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Energía

El proyecto del cementerio nuclear de Cuenca

Febrero 2015

El proyecto del ATC

El proyecto del almacén transitorio centralizado (ATC), conocido como cementerio nuclear, que albergará todos los residuos de alta actividad generados en las centrales nucleares de España. La zona escogida en 2011 para su ejecución tras muchos rechazos de otras poblaciones, es Villar de Cañas, un pueblo de la provincia de Cuenca en el que hay 479 habitantes y un área de 70 kilómetros cuadrados.

En Villar de Cañas casi todos los vecinos están ilusionados con este almacén de residuos nucleares, ya que el pueblo está vacío de juventud y lleno de gente de avanzada edad. Con este proyecto quieren llenar el pueblo de gente joven, pues muchos se fueron de allí por no encontrar trabajo. La mayoría del pueblo declara estar “encantados de la vida” porque es futuro para su pueblo.

Con la dimisión del presidente de ENRESA (empresa pública que se encarga de tratar todos los residuos nucleares), mucha gente cree que el proyecto se ha paralizado, pero el proyecto sigue en curso. Ha sufrido muchos retrasos desde que se aprobó la construcción del ATC en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero.

La construcción del ATC tenía un coste presupuestado en 2011 entorno a 700 millones de euros, pero la versión actual afirma que la obra civil estará valorada en 260 millones de euros y prevé emplear a unas 300 personas durante la construcción que se cree que tardaría unos 5 años. Las dimensiones del almacén serán de 283 metros de largo, 78 de ancho y 26 de alto, ocupando unas 13 hectáreas de terreno de Villar de Cañas.

El ATC servirá para almacenar de forma temporal (entorno a unos 60 años), los residuos de alta actividad y el combustible gastado en las centrales. Es obligatorio construirlo pues en el año 2011, la Unión Europea aprobó una directiva en la que obliga a cada estado a hacerse cargo de sus propios residuos radiactivos. Los residuos de la central Vandellós I se están almacenando en Francia con un coste de 65.000 euros diarios, por lo que se están embolsando anualmente una cifra entorno a los 2 millones de euros. En España se producen anualmente 12.816 m3 de material radiactivo, y el ATC sería el único punto de nuestra geografía donde se almacenarían los residuos, en vez de encontrarse tan dispersos.

Los residuos radiactivos y el combustible gastado procedente de las ocho centrales nucleares españolas atravesará más de 200 municipios, incluido Madrid, hasta llegar a Villar de Cañas. En este contexto, Greenpeace ha mostrado su preocupación porque estos transportes no han sido informados a los municipios afectados y que muchos de los residuos atravesarán Madrid, lo que debido a su densidad de población es un problema inquietante.

A lo largo de 60 años viajarán por las carreteras españolas 6.700 toneladas de residuos radiactivos. En total, según los cálculos de ENRESA se prevén unos 40 transportes anuales, lo que significa unos 3 transportes cada mes por las carreteras con tráfico y cercanas a poblaciones. Greenpeace cree que aunque los recipientes donde son transportados los residuos cumplen las normas de la Organización Internacional de la Energía Atómica, pero aseguran que en EEUU se han contabilizado 58 accidentes en los traslados de los residuos. Por ello, creen que los 210 municipios más cercanos a las rutas por las que viajarán los residuos atómicos deberían ser conocedores de esta situación porque en caso de accidente se exponen a la radiación, ya que las normas son las mismas que para cualquier otro residuo peligroso.

Desde ENRESA aseguran que de esos accidentes, ninguno ha tenido impacto radiológico y que en los 30 millones de kilómetros que se han realizado en el mundo con residuos de alta actividad radiactiva, jamás ha habido un incidente. Los contenedores de transporte consisten en un cilindro de acero con diferentes blindajes, capaz de garantizar su integridad en una caída libre desde 9 metros de altura, resistencia al fuego a 1100 K (entorno a 800ºC) durante 30 minutos y protección contra el impacto por una locomotora a más de 130 km/h.

