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Residuos

Incinerar no es la solución

Diciembre 2010

Las políticas para la reducción de los residuos urbanos y para conseguir niveles óptimos de recuperación y reciclaje de los diferentes materiales que componen la basura han fracasado estrepitosamente, según el Plan Integrado de Residuos (2006), el reciclado de los materiales es sólo de un 10% del total de los residuos, a lo que hay que añadir una recuperación del 13% en tratamientos de materia orgánica (compostaje y biometanización).

El resto va al vertedero (68%) o a incineración (9%). Los datos de Eurostat en 2008 para España mejoran los índices de lo recuperado hasta un 14 y 20% respectivamente, pero siguen siendo desoladores. Esto se explica, en parte, porque la recogida selectiva de los residuos urbanos sólo alcanza el 14%, lo demás se recoge mezclado.

En ese contexto, la mayoría de los responsables municipales y autonómicos de dichas políticas ha optado por eliminar los residuos en vertederos o incinerarlos en instalaciones. Son los sistemas más fáciles de gestionar, pero también son los que ocasionan impactos ambientales más significativos, tienen un rendimiento global más negativo, incluyendo la pérdida de materiales que podrían volver al ciclo productivo, y generan menos empleo en el sector.

Los vertederos tienen, además de la emisión de olores y la ocupación del territorio, dos serios problemas ambientales: la formación de lixiviados y la emisión de metano, que es un potente gas de efecto invernadero. Y los dos tienen que ver con la presencia de materia orgánica en ellos. Lo primero puede mejorarse con la impermeabilización y el metano puede ser captado para producir biogás, pero lo importante es reducir la cantidad de restos orgánicos que se llevan a estas instalaciones. La normativa ya obliga a que la cantidad de materia orgánica en vertederos será como máximo del 35% en 2016, pero hay que ir mucho más allá y establecer objetivos más ambiciosos, porque los ejemplos de muchas experiencias ponen de manifiesto que se pueden conseguir niveles de recuperación mucho más elevados.

La opción del vertedero es una opción de final de tubería que nunca puede considerarse óptima, pero sus impactos se pueden reducir si, como se está realizando en Cataluña, se minimiza el vertido retirando la fracción biodegradable y compactando en balas de residuos la fracción resto.

¿La incineración dificulta el reciclaje?

El hecho de que existan países como Alemania, que importa un total de 2 millones de toneladas de residuos para incinerar implica que existe, pues, una fuerte competencia de esas instalaciones con el reciclaje. En momento en que flojeen las políticas y medidas para incentivar la recuperación de los materiales de la basura, la industria de la incineración evitará la importación de los residuos mencionados.

Otros países europeos como Holanda (39% incineración, 32% reciclaje) o Dinamarca (54% y 24%) no están aumentando la recuperación de materiales por la necesidad de suministrar combustible a las incineradoras.

El caso de España

En España las instalaciones de incineración se construyen normalmente a través de inversiones realizadas por ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas, concediéndose después la explotación de la misma a una empresa mediante un contrato a largo plazo en el que la administración garantiza el suministro de combustible (basura) a la planta y una compensación económica por tonelada incinerada. Además , la empresa percibe también la prima correspondiente por cada kilovatio hora generado dentro del llamado régimen especial de generación eléctrica.

Además, en las plantas incineradoras la entrega de basura está sujeta a un contrato de suministro, que dificultará tanto más las posibles políticas de reciclaje cuanto mayor sea la capacidad de tratamiento de la instalación.

La mayor parte de los planes de residuos autonómicos proyectan incineradoras para muy elevados porcentajes de los residuos urbanos que se producen en esos territorios. En Guipúzcoa, por ejemplo, una incineradora de 215.000 toneladas necesitaría el 43% de los residuos que se generan; en Galicia se incrementaría la capacidad de incineración hasta 550.000 toneladas, lo que representa el 47% de su basura, en Navarra sería de 200.000 toneladas para el 68%, y en Asturias la incineradora prevista tendría capacidad (420.000 toneladas) para nada menos que el 80% de sus residuos.

Impactos sobre la salud y medio ambiente

Las incineradoras por su parte, además de emitir CO2, presentan otros problemas de contaminación atmosférica. Debido a la variada composición química de los diversos materiales que entran en los hornos se forman sustancias de alta toxicidad. Además de gases ácidos y metales pesados, se emiten contaminantes orgánicos persistentes (COP) como las dioxinas, los furanos, los PCB y el hexaclorobenceno. Muchos informes de diferentes instituciones coinciden en señalar su carácter extremadamente peligroso para la salud por su potencial bioacumulativo y su carácter de disruptor hormonal.

La incineración cumple con la legislación de emisiones, no obstante, hay que tener presente que por su carácter persistente y bioacumulativo en la cadena animal y alimentaria no existe ningún nivel de exposición seguro. El Convenio de Estocolmo sobre COP (2001) señala que las incineradoras de residuos, en sentido amplio, son tecnologías que tienen un alto potencial para emitir dioxinas y otros contaminantes orgánicos, y España lo firmó para reducir precisamente la presencia de esos contaminantes.

En el proceso también se producen cenizas resultantes de la combustión. Los contaminantes orgánicos atrapados en estas cenizas son muy difíciles de gestionar y necesitan transportarse y depositarse adecuadamente en vertederos especiales para residuos peligrosos. No es una opción adecuada su uso como material inerte en la construcción o para la fabricación de cemento. Algunas experiencias realizadas en este sentido en otros países han demostrado su peligrosidad.

La cantidad de dioxinas y otros compuestos peligroso para el medio ambiente y la salud humana, liberadas por las incineradoras, depende de la calidad de la instalación. Si todas las incineradoras acataran la ley europea (concentración de dioxinas por debajo de 0,1 ng/m3 de aire ), la cantidad de dioxinas liberadas debería ser inferior a 0,5 microgramos por tonelada incinerada (Sonnerman, 2002).

Un estudio de la Universidad de Pace para la State Energy Research and Development Authority de Nueva York y el Ministerio de Estados Unidos de Energía concluyó que las plantas incineradoras de residuos con fines energéticos emiten químicos peligrosos (Chrostowski, 1990).

La industria y los procesos de incineración generan gases contaminantes para la salud y la atmósfera, entre éstos los más comunes son: metales, antimonio, arsénico, cadmio, cromo, cobalto, cobre, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, plomo, mercurio, níquel, talio, dioxinas y furanos.

Para paliar los efectos sobre la salud y el medio ambiente es necesario, ante una propuesta de instalación de una incineradora, realizar una revisión del proyecto (diseño, funcionamiento, mantenimiento y control de datos), desde una perspectiva de la salud pública, con el objetivo de poder asegurar que la puesta en marcha del sistema no es nocivo.

La supervisión periódica de la salud de los individuos, que puedan verse afectados por la cercanía de la nueva instalación, es tan importante como la supervisión de la propia instalación. La realización de estudios sanitarios bien diseñados antes, durante y después de que la incineradora entre en funcionamiento debe convertirse en componente integral del proyecto. Estos estudios permitirían detectar y actuar rápidamente ante escapes accidentales de sustancias peligrosas.

Fuentes:

Revista Técnica Residuos, nº81, año XIV, diciembre de 2004
Boletín daphnia, revista sobre conservación del medio ambiente y la producción limpia, nº53, 2010

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