En octubre de 2006 cesó el cargo de Teresa Estevan por imperativo de edad (70 años) y ha sido nombrada como nueva Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear Carmen Martínez Ten. Ésta inicia su mandato pidiendo a las centrales nucleares más transparencia e inversiones en seguridad y mayor investigación sobre el envejecimiento de materiales.
En agosto de 2004 se rompió una tubería en la central de Vandellós II (Tarragona) que llevaba 13 años degradándose con el conocimiento de la planta. Tras este incidente, el Gobierno Central acusó a la central nuclear, propiedad de Endesa e Iberdrola (propietarias de casi todo el parque nuclear), de primar la producción sobre la seguridad. El CSN le aplicó la sanción máxima; 1,6 millones de euros (a un incumplimiento que reportó a la planta, según fuentes de Greenpeace, 250 millones de beneficio) y el cese de su actividad durante seis meses para las inspecciones del Consejo. Según fuentes del sector nuclear, una central gana al día más de 600.000 €, por lo que esta multa supone una cantidad ridícula y este suceso constituyó un punto de inflexión en el CSN.
El real decreto del reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, que el Consejo propuso en diciembre de 2005, se encuentra paralizado para acompasar su aprobación a la reforma de la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear, que data del 1980 y que actualmente el Congreso está tramitando. Las propuestas más novedosas son:
∑ Las centrales nucleares deben disponer de una cobertura de riesgo de 700 millones de € para afrontar los daños ambientales nucleares, consecuencia de la liberación accidental de radiaciones ionizantes al medio ambiente, puesto que actualmente las nucleares están exentas de la Ley de Responsabilidad Ambiental. Esta propuesta parte del PSOE. El Gobierno mantiene que la vía nuclear no es la solución a la crisis energética, a pesar de que en España las nucleares producen un 20% de la electricidad y un 10% de la energía total.
∑ Endurecer el régimen sancionador (la multa máxima pasará de 3 a 10 millones para los casos más graves). Puesto que actualmente a las centrales nucleares les sale más rentable saltarse la ley que invertir para cumplirla, el propio CSN ha realizado esta propuesta que ha incorporado el PSOE. Sin embargo, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Greenpeace piden que las multas dependan de los beneficios de las centrales nucleares, aunque el PSOE opina que introducir el criterio de beneficios es muy complicado y subjetivo.
∑ Ampliar los casos sancionables; los 9 supuestos de faltas muy graves actuales aumentarán hasta 21.
∑ Obligar a los trabajadores de las centrales a denunciar los fallos que detecten a los responsables de la planta, y si estos no hacen nada, al Consejo, protegiéndolos de perjuicios como que las empresas los puedan despedir.
∑ Crear un consejo asesor en el que estarán expertos y representantes de las comunidades con las centrales.
∑ Hacer públicos los documentos del CSN.
∑ Eliminar de la exposición de motivos la promoción de la energía nuclear.
En una época en la que países europeos como Finlandia o Reino Unido reanudan sus programas nucleares, el Gobierno español ha anunciado un plan de cierre nuclear, a pesar de la complicación de sustituir esta energía por fuentes que no emitan CO2, que agravan el cambio climático. Sin embargo, el CSN está analizando la petición de la central nuclear de Garoña (Burgos) para funcionar más de 40 años.
En septiembre de 2006 Soledad Gallego-Díaz escribió un artículo de opinión en El País en el que propone que antes de determinar si las centrales nucleares deben cerrar, prolongar su vida o hacer ambas cosas, en función de cada planta, se debe cambiar el funcionamiento del CSN, puesto que es una de las instituciones con menos prestigio de cara a los ciudadanos. La autora cree que la proposición de ley para la reforma del CSN languidece en la Comisión de Industria del Congreso. En su artículo ofrece tres ejemplos que justifican la urgencia del cambio de funcionamiento del Consejo:
1. El CSN ha dejado sin multar desde el año 2000 un total de 818 infracciones, algunas de ellas de carácter grave. La Ley de Energía Nuclear fue reformada en 1999 para permitir que el Consejo pudiera sustituir multas por simples "apercibimientos". Con ello se pretendía aligerar las sanciones a faltas administrativas o muy leves. Pero la realidad es que el número de multas en dinero se ha convertido en algo ridículamente pequeño. Las centrales nucleares sólo han tenido que pagar 21 multas desde 1996.
2. Actualmente los trabajadores de las centrales no pueden denunciar anónimamente, como sucede en otros países, las violaciones de los protocolos de seguridad o los accidentes que a su juicio estén siendo ocultados.
3. En ocasiones pasadas la Comisión de Industria del Congreso ha aceptado nombramientos de manera automática, sin discutir los méritos de los candidatos. Por ello, hasta los propios miembros del Consejo creen que es urgente cambiar la manera en la que se elige al presidente y a los cuatro vocales del CSN.
Conceptos relacionados
[Energía nuclear]
Fuentes:
El País, 22 de septiembre de 2006 y 16 y 17 de febrero de 2007
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