El Plan Hidrológico Nacional

En suspenso la reforma de la Ley de Aguas de 1988 (Agosto-2007)

España

El proyecto de reforma de la Ley de Aguas presentada el 20 de marzo de 2007 por Ministerio de Medio Ambiente, ha quedado en suspenso. En ocasión de la inauguración de unas jornadas de Agua en Santander en agosto de 2007, la ministra Narbona reconoció que "...ya no queda tiempo para plantear más proyectos de ley en el Parlamento durante los siete meses que faltan antes de las próximas generales." El texto propone varias reformas que quedarán como un compromiso electoral para las próxima legislatura.

La reforma abre la puerta a una mayor participación de las comunidades en el control de los ríos. De hecho, la ley cede parte de ese poder a las autonomías, pero no de forma total. La última palabra siempre la tendrá la Administración General del Estado, que poseerá mayoría absoluta en el comité que tomará las decisiones.

Gestión de los recursos

La ley introduce algunas modificaciones en la forma en que se va a gestionar los recursos hídricos. Para empezar, establece la creación del Comité de Autoridades Competentes. Éste será un órgano superior que coordine las diferentes demarcaciones hidrográficas, como pasarán a denominarse las actuales conferencias hidrográficas. En ese Comité, la Administración General del Estado se reserva la mitad más uno del número de sus miembros, mientras que las comunidades cuyo territorio formen parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica, tendrán cada una un representante. Pero su voto se ponderará entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población y mediante una fórmula que aún no se ha desarrollado. Los ayuntamientos también tendrán representación.

Además, el Ministerio de Medio Ambiente mantiene que todos los españoles tendrán derecho a 60 litros de agua potable por habitante y día, con una calidad adecuada, e independientemente de su capacidad económica. Y los poderes públicos están obligados a garantizar ese suministro.

El actual Consejo Nacional del Agua cambiará también en su composición. A partir de la entrada en vigor de esta reforma, las asociaciones y organizaciones en defensa del medio ambiente y científicas tendrán en él voz y voto.

Las infraestructuras hidráulicas repartidas por toda la geografía son objeto de atención. La nueva ley quiere solucionar un problema pendiente: la seguridad jurídica de presas (hay 1.300 en el país) y embalses. Con ese fin, por ejemplo, todas las presas de una altura mayor a cinco metros o con más capacidad de 100.000 metros cúbicos, ya sean privadas o públicas, tendrán que registrarse. Eso costará 300 euros. También pagarán otra tasa por controlar y vigilar su seguridad.

Además de estas nuevas tarifas, aparecerá otra que gravará las labores de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua, tanto superficiales como subterráneas, desaladas o reutilizadas. Esta tasa tratará de recuperar el coste de la prestación de esos servicios y oscilará en torno a los 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos.

Conceptos relacionados
[Gestión del agua]  [Plan Hidrológico Nacional] 

Fuentes:
ABC, 21 de marzo de 2007
El País, 28 de agosto de 2007