El colectivo Ecologistas en Acción alegan las prisas y los nervios con las que se está llevando a cabo el proyecto ante la cercanía de las elecciones. Se quejan también que la documentación presentada por ENRESA es incompleta, ya que según un informe elaborado por una consultora americana, URS, concluyen que los terrenos de Villar de Cañas no eran los más adecuados para desarrollar el almacén, pues existen graves y evidentes problemas en los terrenos.

Desde Greenpeace proponen que la situación más adecuada sería la aprobación de un plan de cierre para las centrales nucleares para que no se generen más residuos y en vez de construir el ATC, se alberge en cada planta nuclear un almacén temporal individualizado (ATI), albergando in-situ los residuos producidos. De esta forma sería más barato almacenar los residuos y se eliminaría el riesgo del transporte hasta que se halle una solución definitiva a este problema.

Diciembre 2011

Adjudicación del ATC

La construcción de un nuevo Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta intensidad procedentes de todas las centrales españolas está aprobada desde diciembre del 2004, fecha en la que el Congreso solicitó al Gobierno su construcción para custodiar los residuos de alta actividad. Para ello el Gobierno presentó a concurso, entre los municipios españoles, la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) a cambio de 12 millones de euros.

Finalmente, el 30 de diciembre de 2011, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, propuso al pueblo conquense de Villar de Cañas en el Consejo de ministros. 


El Gobierno ha aprobado que el pueblo, a medio camino entre Albacete y Madrid, sea el que acoja el Almacén Temporal Centralizado (ATC). La instalación albergará el combustible gastado de las centrales nucleares y otros materiales procedentes de su desmantelamiento. 


Antes de conocer la noticia, el alcalde de la localidad, José María Saiz, señaló que la elección “sería una gran noticia, como si nos hubiera tocado la lotería”. “Lo de menos es el almacén, lo importante es que trae consigo un centro tecnológico y un parque empresarial que va a repoblar y reactivar la actividad económica de la zona”, agregó. 



Greenpeace ya ha avanzado que recurrirá la decisión de llevar el silo nuclear a Villar de Cañas y la Plataforma Anticementerio Nuclear en Guadalajara se opone también a la decisión. 


La construcción del almacén supone una continuidad para albergar en España los residuos nucleares. Actualmente, sólo existe el centro de El Cabril (Córdoba), aunque en él se tratan residuos de baja y media actividad. El resto de residuos son almacenados en piscinas de las propias centrales nucleares hasta que son desmanteladas. 



La inversión total rondaría los 700 millones de euros. Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario de unos 300 trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico de hasta 500 trabajadores. Se prevé que la construcción del ATC comience en 2015, prolongándose hasta 2017.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, siempre ha mantenido una posición ambigua respecto al ATC porque señaló que Guadalajara ya ha sido una provincia “lo suficientemente solidaria” en materia nuclear y que, por lo tanto, de acuerdo a la normativa aplicable “no debe instalarse” el ATC en Guadalajara; aunque manifestó que no declaraba a “Castilla-La Mancha entera antinuclear”. 



Su postura era más pronuclear que la del anterior Ejecutivo, el que presidía José María Barreda, quien mantuvo una oposición constante a que el almacén se instalara en algún territorio manchego. 



Sucesos de 2010

Solicitudes para albergar el ATC


A finales de enero de 2010 concluyó el plazo para que los Ayuntamientos interesados pudieran presentar solicitudes para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC). Industria recibió 13 solicitudes para albergar el almacén nuclear. Junto a las candidaturas de Yebra y Ascó -las más trabajadas, por estar cerca de centrales- había pequeños pueblos deprimidos de Extremadura (1), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (7) y Valencia (1). La lista definitiva de los municipios candidatos a acoger el ATC son: Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Melgas de Arriba y Santervás de Campos (ambos de Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Villar de Cañas (Cuenca), Yebra (Guadalajara), Zarra (Valencia) y Congosto de Valdivia (Palencia), que presentó reclamaciones a su exclusión en la primera lista y al final fue aceptado. Muchos incumplían las bases por estar en terreno protegido o cerca de un aeropuerto. 


