Sociedad y Medio Ambiente

Ley de responsabilidad ambiental

Abril 2008

El Parlamento aprobó el día 4 de octubre de 2007 el texto de la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente que busca tanto reparar los daños causados al medio ambiente como evitar que se produzcan. Esta Ley traspone la Directiva comunitaria europea 2004/35.

La ley pretende que las empresas se hagan cargo de la prevención y reparación de los daños ambientales que sus actividades puedan originar, debiendo restaurar las alteraciones producidas en el medio y devolviendo los recursos naturales a su estado original. Para garantizar el pago, éstas deberán contar con una póliza de seguros o un aval financiero que cubra los riesgos ambientales de la actividad. Así, se pretende, en principio, que las empresas paguen el daño, sin límite de gasto e independientemente de que haya habido negligencia o no.

Con esta norma se retoma la iniciativa para evitar hechos como los ocurridos en Aznalcóllar en 1998, donde una balsa de lodos tóxicos reventó causando un gran desastre ambiental. La empresa sueca Boliden implicada se declaró en quiebra, por lo que fue el Estado el que tuvo que hacerse cargo de los gastos para la recuperación de la zona, de alto nivel ecológico, habiendo tenido que destinar desde entonces más de 75 millones de euros para ello. Diez años después del accidente aún no hay sentencia en firme contra la compañía sueca, que ha evitado abonar 90 millones prolongando el pulso en los tribunales.

La Ley de Responsabilidad Ambiental exigirá a las empresas una garantía financiera para cubrir los daños ambientales que pudiesen originar. Para ello, el Gobierno realizará un reglamento en el que se clasificarán los daños potenciales de cada sector, en función del cual cada empresa tendrá que obtener un aval, una fianza o un seguro que le permita hacerse cargo de los posibles daños. Esto facilitará, a la vez, la prevención de los mismos. Los elementos a tener en cuenta para dicha clasificación serán: el suelo, las especies silvestres y hábitat protegidos y las aguas.

Si el daño potencial estimado se sitúa por debajo de los 300.000 euros, las empresas estarán exentas del seguro; si el daño está entre 300.000 y dos millones de euros tendrán que pagar una auditoría ambiental, y si el daño potencial es mayor, entonces tendrán que tener una reserva económica para pagar cualquier incidente, que se situará entre un millón y 20 millones de euros.

Además de estos seguros que harán frente a los gastos por daños sobre el medio ambiente, también existirán multas para los que incumplan la ley, que irán desde los 6.000 euros hasta los 2 millones de euros.

La ley también contempla el establecimiento de un fondo del estado que cubrirá la reparación de los recursos naturales afectados en el caso de que no se haya podido aplicar la norma y siempre que el daño se produzca en el dominio público de titularidad estatal.

Entre las actividades afectadas por esta norma se encuentran: la mayor parte de los sectores industriales, la gestión de residuos, la fabricación, el almacenamiento, la transformación y el transporte de sustancias peligrosas, productos fitosanitarios, cultivo e incluso el transporte y comercialización de organismos genéticamente modificados. Todas ellas sumando más de 5.000 industrias, unas 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y aproximadamente un millón de instalaciones ganaderas.

Por el contrario, quedarán fuera de la norma los daños originados por conflictos armados, defensa nacional, la seguridad internacional, los fenómenos naturales de fuerza mayor, las actividades de protección frente a desastres naturales, la contaminación difusa en la que no se puedan establecer las causas de su origen, los riesgos nucleares, ya que existe otra norma para regularlos, y el transporte marítimo de hidrocarburos y mercancías peligrosas, regido también por convenios internacionales de transporte marítimo.

Esto último significa que quedan excluidos de la norma accidentes como el caso del Prestige (que tendría su propia legislación a seguir, la Ley de Costas), a pesar de estar considerado como el mayor desastre ambiental ocurrido en nuestro país. Además, la ley no tendrá carácter retroactivo, aunque sí incluirá los daños cuyos efectos se manifiesten hasta 30 años después de haber sido ocasionados.

El Ministerio de Medio Ambiente ha encargado a la Universidad de Alcalá de Henares un estudio económico a través del cuál se trata de analizar los costes que la puesta en vigor de la ley supondrá. Según este informe, los seguros ambientales costarán a las empresas españolas entre 83 y 128 millones de euros al año.

El estudio calcula las cuantías a pagar por sectores. Se estima que actividades tales como la industria textil, la combustión y refinería o la producción de papel serán las que menos coste experimenten, mientras que entre las de mayor coste se encuentran actividades como la minería, la industria química o la agroalimentaria.

También se hace un balance por Comunidades Autónomas. Cataluña será la más afectada por la Ley, ya que es la que cuenta con mayor número de empresas. Seguida de Andalucía, Aragón y Castilla y León. Las menos afectadas serán las regiones insulares y Ceuta y Melilla.

El estudio de la Universidad de Alcalá expone también que no todo serán costes, sino que a la vez se obtendrán beneficios derivados de la “mejora en la eficiencia de las empresas” y el menor número de accidentes, ya que tanto empresas como aseguradoras tratarían de minimizar los riesgos en beneficio propio. Además, se podrán ahorrar los fondos que actualmente el Estado destina a la reparación de los daños que las empresas no pagaban hasta ahora.

El informe termina previniendo de que el hecho de optar por una medida a este nivel de exigencia provocará la perdida de competitividad de las empresas españolas frente a aquellas que operen en otros Estados miembros, por ejemplo Italia o Reino Unido, dónde no se obliga a tomar esta medida.

El objetivo principal es hacer efectivo el principio quien contamina repara, que va más allá del principio quien contamina paga. Se trata de asegurar que el responsable de la actividad devuelva los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes, aún cuando no haya cometido ninguna infracción administrativa y haya actuado de conformidad con la normativa aplicable. Se pone el énfasis en la restauración total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, el cual no se verá satisfecho con una mera indemnización dineraria y en la necesidad de que las empresas interioricen los costes asociados a los riesgos medioambientales inherentes a las actividades que desarrollan.

Hay que destacar que el gasto de las empresas españolas en prevención de riesgos ambientales ha crecido de manera muy significativa a lo largo de los últimos años (alcanzando en 2003 la cifra de 2.000 millones de euros).

Esta ley recurre al deber constitucional de todos los ciudadanos a conservar el medio ambiente y al derecho de todos a un medio ambiente adecuado (art. 45 Constitución Española). No obstante, cabe señalar que desde que el primer proyecto fue presentado hasta ahora, la norma se ha ido modificado al paso por los sectores industriales, empresariales e incluso por las Comunidades Autónomas, perdiendo poco a poco el carácter tan estricto con el que en un principio partía. Por ejemplo, el primer borrador contemplaba todas las especies afectadas, mientras que actualmente tan sólo se refiere a las especies protegidas. Además, se obligaba a todas las empresas a tener el seguro ambiental, independientemente de la estimación de sus daños potenciales, y se afirmaba que las empresas deberían pagar los daños “cualquiera que fuese el coste” mientras que en el nuevo anteproyecto los daños estimados por debajo de los 300.000 euros quedan desestimados. Por tanto, el deterioro del medio ambiente seguirá siendo una actividad gratuita para algunos y un coste caro, muy caro, para todos.

Fuentes:

Fundación Vida Sostenible, enero 2007, abril 2008
El Pais, 24 abril 2008
Portal Ambientum, 05 octubre 2007

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