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Agua

Los fosfoyesos de Fertiberia

Diciembre 2010

Uranio, cobre, aluminio, níquel, plomo, cadmio, arsénico, cobalto…, la Guardia Civil encontró trazas de todos estos elementos en los fosfoyesos que la empresa Fertiberia vende como “enmienda en tierras de cultivo” del Bajo Guadalquivir. En un informe del Seprona de marzo de 2009 se detalla que estos subproductos, que son los residuos de la fabricación de abonos, presentan “elevados contenidos en sulfato, calcio, sodio y fósforo, destacando además la presencia de uranio”. “El uso de fosfoyesos en agricultura, de forma intensiva o continua, puede producir la acumulación de metales tóxicos como el uranio”, advierte el equipo de la Guardia Civil encargado de este asunto.

El caso estuvo primero en el Juzgado de Instrucción 4 de Huelva y después en el de Lebrija (Sevilla). Greenpeace reclamó que cesase la venta de este tipo de subproducto, que se utiliza para corregir el pH (la acidez) de algunas tierras de cultivo. Según esta organización, “la comarca más afectada por estas prácticas es la del Bajo Guadalquivir, frente al parque nacional de Doñana”.

“Los fosfoyesos de Fertiberia están contaminando campos de cultivo y aguas del entorno de Doñana”, es la conclusión a la que han llegado las organizaciones Mesa de la Ría, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF, que presentaron en el informe del Seprona.

La empresa lo negó; el director general de Fertiberia, Roberto Ibáñez, reconoció que este subproducto se estaba vendiendo desde hace muchos años: “Es algo positivo”. Ibáñez, al igual que la Consejería de Medio Ambiente, indicó que la venta de estos residuos de la fabricación de los abonos está permitida y regulada. En concreto, por un Real Decreto de julio de 2005, que luego fue desarrollado por una orden ministerial de 2008.

El problema reside en que este subproducto no podría contener los restos de uranio y las otras sustancias detectadas por la Guardia Civil en una inspección de marzo de 2009. El informe del Seprona fue remitido a la justicia en junio de 2009.

La situación ha cambiado y tras reconocer el impacto ambiental que se llevaba a cabo por parte de la empresa, se pondrá fin a los vertidos contaminantes, al decretar la ejecución provisional de su sentencia de 27 de junio de 2007 y la empresa onubense de Fertiberia cerrará sus puertas el próximo 31 de diciembre de 2010 a petición de la Audiencia Nacional.

Además, desde la Audiencia Nacional se confirma en el auto la caducidad de las concesiones de costa otorgadas a Fertiberia en el año 1968 en la desembocadura del río Tinto (Huelva) para el vertido de fosfoyesos, en condiciones que se han ido incumpliendo repetidamente a lo largo de los años.

Ya en el año 2003 la Dirección General de Costas hizo un llamamiento ante los incumplimientos por parte de Fertiberia y declaró la caducidad de la concesión. Desde entonces se lleva reclamando a las Administraciones competentes para que se cumpla la resolución. En el último auto, la Audiencia Nacional se llegó a un acuerdo para cesar definitivamente los vertidos que Fertiberia llevaba a cabo considerados como un gran impacto ambiental para la costa onubense. De todas formas, la empresa pretendía que el cese se produjera para finales de 2012, ante lo cual la Audiencia declaró que ésta había tenido “un espacio temporal dilatado para ir adecuando su actividad a la nueva situación”, y más cuando la empresa es conocedora de la caducidad desde el año 2003. Además, le exige a Fertiberia la prohibición de apertura de nuevas balsas y el inicio “inmediato” de la regeneración ambiental de los terrenos, que deberá de adecuarse a los estudios científicos que se están desarrollando por encargo de la administración y de los que “deberá de ir dando cuenta semestralmente para el conocimiento de las partes”.

Tanto Greenpeace como WWF, que llevan desde el año 2000 denunciando este episodio de contaminación ante el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, han luchado para lograr el cese de los vertidos y la recuperación de la propia marisma. Por otra parte, ambas organizaciones exigieron que se respetara la Ley de Costas por parte de Fertiberia, puesto que los vertidos de la empresa no están autorizados para llevarse a cabo en el dominio público marítimo-terrestre y por lo tanto se estaba incumpliendo la ley y los términos de la concesión administrativa. Además WWF, en relación a este último auto, ha considerado insuficiente el aval de 21,9 millones de euros, cantidad impuesta a Fertiberia por parte del Tribunal como garantía de que van a cumplir con la obligación de regenerar los terrenos contaminados y para la restauración de las balsas.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y la Junta de Andalucía han presentado la propuesta de recuperación y regeneración de las zonas afectadas por los vertidos de fosfoyesos, que tiene como objetivo reconducir el deterioro ambiental y paisajístico de la zona. Pedro Antonio Ríos, Director General del MARM, ha destacado que este plan de trabajo es un primer paso para recuperar este espacio para la ciudadanía y la empresa está obligada a colaborar después de la sentencia que ordenaba el cese de los vertidos.

El trabajo se ha encomendado a la empresa pública Tragsatec por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y para este informe se ha contado con el asesoramiento del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y las Universidades de Murcia, Huelva y Sevilla).

El plan de trabajo contiene por un lado un diagnóstico de la zona de estudio y por otro una propuesta de actuaciones prioritarias para la recuperación. Las conclusiones de los estudios de diagnóstico revelan que las aguas embalsadas son la principal fuente de la contaminación y en menor medida los fosfoyesos, ya que la capa bajo el fosfoyeso es de muy baja permeabilidad y evita que las aguas contaminadas fluyan hacia abajo; por otro lado, las mayores concentraciones de contaminantes no radiológicos (metales) se encuentran en las aguas, tanto de las balsas como en los canales perimetrales y en las zonas próximas a las mismas. Por ello, la fórmula escogida es la cubrición de los fosfoyesos para que el tiempo anule su radiactividad y plantar vegetación encima. Los fosfoyesos se cubrirán bajo tecnosoles o suelos artificiales.

La propuesta de recuperación opta por técnicas de contención de las vías de dispersión de los contaminantes; por eso, se ha propuesto retirar y depurar las aguas del proceso, ejecutar las acciones necesarias en elementos hidrogeológicos (rediseñar canales perimetrales, red de drenaje, taludes,…), así como estudios adicionales de estabilidad estructural de las balsas y tratar las aguas pluviales hasta el final del proceso de recuperación para evitar la posible contaminación de elementos presentes en los fosfoyesos. La propuesta también incluye realizar un tratamiento “in situ” de los fosfoyesos mediante técnicas de suelos artificiales similares a los resultados de la monitorización de la Parcela Piloto y también contempla la redacción de un proyecto de revegetación de las zonas y un Plan de Seguimiento y Monitorización de las actuaciones.

Los costes de la regeneración deben correr a cargo de Fertiberia, a la que la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a cesar los vertidos el 31 de diciembre de 2010, también exige un aval de 21,9 millones de euros. Las autoridades explicaron que los miembros del comité de expertos de la Junta tienen 15 días para hacer sus recomendaciones a Fertiberia y que la empresa debe tener listo un proyecto de regeneración para enero de 2011.

Fuentes:
El País, 27 septiembre 2008
El País, 21 diciembre 2009

El País, 19 noviembre 2009
Ambientum.com, 8 enero 2010
Público.es, 1 diciembre 2010

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