Canarias

Opinión: biodiversidad y culturas campesinas (Julio-2006)

Canarias

Por: Jaime Izquierdo, Departamento Tecnológico del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias.

Las dependencias mutuas entre el campo y naturaleza, o entre las culturas campesinas y la biodiversidad, conforman un entramado complejo de interconexiones que no se pueden concebir, ordenar, conservar y gestionar por separado. La actual agroecología canaria no se entiende sin la globalización agraria que vivió el archipiélago en los últimos cinco siglos; el bosque mediterráneo y la dehesa extremeña sin los pastores y las razas ganaderas; las grullas sin los cotos arroceros; la conservación de las avutardas sin los cultivos de cereal en la meseta; la floración de las arandaneras silvestres sin los apicultores; los quebrantahuesos sin las ovejas y los osos sin las comunidades ganaderas de la montaña cantábrica.

En España, el mantenimiento de esa conectividad entre el medio agrario y el silvestre resulta decisiva para la conservación del paisaje, el medio ambiente rural y la biodiversidad y, sin embargo, paradójicamente, la gestión administrativa y política, no sólo en el ámbito del Estado sino de muchas comunidades autónomas, permanece por lo general en departamentos separados que aún no han sabido desprenderse ni de sus hábitos corporativos, ni del rígido pensamiento industrial que los encorseta.

Los problemas de conservación en los todavía denominados de forma inexacta espacios naturales —inexistentes por otra parte en un país como el nuestro de naturaleza culta donde los haya—, que corresponden, en realidad, a territorios rurales relictos modelados por tecnologías y culturas campesinas preindustriales, no son otra cosa que la consecuencia de una gestión inapropiada del medio debida a tres causas: consumo, modificación o fragmentación del territorio por la difusión de las economías urbanas; especulación, abuso o intensificación de los usos agrarios o, por el contrario, desuso y abandono de prácticas agropecuarias ajustadas a la disponibilidad y las características de los recursos naturales.

En los tres casos la resultante acarrea la pérdida de las relaciones energéticas y ecosistémicas que dan forma al paisaje y estructuran la biodiversidad en los territorios rurales tradicionales. Los problemas de conservación de la naturaleza fueron abordados inicialmente en España en 1918 —coincidiendo con la máxima presión demográfica de las comunidades rurales sobre los recursos naturales— con la declaración de los primeros parques nacionales, inspirados en una política aristocrática que relegó a las culturas campesinas mundanas y proclamó la exaltación sagrada de una naturaleza separada del hombre y del campo.

Durante el franquismo asistiremos, a finales de la década de los 60 del pasado siglo, a la emergencia de la conservación tecnocrática que reactivará los principios aristocráticos hasta erigirse en su sucesora. Sin ruptura, ni revisión, esa perspectiva conservacionista habrá de desembocar en la actual, que persiste en el prejuicio de desconsiderar la preexistencia de la cultura del territorio, lo que le impide conectar con una teoría conservacionista moderna y de mixtura ente el campo y la naturaleza.

En definitiva, la política conservacionista del siglo XX español se caracterizó por dos rasgos principales: por empeñarse en gestionar por separado naturaleza y campo y por entender la conservación como sinónimo de detención, paralización, congelación para llegar a una gestión que tiene más que ver con la taxidermia que con la fisiología del territorio. Por su parte, las políticas agrarias de los años 60 destacarán tanto por la intensificación, y por el control tecnocrático de los medios de producción, como por el desinterés por los territorios periféricos de agricultura preindustrial que serán finalmente abandonados a su suerte. Ambos, desarrollistas agrarios y conservacionistas tecnócratas, coincidirán en el menosprecio por las culturas campesinas locales que no serán nunca valoradas por su importancia estratégica, cultural, ecológica, agronómica y agroalimentaria, aun a pesar de que muchas prácticas agropecuarias acumulaban milenios de experiencia en el manejo del medio, el aprovechamiento racional del agua, el control de la erosión, la producción de biodiversidad, la conservación de razas y semillas o la producción de tecnologías locales.

