Días de 23 horas

El lunes 31 de marzo de 2008, millones de personas se despertaron en España con la sensación de que algo iba mal. ¿Dónde estaba el sol? El sol no estaba por ninguna parte. La explicación está en una Orden del Ministerio de la Presidencia (BOE n. 164 de 11/7/2006) que estableció hace dos años que el día 30 de marzo de 2008 tendría 23 horas. La salida del sol tendría que esperar un poco.

El objetivo de esta medida, que se lleva aplicando en España desde 1974, era en su origen ahorrar dinerillo: “Teniendo en cuenta las repercusiones que se derivan para la economía nacional del encarecimiento de los productos energéticos, se considera necesario aplicar todas aquellas medidas que puedan contribuir al ahorro de energía y, entre ellas, la consistente en el adelantamiento de la hora legal en relación con la solar”-dice la Orden correpondiente.

Es decir, que esta medida que convierte a muchos trabajadores/as españoles/as en legañas andantes fue en su origen una desesperada medida de ahorro de energía, dictada menos de un año después del pánico petrolífero que provocó la guerra del Yom Kippur o de Octubre entre Israel, Egipto y Siria.

Alterar dos veces al año los ritmos circadianos de decenas de millones de personas (cientos de millones en Europa) se consideró por lo tanto lógico y conveniente para reducir la factura petrolífera. Se carece casi por completo de información sobre si se consigue el efecto deseado: algunos datos disponibles indican que el ahorro es insignificante, o incluso inexistente.

El legislador dejó claro en 1974 que el adelantamiento de la hora era una entre las muchas medidas de ahorro de energía que seguirían en contundentes órdenes y decretos. 34 años después, adelantar la hora y molestar a millones de ciudadanos sigue siendo casi la única medida legislativa contundente de ahorro energético publicada en el Boletín Oficial del Estado. Seguimos esperando.

Prohibir o pagar por las bolsas de plástico

Hace un año atrás el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el primer borrador del Plan Nacional de Residuos, con el que quiere reducir a la mitad el consumo de las bolas de plástico antes de 2009 y prohibir definitivamente el uso de las no biodegradables no más tarde de 2010.

Un año más tarde, febrero de 2008, ha concluido el periodo de alegaciones. En el cual la patronal del plástico ha reaccionado airadamente. Están en desacuerdo con el futuro Plan y han amenazado con un despido masivo de 3.000 trabajadores.

Parece que las amenazas de despidos masivos están a la orden del día cuando se trata de reformas legislativas en favor del medio ambiente. Tal como ha sucedido con el sector automotriz en Europa. Ponen al Gobierno entre la espada y la pared, cuestión bastante delicada no cabe duda ¿por qué o por quiénes habrá de decantarse, por el medio ambiente o por los trabajadores?.

Habrá que ver de qué lado tira más la presión social para el Gobierno a la hora de tomar decisiones. ¿Causan mayor impacto social las 100.000 toneladas de plástico que se consumen al año en España, de las cuales sólo el 9% se recupera y el resto termina en el mar o en incineradoras?. (La fabricación de las bolsas en España ocasiona 441.000 toneladas de CO2, el 0,1% del total nacional)? o bien ¿Causa mayor impacto social el despido, el cobro de paro y la reinserción laboral de 3.000 trabajadores?

Particularmente pienso que el transfondo de la técnica "amenazante" en la negociación es la poca disponibilidad del sector industrial de modificar su producción. Es inevitable la penalización económica de las bolsas de plástico como en el modelo irlandés (22 céntimos de euro por unidad).

Ilustración: campaña Greenpeace

Animales desechables

El pasado 17 enero Maruja Torres escribía para El País una denuncia del suicidio colectivo de decenas de miles de galgos, que se produce en localidades españolas, sobre todo en regiones de Extremadura y Andalucía. Unos se abandonan y se dejan morir de hambre y sed; los otros se cuelgan con sus propias patas. Se tratan de perros que se crían para la caza y se los extermina cuando ya no valen para esta práctica deportiva.

¡Esta práctica lleva instaurada legalmente hace siglos! M. Torres pedía "a la señora Narbona e incluso al señor Rey que se termine con la salvaje práctica".

¿Dónde queda este tema en la nueva Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad? Los folletos informativos del Ministerio de Medio Ambiente se han ocupado de aclararnos que no se trata de un ley de caza o pesca. Sin embargo, incluye un capítulo: "De la protección de las especies en relación con la caza y la pesca continental", que no hace mención alguna a ésta tradición centenaria como método de caza.

Es una lástima que en el Anexo VII de la referida Ley se disponga una larga lista de los procedimientos para la captura o muerte de animales que quedan prohibidos (ligas, explosivos, ballestas, animales ciegos, etc.), y que no haga referencia alguna a la muerte que se da a los galgos que ya no sirven para la caza.

