En 2007, el Ministerio de Agricultura anunció que penalizaría el gasto excesivo de agua en las explotaciones agrícolas e industriales. El objetivo entonces era instalar contadores de medición de volumen en todas las tomas de agua a partir de 2010, y los encargados de controlarlas serían las confederaciones hidrográficas, o demarcaciones hidrográficas (nueva denominación tras la reforma de la Ley de Aguas). Esta medida estaba dirigida a conseguir, a partir de esa fecha, un ahorro de 1200 hectómetros cúbicos anuales, el volumen equivalente a 1200 estadios como el Bernabeu.
La noticia la dio el 22 de marzo de 2007 el director general del Agua, Jaime Palop, que, en el Día Mundial del Agua y con el tercer año de sequía por delante, recordó que el 77% de los 35.000 hectómetros cúbicos que los españoles consumimos cada año se destina a la agricultura.
Hasta ahora, no había límites de demanda de agua (salvo en emergencias) y el precio era el mismo, se gastara menos o más. Pero ya existen explotaciones en algunas cuencas, como la del Guadalquivir o la del Guadiana, que, individualmente, han tomado la iniciativa de instalar contadores y controlan el consumo de forma más austera.
La ministra Narbona puntualizó que el proceso de penalización «sería gradual» y que se irían definiendo con el Ministerio de Agricultura las excepciones que procedan. «Actualmente, la agricultura está muy subvencionada. Una parte de ella no podría pagar lo que verdaderamente vale el agua», indicó.
El pasado 13 de marzo de 2008 el Ayuntamiento de San Cugat abrió el primer expediente sancionador a raíz de la situación de escasez que vive Cataluña en los últimos meses: una multa de 3000 euros a una promotora por llenar la piscina a discreción. La normativa para multar el derroche de agua potable en toda el área metropolitana de Barcelona se publicó a día 1 de abril de 2008, por lo que la multa es ilegal. La actividad sancionada se realizó antes de que la norma entrase en vigor y carece de efecto retroactivo. Pero la lección sirve para todos los habitantes y empresas de la zona, que ya no se salvarán por el mal uso del agua potable. Las multas irán ahora desde los 30 euros por lavar el coche con agua de boca hasta los 3000 euros, en el peor de los casos por llenar una piscina olímpica. Las actividades sancionables en recinto urbano que se contemplan son el riego de jardines y el llenado de piscinas, y, en función de su tamaño, la multa aumenta progresivamente hasta comportar el cierre de la fuente de agua.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España no se ha opuesto, en principio, a esta medida.
Conceptos relacionados
[Gestión del agua]
[Agricultura]
[Ahorro de agua]
Fuentes:
El Mundo, 23 de marzo de 2007
El País, 1 de abril de 2008
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