En la base del actual desenfoque conservacionista persiste la desatención por el sistema de conocimiento agrario local y específico de cada territorio. Es l´art de la localité que los geógrafos y etnógrafos franceses defendieron en su país en los años 60 ante el avance del absolutismo científico y técnico industrial. Por su parte, en España este saber hacer local quedó olvidado y sobre la agricultura popular cayó el sambenito, que aún perdura en algunos ambientes, de ser "ineficiente, atrasada y basada en principios no científicos".

Precedentes históricos. Sin embargo, y paradójicamente, esa modernidad que ahora reclamamos para revisar tanto las teorías de conservación como las de desarrollo de la agricultura, la ganadería y la silvicultura en el medio rural preindustrial, no es inédita. De ella hizo gala Eduardo Hernández-Pacheco, autor en los años 30 de una teoría del paisaje inspirada en las corrientes de pensamiento de la Institución Libre de Enseñanza que, lamentablemente, habría de arruinar la Guerra Civil y los casi 40 años de dictadura militar que vendrían a continuación. Y, posteriormente, Carl Sauer, quien desde la Universidad de Berkeley habría de plantear en 1955 una nueva teoría, denominada "conservacionismo cultural", por la que vinculaba la protección de las culturas campesinas, y sus formas de vida, a la conservación de la naturaleza. Hernández-Pacheco, inspirador de lo que podríamos llamar política de conservación de la naturaleza de la II República, alcanzó a ver con claridad tanto las interrelaciones entre el campo y la naturaleza como la necesidad de articular conjuntamente la gestión de la conservación y de la actividad campesina.

Nueva perspectiva del desarrollo rural. La biodiversidad —que no es otra cosa que la organización de los canales de información genética, taxonómica y ecosistémica del territorio— precisa para su conservación de la intervención, del manejo adecuado, de la información cultural, esto es del código campesino local del que dependen el resto de interacciones bioenergéticas del medio. Sin embargo, y siendo crucial para el mantenimiento de la salud de los agroecosistemas, la ausencia de investigaciones aplicadas al reconocimiento de estos códigos culturales locales y específicos constituye una de nuestras principales carencias. La investigación científica española aplicada al campo, salvo raras excepciones, ha seguido las modas industriales y se ha especializado, y segregado, en la multitud de parcelas que ofrecen los ámbitos de conocimiento de la naturaleza, o de la agricultura, y ha carecido en consecuencia de la visión integradora y de la perspectiva adecuada que le hubieran facultado para hacer los diagnósticos holísticos a los que nos habían acostumbrado los institucionistas del primer tercio del siglo XX. Los espacios protegidos pueden y deben aspirar a esa nueva perspectiva para diseñar estrategias de desarrollo rural que autorregulen los mecanismos activos de preservación. No se trata de detener las dinámicas y los flujos energéticos del medio —desbordados, por otra parte, ante la falta de manejo y el consiguiente asilvestramiento y acumulación de biomasa— tal como intentamos hacer hasta ahora en nombre de la conservación de la naturaleza, sino de desarrollar la inteligencia local suficiente para transformar la renta que produce el capital natural en renta agraria directa o en inmovilizada y retribuida por la prestación de los servicios ambientales generados por los ecosistemas rurales a favor de la sociedad en su conjunto. Aunque suene a propuesta futurista, para construir las nuevas fórmulas de relación ecosocial en los territorios rurales —empezando por la red de espacios protegidos— y de éstos con la sociedad urbana, no sólo necesitamos una nueva política natur-rural, que recupere el afecto por lo local y la visión universal, sino también una profunda reforma administrativa —capaz de estar a la altura de la complejidad que implica el ecodesarrollo— y un gran pacto de Estado a favor de la reactivación del mundo rural que nos implique solidariamente a todos: a la sociedad urbana y a la rural.

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Fuentes:
El Mundo, suplemento Natura, 8 de julio de 2006