Hechos ocurridos en las últimas décadas, tales como la corrupción destapada en algunos planes urbanísticos para favorecer a determinados promotores, o el crecimiento desordenado y arrollador de las costas españolas, han desencadenado una imagen negativa de las inmobiliarias, que se ven ahora obligadas a dar a conocer una nueva imagen.
Por si fuera poco, los resultados del II Informe sobre Sostenibilidad en España agrava su situación, ya que proporciona datos negativos del sector, sobre todo respecto al uso del suelo y respecto a indicadores de salud ambiental, como son el ruido o la siniestralidad laboral.
Para cambiar esta imagen que la opinión pública se ha hecho de ellas, gran parte de las inmobiliarias ha comenzado a mostrar interés por contar con programas de acción social. Según Eva Ramos, directora del programa de Economía de la Fundación Ecología y Desarrollo, es la propia sociedad la que exige una actividad más sostenible de su parte; “ El consumidor se fija en algo más que en el precio al comprar una vivienda, también tiene en cuenta su ecoeficiencia y la calidad de los materiales” asegura. Según la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, el 60% de los consumidores está dispuesto a pagar una prima de hasta el 10% por un producto que se haya realizado de forma “responsable”. La administración también se ha hecho más exigente con esta actividad. Desde el 2005, el Ministerio de Fomento viene imponiendo condiciones sociales a las inmobiliarias.
Cada vez es más frecuente encontrar empresas que aseguran mantener una buena política de recursos humanos; dicen favorecer la vida familiar, sin descuidar la formación, además de respetar el medio ambiente y el entorno social. De cara al público, la parte más visible es la obra social que algunas compañías realizan a través de sus fundaciones.
Algunos ejemplos de estas buenas acciones son:
Renta Corporación afirma preferir, siempre que sea posible, rehabilitar un edificio en lugar de derribarlo y hacer uno nuevo, minimizando así el impacto residual y medioambiental.
La Fundación de la Asociación de Promotores de Madrid (Asprima), firmó en septiembre del 2006 un acuerdo con la Fundación Vicente Ferrer para la construcción de 2.000 viviendas en la región India de Anantapur, con la pretensión de favorecer una de las zonas más pobres del país. Los propietarios tienen que pagar unos 80 euros, lo que para ellos supone un esfuerzo de hasta dos años de ahorro, explica un representante de la fundación. Las escrituras se hacen a nombre de la mujer.
Por otra parte, la sociedad Mixta África, participada por la Fundación Renta Corporación, pretende construir en Marruecos 30.000 viviendas, la mayoría sociales. Para ello, quieren crear nuevos barrios con promociones rentables, en las que haya diferentes precios. Los pisos más baratos costarán unos 17.400 euros, y los más caros 30.000 euros. Se prevé exportar la fórmula a otros países de África.
La Fundación Rayet, colabora con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Guadalajara para conseguir la recuperación de las 13.000 hectáreas de bosque que fueron arrasadas en esta provincia en julio del 2005 por un incendio. Con las aportaciones obtenidas, la fundación Apadrina un Árbol, creada para la recuperación de este espacio, se ha comprometido a mantener el bosque.
Otra forma de mostrar al público ese cambio de actitud puede realizarse mediante el apoyo a la investigación. Por ejemplo, Reyal Grupo contribuye a la financiación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) que pretende convertirse en referente internacional.
Grupo Lábaro ha donado 30.000 euros a Acción contra el Hambre que serán destinados a la construcción y rehabilitación de cinco pozos de agua en Malí.
Todas ellas son actividades muy loables, pero la pregunta está en si podemos escucharlas realmente y cambiar por fin la imagen que tenemos de las inmobiliarias. A través de estas acciones puntuales se puede mejorar, sin duda, pero quizás lo más conveniente, y necesario a nivel global, sería el aplicar una serie de medidas de sostenibilidad a todas las actividades del sector, y no el tratar de compensar las malas acciones con esta serie de buenos actos que más parecen aproximarse a una estrategia de marketing para ganar clientela, aprovechándose de la buena disposición de los consumidores citada anteriormente, que se inclinan por los productos más “sostenibles”.
Lo que si comienza a ser evidente es el hecho de que la responsabilidad social es un negocio. Luis Berruete, representante de Navegando, asegura que esta nueva filosofía de gestión “es rentable desde el punto de vista económico, y muchas multinacionales ya se han dado cuenta”. En una encuesta mundial, realizada en 2001, las empresas afirmaron que adoptaban esta estrategia en un 26% por presión de clientes y consumidores, en un 22% por indicación del consejo de administración y en un 20% de sus accionistas. Cuando la misma consulta se realizó en España, el 90% de las firmas dijo haberlo hecho para mejorar su reputación.
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[Construcción]
Fuentes:
El País, 2 de febrero del 2007
Fundación Vida Sostenible, marzo de 2007
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