Según el Consejo de Seguridad Nuclear se necesita terreno llano, no inundable y que no esté en zona sísmica. Son consideradas zonas no aptas las áreas que formen parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza, Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales y Parques Naturales así como los Lugares de Importancia Comunitarias y las Zonas de Especial Protección de Aves. También están excluidas zonas protegidas del Ministerio de Defensa. 



Según el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, Yebra tampoco cumple las condiciones debido a las precipitaciones periódicas capaces de provocar inundaciones y movimientos sísmicos. Como datos objetivos, recordó que en 1995 hubo en la zona una inundación muy grave, con once muertos, uno de ellos el propio director de la central nuclear de Zorita y que en 2007 se produjo un movimiento sísmico de magnitud 4.1. 


A finales de febrero de 2010 se celebraron manifestaciones en contra del ATC. El día 27 se celebró la primera manifestación en Guadalajara, que congregó a más de 15.000 personas. El 28 de febrero unas 3.000 personas se manifestaron en Ayora (Valencia) para oponerse a la instalación del ATC en Zarra, población de la misma comarca. En la marcha participaron vecinos del Valle de Ayora-Cofrentes, pero también de la cercana comarca albaceteña de la Manchuela. Asimismo estuvieron presentes colectivos ecologistas y de la plataforma Tanquem Cofrents. El mismo día vecinos de la comarca de Montánchez (Cáceres) protestaron también en contra del ATC. 



Los organizadores de la marcha de Cáceres, principalmente grupos ecologistas, la Mancomunidad de la Sierra de Montánchez y la Asociación de Empresarios Turísticos de la zona, denunciaron la falta de los líderes políticos. Ni Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta, ni el líder de la oposición, José Antonio Monago, estuvieron presentes, aunque ambos explícitamente en la Asamblea de Extremadura se habían posicionado en contra de la candidatura cacereña. Si que estuvieron presentes los alcaldes de la zona. 



El 7 de marzo miles de personas se manifestaron en Móra d´Ebre en contra de la ubicación del ATC en Ascó (Tarragona). Convocados por la Coordinadora Anticementerio Nuclear de Catalunya (CANC), estuvieron presentes dirigentes de ICV y ERC, además de algún miembro de CiU y del PSC. El pasado 24 de enero, días antes de que el pleno municipal de Ascó aprobara su candidatura, se había producido la primera manifestación en contra del ATC. 



El 11 de marzo Cataluña solemnizó en el Parlament su “no” al ATC. Días después de que Ascó formalizara su candidatura, PSC, ERC e ICV-EUiA, los tres grupos que apoyan al Govern, redactaron una moción que ayer llegó al Pleno de la Cámara y que consiguió el apoyo de CiU, el grupo mayoritario. Catorce diputados se abstuvieron pero ninguno votó contra la moción, lo que habría sido un gesto de apoyo indirecto al ATC de Ascó. El Parlament ha aprobado un texto que apoya a la Generalitat para vetar el almacén en cualquier municipio catalán. El consenso social es uno de los requisitos que pretende el gobierno español para decidir la instalación del ATC en Ascó. 



La Generalitat de Cataluña ha remitido al Ministerio de Industria unas alegaciones que basan el rechazo de la instalación en los riesgos que existen sobre la fauna de los alrededores de Ascó, donde viven una treintena de especies protegidas, y en el hecho de que el almacén pretenda instalarse en una zona potencialmente inundable en caso de rotura de la presa de Riba Roja d´Ebre y que haya una población de casi 20.000 personas a 15 kilómetros de la zona prevista para instalar el silo. Aunque los terrenos no se encuentran dentro de ninguna zona protegida, si están en las proximidades de cuatro áreas de interés natural. En ella viven especies en peligro de extinción, como el águila perdicera, sobre las que podría haber un impacto ambiental de primer orden. Además en caso de fuga nuclear, esta se vería agravada por la alta movilidad de las especies de avifauna presentes en la zona, que extenderían las partículas tóxicas por una amplia zona. 



