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Energía

Central nuclear de Garoña

Abril 2014

Situación actual 



Los reactores de Garoña se desconectaron de la red eléctrica el 16 de diciembre de 2012. Nuclenor cumplió los requisitos exigidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la puesta a punto del desmantelamiento. Iberdrola y Endesa solo se iban a plantear su decisión de cierre si se modificaba la nueva fiscalidad energética, que entró en vigor el 1 de enero de 2013. Los nuevos impuestos que hubiese tenido que pagar la central hasta el 6 de julio de 2013, la fecha para la que estaba previsto su cese de actividad, suman 161 millones de euros. Cantidad que resulta de sumar el impuesto del 7% a la generación eléctrica, la tasa a los kilogramos de uranio que se «extraigan del reactor» (la cifra más alta) y la tasa a la generación de residuos. Una cantidad que suponía un incremento del 27% de sus costes habituales. Para evitar este impacto la compañía adelantó el cierre antes de julio de 2013. 



La Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados aprobó gracias a la mayoría del PP un cambio en el impuesto de residuos radiactivos que le ahorraría a Nuclenor, empresa que gestiona la central, unos 153 millones, según sus propios cálculos. En otro real decreto que ha preparado Industria sobre combustible nuclear se establece que el cierre de las centrales solo será definitivo cuando se produzca por motivos de seguridad. Si es, como en el caso de Garoña, por motivos económicos, las empresas tendrán un año para pedir seguir operando. El Gobierno devuelve la decisión sobre Garoña a las eléctricas. Aunque en la forma mantiene su compromiso pronuclear, en la práctica el futuro de la central no queda despejado. 



El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido un informe favorable sobre el real decreto que facilitaría una hipotética reapertura de la central nuclear de Garoña, en Burgos. Por otro lado, la rentabilidad tampoco existiría en un hipotético escenario hasta 2019, según Nuclenor. La compañía argumenta que el impacto de los impuestos, sumado a las inversiones necesarias por las nuevas medidas de seguridad exigidas tras Fukushima (al menos 100 millones de euros en reformas), sería mayor que los ingresos de la central. 



En octubre de 2012 caducó la autorización de vertido y pese a que la central está parada desde diciembre de ese año, solicitó una renovación. Señaló que el plan de cuenca aumenta el caudal de aguas abajo de Garoña por lo que habría menos agua disponible para la central. Afirma que el embalse actual “no podría evacuar la cantidad de calor generada ante una operación normal y continuada de la central”. O Garoña invierte o baja la potencia en momentos con bajo caudal, lo que reduce la rentabilidad de la planta. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha concedido una nueva autorización, pero con límites de temperatura más estrictos, de forma que no implantar un nuevo sistema de refrigeración conllevaría a una bajada en la potencia o producción de la central. El documento, del 29 de julio de 2013, tiene en cuenta el informe de Greenpeace sobre el aumento de temperatura del agua en el embalse junto a la nuclear. 



Prórroga para continuar hasta 2019 



Que las eléctricas tengan un nuevo plazo para pedir la prórroga no implica que el camino de Garoña esté despejado. Para funcionar hasta 2019, las inversiones exigidas difícilmente serían rentables, según fuentes del sector. Y si Garoña pide una nueva licencia de otros 10 años, el CSN estima que la evaluación necesitaría más de dos años, tiempo en que la central debería estar parada. 



La planta está en situación de parada fría y sin el combustible en el reactor desde diciembre de 2012, cuando las eléctricas argumentaron que los nuevos impuestos impedían la rentabilidad de la planta. 



Si Nuclenor decidiera volver a abrirla debería pedir una nueva autorización de explotación, algo establecido en el reglamento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que implicaría realizar una gran cantidad de exámenes prenucleares, iguales a los que se sometería a una central recién construida y debería realizar enormes inversiones derivadas de las nuevas exigencias de seguridad que se impusieron tras el accidente de Fukushima (en Japón, en 2011). 



Supuesto paro técnico en julio de 2013 



El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, afirmó el “cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña” para el 6 de julio de 2013. La nuclear sería la segunda que cierra en España después de Zorita. 



Garoña estaba prevista que se cerrase definitivamente en julio, tras el anuncio de sus operadores, Iberdrola y Endesa, de que las nuevas tasas e impuestos a los residuos nucleares hacían su gestión inviable, pero el cierre se adelantó por motivos económicos. 



