Poco o medianamente conocida es la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia que el Gobierno aprobó en pleno verano de 2007. Esta Estrategia contempla objetivos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para 2012 y 2020 progresivamente; y para ello ha creado 198 medidas llamadas “urgentes".
En dicho documento el Gobierno reconoce la necesidad de apoyo y coordinación con las entidades locales y las comunidades autónomas para su adopción y cumplimiento. Al mismo tiempo, impone una serie de requerimientos a los servicios públicos, a la industria, a la agricultura y en general a la ciudadanía para unirse al objetivo del Protocolo de Kioto. Todos resultamos implicados, pero no todos sabemos qué hacer.
Para empezar, el Gobierno tendrá que aprobar más ayudas, subvenciones y demás incentivos, debido a que no todos los sectores ni todas las comunidades están en las mismas condiciones para sumarse al plan. Tampoco todos tienen las mismas prioridades y la voluntad de lograr el objetivo que se ha impuesto la Unión Europea en el marco del Protocolo de Kioto. Para muchos, se trata de hacer un gran esfuerzo sin recibir nada a cambio.
¿Conscientes de un problema global?
Kioto dibuja un cambio de rumbo en la economía mundial. Si será brusco o suave, o cuál será su alcance respecto de la sostenibilidad de nuestro planeta, son asuntos que están todavía por verse. Lo cierto es que, por primera vez en la historia, nos enfrentamos a un cambio económico, ambiental y social diseñado ex profeso para abarcar todo el planeta. Pero también es cierto que no es fácil distraer a las empresas, a los gobiernos o a los ciudadanos de sus problemas locales para enfrentarles a un problema global.
¿Será necesario acaso ver más tragedias por TV que nos muestren inundaciones y sequías que suceden en el resto del Planeta para comenzar a preocuparnos en serio? Este tipo de desastres parecen alejados de la Península y muy lejanos a la realidad europea. Además, muchos piensan (erróneamente) que una sequía en España jamás dejaría sin agua potable a las zonas urbanas, pues existe suficiente infraestructura como para transportar agua a donde sea necesaria; que por la Península no atraviesa una falla geológica que provoque temblores; o que estamos muy lejos de padecer las consecuencias devastadoras que ocasionan los tornados y huracanes en el Atlántico.
Un enfoque de sentido común: reducción primero, compensación después
Pero también muchas administraciones públicas y muchos ciudadanos creen que nuestro estilo de vida no sólo tiene consecuencias inmediatas en nuestro entorno más cercano, sino que además influye en los desastres naturales en otras regiones del Planeta. En esta sintonía, algunas autoridades públicas han tomado el toro por los cuernos, para reducir las emisiones de GEI con medidas radicales; tal como lo ha decidido la Generalitat de Catalunya, que a partir de octubre de 2007 ha prohibido la conducción a más de 80 km/h en las carreteras de 15 municipios que rodean Barcelona, y ha anunciado que ejercerá la misma prohibición en el perímetro urbano en días de elevada contaminación. La decisión es efecto de un estudio que revela que los coches, autocares y camiones ocasionan 52% de las partículas suspendidas de menos de 10 micras y el 40% del dióxido de nitrógeno de la zona; más que las emisiones del sector industrial como se creía.
Cabe decir, que el compromiso de los 27 países de la Unión Europea en el marco del Protocolo de Kioto excluye al sector transporte de las obligaciones de reducción. En los próximos años se incluirá sólo al transporte aéreo, por el momento. Sin embargo, es también una radical medida en el seno de la UE la imposición de 140-120 g/km de emisiones de CO2 progresivos para la industria del automóvil, tema controvertido y que provoca las reticencias del sector. Representantes de esta industria han dejado bien claro que, con la tecnología actual de motor de explosión, hay poco margen de reducción de las emisiones (la conclusión evidente es que necesitamos una tecnología nueva para abastecer de energía a los vehículos o ¿reinventamos el coche?).
Mientras llega esta tecnología, una serie de medidas entrelazadas recortan progresivamente los privilegios del vehículo privado. Los modelos más grandes son penalizados con impuestos, mientras que los más economizadores son incentivados con exenciones fiscales. Las grandes ciudades caminan paso a paso a la limitación estricta del uso de automóvil en sus calles, mediante una serie de medidas que van desde la peatonalización pura y dura al pago de una tasa por entrar en la ciudad.
¿Se dibuja una pauta identificable tras estas baterías de medidas más o menos inconexas? Parece que sí. Estas medidas son parte de un proceso más general en que los gobiernos, tradicionalmente tímidos a la hora de prohibir actividades manifiestamente insostenibles –no así otras dañinas para la salud, como el consumo en público de tabaco– comienzan a considerar inaceptables cosas que antes se dejaban al nebuloso albedrío de la concienciación ciudadana.
Así, tras décadas de campañas y planes Renove para estimular la venta de electrodomésticos eficientes, la UE se ha dado cuenta de que tal vez sería más fácil prohibir lisa y llanamente la venta de todo electrodoméstico que no alcance el estándar de eficiencia clase A. Otras medidas, como la reducción de iluminación en las vías y monumentos públicos, o la prohibición de carteles luminosos gigantes como lo ha hecho la Comunidad de Madrid desde el invierno pasado, van en la misma dirección.
La otra cara de la moneda es qué hacer con los millones de toneladas de CO2 y demás gases de efecto invernadero que no hemos conseguido evitar verter a la atmósfera. Aquí nos enfrentamos con una compleja mezcla de medidas cuya operatividad a nivel europeo es medianamente conocido y a nivel mundial incierto.
Conceptos relacionados
[Cambio climático]
[Protocolo de Kioto]
Enlaces de interés
www.ipcc.ch/
www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/
www.co2captureandstorage.info/
Fuentes:
Fundación Vida Sostenible, 23 de agosto de 2007
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