El rechazo del Parlament de Catalunya se suma al que aprobaron las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 1 de febrero. En principio, ambas comunidades quedarían ya descartadas para alojar el silo nuclear, sin embargo, fuentes del Ministerio de Industria precisan que la opinión de las autonomías sólo es un ingrediente más que se valorará una vez que se analicen los pros y contras mas técnicos. 



El mes de septiembre 2010, tuvo lugar el Consejo de Ministros en el que se iba a zanjar el tema de la construcción del ATC. En ese consejo, Sebastián hizo una exposición en el que explicó el procedimiento de candidaturas y el informe de las puntuaciones. En ese documento, Zarra aventajaba ligeramente a Ascó, Yebra y Villar de cañas. 



El Gabinete preguntó al ministro si tenía el tema cerrado, si contaba con todos los apoyos y si había hablado con Valencia, su respuesta fue que “La Generalitat no dice nada, se esconden”. Industria siempre ha considerado que legalmente una comunidad podía bloquear el proceso, o como mínimo, demorarlo. Pero también mostró la convicción de que una vez elegido el emplazamiento no habría obstáculos legales, ante todo ello, las dudas crecieron en el Gabinete y decidieron esperar y estudiar las competencias concurrentes de las administraciones. 


Industria afirma que su trabajo ha terminado y que le toca decidir al Gobierno. Sebastián declaró que considera impecable el informe técnico y afirmó que espera que se tome la decisión cuanto antes. El sector considera que después de hacer público el informe con las puntuaciones será difícil instalar el almacén en un lugar que no sea Zarra. 



Después de conocerse la noticia, los vecinos de Zarra acompañados por los de pueblos colindantes salieron a la calle con la intención de manifestarse por este informe. 


Mientras La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (Amac), que defiende las candidaturas de Ascó y Yebra, acusó a Industria de haber cocinado la puntuación de los candidatos para favorecer a Zarra. La Amac declaró que “ es un informe absolutamente inaceptable, sin fundamento técnico ni jurídico, hecho para conseguir el objetivo deseado de llevarlo a Zarra”. La asociación sospecha que Enresa, empresa pública que gestiona los residuos radiactivos, hizo el informe y critica que eligió el único terreno sin acceso por carretera, a un Ayuntamiento que solo presentó un folio escrito a mano, con un alcalde pendiente de juicio por corrupción y con la reclasificación del suelo anulada por una sentencia. 



Después de la reclamación interpuesta por Greenpeace, ante la Audiencia Nacional, de diversos documentos referidos al ATC y su centro de experimentación nuclear asociado, el Ministerio de Industria informa a la Audiencia de que esos informes no existen. La lista de documentos incluía el Proyecto Técnico del ATC, el Estudio de Seguridad, el Proyecto Técnico del Centro Asociado al ATC para experimentación con residuos radiactivos y radiactividad, el Estudio de Seguridad del Centro Tecnológico y los informes sobre la protección física del emplazamiento del complejo.

Greenpeace considera que lo sucedido demuestra que el Gobierno inició el proceso sabiendo que no disponía de la documentación técnica y de seguridad básica. Según Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, “queda claro que el Ministerio de Industria y Enresa se han saltado la ley de forma lamentable para tratar de sacar adelante el ATC a toda prisa. Por tanto, el proceso del ATC es nulo de pleno derecho”. Greenpeace también arremete con los alcaldes de las 8 localidades que se postulan para albergar el ATC, ya que opinan que ofrecieron su terreno sin conocer en detalle los riesgos para la salud y el medio ambiente. La respuesta de Industria ha sido que en el expediente solo consta un estudio de seguridad del diseño genérico del ATC elaborado por la ingeniería francesa SGN y explica que los documentos reclamados no pueden elaborarse hasta la designación del lugar concreto en el que se ubicará el ATC, por lo que difícilmente pueden existir en esta fase del procedimiento. 