Antecedentes 

2009. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) apoya —con condiciones: inversiones millonarias en seguridad— una prórroga de 10 años para Garoña, la central más antigua y más pequeña de España, inaugurada en 1971. Sin embargo, el Gobierno socialista decide darle solo cuatro años más de vida y fija su cierre el 6 de julio de 2013. Mariano Rajoy visita Garoña para dejar clara la postura del PP: de estar en el poder, no la cerraría. 



Febrero de 2012. El Gobierno del PP reafirma que quiere prorrogar Garoña hasta 2019. El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirma que España no puede renunciar a ningún tipo de energía. El día anterior, el CSN había contestado al Gobierno que no tenía inconveniente en que se modificara la orden ministerial de clausura del anterior Ejecutivo. 



Julio de 2012. El Partido Popular modificó el decreto de cierre y concedió a Nuclenor un plazo de dos meses para solicitar la prórroga de actividad hasta 2019. La empresa propietaria no presentó la solicitud; alegó incertidumbre sobre los impuestos y el elevado coste de las inversiones. 



Agosto de 2012. La reforma energética que prepara el Gobierno deja en el aire la prórroga. Para funcionar hasta 2019, la central tendría que hacer inversiones millonarias, a lo que se suma el futuro impuesto a los residuos nucleares. Las propietarias, Endesa e Iberdrola, se plantean si piden la renovación. 



Septiembre de 2012. Nuclenor, la gestora de Garoña, deja pasar el plazo para solicitar la renovación a la espera de que se aclare la “incertidumbre regulatoria” del sector.

El Consejo de Ministros asume que el incumplimiento del plazo legal para solicitar la prórroga convierte en irreversible el cese de las operaciones.

Diciembre de 2012. Nuclenor acuerda el cese definitivo de actividad antes de que el 1 de enero entren en vigor los nuevos tributos. Pero deja un resquicio: si Hacienda le concede una exención fiscal se lo replantearía. Garoña ya no produce electricidad. 



Mayo de 2013. La central pide al Gobierno renovar por un año la explotación de su planta sin operar a potencia (sin producir electricidad) para ganar tiempo y ver cómo le afecta la reforma eléctrica. El CSN aprueba la prórroga.

El Gobierno debe renovar este permiso para que sea efectivo, pero deja pasar el plazo para publicar la orden. 



Junio de 2013. Industria confirma el cierre de Garoña, pero asegura que llega por razones económicas y no de seguridad. 



Garoña, conectada a la red en 1971, es la más pequeña y antigua del parque nuclear español. Su producción eléctrica es prescindible, sobre todo, por el exceso de potencia instalada en España, pero se ha convertido en un símbolo político desde que en 2009 el Gobierno de Zapatero decidió darle cuatro años más de vida y Rajoy anunció que la mantendría abierta. 



Postura pro-nuclear 



La confederación del Ebro depende del Ministerio de Medio Ambiente, cuyo titular, Miguel Arias Cañete, defendió en la oposición la prórroga de la central. 



La renovación de la licencia llevaría años, los necesarios para acometer las reformas necesarias. Además de las inversiones en la adecuación de la planta, otro de los obstáculos que juegan contra la reapertura es el desacuerdo que mantienen las empresas eléctricas con el Gobierno debido a la reforma energética. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, anunció hace unos días que reducirá sus inversiones en España. 



Por otra parte, el Foro de la Industria Nuclear Española, que agrupa a todas las empresas implicadas, señaló que un cierre anticipado de las plantas supondría asumir consecuencias “negativas e irreversibles” para la economía española. El sector nuclear, meses previos a la resolución, se ocupan de insistir en que la energía nuclear “ otorga soberanía e independencia, y evita el cambio climático”. El 85% de la energía primaria que se consume en España se importa. El cierre de Garona, y progresivamente el resto de las centrales españolas afectaría la situación. Dicen, además, las fuentes de uranio y plutonio se encuentras repartidas en diversas manos al contrario que el petróleo y gas natural. 



Postura anti-nuclear 



Treinta activistas de la organización ecologista Greenpeace se concentraron frente a las puertas de la central nuclear de Garoña el 5 de marzo de 2014 montados en vehículos de obra para simbolizar el desmantelamiento de la planta. Los ecologistas piden que no se concedan más oportunidades para la reapertura de la central nuclear, que está parada desde diciembre de 2012, y exigen que se ejecute un plan de desmantelamiento definitivo de las instalaciones por “los riesgos” que tiene su existencia incluso “estando parada”. 



