la actividad devuelva los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes, aún cuando no haya cometido ninguna infracción administrativa y haya actuado de conformidad con la normativa aplicable. Se pone el énfasis en la restauración total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, el cual no se verá satisfecho con un mera indemnización dineraria y en la necesidad de que las empresas internalicen los costes asociados a los riesgos medioambientales inherentes a las actividades que desarrollan.

Con ello se quiere evitar que la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos, como viene ocurriendo en muchas ocasiones hasta la fecha. A título de ejemplo: sólo el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente ha afrontado a lo largo de los últimos 7 años en gastos de reparación ambiental ha sido cercano a los 183 millones de euros, de los que 113 millones son atribuibles a la descontaminación de suelos. En las actuaciones relacionadas con el vertido de Aznalcóllar se invirtieron, adicionalmente, más de 75 millones de euros para reparar los daños ocasionados por una empresa minera. La inversión prevista para llevar a cabo las tareas de limpieza y recuperación de la aguas del embalse de Flix, a las que han ido a parar vertidos de sustancias altamente contaminantes procedentes de industrias electroquímicas, será de otros 155 millones de euros.

Junto a la reparación efectiva del daño, se persigue reforzar el principio de "prevención" para evitar que los daños medioambientales lleguen a producirse. Para ello, obliga a los operadores de la actividades económicas y profesionales a que adopten todas las medidas de prevención que resulten necesarias ante un supuesto de amenaza de daño al medio ambiente.

Hay que destacar que el gasto de las empresas españolas en prevención de riesgos ambientales ha crecido de manera muy significativa a lo largo de los últimos años (alcanzando en 2003 la cifra de 2.000 millones de euros). Sin embargo, la tasa de accidentes industriales con consecuencias para el medio ambiente es susceptible de mejora.

La Ley afectará aproximadamente a más de 5.000 instalaciones industriales, a unas 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y a casi un millón de explotaciones agrarias. Se prevé que el coste de la Ley sea de aproximadamente unos 100 millones de euros anuales, en lo que se refiere a la constitución de garantías financieras.

Conceptos relacionados
[Desarrollo sostenible]  [Huella ecológica]  [Responsabilidad Social Corporativa] 

Enlaces de interés
www.boe.es

Fuentes:
Revista Recupera, Nº 52, diciembre de 2007