En noviembre el culebrón por la adjudicación del ATC continúa, el fantasma sobre una decisión inminente del Consejo de Ministros sobre su instalación en el municipio de Zarra sobrevoló otra vez por la Comunidad Valenciana. Las organizaciones ecologistas fueron las primeras en dar la voz de alarma. La Plataforma contra la instalación del ATC en Zarra fletó autobuses rumbo a Madrid para realizar la protesta frente a La Moncloa. Greenpeace redactó un informe técnico que revela “la manipulación política por parte de Industria para situar a Zarra como favorita para el cementerio nuclear”. El documento sostiene que la Comisión Interministerial que determinó la idoneidad de Zarra sobrevaloró en más de cien puntos dicha opción. De acuerdo con el informe, Zarra habría quedado situada en quinto lugar entre los ocho municipios que optan a albergar el ATC, tesis contraria al informe que maneja el Gobierno. 



El rumor sobre la inminencia de la decisión del Ejecutivo también se extendió al ámbito político. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias aprobó por unanimidad de los grupos políticos una moción contra el emplazamiento del cementerio de residuos nucleares en Zarra. Poco después, en las Cortes autonómicas, los diputados socialistas daban por hecha la designación de Zarra. Mientras los detractores del ATC recordaban en un escrito, dirigido al ministro de Industria, el acuerdo alzado por el Parlamento autonómico el pasado 28 de septiembre contra el emplazamiento del ATC en tierras valencianas. Con todo ello, a última hora, el Ejecutivo trasladó al Gobierno Valenciano que la decisión del ATC no se incluiría en el orden del día. 



La decisión del emplazamiento deja escaso margen a la Generalitat Valenciana, que únicamente en última instancia podría aceptar la instalación del ATC en su territorio a cambio de importantes contrapartidas para la región. El compromiso de Zapatero de alcanzar un consenso y el anuncio del líder de los socialistas valencianos de tomar medidas jurídicas en caso de la adjudicación del ATC a Zarra, podrían dejar en suspenso la adjudicación, por lo que el tira y afloja continúa. 



Sucesos anteriores a 2010 



En el 2005, el Gobierno exponía, mediante el Anteproyecto de Ley de Reformas para el Impulso de la Productividad, el hecho de que ENRESA podía expropiar, sin apenas trámites, el terreno para construir el almacén temporal de residuos nucleares, afirmando entonces que las expropiaciones necesarias para el almacén nuclear “podrán llevarse a cabo por el procedimiento de urgencia establecido en la Ley de Expropiación Forzosa”. Además, dicha Ley permitía que ENRESA encargase a otra empresa la gestión del fondo para los residuos radioactivos. 



El acuerdo del 2004 significaba un giro en las previsiones a medio plazo, e implicaba el posponer la ubicación y construcción de un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), un silo subterráneo con condiciones adecuadas de estabilidad en el que se suponía que había que depositar los residuos durante miles de años. El Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) consiste en un almacenamiento en superficie y sigue modelos como el holandés o el francés para el abaratamiento de la gestión de los residuos nucleares y para un mejor uso de las diversas instalaciones que se utilizan en la actualidad. De este modo, y según establece el Plan General de Residuos Radiactivos elaborado por ENRESA se evitará depender de emplazamientos dispersos por la geografía española, con la consiguiente disminución de los riesgos asociados a estas instalaciones. 



Ante el ofrecimiento del Gobierno, a los municipios españoles, para la ubicación del ATC, 63 municipios de la Agrupación de Municipios en Áreas de Centrales (AMAC) pidieron información sobre las condiciones de la oferta al Ministerio. Nadie quiere el “cementerio nuclear” en su municipio pese a las ventajas anunciadas de una inversión inicial de 700 millones de euros, unas compensaciones anuales de 12 millones hasta 2012 y la creación de 200 empleos directos más otros 150 indirectos, además de mejorar las infraestructuras locales. Lo que repercutirá finalmente en el municipio con un mínimo de 1.000 millones de euros. 



