La eliminación de los residuos en nuestros días se ha convertido en una necesidad urgente e inderogable, para lo cual los Estados han de actuar de forma directa, si no quiere lidiar con una inaceptable degradación medioambiental y unos excesivos costes futuros de saneamiento. En este punto, existe una controversia sobre si los costes de eliminación deberían ser soportados por el mismo Estado y financiados mediante impuestos o bien se debe aplicar el principio de causalidad y exigir a cada individuo un impuesto específico.
La función del Estado es garantizar unas condiciones de vida aceptables a sus ciudadanos. Esto incluye asegurar unos flujos necesarios para una vida digna, y asegurar que esos flujos sean compatibles desde el punto de vista ambiental. El ser humano tiende a deshacerse de los desechos de la forma más barata y cómoda posible, lo cual rara vez implica una voluntad de gestión medioambiental correcta.
Un estudio sobre la fiscalidad de los residuos en Suiza, basada en el principio de causalidad, según la cantidad y tipo de residuo originado, con pago simultáneo (en el momento de deshacerse del desecho) e incluso, anticipado (en el momento de la adquisición del producto), ha logrado crear una conciencia social del problema y que muchos consumidores prefieran envases ligeros o reutilizables. Las soluciones concretas y sistemas de financiación varían según el tipo de residuo: en los urbanos se aplica el impuesto sobre la bolsa (volumen) o sobre la masa del residuo. En los eléctricos y electrónicos, los costes de eliminación se repercuten sobre el precio de venta, mientras que en los especiales, en los que resulta difícil la devolución a los vendedores, se renuncia a la causalidad y se acepta el residuo en condiciones favorables, incluso, de gratuidad. Son cantidades poco significativas. Para los residuos industriales son los mismos productores quienes pagan, fomentando así la reducción. Los reciclables o domésticos, se financian mediante impuestos anticipados.
A nivel teórico, se han identificado cuatro niveles de flujo de materia y energía, asignando a cada uno de ellos un tipo de financiación, para intentar provocar un determinado comportamiento ambiental:
- Flujo mínimo vital: su objetivo es garantizar a cada individuo un mínimo vital en el respeto a su dignidad. Se financia a través de la fiscalidad básica del Estado o de la entidad pública delegada.
- Flujo admisible para una mejora de la calidad de vida en el marco de un equilibrio medioambiental sostenible. Garantiza a cada individuo una justa libertad de decisión e iniciativa, para mejorar su nivel de vida. Se financia a través del principio de causalidad, mediante una tarifa lineal, haciendo pagar al individuo por los costes suplementarios ocasionados por él mismo.
- Flujo admisible de forma transitoria durante la evolución hacia un equilibrio medioambiental sostenible. Pretende disuadir a los individuos de un comportamiento crítico con el medio ambiente. También se financia a través del principio de causalidad, haciendo pagar a cada individuo por la cantidad y el tipo de los residuos que produce, pero con una tarifa progresiva.
- Flujo no admisible. El objetivo es vigilar y disuadir de un comportamiento insostenible, a través de prohibiciones y sus correspondientes procedimientos sancionadores. La financiación es mediante la reparación de los daños mediante el principio de causalidad, multiplicado por un factor destinado a disuadir de estos comportamientos, muy por encima del coste del servicio.
Conceptos relacionados
[Gestión de residuos]
[Reutilización / Recuperación]
[Tributos ambientales]
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[Envases]
Fuentes:
Revista Residuos, Nº 93, septiembre-octubre 2006
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