Qué bueno regular la práctica de la caza en espacios naturales protegidos, y qué mal hacer la vista gorda a la vil muerte que se les da a los galgos cazadores. ¡Tenemos que aceptar que las tradiciones cazadoras se impongan a los derechos de los animales!

Uso y abuso de los certificados de sostenibilidad

Si la presencia de la sostenibilidad en el mundo real es escasa, su presencia en los medios de comunicación empieza a ser abrumadora. Proliferan las entidades de todo tipo que añaden la palabra “sostenible” a su nombre.

Algunas empresas utilizan como estrategia la idea de asociar abiertamente y en bloque su actividad con la sostenibilidad, basándose generalmente en índices o listas avaladas por organizaciones de mayor o menor prestigio internacional. No obstante, el argumento “somos sostenibles, puesto que así lo afirma el índice XXX” es muy peligroso, porque la disparidad entre la altura celestial alcanzada y la cruel realidad cotidiana del impacto ambiental de la entidad se revela muy pronto.

Así, muchas empresas nos tratan de vender la idea "sostenible" sin informar correctamente de los distintivos, certificados y avales con que cuentan. Una cosa es contar con certificaciones ISO 14001 y EMAS que garantizan que la empresa está llevando a cabo un proceso de gestión ambiental, pero no que los productos o servicios que nos venden sean sostenibles. Otra cosa son las etiquetas ecológicas que garantizan productos como electrodomésticos eficiente que no garantizan los procesos productivos; mientras que las etiquetas ecológicas sí garantizan tanto los procesos como los productos.

¿El concepto sostenible o sostenibilidad no cree usted que es arbitrariamente utilizado como estrategia de marketing?

Doble rasero

¿Estamos ante un mercado realmente planetario con las mismas reglas del juego para todos? Bruselas ha fijado restricciones a las fuentes de futuras importaciones en el ámbito de los biocombustibles, al comunicar al Gobierno del Brasil que no admitirá las compras de bioetanol proveniente de plantaciones de caña de azúcar en terrenos logrados a costa de más deforestación de la selva amazónica. No obstante, ¿está dispuesta la Unión Europea a exigir el mismo buen comportamiento a las empresas europeas transnacionales que realizan inversiones en territorios de economías emergentes?

Por ejemplo, algunas empresas energéticas españolas que realizan inversiones en América Latina no realizan las mismas auditorias ambientales ni cumplen los mismos estándares de calidad ambiental en sus obras como lo hacen en territorio europeo. Realizan obras e inversiones bajo la bandera de Mecanismos de Desarrollo Limpio y por otro lado construyen hidroeléctricas y explotan gas y petróleo sin la debida preservación del medio ambiente. Esta contradicción es un ejemplo de libro de insostenibilidad.

El caso de las etiquetas invisibles

Seguro que usted está familiarizado con las etiquetas energéticas para electrodomésticos. Y seguro que usted no compraría un frogorífico clase G por muy barato que se lo ofrecieran. Hoy en día, la clase A (que garantiza una alta eficiencia) es lo mínimo que se le puede exigir a un electrodoméstico como Dios manda, y los catálogos de las cadenas Expert o Micros están claramente dominados por lavadoras, lavavajillas y refrigeradores clase A y, en algunos casos A+ o A++.

No ocurre así para otros tipos de productos. ¿Sabía usted que los automóviles, las casas y la electricidad tienen también una etiqueta que indica su clase de eficiencia energética?.

Naturalmente, nadie las ha visto jamás. La de automóviles está en vigor desde hace años, pero solo de manera virtual. No aparece en ningún anuncio de coches, ni colgando de los tubos de escape en los concesionarios. Para saber la calificación energética de un coche, no pregunte a los fabricantes: debe entrar necesariamente en la web del IDAE y buscar en en su estupenda base de datos.

La etiqueta energética de los edificios es mucho más reciente, y entró en vigor al hilo de la reciente aprobación del Código Técnico de la Edificación. Todavía no se sabe si será real o meramente virtual como la anterior.

La etiqueta para el origen de la electricidad es la más reciente, y se supone que se aprobará en breve. Contendrá información sobre la cantidad de CO2 y de residuos radiactivos producidos para fabricar cada kWh que llega a nuestro cuarto de estar, lo que es para poner los pelos de punta a cualquiera. Puede informarse en este comunicado de la CNE: NP-garantia-origen-21D07.pdf

¿Veremos algún día estas etiquetas impresas a gran tamaño y en brillantes colores junto a los productos que califican? Seamos optimistas, las de electrodomésticos sólo tardaron doce (12) años en salir a la luz.