En octubre de 2009 Industria relanzó el concurso publico de adjudicación del proyecto, ya que en años anteriores no se encontró ningún candidato firme para la construcción del ATC, con miras a encontrar la localización idónea para comenzar la construcción del almacén, previsto inicialmente para el 2012. 



Situación de los residuos españoles alta actividad 



A 2009, cada una de las nueve centrales nucleares activas en España almacena en sus propias instalaciones los residuos de alta actividad. En el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Zorita (Guadalajara) los residuos han sido trasladados a 300 metros del reactor, en las mimas instalaciones de la central, dentro de un almacén temporal. 



El total de las centrales españolas generan 160 toneladas al año (dato a 2005) de residuos de alta radioactividad, la cual perdura durante decenas de miles de años. Según últimas estimaciones, la capacidad de estas centrales ha llegado a su límite; algunas, como Trillo, ya tuvieron que construir un nuevo almacén en el año 2000.

El Reino Unido alberga residuos nucleares de alta actividad generados por la central de Garoña (Burgos) entre 1971 y 1983. La central envió 97 toneladas de residuos a la planta de Sellafield para ser reprocesados y, según el contrato, tenían que volver en 2008. Como en España no existe un almacén centralizado para estos desechos, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), ha decidido pagar 34,5 millones de euros al Reino Unido para que los custodie.

Además, el Gobierno no ha decidido aún la situación del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) que acogerá los residuos de alta actividad de las instalaciones nucleares españolas, el cual también deberá gestionar los residuos de la central catalana de Vandellós I. Los residuos de esta planta se guardan de momento en Francia, pero han de regresar a territorio español antes del 31 de diciembre de 2010. 




Situación de Enresa 



La empresa pública dedicada a la gestión y el almacenamiento de los residuos radiactivos que se producen en España, Enresa, no tiene los recursos humanos ni los técnicos para llevar a cabo el desmantelamiento de las centrales nucleares «José Cabrera», en Almonacid de Zorita (Guadalajara) y de Santa María de Garoña (Burgos) de manera simultánea. Así lo reconocieron fuentes de Enresa, que señalaron que las capacidades humanas y los recursos tecnológicos disponibles en la actualidad en España «podrían ser insuficientes para acometer dos desmantelamientos al mismo tiempo». 



Si el Gobierno decidiera finalmente cerrar Garoña en 2011, en su 40 aniversario, el desmantelamiento comenzaría en 2014, por lo que coincidiría de lleno con el plan para desmontar Zorita que acumula ya varios meses de retraso. La central de Zorita es la primera que comenzó a operar en España.

Enlaces de interés:

www.greenpeace.es
www.amac.es
www.proteccioncivil.org/infoppobla/guia/index.htm
www.enresa.es
www.adenex.org/

Fuentes: 


Fundación Vida Sostenible, septiembre 2006

El País, 6 noviembre 2008

El País, 17 marzo 2009

Público, 20 junio 2009

El Mundo, 8 julio 2009

ABC, 22 junio 2009


El País, 14 enero 2010


El País, 19, 20 y 21 enero 2010


Público, 21 enero 2010

El País, 4 febrero 2010

ABC, 9 febrero 2010

ABC, 23 febrero 2010

El Mundo, 23 febrero 2010

El Mundo, 1 marzo 2010

Público, 1 y 8 marzo 2010

ABC, 9 marzo 2010

Público,12 marzo 2010

El País, 29 marzo 2010

ABC, 29 marzo 2010

El Mundo, 20 y 22 septiembre 2010

ABC, 23 septiembre 2010

Público, 27 septiembre 2010

El Mundo, 20 octubre 2010

ABC, 29 octubre 2010

Público.es, 30 diciembre 2011

El Mundo, 30 diciembre 2011

Ecoticias, 16 febrero 2015

El Confidencial, 15 febrero 2015

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