Centenares de personas también se manifestaron por el centro de Vitoria para exigir que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) no reanude su actividad. La plataforma Araba sin Garoña ha convocado esta marcha que ha comenzado en la céntrica plaza de la Virgen Blanca y que ha contado con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos, excepto el PP, y de otros agentes sociales y económicos. 



La plataforma convocante sostiene que Garoña no ha cumplido las medidas de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear que le encomendó cuando le concedió la prórroga hasta el 2013 y tampoco ha implementado las pruebas de esfuerzo dictadas por la Unión Europea a raíz de la catástrofe de Fukushima, su central gemela.

Además, la formación vasca quiere pedir al Gobierno que inicie de manera inmediata el proceso de desmantelamiento de la central nuclear, poniendo en todo momento el énfasis en la garantía de la seguridad y en la transparencia. 

También someterá a votación solicitar al Ejecutivo la creación de una “comisión interinstitucional específica” de seguimiento del proceso de desmantelamiento de la planta nuclear burgalesa, como garantía de la “necesaria seguridad y transparencia”, y que estaría representada por todas las instituciones afectadas. 



Por otro lado, para Ecologistas en Acción, con la prórroga de Garoña “se cumplirían los peores presagios”. La asociación de defensa de la naturaleza entiende que “los propietarios no han cumplido todas las exigencias de dicho organismo”. Y por ello no comprenden la decisión tomada por el organismo. 



La decisión del Gobierno central de clausurar la planta energética en 2013 tuvo muchas reacciones en contra, ya que según Luís Oviedo, de Ecologistas en Acción, justificaba la necesidad de seguir organizando marchas contra Garoña, a pesar de que el Gobierno hubiese decretado una fecha para su cierre, “para que se mantenga la exigencia de clausura de la planta atómica y ante la posibilidad de que en el futuro se pueda cambiar el decreto de cierre y ampliar el periodo de explotación”. 



Garoña, que apenas producía el 1,35% de la energía eléctrica que se consume en España, se encuentra a la cola de las instalaciones nucleares más anticuadas del mundo. “En estos momentos sólo existen en el mundo 14 centrales más viejas que Garoña”, añadió Ecologistas en Acción, para quien “los años no han pasado bien para la central”. 



Garoña, es popularmente conocida como la central de las mil y una grietas por los graves problemas de seguridad que afectan a diversos componentes de la vasija del reactor, es una central que, desde el punto de vista de la seguridad, está “fuera de normativa”. 



Sufre un proceso de agrietamiento múltiple por corrosión que afecta a diversos componentes internos de la vasija del reactor, al 70% de los tubos que atraviesan la vasija del reactor y por los que pasan a su interior las barras de control, que son el sistema de frenado de la reacción nuclear. Este agrietamiento empeora irreversiblemente con el tiempo, según ha reconocido el propio Consejo de Seguridad Nuclear ante el Parlamento.

Fuentes: 


El País, 6 julio 2009

El Mundo, 10 agosto 2009

Soitu.es, 17  agosto 2009

Noticiasdeguipuzcoa.com, 31 agosto 2009
El Mundo, 31 agosto 2009

El País, 18 y 19 septiembre 2006

El Mundo, 19 septiembre 2006

ABC, 16 abril 2009

El País, 19 abril 2009

Ambientum.com, 24 abril 2009

Ambientum.com, 8 junio 2009

EUROPA PRESS, 25 junio 2009

El mundo, 3 julio 2009

Ambientum.com, 30 marzo 2010

Público, 21 enero 2011

Público, 8 marzo 2011



Público, 7 Abril 2011

El País, 12 Septiembre 2011

ABC, 23 agosto 2012

El País, 6 septiembre 2012

ABC, 6 septiembre 2012

Elpais.com, 16 diciembre 2012,
ABC, 25 febrero 2013

El País, 5 agosto 2013

El País, 19 septiembre 2013

El País, 14 enero 2014

El País, 28 febrero 2014

El País, 5 marzo 2014

El País, 15 marzo 2014

ABC, 4 febrero 2013
ABC, 11 abril 2013

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